En Hiperderecho, gran parte de nuestro trabajo implica identificar oportunidades para que grupos que han sido históricamente excluidos o discriminados, como las mujeres peruanas y la comunidad LGBTIQ+, encuentren en Internet un espacio seguro para impulsar y adquirir nuevas capacidades. Sin embargo, aún existen una serie de amenazas y barreras que evitan que estos grupos aprovechen al máximo el mundo digital. Por ello, y gracias al apoyo de la World Wide Web Foundation, hemos realizado el primer análisis sobre brecha digital de género en Perú. En esta investigación no solo nos centramos en el número de personas que tienen acceso a Internet, sino también en los diferentes motivos y usos que le dan a esta tecnología.

¿Estamos conectadas?            

La metodología utilizada fue desarrollada por World Wide Web Foundation, con apoyo de ONU Mujeres, y ha sido aplicada en países como: Colombia, México, Paraguay, Camerún, Costa de Marfil, República Dominicana, Egipto, etc. Consiste en evaluar catorce (14) indicadores, que son respondidos usando la información oficial publicada por el Estado peruano. Cada uno de ellos recibe un puntaje entre 0 a 10. Estos se agrupan en cinco ejes:

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Por: Candy Rodríguez*

Durante el último año en México, la sociedad civil ha impulsado un paquete de reformas legislativas para visibilizar, reconocer, prevenir, erradicar y penalizar la violencia digital contra las mujeres. Si bien estas reformas son casi exclusivamente de carácter punitivo, es necesario reconocer el esfuerzo que hicieron sus proponentes para poner en la agenda un tema que era prácticamente invisible para el sistema de justicia mexicano.

La Ley Olimpia, como se le conoce coloquialmente, fue creada e impulsada por Olimpia Coral Melo, una ciberactivista mexicana originaria del municipio de Huachinango en el estado de Puebla, México. En el año 2013, ella sufrió la difusión de contenido íntimo y emprendió un largo camino para buscar justicia. A partir del hecho, que no consiguió canalizar sus denuncias por no existir legislación aplicable, Olimpia comenzó una lucha para que se incorporen nuevos delitos en el Código Penal de su estado de origen, Puebla, con el fin de castigar este tipo de conductas. Al mismo tiempo creó el violentómetro virtual, una herramienta en la que categoriza algunas formas de violencia digital a las que pueden estar expuestas las mujeres. Ella también fundó el Frente Nacional para la Sororidad y la organización Defensoras Digitales.

Proyecto para que las mujeres estemos seguras en Internet

Este proyecto, liderado por Olimpia, es en sus propias palabras “un referente para la legislación nacional en materia de derechos digitales, protección a la privacidad y derecho a la intimidad, ya que se trata de un paquete de reformas integrales para prevenir y sancionar la Violencia Digital.”

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Con el fin de ofrecer un panorama más claro sobre la primera condena efectiva por acoso sexual en línea en el Perú (y lo que podríamos ver en el futuro), hemos elaborado un análisis desde una perspectiva legal y social. Aquí puedes leer la primera parte y el resumen del caso. Esta es la segunda parte de este análisis y nos enfocamos en el aspecto social.

Desde el enfoque de género, este caso plantea preguntas sobre las condiciones que deben existir para que los casos de violencia de género en línea sean sancionados y posibles desafíos a futuro.

¿El Estado entiende la complejidad de la violencia de género en línea?

La sentencia calificó a la violencia como acoso sexual, «una violación de la libertad sexual de la menor» y «una forma de violencia contra mujer». Sin embargo, el abogado de Alex Álvarez minimizó los actos del acusado alegando que se trataba sólo de unos “insultos a través del teléfono”, sugiriendo que la violencia digital no es una verdadera forma de violencia o que no es tan grave y por lo tanto tiene menos importancia.

Para entender la gravedad de lo que hizo Álvarez, vale la pena revisitar los tipos de violencia de género que se pueden ejercer por medio de la tecnología. En Conocer para Resistir, un reporte producto de nuestra investigación sobre violencia de género en línea, encontramos hasta 10 tipos de violencia de este tipo que expresan y perpetúan creencias, comportamientos o actitudes machistas y/o misóginas y que buscan agredir, humillar y vigilar a mujeres y diversidades sexuales. Cada tipo de violencia involucra un uso de la tecnología específico y tiene diferentes efectos sobre la salud mental, libertad y seguridad de la persona atacada.

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A mediados de octubre, el programa Cuarto Poder dio a conocer la primera condena con prisión efectiva en el Perú por el delito de acoso sexual a través de Internet. Consideramos positivo que, a partir de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1410 a finales de 2018, y gracias a los esfuerzos de la sociedad civil y el activismo feminista, la violencia que se ejerce a través de medios digitales deje de quedar impune y se proteja a las víctimas ante estas situaciones.1 Sin embargo, como en muchos otros casos de violencia de género en línea, creemos que todavía hay un largo camino por recorrer en la búsqueda de justicia. Con el fin de ofrecer un panorama más claro sobre este caso (y lo que podríamos ver en el futuro), hemos elaborado un análisis desde una perspectiva legal y social.  Esta es la primera parte de este análisis y nos enfocamos en lo legal.

El caso

La sentencia, que ha sido publicada en el sitio web del Poder Judicial, expone los siguientes hechos. Desde julio de 2018, Alex Manuel Álvarez Silvera, empezó a hostigar a su ex pareja, una menor de edad a quien le exigía insistentemente retomar la relación. Ante su negativa, Álvarez empezó a acosarla por diferentes medios, pero principalmente a través de Whatsapp, enviando mensajes intimidatorios cuya gravedad fue escalando y que incluían todo tipo de agravios personales (“Perras como tú no deben vivir”), chantajes (“No sabes lo que te espera puta de mrd, la perra de monserrat”) e incluso amenazas de muerte a la víctima y su madre (“Y dale toma foto bb toma tu Scream para irme a la cárcel cuando te mate y así pueda ser el asesino que tanto quiero ser, si tengo que irme a la cárcel para que las perras como tú no vivan lo haré»).

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Les queremos contar sobre dos reconocimientos por nuestro trabajo sobre violencia de género en línea (VGL) que hemos recibido la semana pasada. El martes 15 de octubre recibimos un reconocimiento por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por nuestro proyecto sobre VGL: Tecnoresistencias.

En marzo el MIMP, a través del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVSF), presentó el Concurso Nacional de Buenas Prácticas para enfrentar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar (2019) “Uniendo saberes para una vida libre de violencia”. Este concurso estaba dirigido a instituciones públicas y privadas que desarrollan acciones de atención integral, prevención, promoción de derechos e incidencia, investigación, generación de la información y gestión del conocimiento en el tema.

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El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer es el creador y difusor de la plataforma “Nos protegemos del acoso virtual”, espacio de orientación e información sobre el acoso virtual en Perú. Hace unos meses, este Programa presentó nueva cifras sobre acoso virtual pertenecientes al periodo de febrero a diciembre del 2018.

En este post vamos a analizar la información presentada, teniendo en cuenta la metodología, el reporte de resultados, la categorización de violencias y los huecos de información que, desde nuestro reflexión, hemos encontrado.

Resultados más relevantes

Esta plataforma se encuentra disponible a nivel nacional desde hace un par de años. El objetivo es que las personas puedan registrar sus casos, a través de un formulario sencillo, para construir data estadística que sustente de desarrollo de políticas de Estado.

Estos son algunos de los resultados del 16 de febrero a 31 de diciembre del 2018.

1. Entre el periodo de febrero a diciembre del 2018, el PNCVFS registró reportes sobre 910 casos de acoso virtual.
2. Las personas que reportaron se encontraban entre los 18-29 años de edad, la mayoría de personas que registraron sus casos fueron mujeres (89%), la orientación sexual de quienes reportaron en su mayoría fue heterosexual (66%), seguido de bisexual (2%), lesbiana (1%) y gay (1%).
3. Del total de casos reportados (910), las principales plataformas tecnológicas a través de las cuales se llevó a cabo el acoso fueron: Facebook (76%), WhatsApp (40%) y a través de mensajería de texto (27%).
4. Se reportaron, principalmente, casos de hostigamiento (708), ciberamenaza (452) e insultos electrónicos (538).
5. Las personas agresoras fueron en su mayoría hombres (63%).
6. Las víctimas identificaron a las personas agresoras como desconocidos (57%) y pareja (19%), principalmente.

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Por: Candy Rodríguez*

Las tecnologías digitales han tomado un papel muy importante en las comunicaciones y en el desarrollo individual y colectivo de las poblaciones; se han introducido progresivamente en nuestro tejido social, cultural, económico y político. Junto con este desarrollo las violencias digitales han crecido exponencialmente al igual que el alcance de las TICs. Por esto, es de suma importancia nombrarlas y visibilizarlas.

Las poblaciones latinoamericanas hemos sufrido diversos tipos de afectaciones a nuestros derechos fundamentales en el espacio digital. Sin embargo, las mujeres y las personas LGBTIQ+ afrontamos situaciones de riesgo adicionales porque el espacio digital está construido y constituido bajo lógicas machistas, androcéntricas y patriarcales que perpetúan sistemas de discriminación y violencia estructural que nos colocan en una posición más vulnerable en línea.

La violencia a través de las tecnologías de la información, violencia en línea, ciberviolencia o violencia digital son formas de agresiones sistemáticas contra los usuarios/as que se pueden presentar a través de espionaje estatal o privado, monitoreo, filtración de datos, brechas digitales, acoso y extorsión por parte de actores público y privados.

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El año pasado realizamos una investigación sobre la violencia de género en línea en el Perú. En esta nueva serie de artículos en nuestro blog, estamos compartiendo nuestros principales hallazgos y aprendizajes. Cada semana estaremos publicando un post con un tema específico para contribuir a las discusiones sobre este tema.

Vivimos en uno de los países con el mayor número de asesinatos, violencia y hostigamiento por motivos de género en el mundo, y en los últimos años, también nos enfrentamos al aumento de violencia en línea basada en el género. Como hemos explorado en otros artículos, este tipo de violencia puede llevar a la autocensura, el trauma psicológico y aumenta el riesgo de violencia física para mujeres y personas LGBTIQ+. Sin embargo, las personas que sufren de esta forma de violencia en su día a día, sienten que no tienen el respaldo del sistema de justicia.

Entre las razones por las que las personas deciden no denunciar, encontramos que no existe claridad sobre si el Estado puede protegernos de la violencia en línea. Además, la impunidad alrededor de la violencia de género ha causado que la mayoría de personas pierdan la confianza en el sistema legal. Como nos indica la socióloga Liz Meléndez, muchas mujeres han dejado de creer en el sistema de justicia y se resignan a no denunciar para evitar la revictimización, vergüenza y maltrato que el proceso supone.

En Hiperderecho creemos que es fundamental que las personas se acerquen a denunciar estos hechos. Solo así podremos lograr que el sistema de justicia entienda la urgencia de capacitar a sus operadores, y que a nivel cultural y social, las personas consideren a la violencia en línea una forma de violencia grave. Si no sabes por dónde empezar, aquí te presentamos tres estrategias que puedes usar para denunciar la violencia en línea.

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A partir del caso del Congresista Lescano investigado por acoso sexual, se ha iniciado una discusión a nivel nacional sobre la necesidad de las leyes contra el acoso virtual y las consecuencias de su aplicación. La controversia legal del caso y las posturas extremas que han surgido de uno y otro lado, apenas si son la capa más superficial de un problema mayor: nuestro contexto social y cultural en torno a la violencia de género en línea.

El caso Yonhy Lescano

Para quien no esté enterado, el caso del congresista Lescano puede resumirse de la siguiente manera: A inicios del mes de marzo, un periodista denunció la existencia de varios mensajes de WhatsApp en donde un congresista presuntamente acosa sexualmente a una periodista. Días después, se hizo público que los mensajes habrían sido enviados por el congresista Yonhy Lescano, quien rápidamente salió a defenderse en los medios de comunicación.

Hasta la fecha, Lescano ha ofrecido varias versiones sobre los hechos. La primera fue que él no conocía a la víctima y que desde su teléfono no se envió ningún mensaje. Horas más tarde, declaró que los mensajes sí salieron de su teléfono pero fueron escritos por otra persona. Después, insistiendo en que él no es el autor, afirmó que no ve en los mensajes ningún tipo de acoso sino solo una conversación subida de tono entre adultos. Finalmente, ha cuestionado a la presunta víctima, afirmando que ella inició el contacto y que los mensajes que presenta han sido editados.

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