Autor: Carlos Guerrero

Director de Políticas Públicas

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es Vice Presidente de Internet Society Perú y fundador del Youth Observatory.

Dirección de Protección de Datos Personales multa a ONPE por filtrar datos personales de votantes

El año pasado les contamos sobre un filtrado de datos personales que afectó a la ONPE durante 2018, a propósito del formulario de inscripción de un evento en donde debía ponerse a prueba la seguridad del voto electrónico. Como señalamos en su momento, la nula respuesta de esta institución y la ausencia de explicaciones motivó nuestra decisión de ingresar una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Protección de Datos del Ministerio de Justicia. Hace pocas semanas hemos sido notificados de la decisión de la autoridad que termina multando a la ONPE por desconocer las obligaciones de seguridad que le resultan aplicables.

El sustento de nuestra denuncia

En julio de 2018, denunciamos a la ONPE ante la Autoridad de Protección de Datos Personales (APDP) por infracciones contra la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP). Esto, a raíz de la exposición masiva de millones de datos, que se produjo por la implementación de una plataforma web de inscripción al evento “Hackaton 2018”, que permitía acceder a los datos personales de todos los peruanos inscritos en el padrón electoral. La APDP, atendiendo nuestra solicitud, inició un procedimiento de fiscalización a la ONPE que ha culminado este año.

¿Qué reclamamos exactamente? La LPDP es la norma que establece el régimen aplicable al tratamiento de los datos personales en el país. Entre otras cosas, allí se señala qué principios y condiciones debe respetar quien solicite, almacene o utilice los datos de terceros. En nuestra denuncia señalamos que la filtración de la ONPE infringió hasta tres principios de la LPDP, además de la Directiva de Seguridad dictada por la APDP.  Los principios cuyo desconocimiento denunciamos fueron los de consentimiento, proporcionalidad y seguridad. En el caso del consentimiento, sostuvimos que aunque la ONPE tiene como fin llevar un registro del padrón electoral, utilizar esta base de datos para su plataforma de inscripción a la Hackatón era un uso diferente al que está autorizado por ley. Por lo tanto, no tenía el consentimiento expreso de los ciudadanos para dicho uso. Ya en el pasado la APDP ha multado a entidades públicas y privadas por este motivo.

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Ciberseguridad en Perú: dos leyes, un camino

En los últimos años, nuestra leyes sobre ciberseguridad han avanzado lentamente. Desde la última ley de delitos informáticos aprobada el 2013, el tema nunca había vuelto a encontrar un espacio propio en la agenda regulatoria. Hasta hace unos meses, cuando el Congreso presentó dos proyectos de ley sobre ciberseguridad y ciberdefensa que crean un nuevo punto crítico en el desarrollo de políticas públicas sobre el tema.

El 2018 fue un año especial para la ciberseguridad en el Perú. Un problema surgido el año anterior del cual dimos cuenta, propició toda una cadena de acciones por parte del Ejecutivo. Poco a poco, se comenzó a dar forma al incipiente panorama de la ciberseguridad o “seguridad digital,” que es el nombre que el Estado decidió emplear para este tipo de políticas. En principio, se definió este concepto y sus alcances. Luego, se estableció que la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI, ex ONGEI) sería la encargada de liderar estos esfuerzos desde el Estado en todos los niveles: normativo, estratégico, etc.

Pese a la expectativa, este primer momentum no duró mucho. A diferencia de otros espacios como la CODESI (Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información), que naufragaron por falta de voluntad política, el problema con la SEGDI es de tipo orgánico. La SEGDI es solo una de las cinco secretarías de la Presidencia del Consejo de Ministros, su presupuesto y personal son limitados, y no tiene autonomía o jerarquía suficientes para hacer todo lo que debe hacerse en materia de seguridad digital. No es que no lo intente, pero todo avanza más lento de lo que debería. Este es un escenario perfecto para que otros actores decidan tomar la iniciativa y así fue.

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LACIGF 12: Revisiones, cambios y consolidación de nuevos espacios

A inicios de agosto, se llevó a cabo la 12 Reunión Regional Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet (LACIGF), en la ciudad de La Paz, Bolivia. Como todos los años, el equipo de Hiperderecho estuvo presente y participó del evento principal además de los eventos paralelos que se realizaron durante la semana. Igual que en las ediciones de 2016 y 2017 y 2018, este año también tenemos varios comentarios.

¿Qué es el LACIGF?

Si no están familiarizados con el término, LACIGF son las siglas de “Foro de Gobernanza de Internet de Latinoamérica y el Caribe”. Este evento reúne a los actores de esta región (sociedad civil, gobiernos, empresas, etc.) para discutir sobre temas de interés regional relacionados al desarrollo de Internet. Aunque no son espacios conectados, LACIGF es una especie de antesala del Foro de Gobernanza de Internet, que este año se realizará el Berlín.

De igual forma que el evento global, LACIGF está construido a partir de una serie de principios. Algunos de ellos son: poseer un esquema de desarrollo en donde participen las múltiples partes interesadas, que no tenga necesariamente un carácter resolutivo, que no exista ánimo lucrativo en su realización, entre otros. Desde el 2008, el evento se realiza en un país diferente de la región latinoamericana y caribe.

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Ley de Protección de Datos y seguridad ciudadana

Existen actualmente diferentes excepciones a la ley de protección de datos peruana que impide a los ciudadanos ejercer su derecho a controlar la forma cómo se trata su información personal para fines de seguridad ciudadana. 

1. ¿En qué consiste?

Las leyes de datos personales suelen ser creadas con el fin de establecer las condiciones bajo las cuales se recopila y almacena información de carácter personal, así como quiénes están autorizados para hacerlo y cuáles son los derechos que tienen los titulares de dichos datos. El objetivo es generar un ecosistema de confianza que permita el uso de esta información, sin que se vulnere el consentimiento o la privacidad de las personas. En algunos casos las leyes otorgan la posibilidad de que el tratamiento de los datos se realice solo con autorización previa, pero en algunos casos puede realizarse por mandato legal.

En el Perú, desde el año 2011 se cuenta con una ley de protección de datos personales que tiene como objetivo proteger el uso de la información de las personas. En ella se recogen los escenarios bajos los cuales se autoriza su recopilación y tratamiento, así como los derechos que tienen los titulares que son: Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Existe también una Autoridad Nacional de Protección de Datos encargada de supervisar el cumplimiento de esta norma. Sin embargo, también existen excepciones contempladas en dicha ley. Una de las más amplias es la que autoriza a las entidades públicas a tratar datos personales de los ciudadanos sin necesidad de consentimiento y con reglas poco claras sobre su tratamiento posterior.

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Intervención legal de las comunicaciones

Durante la investigación de casi cualquier delito, la Policía y el Ministerio Público pueden acceder al contenido de nuestras comunicaciones mediante autorización judicial

1. ¿En qué consiste?

La intervención de las comunicaciones y sus datos derivados forman parte de las políticas públicas implementadas con el fin de facilitar la prevención e investigación de los delitos. Las normas de este tipo sirven para crear un marco legal bajo el cual, en determinadas circunstancias y con límites previamente establecidos, entidades como la Policía Nacional o el Ministerio Público pueden solicitar el acceso a las comunicaciones, incluso en tiempo real, así como el almacenamiento de sus datos derivados para consulta posterior.

En el Perú también existen normas que permiten la intervención de las comunicaciones en el transcurso de la investigación de un delito, recogidas en el Código Procesal Penal. Estas medidas, que tienen carácter de extraordinarias, deben ser solicitadas al juez competente, quien determina de qué manera y por cuánto tiempo se permite la intervención a una o varias personas.

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Sistema nacional de inteligencia y privacidad

1. ¿En qué consiste?

Hoy en día es casi imposible encontrar un país que no cuente con una estrategia de Seguridad Nacional, que está destinada a prevenir la interrupción del gobierno nacional, combatir las amenazas internas o externas y asegurar la prestación de servicios públicos para la población. Dentro de este esquema, las leyes de inteligencia son herramientas muy útiles pues permiten a las fuerzas públicas , recabar información de forma lícita, aún cuando para ello se empleen medidas que en otros casos podrían resultar ilegales.

En el Perú existe un marco legal de acción de los servicios de inteligencia, tanto a nivel de la Policía como de las Fuerzas armadas. Por regla general, estas normas solo se aplican en casos muy específicos, todos ellos relacionados a la Seguridad y la Defensa Nacional. Para los demás casos, como la investigación de delitos comunes, las normas de inteligencia no deberían ser aplicables. Sin embargo, en el caso peruano las reglas no son tan claras, lo que permite un rango de acción muy amplio.

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Identificación biométrica obligatoria

Adquirir una línea de teléfono, tramitar el DNI electrónico o hasta vender un auto a través de una Notaría requieren verificación biométrica obligatoria

1. ¿En qué consiste?

El empleo de la identificación biométrica es una práctica que busca incrementar la eficacia de la identificación de personas con diferentes fines: desde la prestación de servicios, hasta la investigación criminal. Desde el punto de vista de las políticas públicas, son una herramienta que añade una capa tecnológica a un proceso ampliamente utilizado por entidades públicas y privadas a la hora de ofrecer productos y servicios.

En Perú, la implementación de la biometría inició con el propósito de servir a los procesos de identificación de personas liderados por RENIEC. Posteriormente la identificación biométrica pasó a formar parte central de diferentes esquemas de registro y verificación con fines de seguridad ciudadana, especialmente para evitar los delitos contra el patrimonio y la fe pública, como el robo, el hurto, los fraudes, etc.

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Acceso al registro de celulares sin orden judicial

La lista de equipos móviles y la identidad de sus titulares de todo el país está en poder del Estado y la Policía Nacional puede acceder a ella sin contar con una orden judicial que lo permita.

1. ¿En qué consiste?

El acceso a registros o listas creadas por mandato legal por parte de entidades del Estado es una práctica común en muchos países. Como política pública, esta es una herramienta que sirve con diferentes propósitos. Por ejemplo: fiscalizar una actividad regulada, asegurar el funcionamiento de un servicio, ofrecer seguridad jurídica para las transacciones, etc. En algunos casos, también sirven con el propósito de prevenir y perseguir los delitos, como es el caso de los registros relacionados a las comunicaciones.

En el Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias que aprueban registros y listas de todo tipo, incluyendo también los registros de las comunicaciones. Una de estas listas es el RENTESEG, un registro nacional de celulares asociados a los datos personales de sus titulares. Además de permitir el bloqueo en caso de robo o pérdida, este registro virtualmente puede permitir el acceso a esta información a la Policía aun sin contar con las garantías de un mandato judicial.

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Registro obligatorio de celulares

Todos los equipos móviles que van a ser utilizados en el país tienen que estar registrados junto con los datos de sus dueños en una lista controlada por el Estado o serán bloqueados

1. ¿En qué consiste?

La creación de registros o listas suelen servir al propósito de dar seguimiento a diferentes elementos: actividades, comportamientos, transacciones, etc. Desde el punto de vista de las políticas públicas, son una herramienta ampliamente utilizada en muchos campos (el comercio, la seguridad, la identificación) para ejercer control sobre estos elementos con el fin de fomentarlos, restringirlos o prohibirlos. Así mismo, la forma en que se almacenan y operan estos registros o listas puede recaer tanto en entidades públicas como privadas y ser de acceso público o restringido.

En Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias que aprueban registros y listas de todo tipo, desde los registros públicos de propiedad hasta las listas de beneficiarios de programas sociales. Si bien existe un legítimo interés en que algunos de estos registros estén disponibles y sean públicos, también hay otros cuya existencia compromete seriamente la privacidad. Entre estos últimos destacan especialmente los registros de objetos de uso cotidiano, como los teléfonos móviles, que se implementan con varios fines, entre ellos la seguridad ciudadana.

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Retención de datos

Las compañías que ofrecen servicios de telecomunicaciones deben almacenar los metadatos durante tres (3) años

1. ¿En qué consiste?

El almacenamiento datos derivados de las telecomunicaciones o “metadatos” es un elemento constituyente de las políticas públicas de recolección de datos derivados de las comunicaciones. Estas normas se implementan con el fin de emplear la información almacenada para facilitar la investigación de los delitos, aunque también se pueden emplear para la ubicación de personas desaparecidas, el seguimiento de actividades posiblemente delictivas, la represión de activistas y líderes de movimientos sociales, entre otros.

En Perú existen diferentes leyes y reglamentos que hacen obligatorio el almacenamiento de datos y metadatos derivados de las comunicaciones, lo que incluye: el contenido mismo de las comunicaciones, su origen geográfico, frecuencia, los datos de navegación, etc. Por regla general, cuando se necesitan durante la investigación de un delito, esta información solo es accesible para la Policía Nacional del Perú y/o el Ministerio Público luego de haber obtenido un mandato judicial. Sin embargo, también existen normas que permiten un acceso excepcional sin mandato judicial.

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