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Vigilancia estatal y transparencia en Perú

Por: Gonzalo Croci*

El Decreto Legislativo No. 1182 o Ley de Geolocalización empezó a funcionar hace un año y medio, cuando se aprobó el texto secreto de su Protocolo de Aplicación. ¿Qué información han recibido los ciudadanos respecto a su utilización y a sus resultados? Por ahora, ninguna. Con el afán de solucionar este problema, Hiperderecho decidió tomar las riendas e investigar los casos donde se ha estado usando el mecanismo de geolocalización. En teoría, debería de existir coordinación entre las instituciones que forman parte del proceso de uso de geolocalización. Es decir, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían poseer la misma información refiriéndose, esto es: la misma cantidad de casos registrados, los tipos de crímenes, donde se han llevado a cabo, etc.

Sin embargo, para acceder a información pública en Perú es todavía necesario hacer trámites que recuerdan a las películas de espionaje de los ochentas, con papeleos que incluyen escribir cartas, rellenar formularios y encontrar la correcta mesa de partes en algún punto misterioso de la ciudad. Por suerte, Hiperderecho contó con la ayuda del congresista Alberto de Belaunde y su despacho para enviar solicitudes de acceso a la información a las entidades públicas involucradas. Vale hacer un breve paréntesis para recordar que el derecho de acceso a la información es protegido por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú y que es reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.

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Informe: Vigilancia Estatal de las Comunicaciones y Derechos Fundamentales en Perú

Hoy presentamos nuestro nuevo informe Vigilancia Estatal de las Comunicaciones y Derechos Fundamentales en Perú. Se trata de una revisión detallada de todos los mecanismos legales existentes en Perú para registrar o intervenir comunicaciones de personas, considerados a la luz de los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia. El informe se presenta junto a otros ocho reportes nacionales elaborados por organizaciones de América Latina bajo iniciativa y apoyo de la Electronic Frontier Foundation. El documento ha sido elaborado por Miguel Morachimo de Hiperderecho con aportes de Katitza Rodriguez de Electronic Frontier Foundation.

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Decreto Legislativo 1182: Lo que el gobierno le contestó a la OEA

Ha pasado poco más de un mes desde que tenemos un nuevo gobierno y ya se han producido cambios importantes. Nuevas ideas, nuevos ministros, nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, un fantasma recorre el gabinete de PPK: el fantasma del Decreto Legislativo 1182. A pesar de los esfuerzos por reformar la aproximación en Seguridad Ciudadana, hasta hoy esta norma sigue permitiendo a la policía nacional acceder a nuestra ubicación en cualquier momento sin una orden judicial previa.

Para quién no recuerda el Decreto Legislativo 1182 (también llamado #LeyStalker), en Hiperderecho tenemos una sección entera dedicada a comentar la norma y los problemas que acarrea, además de un video explicativo, informes y otros recursos útiles.

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Informe: Decreto Legislativo 1182, Geolocalización y Proceso Penal

Como parte de nuestra campaña Contra el Decreto Legislativo 1182, hoy publicamos un reporte completo sobre el mecanismo de geolocalización y su impacto en el proceso penal. A lo largo de sus veinticuatro páginas, este informe analiza en detalle las implicancias del nuevo mecanismo de acceso a datos de geolocalización en el contexto de sistema procesal penal que existe en nuestro país.

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26 de mayo: Contra el Decreto Legislativo 1182 en San Marcos

Hiperderecho y Avanzada Estudiantil organizan este jueves 26 de mayo un conversatorio sobre Vigilancia Estatal y Derechos Humanos en la Universidad de San Marcos. Este evento es parte del ciclo de actividades que estamos llevando a cabo en la campaña “Contra el Decreto Legislativo 1182” gracias al financiamiento del Media Democracy Fund.

El evento servirá para presentar la campaña y los informes legales que la sustentan, que estará a cargo de Ricardo Elías, Carlos Guerro y Miguel Morachimo. Además, conteramos con los comentarios de los profesores Miguel Perez Arroyo y Marcial Paucar Chappa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Contra el Decreto Legislativo 1182

Esta semana presentamos nuestra iniciativa Contra el Decreto Legislativo 1182. Se trata de una campaña informativa que busca difundir entre el público en general los múltiples problemas del Decreto Legislativo 1182, también conocido como Ley Stalker o Ley de Geolocalización. Esta norma, aprobada sin debate previo ni justificación, autoriza a la Policía a acceder a la ubicación de cualquier usuario de celulares sin orden judicial y obliga las empresas de telecomunicaciones a guardar registros de tráfico, desplazamiento y llamadas de todos sus usuarios por hasta tres años.

Esta campaña incluye un video que explica los riesgos del Decreto Legislativo, una página web informativa con infografías, respuestas a preguntas frecuentes y un archivo de todo lo que hemos publicado, un resumen ejecutivo del problema, dos informes legales que publicaremos pronto con las razones específicas por las que es necesario derogar este Decreto y una serie de eventos públicos.

Vamos a tener una serie de actividades para presentar esta campaña, conversar con especialistas y usuarios y conocer sus preocupaciones. La primera fecha será este jueves 19 de mayo en San Isidro como parte de nuestro ciclo Conexiones. También estaremos presentado la campaña en un evento especial el próximo jueves 26 de este mes en la Facultad de Derecho la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El problema con la falta de transparencia de la #LeyStalker

La semana pasada les contábamos que el Ministerio del Interior había declarado como “información reservada” el Protocolo que se viene usando para geolocalizar sin orden judicial a los usuarios de equipos móviles en Perú. La entrada en vigencia de este “reglamento secreto” a inicios de noviembre ha terminado de deslegitimar a una norma tan polémica como el Decreto Legislativo No. 1182, aprobado sin discusión pública, en un día feriado y con una justificación plagiada.

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Policía considera “reservada” la forma en la que aplica la #LeyStalker

El verdadero alcance del polémico Decreto Legislativo 1182 o Ley Stalker continúa siendo una interrogante. Esta norma, que permite a la policía acceder a la ubicación de cualquier teléfono celular y obliga a los operadores a conservar los datos de tráfico de nuestras comunicaciones durante tres años, fue publicada sin debate parlamentario, en un día feriado y con una exposición de motivos plagiada de Internet. Lo que es peor, ahora el Ministerio del Interior se niega a explicar cómo está implementando esta nueva ley.

En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior firmó con Telefónica del Perú, Claro, Bitel, y Entel un Protocolo de Acceso a los Datos de Localización o Geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos en los términos del Decreto Legislativo 1182. La firma se llevó a cabo en una ceremonia pública presidida por el Ministro Perez Guadalupe y también se elaboró una nota de prensa oficial que fue recogida por los principales medios de comunicación del país (1, 2). Curiosamente, el único ausente en la ceremonia fue el texto mismo del Protocolo, que no fue entregado a ningún periodista ni acompañó las notas de prensa. Todos los demás, solo pudimos ver su primera página exhibida como diploma en las fotos de rigor.

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Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA envió carta al Estado Peruano por #LeyStalker

El controvertido Decreto Legislativo No. 1182, también conocido como Ley Stalker, sigue dando que hablar en el extranjero. Esta semana, a través de una solicitud de acceso a la información pública, Hiperderecho obtuvo una copia de la carta de ocho páginas que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [PDF] envió al Estado Peruano manifestando su clara preocupación por la reciente aprobación de la norma y solicitando más información sobre el proceso que llevó a adoptarla.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de la Organización de los Estados Americanos creada con la misión de monitorear el cumplimiento por parte de los estados miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. La Relatoría ha enviado esta carta a propósito de los nuevos mecanismos de acceso a datos de geolocalización sin orden judicial y retención de datos derivados de las telecomunicaciones que ha impuesto el reciente Decreto Legislativo No. 1182. Al respecto, formula una serie de recomendaciones sobre la base de la jurisprudencia y los instrumentos de Derecho Internacional así como solicita al gobierno que le envíe más información sobre el proceso previo que lo llevó a aprobar esta norma.

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Ley Stalker: Cuando la inocencia deja de ser una presunción

El 27 de julio de este año, mientras los más de 30 millones de peruanos disfrutaban del feriado nacional, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1182, una norma que en la práctica convierte a todos los ciudadanos en posibles criminales a los que hay que mantener vigilados. Como advertimos desde un inicio en Hiperderecho, el DL 1182 (que se hizo conocido rápidamente como la “Ley Stalker”) crea dos situaciones muy concretas que suponen una afectación masiva y desproporcionada a los derechos fundamentales. La primera es permitir la geolocalización de equipos conectados a una red de telefonía sin orden judicial previa y la segunda es la retención de datos derivados de las telecomunicaciones por un período de tres años.

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