El pasado sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio se llevó a cabo Resistencias expandidas, una iniciativa de la Red de Artistas Disidencia. Este encuentro donde activistas, gestoras culturales, y personas de la comunidad LGTBIQ+ trabajamos colectivamente para construir estrategias frente a los fundamentalismos que, en este momento histórico, intentan arrebatarnos nuestras libertades.
Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de Internet y el Día contra la Homolesbotransbifobia. La primera tiene sus raíces en una iniciativa ciudadana en España, impulsada en 2005 por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), y rápidamente se expandió a América Latina, articulando eventos entre instituciones públicas, privadas y ciudadanas. Ese mismo año, la propuesta llegó a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Túnez, donde se solicitó a las Naciones Unidas declarar oficialmente la fecha.
El reciente escándalo de falsificación de firmas para la afiliación de partidos políticos ha captado la atención pública, y con razón. Casos emblemáticos como el de Primero La Gente, Perú Primero, Voces del Pueblo, entre otros, han evidenciado prácticas sistemáticas de uso indebido de los datos personales de miles de peruanos, generando indignación y desconfianza hacia todo el sistema electoral. Sin embargo, mientras los reflectores apuntan directamente a las organizaciones políticas y sus prácticas fraudulentas, existe un problema subyacente, más profundo y estructural, que apenas comienza a ser reconocido: el sistema de consultas en línea de Reniec.
El día de hoy 29 de abril se publicó en El Peruano la Ley que modifica el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos, para incluir el uso de IA en la comisión de delitos. Esta Ley, que fue producto de cuatro Proyectos de Ley acumulados, dispone la inclusión del uso indebido de IA como agravante en los delitos, y la modificación de delitos específicos como difamación, pornografía infantil, estafa agravada y delitos contra los derechos de autor.
En los últimos años, los Estados de Latinoamérica y el Caribe han incorporado modificaciones en sus Códigos Penales para cubrir algunas modalidades de la violencia de género facilitada por las tecnologías, como el acoso sexual, chantaje sexual o la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Asimismo, otros han implementado acciones de política pública para prevenir conductas de violencia digital basada en el género, como mesas de diálogo, guías informativas sobre violencia digital, capacitaciones a funcionarios y campañas mediáticas contra la violencia digital.
Entre el 20 y el 22 de febrero, participamos en el evento “CTRL+J LATAM: tech and journalism in the global south”. El primer conversatorio de una serie de diálogos que tiene como objetivo medir las oportunidades y desafíos para el periodismo frente a las transformaciones tecnológicas en el Sur Global.
Nos encontramos en una década decisiva. A medida que las desigualdades, divisiones y tensiones geopolíticas se profundizan, el futuro se torna más incierto. Según el Reporte de Riesgos Globales 2025 –un documento que realiza anualmente el WEF desde 2005–, nos acercamos a un escenario de fragmentación que reúne retos de naturaleza ambiental, social, tecnológica y geopolítica.
El pasado 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha propuesta en 2009 por la activista Rachel Crandall, que más que celebrar, nos interpela (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2022). Nos recuerda que visibilizarse como persona trans sigue siendo, en muchos lugares del mundo, un acto profundamente político, arriesgado y, en muchos casos, vital. En contextos atravesados por la cisheteronorma y su aparato disciplinador —jurídico, mediático, médico y epistémico—, la visibilidad trans se construye en tensión con la precarización sistemática, el castigo moral y el borramiento institucional.
El pasado lunes, la Corte Suprema emitió una sentencia que, lejos de proteger nuestros derechos digitales, legitima una forma de censura administrativa sin garantías ni control judicial. A través de esta decisión, se confirma la validez del Decreto Supremo N.° 035-2019-MTC, que permite al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ordenar el bloqueo de aplicaciones y plataformas digitales sin una ley del Congreso, sin proceso judicial y sin procedimiento administrativo previo. Leer más
