Autor: Carlos Guerrero

Director de Políticas Públicas

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es Vice Presidente de Internet Society Perú y fundador del Youth Observatory.

Informe: ¿Cómo funciona la identidad biométrica en Perú?

A fines del año pasado, en Hiperderecho iniciamos un proyecto que buscaba preguntarse sobre el desarrollo de una de las tecnologías más empleadas en la actualidad para la verificación de la identidad: la biometría. Nuestro objetivo era conocer cuál era el estado de desarrollo de esta tecnología en el país, qué actores relevantes intervienen en este ecosistema y cuáles son los escenarios de oportunidad y de riesgo que existen tanto en el sector público como privado.

Como parte de las actividades del proyecto, empezamos buscando qué se había escrito o investigado sobre el tema antes. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta que la investigación independiente en estos temas es prácticamente nula en el Perú. No obstante, no es que no existiera información al respecto. De hecho, existía bastante pero la mayor parte eran normas, manuales, guías y otros documentos de trabajo de una sola entidad del Estado, que parecía ejercer un control casi exclusivo sobre el uso de la biometría: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

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Otro Proyecto de Ley busca combatir la difusión de pornografía no consentida

Hace unas semanas se presentó un segundo proyecto de ley para legislar sobre lo que parece ser una preocupación creciente en nuestro país: la difusión de contenidos de carácter pornográfico sin consentimiento (práctica que también es conocida como pornografía de venganza). El año pasado comentábamos la primera propuesta de este tipo, que actualmente sigue bajo estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.

¿Qué novedad trae esta propuesta? Este nuevo proyecto, impulsado por el congresista Miguel Castro, no está dirigido específicamente a combatir la pornografía de venganza sino más bien la difusión de material pornográfico a través de medios de difusión masiva como Internet. Por el mismo motivo, no propone la creación de nuevos delitos sino añadir un párrafo adicional a los artículos 154 y 177 del Código Penal para incrementar las penas en los casos en que se revelen partes íntimas de una persona o el acto sexual y estos sean difundidos por medios de comunicación, redes sociales, Internet, entre otros.

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Hiperderecho envió al Congreso comentarios sobre Proyecto de Ley que quiere reconocer relaciones laborales entre conductores y plataformas de taxis por aplicación

Si alguien pensó que el 2018 sería un año tranquilo para la tecnología, se equivocó. Siguiendo nuestra labor de monitoreo legislativo, queremos referirnos en esta ocasión al Proyecto de Ley N° 02260/2017-CR [PDF] presentado por el congresista Alberto Quintanilla de  Nuevo Perú a finales del año pasado. Este Proyecto propone reconocer como vínculo laboral las relaciones que mantienen los conductores que usan aplicaciones de taxi y las empresas que habilitan estas plataformas, con el fin de que los primeros reciban diferentes beneficios como vacaciones, pago sobre tiempo, entre otros.

Los proponentes afirman que el vínculo laboral existe porque en la práctica las empresas que disponen de estas plataformas tecnológicas realizan el mismo servicio de transporte que las empresas de taxi tradicional. Siguiendo esta lógica, si las empresas de taxi tradicional están obligadas a contratar a sus conductores y otorgarles beneficios laborales, las empresas que usan aplicaciones deberían hacer lo mismo. Para sostener su postura, citan algunos estudios realizados en Estados Unidos y dos fallos judiciales en Brasil y Reino Unido.

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SUNAT afirma que no utiliza software especial para revisar nuestras redes sociales

Han pasado más de dos meses desde que salió la noticia de que la SUNAT comenzaría a revisar los perfiles públicos de redes sociales para fiscalizar la evasión tributaria. Desde entonces, no ha existido ninguna novedad al respecto. Ningún influencer ha sido detenido y los viajes a Dubai de los famosos continúan, lo que parecería indicar que la declaración no tuvo mayor efecto. Como lo anunciamos al inicio, en Hiperderecho decidimos enviar una solicitud de acceso a la información para conocer más del asunto y la respuesta que obtuvimos te sorprenderá.

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Hiperderecho envió al Congreso comentarios sobre Proyecto de Ley que quiere aumentar las penas por discriminación en Internet

Hace unos meses se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley N° 1598/2016-CR que propone modificar el artículo 323 del Código Penal, el cual tipifica el delito de discriminación. El objetivo es incluir nuevos supuestos de hecho a los ya existentes y aumentar las penas con el objetivo de que, en sus modalidades agravadas, la discriminación pueda ser castigada con prisión efectiva. Su impulsor principal, el congresista César Segura (Fuerza Popular, Ica), afirma que esto es necesario para combatir este grave mal que afecta a la sociedad peruana.

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Hiperderecho envió al Congreso comentarios sobre el Proyecto de Ley para impedir la difusión indebida de comunicaciones

Hace unos meses se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley N° 1950/2017-CR, que busca modificar el artículo 164 del Código Penal sobre la publicación indebida de las comunicaciones. El objetivo es que este delito se amplíe para incorporar como protegidas a las comunicaciones hechas a través de mensajería instantánea y correo electrónico, además de las que ya estaban reguladas anteriormente. Asimismo, plantea un nuevo supuesto de agravante en el que, si el contenido publicado pertenece a una comunicación o grabación telefónica, la pena será de hasta dos (2) años. Su impulsor principal, el congresista Héctor Becerril, afirmó que esto es necesario para actualizar una norma que ha quedado desfasada con el avance de la tecnología.

Creemos que la protección del secreto de las comunicaciones es una preocupación legítima, sobre todo en el contexto que vivimos hoy en día. Sin embargo, tal como ya lo han señalado diferentes medios de comunicación, esta propuesta tiene varios problemas que podrían restringir otros derechos de forma ilegítima como la libertad de expresión, de información e inclusive el uso cotidiano que hacemos de Internet. Además, no representa una solución real para combatir el verdadero problema que es la existencia de organizaciones dedicadas a la interceptación ilegal de las comunicaciones, que no se ven afectadas por esta propuesta.

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Ministerio del Interior apeló sentencia que le ordena entregar el protocolo de la Ley de Geolocalización

Hace poco comentábamos que una municipalidad había decidido apelar una sentencia en la que se le obligaba a hacer pública la lista de personas bloqueadas en sus redes sociales. Esta semana queremos cubrir otro caso similar, pero cuyo protagonista hemos mencionado muchas veces por un tema que varios recordarán: el Decreto Legislativo 1182, mejor conocido como la “Ley Stalker”.

Para quien no lo recuerde, la Ley Stalker es una norma vigente desde el 2015 que habilita a la Policía a solicitar el acceso de los datos de geolocalización de cualquier dispositivo móvil en tiempo real para combatir contra el crimen. Así mismo, obliga a los concesionarios de servicios de telecomunicación a crear un registro de los datos de sus usuarios hasta por tres años con el fin de hacerlos accesibles para la investigación de delitos.

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Muncipalidad de Lima apeló sentencia que le ordena entregar lista de usuarios bloqueados en Facebook

En octubre de 2017, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima resolvió en una sentencia que la Municipalidad de Lima Metropolitana estaba obligada a entregar a un demandante la lista completa de usuarios bloqueados en su página de Facebook. El caso fue largamente cubierto por la prensa pero, como pudimos corroborar con el demandante a principios de 2018, la Municipalidad ha apelado y será una segunda instancia quien dicte el veredicto final. ¿Qué implicancias tiene esto para nuestros derechos digitales?

A lo largo de los últimos diez años, son varias las sentencias, resoluciones y otros actos judiciales y administrativos que han resuelto (o creado) conflictos relacionados a Internet o a la forma cómo los peruanos la utilizamos. Por ejemplo, en 2010 existió toda una controversia sobre una sentencia que condenaba a un blogger por presuntamente haber compartido enlaces que llevaban a sitios con contenido difamatorio. Más adelante, en 2016 la Autoridad de Protección de Datos Personales sancionó a Google y parcialmente legitimó la controvertida doctrina del “Derecho al Olvido” en el país.

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¿De verdad SUNAT puede ver lo que publicamos en redes sociales?

El día 18 de enero, Víctor Shiguiyama, actual autoridad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), anunció que su despacho comenzará a emplear información de las redes sociales de los contribuyentes, con el fin de combatir la evasión tributaria. Para lograrlo, Shiguiyama afirmó que “han contratado matemáticos y físicos” que apoyarán las tareas de fiscalización y puedan cruzarse bases de datos más complejas.

Desde varios años, diferentes entidades del Estado vienen modernizando su gestión introduciendo nuevas tecnologías que buscar facilitar sus dinámicas internas para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. En ese sentido, no resulta extraño oír que la SUNAT quiere sumarse a la ola de innovación, pero la medida anunciada ha levantado algunas preocupaciones respecto de hasta dónde puede llegar el Estado con el fin de cumplir sus objetivos; en este caso, el de atrapar a los evasores vía sus publicaciones en Facebook y Twitter o las fotos que suben a Instagram.

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Zombie TPP: Cuando un tratado comercial se niega a morir

Dicen que la moda de los zombies es cosa del pasado. Parece ser cierto, salvo cuando hablamos de tratados comerciales. En enero del año pasado anunciamos el fin del Acuerdo Transpacífico (TPP) luego del retiro de Estados Unidos por decisión del flamante presidente Donald Trump. Después de varios años de enfrentar una de las amenazas más grandes contra los derechos digitales, la mayoría de organizaciones en el Perú y en el mundo habíamos volteado a ocuparnos de otros problemas, con la tranquilidad que da la victoria. Pero lo cierto es que el TPP no estaba muerto.

La primera señal de que el cadáver todavía se movía fueron las declaraciones de intención de los países miembros luego del retiro de Estados Unidos. La perspectiva de haber pasado tanto tiempo negociando e incluso comprometiendo caudal político en vano no era una opción atractiva. Por otro lado, el lobby de las grandes industrias, que habían empujado de forma permanente el TPP, se mantenía activo y dispuesto a seguir con la presión. Finalmente, en varios casos, la firma del tratado formaba parte de algún plan o trama superior de los países participantes, cuyo abandono no podían permitirse de ninguna forma.

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