Categoría: Incidencia

Un tercer Proyecto de Ley para que Internet se considere un derecho humano

Como no hay primera sin segunda y segunda sin tercera; a inicios del mes de noviembre, el congresista Alberto de Belaunde presentó el Proyecto de Ley N° 3607/2018-CR, que es la tercera iniciativa de su tipo que quiere declarar el acceso a Internet como un derecho fundamental. La nueva propuesta trae algunas innovaciones respecto a sus antecesoras, especialmente la de modificar la Constitución.

Antecedentes

Como se recordará, en octubre se presentaron dos Proyectos de Ley en el Congreso relacionados a Internet. El primero, de Mauricio Mulder, que proponía una norma declarativa y el segundo, de Estelita Bustos, que demandaba cambios en la Constitución. Ambos buscan que el acceso a Internet se convierta en un derecho humano.

Si bien es un concepto novedoso en el Perú, la propuesta del congresista Alberto de Belaunde, que se suma a las dos anteriores, ya se había propuesto (en otros términos) en el Congreso anterior por el excongresista Mesías Guevara. Además, existen abundantes ejemplos en el mundo que han servido de guía para este tipo de iniciativas.

¿Qué propone?

La propuesta busca un cambio en la Constitución para añadir el acceso a Internet como un derecho humano. En su caso, el texto de modificación se ubica en dos artículos: el artículo 2, inciso 4, y el artículo 14. Los cambios son los siguientes:

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Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.

Presentan Proyecto de Ley en el Congreso para crear delito de Ciberacoso (pero ya existe)

En septiembre anunciamos que el gobierno había publicado el Decreto Legislativo 1410, una norma que crea diferentes delitos, entre ellos el acoso y la difusión de material íntimo sin consentimiento, que podrán castigarse aun cuando ocurran en Internet. Sin embargo, pese a esta noticia, a finales de ese mismo mes se presentó un nuevo Proyecto de Ley para crear el delito de ciberacoso que, luego de revisarlo, consideramos debería ser desestimado.

Respecto del Proyecto de Ley 03427, “Que Propone incorporar el delito de Acoso Virtual o Ciberacoso en el artículo 5 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos y de esta manera prevenir aquellas conductas que están dirigidas a dañar a otra persona a través de medios tecnológicos”, presentado por el parlamentario Rogelio Tucto (Frente Amplio, Huánuco), no hay mucho que decir. Queda claro que las intenciones detrás de la propuesta son buenas. No obstante, al menos en materia de delitos informáticos, cualquier iniciativa nueva debe filtrarse a sí misma para no crear situaciones de doble tipificación o incertidumbre jurídica.

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Director de Políticas Públicas

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es Vice Presidente de Internet Society Perú y fundador del Youth Observatory.

Presentan Proyecto de Ley para que la SBS regule a las empresas fintech en Perú

Septiembre ha estado lleno de propuestas relacionadas a la tecnología. La más reciente de ellas ha sido un Proyecto de Ley presentado por la congresista Lourdes Alcorta (PDF) en el que solicita se declare de interés la regulación de las Fintech o empresas que usan la tecnologia para brindar servicios financieros. Esta tarea estaría a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, pero del texto mismo del Proyecto de Ley no es posible saber qué modelo seguirá esta entidad para regular este tipo de emprendimiento financieros.

De la misma manera que con otras tecnologías que funcionan gracias Internet, el Congreso parece particularmente interesado en controlar también la forma en que las Fintech operan en el país, aun cuando muchas veces sus propuestas no son precisamente las más adecuadas para alcanzar sus objetivos. Solo pensemos en el accidentado trayecto que han sufrido todas las propuestas para regular las aplicaciones de viajes compartidos que hemos documentado durante los últimos años, como un ejemplo claro de cómo no deberían plantearse políticas públicas de este tipo.

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Proyecto de Ley quiere prohibir los sitios de apuestas por Internet

Una nueva propuesta de Leyla Chihuán busca que las empresas que ofrecen servicios de apuesta y juegos de azar por Internet tramiten una licencia y paguen impuestos en el país. De no hacerlo, sus sitios web y plataformas serían bloqueados para Perú y sus usuarios podrían perder el acceso a sus cuentas y al dinero que hayan depositado o depositen en el futuro.

Obligaciones de registro previo

En setiembre, la congresista Chihuán presentó el Proyecto de Ley N° 03415/2018-CR (PDF), una iniciativa que quiere regular los juegos de apuestas por Internet en el Perú. La propuesta empieza por establecer algunas definiciones sobre lo que debemos entender por juegos de apuestas, señala una serie de obligaciones para casi todos los actores (empresas de apuestas, proveedores y usuarios), y, también, señala sanciones para quienes incumplan, lo que incluye no solo multas sino también bloqueos de páginas web e incluso sanciones penales.

En la práctica, este Proyecto de Ley exige que las empresas que quieran ofrecer juegos de apuestas por Internet a personas que viven en Perú tramiten una licencia de juego ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) del MINCETUR. Para ello, tienen que cumplir muchos de los mismos requisitos que ya son exigibles a un casino o un establecimiento de tragamonedas. Estas obligaciones les aplicarían a los servicios por Internet, incluso si las empresas no tienen un local físico.

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Congreso busca crear el Sistema Peruano de Nombres de Dominio

En agosto, el congresista Percy Eloy Alcalá presentó el Proyecto de Ley N° 3169/2018-CR que propone la creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio, el cual estaría regido por un Consejo de Políticas encargado de gestionar el desarrollo del dominio .pe en el país. Dicha entidad estaría conformada por actores públicos y privados y buscaría reemplazar el esquema actual de gestión que mantiene la Red Científica Peruana (RCP).

Gestión del ccTLD.pe y el papel de la RCP

En Hiperderecho consideramos que la propuesta es positiva en la medida en que reconoce la importancia que tiene para el país el desarrollo del ecosistema alrededor de los nombres de dominio. En un artículo anterior explicamos con mayor detalle qué eran los ccTLD y los nombres de dominio, además de su importancia para la forma cómo funciona Internet. No obstante, hay algunos puntos de este nuevo Proyecto de Ley que necesitan ser revisados.

El Sistema Peruano de Nombres de Dominio que propone el Proyecto de Ley divide al ecosistema actual de actores en función de su participación directa o indirecta en la gestión del ccTLD.pe. En ese sentido, crea los siguientes roles:

  1. Consejo de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio
  2. Administrador del ccTLD .pe
  3. Órganos de resolución de controversias relacionados al ccTLD .pe
  4. Comercializadores de nombres de dominio del ccTLD .pe
  5. Usuarios de nombres de dominio del ccTLD .pe, comunidad nacional de
    Internet

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Congreso propone sistema de interoperabilidad electrónica para combatir la violencia contra la mujer

Este ha sido un año muy activo en términos de propuestas de ley relacionadas con la tecnología. Hace unos meses, la congresista Alejandra Aramayo presentó una iniciativa que busca crear un sistema electrónico para coordinar el trabajo de diferentes entidades del Estado en la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer. Este sistema busca hacer más sencillo también el proceso de denuncia y seguimiento de los casos por parte de las víctimas.

Sobre el sistema interoperable

El Proyecto de Ley N° 02888/2017-CR (PDF) presentado por la congresista Aramayo nos parece positivo, pues se suma a una corriente de esfuerzos por mejorar la situación de la mujer en el país y busca mejorar la capacidad del Estado para afrontar la violencia de género. No obstante, tenemos algunos comentarios acerca de la propuesta.

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Presentan otro Proyecto de Ley para declarar a Internet como derecho humano

Hace poco comentábamos el proyecto del congresista Mauricio Mulder (Alianza Popular, Lima) para declarar a Internet como un derecho humano. Esta noticia, que podría parecer atípica, parece ser el inicio de una serie de propuestas legislativas en torno a las implicancias de elevar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones al rango de derecho fundamental. Una nueva iniciativa en el mismo sentido ha sido presentada por la congresista Estelita Bustos (Fuerza Popular, Callao) (PDF). Esta vez, el Proyecto de Ley N° 03156/2018-CR (PDF) propone darle un reconocimiento constitucional a este cambio. Leer más

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Presentan Proyecto de Ley para declarar el acceso a Internet como derecho humano

Proponer leyes que regulan diferentes aspectos de Internet ha dejado de ser una novedad en el Congreso. Cada vez son más los legisladores que suman iniciativas en este ámbito, desde los que proponen nuevos delitos cometidos a través de las TIC hasta quienes quieren imponer estándares para el ofrecimiento de transporte por aplicaciones. Sin embargo, la propuesta presentada el 2 de mayo de este año, por el congresista Mauricio Mulder, llama la atención pues sugiere algo poco común: Declarar el acceso a Internet como un derecho fundamental.

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Se admite a trámite Acción Popular de Hiperderecho contra secretismo de correos electrónicos de funcionarios

Hace varios meses, Hiperderecho presentó ante el Poder Judicial una demanda de Acción Popular contra el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como ya lo habíamos mencionado a finales del año pasado, parte del contenido de este Reglamento creaba ilegalmente una nueva excepción al acceso a la información pública, afectando la transparencia y los derechos de todos los ciudadanos a conocer y fiscalizar la actividad del Estado. Hace unas semanas fuimos notificados con la resolución que admite a trámite nuestra demanda en la Primera Sala especializada en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

No se trata de que todos los correos de los funcionarios se declaren de acceso público, sino que su publicidad siga estando sujeta a un análisis de caso por caso (y solo limitada cuando comprometa su intimidad). Es decir, si un funcionario se comunica con otro para contarle un problema familiar, esa información debería de mantenerse en reserva. No obstante, si el mismo funcionario se comunica por la misma vía con otro para informarle de una reunión sobre un proyecto o darle parte de un suceso, no hay ninguna razón para no considerarla información pública.

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