Hace pocos días, el Pleno del Congreso aprobó la Resolución Legislativa que aprueba la adhesión de Perú a la Convención sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa o Convención de Budapest. En diferentes volúmenes, esta noticia ha sido presentada por diversas partes interesadas como la postergada atención de una apremiante necesidad nacional o la pieza que faltaba en la madurez de nuestro entorno digital. Personalmente, creo que esta decisión no es ni lo uno ni lo otro. No obstante, vale la oportunidad para reflexionar sobre lo que significa esta noticia y lo que estas reacciones nos dicen sobre la madurez del debate nacional acerca de la lucha contra los delitos informáticos en Perú.
Podría pensarse que Perú llega tarde con su adhesión a una Convención aprobada en el año 2001. En realidad, al tratarse de un acuerdo del Consejo de Europa, fue inicialmente negociado y firmado exclusivamente por estados europeos y algunos invitados como Estados Unidos y Canadá. Casi dos décadas después, menos del 15% de naciones que no pertenecen al Consejo de Europa han decidido adherirse a él. De hecho, en nuestra región, solo algunas lo han hecho y muy recientemente: Argentina (2018), Chile (2017), y Paraguay (2018). México y Colombia, aunque invitados ya, están todavía tramitando su adhesión. Por tanto, realmente Perú no llega tarde a la firma de este acuerdo cuya suscripción fuera de Europa parece más bien la excepción y no la regla.
La pregunta sobre si valía la pena adherirse al Convenio es compleja y ya varios la han intentado responder (incluyendo mis colegas Carlos Guerrero y Martín Borgioli en un informe que publicamos el año pasado). Es innegable que todo estado moderno necesita de reglas penales para perseguir y castigar ciertos actos ilícitos cuando se cometen a través de medios tecnológicos. Sin embargo, el esfuerzo de sumarse al estándar del Consejo de Europa parece importar más por lo formal que por lo sustantivo. Es decir, más que alentarnos a crear nuevos delitos (que ya teníamos) el Convenio ratifica que el marco legal de nuestro país se ajusta al estándar común entre los miembros. Esto habilita que peruanos que cometen delitos informáticos puedan ser juzgados en el extranjero o que extranjeros puedan serlo en Perú, siempre que sus países también hayan suscrito el Convenio. Eso es, en síntesis, lo que nuestro país ha obtenido tras la adhesión.
Director Ejecutivo
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
