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Localización obligatoria de datos y servidores

Países alrededor del mundo están requiriendo a las empresas que manejan datos personales que tengan servidores físicos localizados entre sus fronteras. Ello puede conllevar limitaciones a la competencia entre empresas de tecnología y a la privacidad de las personas.

1. ¿En qué consiste?

Los gobiernos de distintos países están implementando nuevas normas que obligan a empresas de tecnología que traten con datos personales de sus ciudadanos a que almacenen estos datos en servidores físicamente ubicados dentro de su territorio. Es decir, plantean que empresas como Amazon o Microsoft, que tratan datos personales de todos sus usuarios, tengan necesariamente servidores físicos que almacenen estos datos dentro de las fronteras del país de donde son sus usuarios. Aún más, hay propuestas regulatorias tendientes a limitar o prohibir que los datos personales de los ciudadanos de un país salgan de este y sean tratados en otros países total o parcialmente.

Hoy en día casi todas las empresas de tecnología manejan datos personales de personas que utilizan sus plataformas (nombres, teléfonos, transacciones, hasta datos médicos, etc). Estos datos son almacenados en servidores o computadores ubicados en distintas partes del mundo, según lo decida la empresa. A veces por motivos de seguridad y otras por asegurar un nivel de privacidad adecuado, ciertos países han empezado a exigir que estas empresas ubiquen sus servidores dentro de su territorio nacional para que puedan ofrecer sus servicios.

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Políticas de moderación de contenidos

La moderación de contenidos es una herramienta empleada con el fin de excluir o impedir el acceso a contenido específico dentro de una plataforma o servicio web. Esta prerrogativa suele ser empleada de forma discrecional por las empresas a través de sus políticas de uso o términos del servicio, pero a veces también vienen impuestas por leyes y, en algunos casos, se ejercen por causa de la presión de los gobiernos. 

1. ¿En qué consiste?

A diferencia de los bloqueos o filtros de contenido, que se realizan sobre la capa física o lógica de Internet, las políticas de moderación de contenido son un conjunto de normas generalmente públicas que condicionan la forma en que los usuarios crean o comparten contenido en una plataforma de Internet. Estas políticas suelen venir en la forma de términos y condiciones, normas de comunidad, políticas de uso aceptable del servicio, entre otros.

Igual que los filtros locales, la eficacia de la moderación de los contenidos usualmente se restringe a la plataforma en donde estos se encuentran alojados, por ejemplo: una red social, una aplicación, un sitio web, etc. No obstante, dependiendo del tipo de moderación y la importancia de la plataforma, los efectos de aplicar estas acciones pueden ir desde molestias y una mala calidad del servicio, hasta afectaciones graves a los derechos humanos.

Los actos de moderación pueden ir desde llamadas de atención o amonestaciones, hasta el bloqueo de contenidos y expulsión de la plataforma de los usuarios que crean o comparten cierto tipo de contenido. Además, cuando la moderación se da como producto de una obligación legal o por actos de presión de los gobiernos, sus efectos pueden ir más allá de Internet y representar un peligro para la integridad de los usuarios.

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Municipalidad de Cieneguilla emite ordenanza que prohíbe jugar videojuegos en cabinas públicas de Internet

A finales del año pasado, la Municipalidad de Cieneguilla publicó la Ordenanza N° 309-2019, una norma que regula el acceso a diferentes sitios web y contenidos en Internet de menores que utilicen cabinas públicas en dicho distrito. Entre las prohibiciones está acceder a páginas pornográficas, contenido violento y también videojuegos clasificados como violentos.

Prohibiciones lícitas, polémicas y otras carentes de sentido

Tal como señala la ordenanza, ésta desarrolla una ley ya existente, la Ley N° 28119, norma promulgada en 2003 que prohíbe el acceso a contenido pornográfico a menores de edad en el contexto de uso de cabinas públicas. Sin embargo, la ordenanza de Cieneguilla va más allá de la ley del 20013: se refiere no solo a la pornografía para adultos sino también a la pornografía infantil, al contenido violento y a los videojuegos violentos.

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Confianza Digital: la propuesta sobre ciberseguridad del Estado peruano

A inicios del mes de enero de 2020, se promulgó el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, que crea el Marco de Confianza Digital. Esta nueva norma continúa la propuesta del Ejecutivo de organizar el ecosistema de ciberseguridad peruano desde el Estado.

Gobierno Digital y Confianza Digital

Se trata de una norma de continuación, que afianza el camino iniciado varios años atrás por la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros con el fin de dirigir la evolución del ecosistema digital en el país. Como está escrita, esta propuesta no es solo un paso más en el camino de la configuración del esquema de Gobierno Digital, sino también una respuesta del gobierno a las iniciativas presentadas por el Congreso disuelto, específicamente la Autógrafa de la Ley de Ciberseguridad, de la cual ha tomado casi todos sus elementos.

Pero, ¿qué es la Confianza Digital? Podemos partir de la definición que la SEGDI misma propone, viéndola como “la confianza en el entorno digital o también denominada confianza digital emerge como resultado de cuán veraz, predecible, seguro y confiable son las interacciones digitales que se generan entre empresas, individuos o cosas.” Este concepto ya se había establecido previamente en el Decreto Supremo que regula la Seguridad Digital, que es la norma que sienta las bases para el desarrollo de la ciberseguridad desde el Estado.

Se señala que la Confianza Digital establece diferentes mecanismos de actuación en varias áreas, siendo las más importantes: Protección de datos, transparencia, seguridad digital y protección del consumidor en el entorno digital. En cada una de ellas ha dispuesto medidas que afectan no solo a actores del Estado sino también a los privados, como detallo a continuación.

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Publicidad electoral, big data y privacidad en Perú

Las recientes elecciones congresales en Perú han sido distintas en muchos sentidos. Entre otras razones, porque se han aplicado por primera vez las normas que prohíben que los partidos y candidatos se anuncien en radio y televisión mediante avisos pagados. Eso ha significado que el esfuerzo y gasto en publicidad electoral se concentre en medios alternativos, desde volantes impresos hasta páginas web y redes sociales. Aunque estas medidas buscaban “equilibrar” la presencia de los candidatos en medios a través de la publicidad, se ha reflexionado poco sobre cómo funciona la publicidad política en línea y sus desequilibrios. De cara a la siguiente campaña electoral del 2021, hay varias cosas pasando en este espacio que merecen especial atención.

Alrededor del mundo, el uso de redes sociales para fines políticos viene siendo objeto de evaluación y cambio. Por ejemplo, hace poco Twitter prohibió que se use su plataforma de publicidad para contenido político. Por su parte, aunque Facebook sí permite este tipo de contenido publicitario en sus plataformas, en muchos países obliga a los anunciantes a cumplir con reglas especiales. Así, por ejemplo, un anuncio político en Estados Unidos o Brasil obligatoriamente mostrará el monto gastado, el alcance demográfico del mensaje o la identidad de la persona natural o jurídica que lo paga. Además, dicha información quedará archivada por varios años en la Biblioteca de Anuncios de Facebook. De la misma manera, Google también permite la publicación de anuncios políticos bajo ciertas reglas (ej. prohibido el remarketing o segmentar por cercanía) e igualmente publica información detallada sobre el gasto en publicidad que hacen candidatos políticos en Estados Unidos, India y la Unión Europea.

En Perú, no existen reglas que obliguen a los candidatos a ser transparentes con el gasto y la pauta publicitaria que colocan en Internet, solo reglas generales de reportar todos sus gastos en campaña. Cuando la publicidad política estaba permitida en televisión y radio, las empresas de radiodifusión eran obligadas a presentar reportes a la autoridad electoral sobre sus ingresos por contenido político. No obstante, pese a la ausencia de obligatoriedad, empresas como Facebook han puesto a disposición de candidatos en todo el mundo herramientas de transparencia voluntarias muy detalladas que les permiten comunicar claramente el contenido, audiencia, origen y gasto en publicidad en línea y están disponibles en Perú.

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Jueves 23 de enero: Conexiones con Julio César Mateus

Conexiones, nuestro ciclo de charlas públicas sobre tecnología, empieza este 2020 hablando de educación. Como saben, Conexiones no solo es un podcast que se distribuye gratuitamente en todas las plataformas de audio del mundo. También es una oportunidad mensual para conectar con las personas, los proyectos y las ideas más interesantes del ecosistema tecnológico local.

El próximo jueves 23 de enero tendremos como invitado al investigador y profesor universitario Julio César Mateus. Julio César estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, tiene una Maestría sobre Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como otra Maestría en Comunicación Social y un Doctorado en Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Julio César conversará con Miguel Morachimo, abogado y director de Hiperderecho, sobre cómo la tecnología está creando nuevas oportunidades y desafíos para la educación básica. También hablarán de sus dos más reciente obras como editor: Mayé[email protected]: 28 preguntas para hackear la escuela con el Fondo Editorial de Fundación Telefónica y Media Education in Latin America, editado por Routledge Research.

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Presentamos el primer reporte sobre brecha digital de género en Perú

En Hiperderecho, gran parte de nuestro trabajo implica identificar oportunidades para que grupos que han sido históricamente excluidos o discriminados, como las mujeres peruanas y la comunidad LGBTIQ+, encuentren en Internet un espacio seguro para impulsar y adquirir nuevas capacidades. Sin embargo, aún existen una serie de amenazas y barreras que evitan que estos grupos aprovechen al máximo el mundo digital. Por ello, y gracias al apoyo de la World Wide Web Foundation, hemos realizado el primer análisis sobre brecha digital de género en Perú. En esta investigación no solo nos centramos en el número de personas que tienen acceso a Internet, sino también en los diferentes motivos y usos que le dan a esta tecnología.

¿Estamos conectadas?            

La metodología utilizada fue desarrollada por World Wide Web Foundation, con apoyo de ONU Mujeres, y ha sido aplicada en países como: Colombia, México, Paraguay, Camerún, Costa de Marfil, República Dominicana, Egipto, etc. Consiste en evaluar catorce (14) indicadores, que son respondidos usando la información oficial publicada por el Estado peruano. Cada uno de ellos recibe un puntaje entre 0 a 10. Estos se agrupan en cinco ejes:

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Agenda 2020: Los Proyectos de Ley sobre tecnología que podemos esperar con el nuevo Congreso

Durante el 2019, varios proyectos para regular diferentes tecnologías se quedaron detenidos tras la disolución del Congreso. Luego de las elecciones de enero, muchos de ellos (y algunos nuevos) podrían volver este 2020.

¿Qué nos dejó el Congreso en el 2019?

Nuestra agenda digital del año pasado tuvo una significativa cantidad de propuestas en diferentes campos de la tecnología, centradas en su mayoría en la regulación de las plataformas que operan sobre Internet. A lo largo del año comentamos varias, pero también hubieron otras que pasaron más o menos desapercibidas. Estas son algunas de ellas:

  1. PL N° 04237/2018-CR: Ley de Ciberseguridad

A mediados del año pasado, la Comisión de Defensa del Congreso impulsó diferentes iniciativas relacionadas a la ciberseguridad, esfuerzo que concluyó en setiembre con la aprobación de dos proyectos de ley; uno sobre ciberdefensa y el otro sobre ciberseguridad. Sin embargo, aunque el primero fue promulgado, el segundo fue observado por el Ejecutivo y, pese a que se señaló que se insistiría en su aprobación, luego de la disolución esta norma quedó en el limbo. En Hiperderecho hicimos el recuento completo de esta historia.

  1. PL N° 3990/2018-CR y PL N° 04275/2018-CR: Leyes sobre difamación en redes sociales

Las iniciativas para incrementar las penas por delitos cometidos a través del uso de las TIC ha sido una constante no solo en el Congreso disuelto, sino en varios de los anteriores, al menos en lo que se refiere a delitos contra el honor. En 2019, hubo al menos dos propuestas de este tipo. También escribimos un artículo al respecto.

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¿Nos hemos vuelto locos al demandar al MTC por bloquear una aplicación?

Quiero agradecer a todas las personas que han comentado nuestras acciones legales contra el Decreto Supremo N° 035-2019-MTC, que crea un mecanismo extrajudicial de bloqueo de contenidos en línea, y contra las operadoras que obedecieron ilegalmente la orden de bloqueo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sé que la noticia resultó sorprendente o inexplicable para algunos y quiero explicar las razones de nuestro litigio estratégico.

Nuestras demandas no defienden el servicio de “taxi en moto”

Nuestras demandas no tienen nada que ver con el sector transportes ni la legalidad del denominado servicio de “taxi en moto.” El Decreto Supremo que demandamos y que origina la controversia tiene dos partes: (A) una que realiza “precisiones” a cómo deben de interpretarse dos de sus reglamentos de transportes (donde se indica que el servicio público de transportes en motos es ilegal); y, (B) otra más larga que crea un mecanismo de “bloqueo de aplicativos y/o páginas web que oferten y/o presten servicios los servicios que antes se declararon como ilegales.” Según la parte (B), el MTC identificará la lista de aplicativos y/o páginas web infractores y enviará una lista a las empresas operadoras, quienes tendrán un plazo para hacer los bloqueos y estarán sujetas a multas si no lo hacen.

Nuestras demandas sólo se enfocan en el segundo punto y no alcanzan al sector transportes, ni discuten la interpretación que el MTC ha realizado de los reglamentos de transporte o de transporte público. Incluso si nos dan la razón, la calificación de ilegal del servicio de “taxi en moto” se mantendría porque va más allá de lo que hemos solicitado. No discutimos el fondo de la regla sino la forma elegida para hacerse cumplir.

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Demandamos al Ministerio de Transportes por amenazar la libertad de expresión y vulnerar la neutralidad de red mediante bloqueo de apps

Presentamos una demanda de Acción Popular contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y denunciamos administrativamente a las empresas de telecomunicaciones ante OSIPTEL.

El 14 de noviembre se publicó el Decreto Supremo N° 035-2019-MTC, a través del cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó precisiones sobre el transporte público de personas en vehículos menores y establece disposiciones para el bloqueo de aplicativos y páginas web. Este tenía como finalidad combatir el servicio de «taxi» a través de motos, luego a la denuncia hecha respecto de las condiciones en las que opera la emrpesa Picap.

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