A finales del año pasado, la Municipalidad de Cieneguilla publicó la Ordenanza N° 309-2019, una norma que regula el acceso a diferentes sitios web y contenidos en Internet de menores que utilicen cabinas públicas en dicho distrito. Entre las prohibiciones está acceder a páginas pornográficas, contenido violento y también videojuegos clasificados como violentos.
Prohibiciones lícitas, polémicas y otras carentes de sentido
Tal como señala la ordenanza, ésta desarrolla una ley ya existente, la Ley N° 28119, norma promulgada en 2003 que prohíbe el acceso a contenido pornográfico a menores de edad en el contexto de uso de cabinas públicas. Sin embargo, la ordenanza de Cieneguilla va más allá de la ley del 20013: se refiere no solo a la pornografía para adultos sino también a la pornografía infantil, al contenido violento y a los videojuegos violentos.
A inicios del mes de enero de 2020, se promulgó el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, que crea el Marco de Confianza Digital. Esta nueva norma continúa la propuesta del Ejecutivo de organizar el ecosistema de ciberseguridad peruano desde el Estado.
Gobierno Digital y Confianza Digital
Se trata de una norma de continuación, que afianza el camino iniciado varios años atrás por la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros con el fin de dirigir la evolución del ecosistema digital en el país. Como está escrita, esta propuesta no es solo un paso más en el camino de la configuración del esquema de Gobierno Digital, sino también una respuesta del gobierno a las iniciativas presentadas por el Congreso disuelto, específicamente la Autógrafa de la Ley de Ciberseguridad, de la cual ha tomado casi todos sus elementos.
Pero, ¿qué es la Confianza Digital? Podemos partir de la definición que la SEGDI misma propone, viéndola como “la confianza en el entorno digital o también denominada confianza digital emerge como resultado de cuán veraz, predecible, seguro y confiable son las interacciones digitales que se generan entre empresas, individuos o cosas.” Este concepto ya se había establecido previamente en el Decreto Supremo que regula la Seguridad Digital, que es la norma que sienta las bases para el desarrollo de la ciberseguridad desde el Estado.
Se señala que la Confianza Digital establece diferentes mecanismos de actuación en varias áreas, siendo las más importantes: Protección de datos, transparencia, seguridad digital y protección del consumidor en el entorno digital. En cada una de ellas ha dispuesto medidas que afectan no solo a actores del Estado sino también a los privados, como detallo a continuación.
Las recientes elecciones congresales en Perú han sido distintas en muchos sentidos. Entre otras razones, porque se han aplicado por primera vez las normas que prohíben que los partidos y candidatos se anuncien en radio y televisión mediante avisos pagados. Eso ha significado que el esfuerzo y gasto en publicidad electoral se concentre en medios alternativos, desde volantes impresos hasta páginas web y redes sociales. Aunque estas medidas buscaban “equilibrar” la presencia de los candidatos en medios a través de la publicidad, se ha reflexionado poco sobre cómo funciona la publicidad política en línea y sus desequilibrios. De cara a la siguiente campaña electoral del 2021, hay varias cosas pasando en este espacio que merecen especial atención.
En Perú, no existen reglas que obliguen a los candidatos a ser transparentes con el gasto y la pauta publicitaria que colocan en Internet, solo reglas generales de reportar todos sus gastos en campaña. Cuando la publicidad política estaba permitida en televisión y radio, las empresas de radiodifusión eran obligadas a presentar reportes a la autoridad electoral sobre sus ingresos por contenido político. No obstante, pese a la ausencia de obligatoriedad, empresas como Facebook han puesto a disposición de candidatos en todo el mundo herramientas de transparencia voluntarias muy detalladas que les permiten comunicar claramente el contenido, audiencia, origen y gasto en publicidad en línea y están disponibles en Perú.
Conexiones, nuestro ciclo de charlas públicas sobre tecnología, empieza este 2020 hablando de educación. Como saben, Conexiones no solo es un podcast que se distribuye gratuitamente en todas las plataformas de audio del mundo. También es una oportunidad mensual para conectar con las personas, los proyectos y las ideas más interesantes del ecosistema tecnológico local.
El próximo jueves 23 de enero tendremos como invitado al investigador y profesor universitario Julio César Mateus. Julio César estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, tiene una Maestría sobre Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como otra Maestría en Comunicación Social y un Doctorado en Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Julio César conversará con Miguel Morachimo, abogado y director de Hiperderecho, sobre cómo la tecnología está creando nuevas oportunidades y desafíos para la educación básica. También hablarán de sus dos más reciente obras como editor: Mayé[email protected]: 28 preguntas para hackear la escuela con el Fondo Editorial de Fundación Telefónica y Media Education in Latin America, editado por Routledge Research.
En Hiperderecho, gran parte de nuestro trabajo implica identificar oportunidades para que grupos que han sido históricamente excluidos o discriminados, como las mujeres peruanas y la comunidad LGBTIQ+, encuentren en Internet un espacio seguro para impulsar y adquirir nuevas capacidades. Sin embargo, aún existen una serie de amenazas y barreras que evitan que estos grupos aprovechen al máximo el mundo digital. Por ello, y gracias al apoyo de la World Wide Web Foundation, hemos realizado el primer análisis sobre brecha digital de género en Perú. En esta investigación no solo nos centramos en el número de personas que tienen acceso a Internet, sino también en los diferentes motivos y usos que le dan a esta tecnología.
¿Estamos conectadas?
La metodología utilizada fue desarrollada por World Wide Web Foundation, con apoyo de ONU Mujeres, y ha sido aplicada en países como: Colombia, México, Paraguay, Camerún, Costa de Marfil, República Dominicana, Egipto, etc. Consiste en evaluar catorce (14) indicadores, que son respondidos usando la información oficial publicada por el Estado peruano. Cada uno de ellos recibe un puntaje entre 0 a 10. Estos se agrupan en cinco ejes:
Durante el 2019, varios proyectos para regular diferentes tecnologías se quedaron detenidos tras la disolución del Congreso. Luego de las elecciones de enero, muchos de ellos (y algunos nuevos) podrían volver este 2020.
¿Qué nos dejó el Congreso en el 2019?
Nuestra agenda digital del año pasado tuvo una significativa cantidad de propuestas en diferentes campos de la tecnología, centradas en su mayoría en la regulación de las plataformas que operan sobre Internet. A lo largo del año comentamos varias, pero también hubieron otras que pasaron más o menos desapercibidas. Estas son algunas de ellas:
A mediados del año pasado, la Comisión de Defensa del Congreso impulsó diferentes iniciativas relacionadas a la ciberseguridad, esfuerzo que concluyó en setiembre con la aprobación de dos proyectos de ley; uno sobre ciberdefensa y el otro sobre ciberseguridad. Sin embargo, aunque el primero fue promulgado, el segundo fue observado por el Ejecutivo y, pese a que se señaló que se insistiría en su aprobación, luego de la disolución esta norma quedó en el limbo. En Hiperderecho hicimos el recuento completo de esta historia.
Las iniciativas para incrementar las penas por delitos cometidos a través del uso de las TIC ha sido una constante no solo en el Congreso disuelto, sino en varios de los anteriores, al menos en lo que se refiere a delitos contra el honor. En 2019, hubo al menos dos propuestas de este tipo. También escribimos un artículo al respecto.
Quiero agradecer a todas las personas que han comentado nuestras acciones legales contra el Decreto Supremo N° 035-2019-MTC, que crea un mecanismo extrajudicial de bloqueo de contenidos en línea, y contra las operadoras que obedecieron ilegalmente la orden de bloqueo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sé que la noticia resultó sorprendente o inexplicable para algunos y quiero explicar las razones de nuestro litigio estratégico.
Nuestras demandas no defienden el servicio de “taxi en moto”
Nuestras demandas no tienen nada que ver con el sector transportes ni la legalidad del denominado servicio de “taxi en moto.” El Decreto Supremo que demandamos y que origina la controversia tiene dos partes: (A) una que realiza “precisiones” a cómo deben de interpretarse dos de sus reglamentos de transportes (donde se indica que el servicio público de transportes en motos es ilegal); y, (B) otra más larga que crea un mecanismo de “bloqueo de aplicativos y/o páginas web que oferten y/o presten servicios los servicios que antes se declararon como ilegales.” Según la parte (B), el MTC identificará la lista de aplicativos y/o páginas web infractores y enviará una lista a las empresas operadoras, quienes tendrán un plazo para hacer los bloqueos y estarán sujetas a multas si no lo hacen.
Nuestras demandas sólo se enfocan en el segundo punto y no alcanzan al sector transportes, ni discuten la interpretación que el MTC ha realizado de los reglamentos de transporte o de transporte público. Incluso si nos dan la razón, la calificación de ilegal del servicio de “taxi en moto” se mantendría porque va más allá de lo que hemos solicitado. No discutimos el fondo de la regla sino la forma elegida para hacerse cumplir.
Presentamos una demanda de Acción Popular contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y denunciamos administrativamente a las empresas de telecomunicaciones ante OSIPTEL.
El 14 de noviembre se publicó el Decreto Supremo N° 035-2019-MTC, a través del cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó precisiones sobre el transporte público de personas en vehículos menores y establece disposiciones para el bloqueo de aplicativos y páginas web. Este tenía como finalidad combatir el servicio de «taxi» a través de motos, luego a la denuncia hecha respecto de las condiciones en las que opera la emrpesa Picap.
Nuestro ciclo de charlas públicas y podcast en vivo termina su temporada 2019 con una fecha de lujo. Como saben, Conexiones no solo es un podcast que se distribuye gratuitamente en todas las plataformas de audio del mundo. También es una oportunidad mensual para conectar con las personas, los proyectos y las ideas más interesantes del ecosistema tecnológico local.
El próximo jueves 5 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) de Perú en el Hotel Casa Andina Premium de Miraflores desde las 9 am hasta las 6 pm.
¿Qué temas se tratarán?
Nuestro programa estará estructurado en torno a cuatro ejes temáticos con la intervención incial de un grupo de panelistas pero con amplio tiempo para que la audiencia también participe. Los ejes temáticos son:
Infraestructura de Internet: ¿Cómo resolvemos los problemas de conectividad?
Regulación de Internet: ¿Freno a la innovación u oportunidad?
Ciudadanía Digital y Derechos en Línea: ¿Cómo educamos a las nuevas generaciones para desenvolverse en un mundo digital?
Ciberseguridad y Ciberdefensa: ¿Estamos seguros en Internet? ¿Quiénes nos protegen?
La lista completa de panelistas se publicará la próxima semana.
