Durante la semana pasada se ha dicho y escrito mucho sobre la orden judicial que ordena a Apple colaborar con el FBI para acceder a los datos del iPhone de uno de los autores de la masacre de San Bernardino. La negativa de Tim Cook, CEO de la compañía, ha sido apoyada y criticada desde diferentes frentes.
Sin duda es un tema polémico, pero sobre todo complejo. Por ello, quizás lo peor que se puede hacer para aproximarse a una mejor comprensión del asunto es separar los hechos actuales (el pedido del FBI y la negativa de Apple) de sus consecuencias. Ambos están íntimamente ligados y encierran dentro de sí debates que no son nada nuevos como el de seguridad vs. privacidad o el de los backdoors promovidos por el gobierno de Estados Unidos.
Dicho esto; es necesario desmontar la falacia que supone decir que Apple no quiere cooperar con los federales. Tal como lo ha expresado Cook en una carta que no ha sido desmentida, la compañía de Cupertino ha colaborado con la investigación en todo momento, con personal técnico e incluso aportando los datos que almacenan del iPhone en cuestión. A lo que se han negado rotundamente es a crear el software que el FBI ha exigido para romper la encriptación del teléfono y acceder a sus datos.
Si lo vemos en perspectiva y recordando que Apple no es una ONG sino una empresa, esta acción de enfrentamiento directo con el gobierno se entiende en la medida que uno de sus principales activos es la confianza de sus usuarios. No en vano, en 2015, la Electronic Frontier Foundation le otorgó calificación perfecta en su medidor “Who has your back?” sobre buenas prácticas en protección de datos frente a solicitudes de acceso del gobierno. Acceder a la creación del software que pide el FBI o, peor aún, acceder sin dar pelea no solo redundaría en un perjuicio para su reputación sino que sería incongruente con el ‘activismo’ que ha venido haciendo en estos temas durante años.
Por otro lado, está también el asunto que más inquieta desde el lado de la sociedad civil; las implicancias de que Apple sea derrotado –en el plano político o legal- y se vea obligado a crear el software. Aplicando una lógica sencilla, una vez que exista, no solo se aplicará al caso de San Bernardino, sino que sentará un precedente para que dicha herramienta sea requerida en otras investigaciones y es más que seguro que no todas las peticiones serán tan públicas como esta.
Si algo ha quedado luego de las revelaciones de Snowden es la desconfianza. Más aún si hablamos de una herramienta que hace posible hackear uno de los aparatos con los niveles de seguridad de la información más altos en el mercado. En el peor escenario, estaríamos asistiendo a un golpe durísimo – ¿y por qué no decir letal?- a los movimientos por la encriptación en el mundo. ¿Cuánto va a pasar para que países con mercados relevantes para Apple le exijan el mismo botín para permitirles seguir operando? ¿Cuánto para que herramientas como Tor sean prohibidas? Si la excusa es la seguridad parece que todo vale.
Por este último motivo es que hacen bien las organizaciones de la sociedad civil en apoyar el activismo de Apple por la causa de la privacidad y el de cualquier otra compañía que desafíe órdenes que, de cumplirse, conducirían a mayores afectaciones de derechos que los que buscan prevenir. Esperemos que el debate público termine inclinando la balanza por una solución intermedia, para que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad.
No quisiera terminar este artículo sin llamar la atención sobre el contraste existente entre compañías como Apple que, bajo las razones que conocemos y las que no, han decidido plantar batalla y las compañías que operan en Latinoamérica y que también han recibido presiones para que revelen datos de sus usuarios.
Es necesario señalar que la performance de nuestras compañías en este ámbito es desastrosa. Solo con esa palabra se pueda explicar cómo en Colombia y el Perú existen leyes de retención de datos avaladas por el silencio cómplice de las operadoras de telefonía o como en Brasil se bloquea una aplicación sin que ninguna compañía diga nada. ¿Es que ser activistas no es tan rentable de este lado del globo?
Foto: Iphoneblog
Ex Director de Políticas Públicas (2013-2020)
Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Siempre que sea para casos asi deberia darse permiso para obtener todos los datos, no estamos hablando de una persona normal, estamos hablando de un psicopata, y opino que deberian haber colaborado.