Autor: Carlos Guerrero

Director de Políticas Públicas

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Acción Popular propone nueva Ley de Teletrabajo que reconoce derecho a la desconexión digital

En junio de este año, el congresista Manuel Aguilar Zamora del partido Acción Popular presentó el Proyecto de Ley N° 05408/2020-CR, que tiene como objetivo reemplazar la Ley de Teletrabajo vigente y su Reglamento. Quizás lo más destacable del Proyecto es que propone el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, un elemento que hasta ahora no había sido recogido expresamente en nuestra legislación. No obstante, también presenta algunos retrocesos respecto de las obligaciones del empleador para con sus teletrabajadores.

Nueva definición del Teletrabajo

La definición de la Ley de Teletrabajo vigente señala que el teletrabajo solo está reconocido como tal cuando la prestación de servicios se realiza de forma no presencial, aunque luego en el Reglamento admite la posibilidad de un régimen mixto. En contraposición a esto, el Proyecto de Ley amplía dicha definición, disponiendo que esta modalidad admita la prestación de servicios de forma parcial o total, sin que esto modifique la naturaleza intrínseca del teletrabajo.

¿Por qué esto es relevante? A propósito de las medidas de aislamiento social obligatorio impulsadas por el Gobierno, existe actualmente una gran confusión entre distintos regímenes laborales; especialmente entre el teletrabajo y el denominado “trabajo remoto”. Mientras que el primero es un régimen especial de contratación que cuenta con su propia normativa, el segundo es solo una modalidad transitoria dispuesta por el Estado para permitir la continuidad de las actividades laborales durante la emergencia nacional.

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Fuerza Popular quiere fomentar el acceso de las MyPes al comercio electrónico, pero pone más trabas

En junio de este año, la congresista María Silupú Inga del partido Fuerza Popular presentó el Proyecto de Ley N° 05573/2020-CR, que tiene como objetivo dictar medidas para “autorizar y regular” el acceso de las MyPes al comercio electrónico. Pese a que la intención del Proyecto es mejorar la situación de estas empresas, las medidas propuestas en realidad tienen el efecto contrario pues crean más obstáculos exclusivamente para ellas.

La falta de necesidad de “regular” todo

El Proyecto de la congresista Silupú parte de una premisa equivocada: que las MyPes actualmente no pueden ofrecer sus productos y servicios a través del comercio electrónico de forma legal. Vale la pena señalar en este apartado que el comercio electrónico es un nombre que define una forma de comercio que se realiza a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), pero no es una actividad excepcionalmente diferente del comercio tradicional y, de hecho, ambas están afectas a la misma regulación.

A nivel societario, las empresas domiciliadas en el país que ofrecen sus productos y servicios a través del comercio electrónico están sujetas a las mismas reglas que aquellas que lo hacen por vías tradicionales. Del mismo modo ocurre con la tributación, pues sin importar la modalidad bajo la cual se obtengan las rentas, siempre que estas sean de fuente peruana, las personas naturales y empresas están obligadas a declarar y pagar impuestos. Finalmente, el Código de Consumidor ya resulta enteramente aplicable al comercio electrónico, tanto así que el Indecopi tiene un vasto historial de decisiones administrativas sobre la materia.

Por todos estos motivos es que las obligaciones contempladas en el Proyecto antes que promover la inclusión de las MyPes en el sector del comercio electrónico, crean más barreras pues algunas de estas nuevas exigencias no existen actualmente. Por ejemplo, cuando se menciona que las MyPes deben tener habilitada una plataforma con múltiples medidas de seguridad, se desconoce que estas actualmente ya están obligadas a respetar la normativa de consumidor y la Ley de Protección de datos personales, que establece medidas para proteger a los consumidores, pero ninguna de ellas obliga a la implementación de tecnologías específicas.

Algo similar ocurre con la obligación de estas registradas. Actualmente, además de contar con el Registro Único de Contribuyente (RUC) activo, por regla general ninguna empresa necesita otro permiso o habilitación para ejercer actividades de comercio electrónico, siempre que respeten la legislación vigente que les sea aplicable. Condicionar a las MyPe a someterse a un trámite burocrático adicional a los que ya existen no solo las coloca en desventaja frente a otros tipos de empresa, sino que incrementa los incentivos para que decidan mantenerse en la informalidad. Así mismo, en la coyuntura actual, exigirle a una MyPe un tiempo mayor de inactividad mientras obtiene todos estos nuevos permisos puede suponer su fin.

Sin dejar de reconocer que el espíritu de la iniciativa es buscar el beneficio de la sociedad, invitamos a la congresista Silupú y a la bancada de Fuerza Popular a que en el futuro sus propuestas relacionadas a la tecnología tengan en cuenta que cualquier producto o servicio aparentemente “novedoso” no necesariamente requiere ser regulado de forma específica.

Por todos estos motivos, en Hiperderecho hemos a enviado cartas (PDF) exponiendo esta situación a todos los miembros de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, en donde se ha asignado este Proyecto de Ley; invitándolos a votar a favor del archivo de esta propuesta.

Foto: Morning Brew (Unsplash)

Más geolocalización: Podemos Perú propone repotenciar la #LeyStalker

En junio de este año, el congresista Daniel Urresti del partido Podemos Perú presentó el Proyecto de Ley N° 05091/2020-CR, que tiene como objetivo realizar varias modificaciones al Decreto Legislativo N° 1182, la controversial “Ley Stalker” promulgada en 2013. Los cambios implican ampliar el alcance de los mecanismos de localización y geolocalización, afectando así a un mayor número de personas y causando graves conflictos de competencia entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Antecedentes: Decreto Legislativo N° 1182

El 27 de julio del año 2015 se publicó el Decreto Legislativo N° 1182, una norma que regula el acceso y posterior uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de telefonía móvil y dispositivos electrónicos afines, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Además, entre otros ajustes, creó un nuevo mandato de retención y conservación de datos derivados de las telecomunicaciones por un plazo de hasta treinta y seis (36) meses.

Para poder hacer uso de las herramientas de localización y geolocalización creadas por esta norma, se pusieron tres condiciones: (1) que la Policía se encuentre ante un delito flagrante; (2) que la sanción del delito sea mayor a cuatro años; y, (3) que el acceso a dichos datos sea un medio necesario para la investigación. Si todas ellas se cumplían, la Policía podía solicitar directamente a las empresas de telecomunicaciones el acceso a los datos de localización y geolocalización en tiempo real y sin la necesidad de una orden judicial. Luego, un fiscal haría el control pertinente y un juez decidiría si convalidar o no dicha medida.

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Congresista Arlette Contreras presenta Proyecto de Ley para declarar Internet como derecho humano

En junio de este año, la congresista Arlette Contreras presentó el Proyecto de Ley N° 05600/2020-CR, que tiene como objetivo reconocer el derecho de acceso a internet de manera progresiva y universal para todos los peruanos y peruanas. A diferencia de otros proyectos similares de este y anteriores congresos, esta propuesta no implica una modificación de la Constitución, aunque sí propone la implementación de diferentes acciones a cargo del Poder Ejecutivo.

¿El derecho de acceso a Internet está reconocido en Perú?

A diferencia de otras propuestas similares que hemos analizado antes como las presentadas por los congresistas Alberto de Belaunde y Estelita Bustos, la fórmula propuesta por la congresista Contreras no gira en torno a la reforma de la Constitución. Por el contrario, opta por hacer una declaración de que el acceso a Internet es un derecho humano, de la misma forma que se hace en el Proyecto del congresista Mulder; a partir de la cual desarrolla diferentes conceptos de progresiva implementación por parte del Ejecutivo.

Antes de analizar las propuestas del Proyecto, conviene que nos preguntemos algunas cuestiones sobre el tratamiento del acceso a Internet como un derecho humano en el Perú. Para comenzar: ¿Es válido reconocer un derecho fundamental a través de un Proyecto de Ley ordinario como en este caso? Y si fuera así, ¿se está dando por sentado la existencia previa, en nuestro marco constitucional, de este derecho?

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Alianza para el Progreso (Digital): seguridad de la información, comercio electrónico, delitos informáticos y mucho más

En junio de este año, la congresista Robertina Santillana Paredes del partido Alianza para el Progreso presentó el Proyecto de Ley N° 05630/2020-CR, que tiene como objetivo establecer nuevas disposiciones en materia de seguridad de la información y comercio electrónico, así como derogar la actual Ley de Delitos Informáticos. Aunque en ciertos casos la motivación es correcta, la mayor parte de las propuestas no han sido bien enfocadas, son demasiado ambiciosas y adolecen de problemas de técnica legislativa. Peor todavía, un par de ellas representan un grave peligro para los usuarios de Internet en el país.

Ámbito de aplicación demasiado amplio

Una de las primeras críticas que se le puede hacer al Proyecto es que pretende regular sobre un campo demasiado amplio. Los tres elementos que conforman el Objeto de la Ley (seguridad digital, comercio electrónico y delitos informáticos), aunque parecen estar relacionados, históricamente han sido regulados de forma diferenciada al punto en que considero difícil regularlos en un mismo texto. Para ejemplificar esta situación, basta con señalar que la normativa de comercio electrónico vigente en el Perú es del año 2000, mientras que la primera vez que se definió el término “seguridad digital” fue en una norma de 2018.

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Combatiendo las noticias falsas durante la crisis del Covid-19

Aunque no es algo exclusivo de la pandemia del Covid-19 que vivimos, las noticias falsas o fake news no han tardado en aparecer y saturar la Internet  en estos días. Remedios inverosímiles contra el virus, audios de peruanos en China o Italia y videos de tiendas saqueadas son algunos ejemplos. Los medios de comunicación y las autoridades han hecho un llamado para que la gente no comparta estos contenidos y circulan diferentes consejos para detectarlos, pero no ha faltado quien también exige sanciones para los responsables. En este artículo queremos hablar sobre el tema, profundizando en la respuesta de diferentes actores y los aspectos legales de compartir noticias falsas en Internet.

¿Qué son las noticias falsas?

Las fake news o noticias falsas son un fenómeno tan antiguo como el lenguaje mismo. No hay pruebas, pero tampoco dudas de que apenas el hombre aprendió a hablar, aparecieron las mentiras. Cuando surgieron las primeras civilizaciones, las mentiras pudieron difundirse a un gran número de personas. Aunque la mayoría deben haber sido inofensivas, al menos un par podrían haber sido el origen de eventos catastróficos. A pesar de la progresiva sofisticación de las sociedades, las noticias falsas no parecen haber abandonado nunca el ámbito de las comunicaciones humanas, desde la Edad Antigua hasta nuestros días.

Primero a través de la imprenta y luego de Internet, las fake news se abren paso por el mundo y se alimentan del miedo, avivan los odios, engañan a inocentes y no pocas veces buscar torcer la voluntad de las masas. Los casos más recientes de estudio son su influencia durante las elecciones, pero la verdad es que están por todas partes y vienen en todos los envoltorios posibles. Por ejemplo, están las inocentes que arrancan risas como la estafa del Príncipe de Nigeria, y también las que podrían haber causado el reciente genocidio de los Rohinyá en Myanmar.

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Bajada de contenidos por derechos de autor

Cada vez es más común encontrar en Internet diferentes mecanismos de bajada de contenido automáticos, debido principalmente a las normas de protección de los derechos de autor

1. ¿En qué consiste?

Una de las principales razones del crecimiento y expansión de Internet se debe a la facilidad y el bajo costo de innovar y ofrecer nuevos productos y servicios a través de esta tecnología. No obstante, esto hace que también sea relativamente fácil que como producto de las actividades en línea se causen daños a terceros. Tal vez uno de elementos más vulnerables en Internet son los contenidos protegidos por derechos de autor.

Los mecanismos de bajada de contenidos por derechos de autor, son herramientas que permiten solicitar la eliminación de contenidos de forma rápida e incluso automática, a sola petición del presunto afectado. A diferencia de los filtros y los bloqueos de Internet, que suelen requerir leyes específicas u órdenes judiciales y operan siempre ex post; los mecanismos de bajada están concebidos para ser utilizados como instrumentos de censura previa.

Estos mecanismos tienen su origen en diferentes tratados internacionales en materia de derechos de autor. Uno de los más antiguos es la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), una norma en Estados Unidos promulgada en 1996 que estableció que los intermediarios que faciliten la violación de derechos de autor también pueden ser responsables también por la comisión de estos delitos. En Europa también se adoptó en 2001 una Directiva sobre derechos de autor, pero que no logró ser armonizada de forma eficiente entre todos los miembros de la Unión.

Una de las consecuencias más tangibles de estos mecanismos es que se asientan sobre exigencias muy generales sobre derechos de autor, lo que incrementa considerablemente el riesgo para las plataformas de Internet, que suelen tomar la decisión de restringir la forma en que sus usuarios las utilizan, para no ser penalizadas. Si bien existe un legítimo interés en proteger los derechos de autor, la forma en que funcionan estos mecanismos se presta para usos perversos e incluso para bloquear la competencia en el mercado o recortar la libertad de expresión.

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Delitos contra el honor en Internet

Existen múltiples iniciativas alrededor del mundo que buscan crear delitos o incrementar las penas de los que ya existen cuando se afecta el honor y la reputación de una persona a través de las redes sociales

1. ¿En qué consiste?

Los delitos contra el honor y la buena reputación son un conjunto de normas creadas con el fin de proteger la imagen pública y privada de individuos u organizaciones frente a cualquier acto que busque menoscabarlos. Dependiendo del país, estas conductas pueden recibir desde sanciones civiles (multas, indemnizaciones) hasta condenas de prisión efectiva. La gravedad de las penas depende del tipo de delito, el nivel de afectación del honor y la situación en que este hecho se ha producido.

En los sistemas de derecho clásicos, los delitos contra el honor suelen clasificarse en tres tipos: injuria, calumnia y difamación. La injuria incluye comúnmente los agravios de cualquier tipo que se profieren de forma personal. La calumnia se produce cuando se atribuye falsamente a otro la comisión de un delito. Finalmente, la difamación es similar a la injuria, pero con la diferencia de que los agravios son hechos públicamente y ante una audiencia considerable.

En los países en donde los delitos contra el honor se castigan penalmente, la irrupción de Internet ha fomentado en ciertos casos la aparición de lagunas de interpretación y vacíos normativos. Esto ha motivado que, en ciertos casos, se modifiquen las normas penales para que incluyan a Internet como medio a través del cual se pueden cometer delitos contra el honor. Pero a la par de esto, también han aparecido propuestas de incrementar las penas en dichos casos, teniendo en cuenta el mayor poder de difusión de esta tecnología.

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Derecho al olvido

El Derecho al olvido es una teoría legal que busca usar el sistema de protección de datos personales contra buscadores y medios de comunicación.

1. ¿En qué consiste?

En sentido amplio, la doctrina del Derecho al Olvido apunta a que las acciones o preferencias de un individuo no deberían de quedar registradas para siempre. Se materializa en derechos como la eliminación de condenas penales cumplidas o la de historial crediticio antiguo. En sentido más estricto, es una corriente legal y jurisprudencial que busca usar las normas de protección de datos personales contra nuevos tipos de responsables de tratamiento como buscadores de Internet, webs, blogs, entre otros. En particular, busca que los titulares de datos personales pueden ejercer contra estos agentes su derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales en sus bases de datos. Dependiendo del país, esta doctrina ha sido reconocida a nivel administrativo o judicial, y se suele ejercer frente a los intermediarios de Internet.

Posiblemente el caso más famoso es el de Mario Costeja contra Google, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que los ciudadanos europeos tienen derecho a solicitar la desindexación de contenidos que no sean actuales, sean inexactos o no revistan interés público por aplicación directa de la legislación sobre protección de datos personales. A partir de allí, este derecho está reconocida en la Unión Europea y diferentes países de todo el mundo lo han reconocido como parte de su normativa de protección de datos personales a través de modificaciones legislativas o sentencias.

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Filtros de contenido en Internet

Existe una fuerte presión en el mundo por impedir la libre circulación de ciertos contenidos en Internet a través de la imposición obligatoria de filtros de acceso. Dependiendo de cada país, este tipo de iniciativas pueden ser legítimas y necesarias, pero también abren las puertas de una censura selectiva e indiscriminada  

1. ¿En qué consiste?

Los filtros de contenido son herramientas que impiden a un usuario acceder a diferentes tipos de contenido: sitios web, aplicaciones, plataformas, servicios sobre Internet, etc. Existen varias categorías, desde los que se instalan a propósito en una terminal (computadora, teléfono móvil) y por lo tanto solo afectan el tráfico de red local, hasta los que se imponen a gran escala de forma inopinada; como los filtros a nivel de servidor, dirección IP, nombre de dominio, entre otros.

Generalmente, los filtros a gran escala requieren de acceso privilegiado a la infraestructura física o lógica de Internet, por lo que este tipo de medidas suele ser dispuesta por los gobiernos. Los motivos empleados para justificar el bloqueo del libre tránsito de los contenidos es extensa: combate al crimen, seguridad nacional, orden interno, violación a derechos civiles y políticos, disposición judicial, legislación de censura, etc. En países democráticos el filtro de contenidos es excepcional y existen procedimientos específicos para llevarlos a cabo. Por el contrario, en países menos democráticos, el filtro depende en gran parte de la voluntad e intereses de los gobernantes.

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