By Martín Borgioli

Hiperderecho estará en el Foro de Internet de Estocolmo 2017

El Foro de Internet de Estocolmo (Stockholm Internet Forum) es un evento internacional que promueve el diálogo y el debate sobre cómo un Internet libre, abierto y seguro puede fomentar el ejercicio de derechos humanos y el desarrollo mundial. Se llevará a cabo desde el lunes 15 hasta el jueves 18 de mayo de 2017 en el Münchenbryggeriet de la ciudad de Estocolmo, Suecia.

En esta oportunidad nuestro representante será Martín Borgioli que participará el lunes 15 de mayo a las 14:00 horas en el panel “Human rights and technology in Latin America: Where to go from here?” junto a algunos amigos de otras organizaciones latinas como Derechos Digitales (Latino América), Internet Lab (Brasil) y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE de Argentina).

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Cuando el Estado se mete con nuestras huellas

Cada vez más servicios en el Perú usan datos biométricos para verificar nuestra identidad. Nuestras huellas dactilares son requeridas en notarías, bancos, e incluso en las tiendas que venden celulares. Para solicitar el nuevo pasaporte o el DNI electrónico nos piden registrar las diez huellas de las manos y nuestra foto. La verificación biométrica está de moda. Aunque estas medidas están orientadas a reducir el nivel de fraude en la contratación y aumentar la seguridad, no se sabe bien quién maneja esta base de datos, cómo o para qué. ¿Estamos seguros de que no estamos pasando a un escenario de mayor inseguridad?

Hace poco, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el Decreto Supremo No. 004-2017 que adelanta la obligación que tenían las empresas proveedoras de líneas móviles de instalar lectores biométricos en cada uno de sus puntos de ventas. Según esta modificación, desde el 1 de abril de 2017 sólo se podrá comprar una línea móvil si es que proporcionamos nuestra huella digital. Comprarla por Internet, difícil. Comprarla anónimamente, imposible.

La revolución del comercio electrónico está ocupando un lugar protagonista. La ola de la tecnología aplicada a las finanzas (fintech) viene ganando terreno en nuestro país, cuya brecha de bancarización todavía es notable. También lo hacen los mecanismos de verificación de identidad y controles financieros. Muchos dicen que la identificación biométrica es lo que se necesita: “No hay otra forma de saber quién realiza una transacción en línea, si no es a través de la identidad biométrica”.

En nuestro actual ambiente regulatorio, donde los conectados no llegan a un 50% de la población, donde las municipalidades prohíben videojuegos, donde se cuestionan nuevas formas de hacer cosas viejas, la innovación y la disrupción del mercado están jugando un papel clave. El Estado tiene que dejar hacer y no deshacer. Al mismo tiempo, tiene la obligación de explicarnos cómo conservará y con quienes compartirá nuestros datos.

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Descontrol de contenidos en Internet

A propósito del resultado de las elecciones en Estados Unidos, muchos han culpado a las redes sociales por su capacidad de servir de vitrina para noticias tendenciosas o falsas. Titulares incompletos, imágenes sugestivas o que envuelven a personajes famosos son algunas de las técnicas que se usan para confundirte u obligarte a entrar a una página web, consumir ads, dar likes o comentar. Todo, menos informarte. Aquí en Perú, la denominada “televisión basura” también ha sido objeto de crítica. Algunos claman por un control estricto sobre el contenido que transmiten. Otros, por la falta de opciones más culturales en la grilla local.

En este contexto, nos preguntamos si el Estado debe intervenir, si son los usuarios los que deben juzgar o si el intermediario debe revisar el contenido que se promociona en su plataforma. ¿Qué mecanismos deben ponerse en marcha? ¿Existe una preocupación real?

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Censura, transparencia y gobierno de datos

El rechazo de la denuncia del Juez Villa Stein contra Ojo-Público no cerró del todo la puerta falsa del mal llamado “derecho al olvido”. Tampoco cerró la puerta a la “censura” de informes periodísticos. Hace pocos días, la redacción del mismo medio recibió una carta notarial donde una persona, basándose en la Ley de Protección de Datos Personales, solicitaba el retiro, eliminación y exclusión de su nombre de los índices y sitios indexados, páginas de la web y redes sociales de Ojo Público que lo relacionaban con un caso de narcotráfico. Además, invocó como sustento la reciente decisión que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP) emitió contra un motor de búsqueda acusado por haber ignorado el derecho de cancelación de un denunciante.

Esta práctica se ha venido discutiendo en nuestra región. En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México había ordenado a Google México que remueva el resultado de búsqueda que dirigía a una nota periodística de una revista. Esta nota relacionaba a un empresario con un caso de corrupción en el que también había estado involucrada una ex Primera Dama. La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) promovió un amparo, argumentando que se había violado el derecho de audiencia de la revista y que la resolución constituía un caso de censura. El Tribunal Constitucional concedió el amparo y la resolución del INAI quedó sin efecto. No se pronunció sobre el fondo pero deberá reiniciarse el proceso respetando todas las garantías de constitucionales y específicamente el derecho de audiencia a la revista.

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Internet libre, segura y democrática: un desafío regional

El último Foro Latinoamericano de Gobernanza de Internet (LACIGF) fue un excelente ámbito para compartir realidades locales en un contexto regional. Representantes de todos los sectores y todo el continente se presentaron a esta cita para compartir las buenas prácticas y los proyectos que buscan mejorar el entorno digital. También se compartieron preocupaciones comunes: el avance de iniciativas que amenazan un internet libre, segura y democrática.

Son varias las iniciativas que ponen en velo las libertades y derechos que podemos ejercer en entornos online u offline: el bloqueo de Whatsapp o las propuestas de modificación al Marco Civil y al Comité Gestor de Internet (CGI) en Brasil, la desproporcionada Ley de protección de contenidos en Paraguay, las probadas compras de software malicioso en México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, el Decreto Legislativo 1182 o Ley de Geolocalización en Perú, políticas de “ciberseguridad” que no se adecuan a estándares de derechos humanos o políticas que avasallan la privacidad y seguridad de las personas a través de reglas a favor de la retención masiva de datos personales o en contra del cifrado, entre otras.

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Hacia un nuevo Derecho de Acceso a la Información Pública

El acceso a la información pública es el derecho que tenemos como ciudadanos de conocer todos los actos y documentos del Estado. Proclamado por la Constitución, es usuado a diario como una herramienta invalorable para interactuar democráticamente con las entidades públicas. En nuestro país, tiene como marco la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2002, y se basa en el principio de que “toda información que posea el Estado se presume pública”.

Participación Pública y Rol Fiscalizador

En los últimos años, el rol fiscalizador de la prensa y la sociedad han servido para mejorar el funcionamiento del Estado. Los ciudadanos quieren saber cómo, cuánto, dónde o qué están haciendo sus gobernantes. No es en vano. La reinante sensación de inseguridad, corrupción, impunidad y desconfianza genera esta necesidad de control, de crítica. Paralelamente, y como respuesta, se puede verificar una tendiente apertura de los gobiernos. Esto deviene de lo anterior, buscando eliminar las barreras que la burocracia ha ido instalando. Aspiramos a tener un “Gobierno abierto”. Un Gobierno participativo, colaborador y transparente. Estamos en camino, pero falta.

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¿Cómo respondió Google a la sanción de la Dirección de Protección de Datos?

Esta es la tercera parte del especial que hemos preparado sobre las decisiones de la Dirección de Protección de Datos contra Google en Perú. Aquí puedes leer la primera parte sobre los hechos y la segunda sobre la Resolución original.

Google ha sido objeto de la primera sanción sobre el llamado “Derecho al Olvido” en Perú. Por negarse a retirar los resultados de búsqueda asociados al nombre de un ciudadano peruano, ha sido multado con más de 250 mil soles por la Dirección General de Protección de Datos del Ministerio de Justicia.

Durante la primera etapa del procedimiento, Google nunca presentó descargos y solo se limitó a señalar que Google Perú no era responsable del servicio de búsqueda y que el verdadero responsable, Google Inc., no había sido notificado. Sin embargo, luego de emitida la primera resolución de sanción, Google Perú presentó un Recurso de Reconsideración ante la propia Dirección de Protección de Datos. Este recurso, aunque fue rechazado, le dio por primera vez al buscador la oportunidad de ensayar una defensa.

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Google es sancionado por primera vez en Perú por desconocer el Derecho al Olvido

La Dirección General de Protección de Datos Personales ha resuelto el primer caso donde se aplica la doctrina del “derecho al olvido” en Perú. Por primera vez, en una Resolución de marzo pasado, esta entidad administrativa que depende del Ministerio de Justicia le ordenó al buscador Google que ocultara ciertos resultados de búsqueda cuando alguien buscara el nombre de un ciudadano peruano. Decisiones similares han sido muy polémicas en otros países y, de seguro, acá también lo serán.

No es la primera vez que la Autoridad peruana se pronuncia sobre el tratamiento de datos personales en Internet. Sin embargo, sí es la primera vez que se solicita a un buscador como Google que respete el derecho de cancelación de datos personales. El “derecho de cancelación” es el derecho de toda persona a solicitar que un banco de datos personales elimine total o parcialmente su información personal de su base de datos.

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Voto electrónico en el Perú, o cómo jugar con el derecho fundamental de nuestra democracia

A menos de un mes de la segunda vuelta de nuestras elecciones presidenciales, las interrogantes entorno al voto electrónico siguen sin aclararse. Como analizaba en su momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue modificando la reglamentación para implementarlo a su antojo. Lejos de ser transparente, esta implementación se dio bajo un oscurantismo digno de sospecha. Hoy no sabemos si nuestro voto realizado electrónicamente es seguro, privado y secreto.

Un anuncio irresponsable

A principios de marzo, la ONPE anunciaba que iba a implementar el voto electrónico en treinta distritos del país. A partir de allí, todas fueron dudas. Sin siquiera saber cómo hacerlo, más de tres millones de votantes iban a emitirlo por primera vez. Una semana antes de los comicios, la ONPE decidió dar un paso atrás y acertadamente reducir la cantidad de distritos donde se iba a implementar. En este contexto, la sociedad civil y la comunidad técnica comenzaron a cuestionar la seriedad, legalidad e improvisación de tal implementación.

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La crisis del voto electrónico en Perú

La problemática institucional entorno al voto electrónico continúa. Desde su lanzamiento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha podido defenderlo con fundamentos sólidos: le han cuestionado la falta de auditorías públicas, como también que muchos electores no sabían ni siquiera que iban a votar mediante este sistema. En consecuencia, esta semana (a días de los comicios) la ONPE ha emitido una nota de prensa donde informa la reducción de los distritos que votarán con el cuestionado sistema. Esta medida, en parte acertada, demuestra demasiada improvisación a pocos días de practicar el acto principal de la vida democrática de nuestro país.

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