By Miguel Morachimo

Hiperderecho envió al Congreso comentarios sobre el Proyecto de Ley que quiere regular las aplicaciones de taxis

El Proyecto de Ley No. 1505/2016-CR que intenta regular parte del funcionamiento de las plataformas digitales de transporte privado y taxis sigue en trámite en el Congreso. Presentado en junio por el congresista Miguel Elías Ávalos (Fuerza Popular, Ica), el Proyecto se encuentra actualmente en estudio en las comisiones de Transportes y Comunicaciones y también en la de Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso.

Como escribíamos hace varios meses, creemos que el Proyecto puede traer más perjuicios que beneficios al usuario peruano de estos servicios. La propuesta legislativa parte de asumir que no existen ya leyes de responsabilidad civil, penal y administrativa aplicables a la prestación de estos servicios. A su vez, intenta imponer una serie de requisitos mínimos para cualquier empresa que quiera prestar estos servicios (como el de contar con un centro de atención telefónica) que no se justifican en el propio Proyecto y que se alejan del estándar internacional. De la misma manera, el Proyecto parece construído exclusivamente sobre la anécdota de casos mediáticos y no está soportado en cifras, estadísticas o información provista por terceros que permita medir el alcance e impacto de las reformas propuestas.

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Indecopi cree que nuestro análisis es malicioso. Esta es nuestra respuesta.

La semana pasada les contamos cómo Indecopi había comprado un sofisticado equipo para acceder a la información contenida en celulares y tablets por más de 50 mil soles. En nuestro artículo, expresamos nuestra preocupación por permitir que instancias administrativas como la Comisión de Libre Competencia adquieran y operen sofisticados equipos de vigilancia electrónica más propios de la Policía o el Sistema de Inteligencia. En particular, nos preocupaba que no existan controles especiales o una política nacional sobre el uso de estos aparatos y que adquisiciones de este tipo podían empezar una tendencia hacia la militarización cibernética de la administración pública.

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Indecopi ahora puede hackear nuestros celulares

Hace pocas semanas, Indecopi adquirió un equipo de última generación para extraer información de teléfonos y tablets valorizado en más de 50 mil soles. El UFED Touch 2 fabricado por la firma israelí Cellebrite es capaz de extraer la información de la mayoría de teléfonos móviles modernos, incluyendo no solo la almacenada en la tarjeta de memoria sino también la información de aplicaciones, mensajes, fotografías y videos. ¿Para qué necesita Indecopi un equipo como este? ¿Quién va a fiscalizar que no sea usado de forma indebida?

Mirarlo todo

Desde hace un par de años, una oficina de Indecopi sueña con la idea de poder fiscalizar todo. La Comisión de Libre Competencia de Indecopi tiene como misión detectar y sancionar prácticas anticompetitivas entre agentes económicos, como los acuerdos de precios de dos o más empresas para cobrar lo mismo o dividirse el mercado. Para esto, su Secretaría Técnica tiene potestades de investigación y puede solicitar a empresas todo tipo de documentos contenidos en papel o en fuentes electrónicas en visitas inopinadas. De la misma manera, si resulta necesario para una investigación, la Secretaría puede solicitar autorización judicial para el descerraje de un local, copiar correspondencia o solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

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Otra mala idea: Regular a las plataformas de viajes compartidos en Perú

Un nuevo proyecto de ley presentado por Miguel Elías (Fuerza Popular) busca crear un régimen especial para las plataformas de servicios de transporte como Uber o Easy Taxi en Perú. Lamentablemente, el Proyecto falla en comprender la naturaleza de este tipo de servicios e intenta regularlos como algo que no son: empresas de transporte. Muy lejos de beneficiar a los usuarios, su aprobación podría reducir la competencia, aumentar los precios y fomentar la informalidad.

Con acierto, el Proyecto define que las Plataformas solo intermedian el servicio de transporte que prestan los conductores a pasajeros. Sin embargo, las exigencias que busca imponer a las empresas parecen más propias de un prestador directo que de un intermediario.

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Nos vemos en el IGF Perú 2017

Esta semana se llevará a cabo por segunda vez consecutiva el Foro Peruano de Gobernanza de Internet (IGF Perú). Estamos muy entusiasmados de que una iniciativa que impulsamos desde cero el año pasado continúe creciendo e involucrando a más organizaciones y empresas. Acompáñanos en Lima este martes 6 y miércoles 7 de junio en Lima para conversar sobre cómo continuar construyendo una Internet peruana que sea realmente de todos.

Una comunidad es tan desarrollada como su capacidad de reconocerse y entenderse. Durante demasiado tiempo, los problemas sobre Internet y tecnología han sido el territorio exclusivo de algunas empresas u oficinas estatales en nuestro país. El modelo de Gobernanza de Internet desarrollado por Naciones Unidas parte de reconocer que estamos juntos en esto. Al mismo tiempo, propone que sólo escuchando a aquellos que piensan igual o completamente distinto que nosotros podremos tomar mejor decisiones.

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Lo logramos juntos: el fallo de seguridad en la web de la Encuesta LGBTI se solucionó

Los fallos de seguridad que detectamos esta semana en la Encuesta LGBTI del INEI han sido solucionados desde ayer por la tarde. La Encuesta todavía sigue solicitando ingresar todo tipo de datos personales al encuestado, pero los problemas que ponían estos datos al alcance de cualquiera han sido remediados. Según lo reportado por el INEI, nadie alcanzó a explotar masivamente esta vulnerabilidad mientras estuvo abierta. Retiramos nuestra advertencia sobre no llenarla pero invocamos a ejercer una decisión razonada antes de entregar sus datos personales a la Encuesta.

Los peruanos necesitamos desesperadamente reconocernos y aprender a entendernos. La Encuesta LGBTI es una iniciativa valiosísima para acercarnos hacia ese objetivo. Somos plenamente conscientes de que nuestra alerta pudo haber comprometido temporalmente la Encuesta, pero creemos que la gravedad del fallo de seguridad y la sensibilidad de la información en riesgo lo ameritaba. Hiperderecho trabaja para que la tecnología sea un instrumento de liberación social, que todos podamos usar con libertad y seguridad. Esta semana reafirmamos ese compromiso al detectar y colaborar con la mitigación de este problema. Lo vamos a seguir haciendo porque es nuestro trabajo.

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¿Cómo funciona la Neutralidad de Red en Perú?

Desde hace tres meses está plenamente vigente en nuestro país el Reglamento de Neutralidad de Red. Esta Resolución de OSIPTEL aprobada el año pasado señala todo lo que puede y no puede hacer una empresa que nos brinda el servicio de acceso a Internet con los contenidos que enviamos o recibimos. Aunque es poco conocida, representa la culminación de una serie de esfuerzos normativos que empezaron en la Ley de Banda Ancha del 2012.

En Perú, el servicio de acceso a Internet está considerado como un servicio público. Además de las normas sobre libre competencia, a esta actividad también se le aplican obligaciones de no discriminación y continuidad. No obstante, desde el 2005 contamos con reglas especiales que prohíben que los operadores afecten la forma en la que recibimos o enviamos tráfico en Internet, salvo en casos excepcionales. Es mucho más breve el registro de casos en los que este marco legal se ha hecho cumplir efectivamente, pese a repetidas denuncias de usuarios. Telefónica fue sancionada en el 2009 por bloquear un puerto con 75 UITs y, en el 2012, Claro con 51 UITs por limitar el uso de aplicaciones de Voz sobre IP.

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¿Qué diablos hace Hiperderecho?

Existimos como organización sin fines de lucro desde fines del 2013. Somos los que te mandamos correos electrónicos invitándote a eventos, los que hacemos encuestas en Facebook o los que hace poco convencieron a una Municipalidad de que jugar un videojuego también era un derecho. Sin embargo, quizás no todos los que han llegado a esta página saben esto o entienden por qué lo hacemos. Interrumpo nuestra cobertura regular para contarles cómo hemos llegado hasta aquí y hacia donde nos dirigimos.

Hiperderecho es una asociación civil sin fines de lucro, como lo son los clubes sociales, muchos colegios o centros culturales. No somos un blog ni una start up. No somos un partido político o una campaña en redes sociales. No buscamos inversionistas, no vendemos nada, ni mucho menos tenemos dueños o accionistas. Como en otras asociaciones, las decisiones grandes las toman nuestros asociados (representados por su Consejo Directivo) y las diarias las toma nuestro equipo de trabajo (actualmente, tres personas y un oso). Todos los que trabajamos aquí cobramos un sueldo. ¿Pero no que era “sin fines de lucro”? Eso significa que cualquier sobrante entre nuestros ingresos y gastos no se reparte a los asociados sino que se queda en la organización para ser reinvertido. Como asociación, estamos exonerados de Impuesto a la Renta y autorizados para percibir donaciones.

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Acceso a normas legales: ofrecer el SPIJ gratis no es suficiente

Una de las medidas más importantes que ha tomado este Gobierno es liberar el acceso al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Sin embargo, esta labor se viene haciendo poco y mal. Hay muchas medidas más inteligentes que el Ministerio puede tomar, aunque probablemente carece de cualquier tipo de incentivo para hacerlo.

Hasta hace pocos meses, acceder a la base de datos de normas legales vigentes mantenida por el Ministerio de Justicia costaba más de 1,100 soles. Es decir, el Poder Ejecutivo le cobraba a cualquier peruano interesado en consultar el archivo oficial y completo de legislación actualizada el equivalente a casi dos sueldos mínimos al año.[1] No es broma, hace siete años escribí un artículo sobre lo mismo. Pregúntenle a cualquier abogado que conozcan. Una situación ridícula y vergonzosa para cualquier democracia acometida con complacencia por la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia durante muchísimos años, que nunca rindió cuentas de cómo usaba estos recursos ni de la razonabilidad de la tasa cobrada. Al punto que el año pasado la OECD diagnosticó este como uno de los problemas principales de nuestro país en su reciente análisis de marco regulatorio para Perú.[2]

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Autoridad de Transparencia y Protección de Datos: otra oportunidad perdida

Finalmente se creó la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aunque fue de las primeras promesas de campaña del Presidente Kuczynski, fue el último Decreto en ser aprobado en el último día en el que podía aprobarse bajo las facultades delegadas. Pero el Decreto Legislativo 1353 no se limitó a crear la Autoridad de Transparencia, sino que también modificó en parte la controvertida Ley de Protección de Datos aunque manteniéndo su aplicación a cargo del Ministerio de Justicia.

Como se temía, los resultados dejan bastante que desear. Dice mucho del estado actual de nuestra democracia que tenga que recurrirse a un mecanismo de excepción (decreto legislativo) para crear una instancia de excepción (tribunal administrativo) porque ni el Congreso ni el Poder Judicial quieren o pueden o se les deja hacer su trabajo. Lo que es todavía peor es que cinco días después la misma norma tenga que ser modificada, no corregida, sino modificada mediante Fe de Erratas porque nuestro Ejecutivo “técnico y pragmático” no terminó de decidirse sobre un texto final. El resultado de esta evasión serial de instituciones es obviamente una norma blanda, descalificada por sus propios proponentes, políticamente light y con muy pocas chances de resultar efectiva.

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