En Hiperderecho estamos buscando a alguien que quiera dar el siguiente paso en su desarrollo profesional y se una a nuestro equipo legal. La persona que resulte elegida para el puesto podrá trabajar, a tiempo completo, en el seguimiento y monitoreo de políticas públicas referidas al desarrollo de tecnología y su impacto en los derechos humanos/fundamentales. Leer más
El pasado 28 de julio se aprobó, mediante Decreto Supremo 085-2023-PCM, la esperada Política Nacional de Transformación Digital (PNTD). A más de cinco años de la creación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), y a más de tres de la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital, la aprobación de este instrumento constituye un hito medular para conducir orgánicamente los esfuerzos gubernamentales por un país digital. La Política se suma a un conjunto de estrategias, lineamientos, reglamentos, directivas, guías y normativa en general aprobada en las últimas dos décadas con respecto a la sociedad de la información y el gobierno digital.
La aprobación de una Política constituye una respuesta de política pública luego de identificado un problema o necesidad de alcance nacional. Se trata de una decisión que expresa que cierto problema público es parte de la agenda prioritaria del gobierno. En respuesta, se diseña una Política que permita planificar actividades específicas que obedecen a lineamientos y objetivos, estándares de cumplimiento y servicios públicos que deben ser alcanzados en el marco de ciertas políticas de Estado. En este caso, la PNTD se enmarca en la política de Estado N° 35 del Acuerdo Nacional, relativa a la Sociedad de la información y del conocimiento. Sin embargo, no es un documento aislado: es un instrumento de política pública que articula actividades y servicios tanto de la SGTD como de los distintos sectores (educación, telecomunicaciones, producción, etc.) para alcanzar el cambio organizativo y cultural que permita una verdadera transformación digital con valor público para la ciudadanía. Leer más
A través de sus distintas redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha dado a conocer, que utiliza cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en espacios públicos y, particularmente, en contexto de protestas y movilizaciones sociales. Aquí te contamos por qué ello es inconstitucional.
El derecho a la protección de datos personales es un pilar fundamental consagrado en nuestra Constitución y sustentado por una legislación específica que respalda su desarrollo constitucional. Nuestra Carta Magna reconoce este derecho en su artículo 2.6 y lo consagra como un mecanismo esencial para preservar la dignidad, la privacidad y la intimidad de cada persona, garantizando el control sobre la información personal que se recopila sobre nosotros. Leer más
En el contexto de la reciente aprobación en el Congreso del Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento sobre el reconocimiento constitucional del Derecho a Internet; desde APECID (Alianza Peruana por los Ciberderechos), nos encontramos interesados en generar un espacio de discusión sobre el tema. En este sentido, conversaremos sobre la inclusión del acceso a internet como derecho fundamental desde 4 enfoques o puntos de vista: desde la experiencia chilena, quienes ya han tenido esta discusión; desde la experiencia/propuesta del Estado peruano; desde la visión del derecho administrativo y desde un enfoque de derechos constitucionales. Leer más
Son muchos los procesos acelerados por la tecnología. Cada día leemos notas o vemos videos sobre cómo nuevas herramientas tecnológicas cambia(rá)n nuestras formas de vivir. Así, por ejemplo, se abren discusiones sobre cómo los trabajos (desde el arte hasta la administración de justicia) van a incorporar la inteligencia artificial generativa, cómo ciertas formas de vigilancia pueden usarse para supervisar la evolución de una enfermedad en distintas comunidades o cómo “evitar” las llamadas spam usando ciertas aplicaciones.
En Hiperderecho creemos que estas conversaciones pueden y deben abordarse críticamente. ¿Qué riesgos existen o qué salvaguardas hacen falta para incorporar estas herramientas en los servicios públicos? ¿Qué estamos entregando a cambio de estas “ventajas”? ¿Cómo impactan las tecnologías de manera diferenciada en distintas comunidades y grupos humanos? ¿Qué brechas se están agrandando? Precisamente, esta mirada crítica es la que convoca a activistas, periodistas, colectivos y organizaciones de sociedad civil en nuestro trabajo diario. Es este acercamiento el que vuelve tan vigente a RightsCon, la cumbre más grande sobre derechos humanos en la era digital que, luego de tres años de virtualidad, se celebró por primera vez de manera híbrida con un componente presencial en San José de Costa Rica. Leer más
Fecha original de la nota: 16 de marzo de 2021
Fecha de actualización: 20 de junio de 2023
El jueves 11 de marzo el Congreso peruano aprobó la modificación de la Constitución para incorporar el derecho de acceso a Internet. No obstante, en la medida que estamos ante una reforma constitucional, aún queda realizar una segunda votación en la siguiente legislatura para hacer efectiva dicha modificación (actualización: esta votación no se dio, revisar texto más abajo). A continuación, unos puntos a tomar en cuenta.
El dictamen de los Proyectos de Ley 3156/2018-CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR, el cual recogía las propuestas hechas hasta el momento para reconocer el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, incorporaba en el artículo 14 el siguiente texto:
El Estado garantiza el derecho de acceso a internet libre y abierto. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país. (resaltado nuestro)
No obstante, el texto final que fue aprobado fue el siguiente:
El Estado garantiza el derecho de acceso a internet. En las entidades, instituciones y espacios públicos su acceso es gratuito. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país.
El pasado jueves 25 de mayo se aprobó en el Pleno del Congreso el Proyecto de Ley 2775/2022-CR, Ley que promueve el uso de la Inteligencia Artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Se trata de la primera norma aprobada por el Congreso cuyo objetivo se centra en la promoción de la Inteligencia Artificial (IA), y tuvo bastante éxito para alcanzar consenso: ingresado en agosto, el Proyecto tuvo dictámenes a favor en dos Comisiones, un texto sustitutorio y un último pedido de modificación antes de entrar a la agenda del día, y se aprobó casi por unanimidad (solo una abstención). Con la popularidad que herramientas como Chat-GPT o Dall-e han alcanzado, incluyendo su uso por algunos jueces para la administración de justicia, es claro que esta iniciativa no iba a pasar desapercibida. Sin embargo, ¿supone realmente una nueva regulación para la IA? ¿Cuál es su alcance y qué impactos podría tener su promulgación? Leer más
Mientras navegamos en internet, nos encontramos expuestos y expuestas a diversos ciberataques. Dentro de estos, solemos enfrentarnos a conductas de acoso, hostigamiento, suplantación de identidad, entre otras. Muchas personas aprovechan la inmediatez, anonimato, viralidad, entre otras características de internet para llevar a cabo conductas ilícitas que afectan la libre y segura navegación de los internautas. Lamentablemente, estas situaciones no son ajenas a los menores de edad; por el contrario, adolescentes y menores de edad forman parte de los grupos que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad frente a este tipo de ataques. Leer más
Al día de hoy es prácticamente imposible no haber escuchado de ChatGPT. En clase, en el trabajo o mientras navegamos en nuestra red social favorita hemos visto distintas historias de cómo utilizar esta nueva herramienta para simplificar nuestro trabajo, generar contenido y un sinfín de aplicaciones. Sin embargo, en muchos casos, se está generando una percepción errónea sobre las verdaderas capacidades de ChatGPT.
Para ello, abordaremos, en primer lugar, un poco de la historia y algunos conceptos fundamentales de esta tecnología en tendencia. Posteriormente tocaremos otros temas como la regulación, los mecanismos de moderación para evitar «contaminar» la herramienta y otros posibles impactos de esta tecnología en diversos sectores. Leer más
Las organizaciones integrantes de la Alianza de la Sociedad Civil Latinoamericana para el Acceso Justo al Conocimiento, junto con las organizaciones y personas firmantes, dedicadas al estudio de políticas públicas de internet y a la defensa de derechos fundamentales, expresamos nuestra preocupación frente a la decisión tomada por el juez John G. Koeltl en el caso de Hachette v. Internet Archive el pasado 25 de marzo y nos solidarizamos con el equipo de Internet Archive.
Reconocemos a Internet Archive como una biblioteca sin fines de lucro, ya que cumple las funciones sociales tradicionales de una biblioteca como la preservación, memoria y, fundamentalmente, el proporcionar acceso a la información y el conocimiento. Estas funciones nunca podrán ser cumplidas cabalmente por empresas cuyo fin primordial es el lucro y no el velar por el interés público. La visión arcaica que asocia las bibliotecas con edificios o con la gestión de ejemplares físicos ya no es aceptable en la actualidad. Leer más
