Estamos cumplimiendo con medidas de distanciamiento social obligatorio para disminuir el ritmo del contagio del Covid-19 desde marzo. Bajo esta nuevo contexto, gran parte de la población trabaja desde casa, estudia a distancia, se reúne virtualmente, o simplemente pasa su tiempo libre en línea. Para muchas personas, esto ha significado empezar a utilizar Internet y/o realizar un mayor uso de este, ya sea por razones profesionales o personales.

Todo ello conlleva a una constante preocupación por la eventual congestión de la red. Ante lo cual, casi desde el inicio del distanciamiento surgieron invocaciones a usar Internet de forma “responsable”. Esta campaña fue iniciada por el gobierno, pero rápidamente se sumaron empresas operadoras y de telecomunicaciones pidiendo a la población que limitemos el uso que hacemos de Internet, bajo la consigna de que existe una mejor o peor manera de usarlo durante la cuarentena.

El mensaje tan reiterativo de un «uso responsable de Internet» nos hace cuestionarnos si es posible para estos actores determinar e indicar cómo y cuándo podemos usarlo, incluso en un contexto de crisis. Lo cual debería de colocarnos en una posición de alerta, para evitar que esto se convierta en un precedente donde el sector privado y/o estatal tengan el poder de limitar nuestra libertad en el espacio digital. En especial en un contexto donde Internet es una gran herramienta para cubrir necesidades básicas.

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Marieliv Flores

Directora de Activismo

Comunicadora para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Estudios de la Mujer en la Unviersidad de Ottawa (Canadá).

Van 65 días desde que empezó el Estado de Emergencia por el Covid-19 en Perú. Hay mucho que todavía no conocemos sobre cómo funciona esta epidemia y su impacto en nuestra salud. Pero también es bastante lo que estamos avanzando gracias a la intervención oportuna de autoridades y profesionales de la salud en todo el país, especialmente ahí donde menos recursos existen. Lamentablemente, de este tremendo esfuerzo, estamos aprendiendo muy poco como sociedad y continuamos tomando muchas decisiones a oscuras.

Esfuerzos parciales e insuficientes

Este problema ha sido señalado en múltiples oportunidades por diversos especialistas en salud, estadística y análisis de datos. La información públicamente disponible sobre el avance del Covid-19 en el país es escasa, irregular, y no se publica en formatos que puedan ser reutilizados. Esta omisión erosiona la confianza de las personas en sus autoridades, reduce artificialmente nuestro derecho a participar de las decisiones públicas y desafía cualquier interpretación del principio de transparencia estatal. Las pocas plataformas de información operadas por el Estado están construidas desde la perspectiva unidimensional de ofrecer un reporte estático del momento actual de la enfermedad y no la de informar sobre el alcance y efectividad de la intervención estatal propiciando un ecosistema de datos públicos. En ese sentido, no cumplen con el objetivo nacional de fomentar la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas. Asimismo los datos no se encuentran en un formatos estructurado y estandarizado que soporte la interoperabilidad y facilitar la comparación, la trazabilidad y la reutilización efectiva.

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Miguel Morachimo

Director Ejecutivo

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).

El Reglamento de Neutralidad de Red en Perú prevé la posibilidad de que las empresas de telecomunicaciones incumplan el principio de neutralidad de red y gestionan el tráfico ante situaciones de Emergencia, como la actual. Sin embargo, ¿cómo han ido aplicando estas medidas las empresas operadoras en Perú? ¿cuán transparentes son? ¿existen medidas menos lesivas que la gestión de red?

La Neutralidad de Red es un mandato que se le impone a las empresas operadoras de telecomunicaciones de no poder, arbitrariamente, bloquear, interferir discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar una aplicación o protocolo, independientemente de su origen, destino, naturaleza o propiedad, de acuerdo a lo previsto por el artículo 6 de la Ley de Banda Ancha. Esto significa que, según la ley peruana, las operadoras de telecomunicaciones no podrían hacer más lento o más rápido el tráfico de datos hacia una determinada aplicación o página web (ej. TikTok o Zoom); o priorizar el tráfico dependiendo del dispositivo de origen (ej. tratar preferentemente tráfico originado desde un computador frente a uno originado desde una consola de videojuegos o TV).

No obstante, este principio de neutralidad de red admite excepciones en nuestro ordenamiento jurídico. Entre otros supuestos, el artículo 10.3 del Reglamento de la Ley de Banda Ancha establece que las operadoras no requieren autorización de OSIPTEL para gestionar la red (e incumplir la neutralidad de red), entre otros supuestos, cuando obedezcan a medidas de emergencia para la gestión de sus redes.

Como mencionamos en la entrada anterior, a través de la Resolución de Presidencia N° 035-2020-PD/OSIPTEL se dispusieron medidas para que las empresas operadoras gestionen la red de acuerdo a medidas de emergencia permitidas por el Reglamento de Neutralidad de Red. Este Reglamento define que una situación de emergencia es un “evento que genera efectos adversos o potenciales efectos adversos a la Neutralidad de Red, afectando o pudiendo afectar la disponibilidad particular o total y/o el correcto funcionamiento esperado de servicios, aplicaciones, acceso a contenidos, protocolos o tráfico específicos disponibles a través del Servicio de Acceso al Internet”. Así, estos eventos pueden ser aquellos que:

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