El reciente escándalo de falsificación de firmas para la afiliación de partidos políticos ha captado la atención pública, y con razón. Casos emblemáticos como el de Primero La Gente, Perú Primero, Voces del Pueblo, entre otros, han evidenciado prácticas sistemáticas de uso indebido de los datos personales de miles de peruanos, generando indignación y desconfianza hacia todo el sistema electoral. Sin embargo, mientras los reflectores apuntan directamente a las organizaciones políticas y sus prácticas fraudulentas, existe un problema subyacente, más profundo y estructural, que apenas comienza a ser reconocido: el sistema de consultas en línea de Reniec.
El domingo 4 de agosto se aprobó el Decreto Legislativo N°1623, el cual modifica la Ley de Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo, con la finalidad de extender la aplicación del 18% a los servicios digitales e importación de bienes intangibles a través de internet. De acuerdo con este Decreto, los agentes de retención o percepción; es decir los sujetos no domiciliados en el Perú, empezarán a efectuar la retención o percepción del IGV a partir del 1 de octubre de 2024.
Esta medida afectaría a cientos de servicios digitales (de streaming, aplicaciones de taxis, plataformas de cursos, aplicaciones de citas, plataformas de almacenamiento de archivos, y más), así como algunas funciones de pago para bienes intangibles (por ejemplo funciones de Zoom premium, funciones de Whatsapp empresas, Facebook Ads, entre otros).
A días de su publicación, existen diversas críticas sobre la norma, que abarcan desde cuestionamientos sobre el fondo (la falta de claridad de algunos términos, de las obligaciones y los sujetos obligados, y la desproporcionalidad de la medida), cuestionamientos sobre su ejecución (impacto sobre los datos personales, nuevas cargas económicas y administrativas, impacto en la economía digital), e inclusive sobre su proceso de formulación (ausencia de participación multisectorial). A continuación abordaremos algunas de las principales críticas.Leer más
El 15 y 16 de julio del presente año, se llevó a cabo en Río de Janeiro la “Convención sobre Trabajo y Tecnología en América Latina”. Desde Hiperderecho, tuvimos el agrado de compartir espacios con otras organizaciones de la sociedad civil y sindicatos para discutir cuestiones relevantes en torno a cómo la tecnología se relaciona con el trabajo en nuestros países.
Una cuestión de intermediación y laboralidad
Uno de los aspectos abordados en este encuentro fue cómo organizar las fuerzas de trabajo en torno a las economías que se desarrollaron a partir de las plataformas de intermediación. En este caso específico, se conversó en torno a las plataformas de intermediación de transportes y las plataformas de servicios de delivery. Leer más
Recientemente, tuvimos el privilegio de asistir al NetMundial+10, evento que reunió a diversas voces y perspectivas para reflexionar sobre el futuro de la gobernanza de Internet. Celebrado en São Paulo los días 29 y 30 de abril, este encuentro nos dejó una serie de reflexiones valiosas, especialmente desde nuestra posición como organización civil en el Sur Global.
¿Cuál es el precio de la libertad de expresión en la era digital? En la normativa peruana sobre apología al terrorismo, se alza un dilema que no solo desafía los fundamentos de la democracia, sino que también cuestiona la forma en cómo nos desenvolvemos en Internet. ¿Cómo se reconcilian las leyes de apología al terrorismo con el incesante flujo de comunicación en las redes sociales y las tecnologías de la información? En este análisis, exploraremos las implicaciones de la legislación peruana que agrava las penas por apología al terrorismo en el ámbito digital, mientras cuestionamos si tales medidas son proporcionales y coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos. Leer más
A través de sus distintas redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha dado a conocer, a través de sus distintas redes sociales, que utiliza cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en espacios públicos y, particularmente, en contexto de protestas y movilizaciones sociales. Aquí te contamos por qué ello es inconstitucional.
El derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental
El derecho a la protección de datos personales es un pilar fundamental consagrado en nuestra Constitución y sustentado por una legislación específica que respalda su desarrollo constitucional. Nuestra Carta Magna reconoce este derecho en su artículo 2.6 y lo consagra como un mecanismo esencial para preservar la dignidad, la privacidad y la intimidad de cada persona, garantizando el control sobre la información personal que se recopila sobre nosotros. Leer más
El jueves 11 de marzo el Congreso peruano aprobó la modificación de la Constitución para incorporar el derecho de acceso a Internet. No obstante, en la medida que estamos ante una reforma constitucional, aún queda realizar una segunda votación en la siguiente legislatura para hacer efectiva dicha modificación. A continuación, unos puntos a tomar en cuenta.
¿Internet libre y abierto?
El dictamen de los Proyectos de Ley 3156/2018-CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR, el cual recogía las propuestas hechas hasta el momento para reconocer el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, incorporaba en el artículo 14 el siguiente texto:
El Estado garantiza el derecho de acceso a internet libre y abierto. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país. (resaltado nuestro)
No obstante, el texto final que fue aprobado fue el siguiente:
El Estado garantiza el derecho de acceso a internet. En las entidades, instituciones y espacios públicos su acceso es gratuito. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país.
El 9 de enero de 2023 se publicó en el diario El Peruano la Resolución N°003-2023-OSIPTEL, que modifica el Reglamento de Neutralidad de Red. Esta resolución supone un avance en la protección de los derechos fundamentales en Internet ya que con ella la regulación de neutralidad de red se adhiere a los estándares internacionales de derechos humanos.
La modificación realizada
Antes de esta modificación, el reglamento de neutralidad de red regulaba los casos en los que las operadoras de telecomunicaciones podían implementar medidas contrarias a la neutralidad de red sin autorización previa de OSIPTEL. La neutralidad de red es un principio establecido en la Ley N° 29904, que garantiza que las operadoras no puedan filtrar, bloquear o degradar el tráfico de Internet de manera arbitraria. Leer más
Hiperderecho nació como una organización de la sociedad civil con un objetivo ambicioso, sí, pero también necesario: el promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Para el cumplimiento de esta meta, a lo largo de estos diez años, formaron y forman parte de Hiperderecho un equipo diverso de personas que, desde sus especialidades y su interés por la tecnología, aportaron de forma invaluable para el fortalecimiento del ecosistema digital y el respeto de los derechos humanos en nuestro país.
A lo largo de este tiempo, Hiperderecho ha realizado distintas acciones que se podrían englobar, principalmente en: incidencia en políticas públicas, litigio estratégico, activismo, investigación, y capacitación a través de talleres y acciones educativas. En cada una de estas acciones, los equipos y las personas que los conforman brindaron lo mejor de sus conocimiento y capacidades para lograr posicionar a Hiperderecho como actor relevante en el espacio de tecnología y derechos humanos.Leer más
En el proceso de hábeas data recaído en el Expediente N° 4792-2017-PHD/TC el Tribunal Constitucional peruano emitió la Sentencia 298/2022, a través de la cual se pronuncia respecto de la publicidad de los correos electrónicos de funcionarios públicos.
¿Qué tipo de correos son accesibles?
En la demanda dirigida contra el Ministerio de Energía y Minas, se solicita correos electrónicos recibidos por el entonces Ministro Eleodoro Mayorga Alba a su cuenta de correo oficial o a cualquier otra que le haya sido creada por el ministerio, con sus respectivas respuestas, “en las cuales el titular del pliego se haya comunicado con cualquiera persona para tratar cualquier asunto relacionado con el Nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos o sus similares”. Vemos, entonces, que el objeto de la solicitud eran correos electrónicos institucionales (o similares) creados por el ministerio.
En definitiva, sobre lo que se pronuncia el Tribunal es sobre este tipo de correos electrónicos: los institucionales u oficiales. De esta manera, se deja fuera de análisis los correos electrónicos personales de funcionarios públicos (por más que puedan contener información relativa a la gestión pública o de interés público). Esto último, siendo un ámbito de discusión muy interesante, no es abordado por el Alto Tribunal.Leer más
