El año pasado realizamos una investigación sobre la violencia de género en línea en el Perú. En esta nueva serie de artículos en nuestro blog, estamos compartiendo nuestros principales hallazgos y aprendizajes. Cada semana estaremos publicando un post con un tema específico para contribuir a las discusiones sobre este tema.

Como parte de nuestra investigación quisimos evaluar hasta qué punto las personas conocían las leyes relacionadas a la violencia de género en línea.  Encontramos que 84% respondió que no las conocían. Lo cual puede estar relacionado a: la poca familiaridad que existe sobre las leyes que protejan a los ciudadanos ante la ciberdelincuencia, y el vacío legal que no consideraba hasta septiembre del 2018 las consecuencias de esta violencia en la víctima.

Esto no quiere decir que la mera existencia de una norma garantice su correcta aplicación. Así, por ejemplo, incluso cuando una víctima toma la decisión de denunciar y obtiene atención por parte del sistema, esto no significa necesariamente que la respuesta que reciba ayude a prevenir y castigar estas conductas o logre resarcir el daño sufrido.

Frente a la pregunta si alguna vez denunciaron o intentaron denunciar la violencia de género en línea ante las autoridades, encontramos que el 92% decidió no denunciar. Sin embargo, entre quienes lo hicieron, el 85% encontró que la experiencia fue muy insatisfactoria ya que no recibieron el apoyo y/o atención requerida.

Como vemos, las personas no están denunciando formalmente la violencia de género en línea con la frecuencia debida. Según las entrevistas, esto se debe a que existe la impresión de que en internet se replica la cultura de impunidad y que no existen rutas o mecanismos de denuncia claras, ni operadores de justicia consciente de la magnitud del problema. Esto también significa que las personas no se sienten amparadas por el Estado y perciben que internet es un espacio donde las acciones pueden quedar impunes y donde el Estado no tiene mayor agencia.

La violencia de género en línea se apoya en la impunidad

Mientras la violencia se traslada a nuevos espacios, la cultura de impunidad se mantiene constante. Hasta setiembre del 2018 existía un vacío legal que no consideraba explícitamente a la violencia de género ejercida por medios digitales como delitos.

Recién desde hace unos meses, algunos tipos de violencia en línea ya son considerados delitos en el Código Penal como el acoso, acoso sexual y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (o pornografía no consentida) mediante el Decreto Legislativo 1410. Sin embargo, aún no existen protocolos claros sobre cómo realizar las denuncias, ni una ruta de atención efectiva que brinde protección y atención a las víctimas. Esta es una barrera más para el acceso a la justicia de mujeres y la comunidad LGBTIQ+ que fortalece la impunidad, intensifica el vacío legal respecto al rol del Estado para enfrentar este problema y pone en riesgo la vida de las personas que la sufren. Una desatención preocupante teniendo en cuenta los índices de violencia en el país.

Otro problema relevante es que aún no hay claridad sobre quién es la autoridad responsable para recibir y procesar denuncias sobre este tipo de violencia y, más importante, hasta qué punto las autoridades tienen las herramientas y el conocimiento para perseguir a los victimarios, demostrar su culpabilidad y asegurarse de que no vuelva a cometer las mismas agresiones. Este vacío finalmente también se traslada a una pobre respuesta por parte de instituciones públicas, como universidades o empresas privadas, donde tampoco existen protocolos claros para regular la violencia de género en línea.

Las plataformas intermediarias no son efectivas mitigando la violencia

En el caso de Facebook, se cometen muchos errores en la regulación de violencia, en gran parte porque al no conocer las luchas sociales locales, ni los actores que participan de estas luchas, no entienden el contexto ni la intención de los ataques. A pesar de que varias redes sociales han desarrollado herramientas e información sobre seguridad digital, hasta el momento no han incorporado mecanismos que brinden un trato diferenciado hacia usuarios que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad al estar más expuestos a ataques coordinados y a discursos de odio.

Al no reconocer a activistas y defensores de derechos humanos como usuarios vulnerables, no se puede tomar medidas para evaluar si estos grupos están infringiendo normas o están siendo atacados. Creemos que de esta manera el equipo de seguridad de Facebook contribuye a la invisibilización de estas voces al bajarse sus publicaciones y cerrando sus canales de expresión cuando son objeto de denuncias coordinadas.

Por todo esto, es importante tener en cuenta dos puntos. Primero, procurar realizar las denuncias, según sea pertinente, pues es una manera efectiva para que el sistema de justicia identifique y reconozca las mejoras correspondientes. Segundo, cuestionar qué otras herramientas y plataformas estamos usando en internet, y animarnos a crear nuevos espacios que respondan a nuestras necesidades.