Autor: Carlos Guerrero

Director de Políticas Públicas

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es Vice Presidente de Internet Society Perú y fundador del Youth Observatory.

Presentan Proyecto de Ley para que difamar por redes sociales sea un delito

A inicios del mes de marzo se presentó en el Congreso una norma para modificar el delito de difamación y considerar como agravante que este se realice por medio de las redes sociales. La pena máxima se aumentaría hasta cuatro años, tanto por este medio como a través de libro, la prensa y otros medios de comunicación sociales.

¿Qué dice el Proyecto de Ley?

El Proyecto de Ley N° 3990/2018-CR, presentado por el parlamentario Carlos Domínguez de la agrupación Fuerza Popular, busca modificar el artículo 132 del Código del Código Penal, que regula la difamación. Su objetivo es hacer explícito que la difamación, entendida como atribuir a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, también deba castigarse cuando se realiza a través de redes sociales. Así mismo, propone que tanto para estos casos como para cuando la difamación se realiza a través del libro, prensa u otro medio de comunicación social la pena se aumente de tres a cuatro años.:

La modificación propuesta haría que la norma quede así:

Código Penal, Artículo 132.— El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa. (…) (…)
Si el delito se comete por medio del libro, la prensa, medio de comunicación y/o red social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa, además el autor del hecho será reprimido con pena de inhabilitación prevista en los incisos 4 y 8 del artículo 36.

Para respaldar esta iniciativa, quienes la proponen sostienen que las redes sociales se han convertido en “una ventana expuesta y sin vigilancia, en la cual, se puede decir de todo, sin filtro” y que es necesario modificar el delito de difamación pues estos espacios carecen de todo control y regulación, además de que su impacto en la sociedad es creciente.

¿Es necesaria la modificación?

Como es muy común en propuestas sobre tecnología, quienes han redactado la Exposición de Motivos recaen en un viejo error: considerar que lo que ocurre en Internet, en este caso las redes sociales, es un terreno lejos del alcance de las normas. Desde hace varios años en Hiperderecho venimos insistiendo que todos esos “nuevos” servicios que van apareciendo (Uber, Airbnb, etc.) son alcanzados ya por muchas regulaciones existentes, incluidas las leyes peruanas.

En este caso específico, afirmar que la difamación hecha en redes sociales no es un delito es incorrecto porque en muchos casos ya lo es. La redacción actual del Código Penal ya considera como una modalidad agravada de difamación cuando se comete a través de un “medio de comunicación social.” Aunque los límites de esta expresión no están definidos del todo, bien puede comprender una cuenta de redes sociales siempre que pertenezca a un medio de prensa o tenga un alcance equivalente al que puede tener un libro o la prensa. Ciertamente, Internet es un nuevo espacio y presenta características particulares (pseudonimato, ubicuidad, contenido efímero) que dificultan la tarea de investigar y descubrir quiénes pueden estar detrás cometiendo delitos. No obstante, eso no equivale a decir que no se cometen o que no se puede castigar a los que lo hacen. Solo por este motivo, este Proyecto de Ley debería ser archivado pues no es necesario agregar cada nuevo escenario en donde se puede cometer la difamación, basta con definir bien la conducta y eso ya está hecho.

El Proyecto de Ley no solo incluye a las redes sociales como un espacio más para castigar la difamación (innecesario, como ya dijimos). También señala que su uso convierte el delito en agravado, al mismo nivel que la difamación realizada a través de libros, prensa y medios de comunicación social. También cambia el máximo de la pena, de tres a cuatros años en todos los casos agravados. Este parece ser el verdadero cambio cuya conveniencia habría que analizar con otros argumentos (por ejemplo: la incidencia de estos delitos, su repercusión en la sociedad, etc.), que lamentablemente no se ofrecen en la Exposición de Motivos. El que la pena máxima de la difamación por medios de comunicación sea cuatro años hace también más posible que se ordene prisión efectiva y no solo reparación económica contra quienes cometen estos hechos.

Una discusión revivida acerca de la naturaleza de Internet

Un ángulo interesante del Proyecto de Ley es que asume que las redes sociales deben ser reguladas independientemente porque no estarían incluidas en la categoría de “medios de comunicación social”, que ya existe como forma agravada en el delito de difamación. Esto puede deberse en parte a que los proponentes consideran que debe resaltarse a las redes sociales frente a otras, pero también podría beber de una discusión anterior sobre la naturaleza jurídica de Internet.

Tal como se puede observar en esta columna de Antonio Rodríguez Lobatón, escrita a propósito de una querella por difamación que se volvió famosa, hace diez años tampoco estaba claro si un elemento de Internet (para ese caso, los blogs) era equivalente a un medio de comunicación social. Si bien algunos jueces parecían darlo por sentado, el Tribunal Constitucional en diferentes fallos había caracterizado a los medios de comunicación social como instituciones que existen en un espacio específico y tienen vida propia independiente de sus fundadores o trabajadores. Por supuesto, estas definiciones no aplicaban para la mayoría de blogs y probablemente tampoco para Facebook o Twitter. En la actualidad, podría decirse que para estos últimos sigue sin aplicarse dicha definición, pues las redes sociales no se reconocen a ellas mismas como medios de comunicación sino como plataformas en donde se produce aloja contenido.

¿El Proyecto de Ley ha tenido en cuenta este detalle? Algo que se menciona también en la columna citada anteriormente es lo que podríamos considerar un antecesor de esta norma. En 2009 se presentó el Proyecto de Ley N° 02971, tristemente conocido como “Ley Mordaza”, que entre otras cosas, requería también modificar el texto del delito de difamación para que dijera lo siguiente:

Artículo 132.- Difamación
(…) Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, incluido el periodismo digital a través de la Internet, la pena privativa de la libertad será no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa.

Finalmente, por presión social dicho proyecto no prosperó y fue retirado, pero ya reflejaba cierta preocupación respecto de sancionar la difamación hecha a través de Internet. Habría sido importante que los proponentes de la norma que nos ocupa ahora hubieran expresado su opinión respecto de esta polémica.

Innecesaria y desproporcionada

No existen suficientes elementos que sustenten la necesidad y proporcionalidad de modificar el delito de difamación en los términos que dicta el Proyecto de Ley. Resulta innecesario y contraproducente regular escenarios o herramientas específicas en la tipificación de los delitos. En este caso, no ha quedado evidenciado por qué es necesario que se coloque “redes sociales” como categoría, siendo que existen categorías más amplias que quedarían fuera, por ejemplo: Internet.

Así mismo, creemos que el Proyecto de Ley no ha tomado en cuenta otros proyectos anteriores y las discusiones que han surgido a partir de ellas. No está demás prevenir posibles usos abusivos de la norma, que podrían generar perjuicio a los usuarios de Internet en el país.

Creemos que nuestro país debe de avanzar hacia la despenalización de los delitos de opinión, que son a menudo utilizados con fines de hostigamiento y mecanismo de censura para la prensa. Aunque existe y pueden continuar existiendo multas y reparaciones civiles, llegar al extremo de privar de la libertad a alguien por su opinión es desproporcionado sobre todo cuando alcanza a cualquier usuario de redes sociales, sin importar el alcance que su mensaje tenga. Una sociedad democrática solo puede serlo en tanto sea capaz de tolerar a quienes piensan distinto.

Este proyecto de ley se encuentra actualmente bajo estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el parlamentario Alberto Oliva de la bancada Peruanos por Kambio.

Descarga: Proyecto de Ley No. 3990/2018-CR

Hiperderecho presenta: ¿Quién Defiende Tus Datos?

Por segunda vez consecutiva, con el apoyo de la Electronic Frontier Foundation de Estados Unidos, hemos desarrollado un estudio comparativo sobre las mejores prácticas que tienen las compañías que ofrecen servicios de Internet en el Perú cuando se trata de proteger la privacidad de sus usuarios. Quién defiende tus datos (QDTD) compara a las cinco principales empresas operadores del país y ofrece esta información con el fin de que los usuarios puedan tomar decisiones mejor informadas a la hora de contratar estos servicios.

¿Por qué es importante Quién Defiende Tus Datos?

El primer reporte de Quién Defiende Tus Datos se publicó a finales de 2015, un momento particularmente sensible para la privacidad en el mundo. Un par de años atrás se habían producido las revelaciones del espionaje masivo por Edward Snowden y la situación sobre los derechos humanos en línea era especialmente crítica. En ese momento, un reporte como QDTD no solo era una apuesta por lograr mayor transparencia sino un verdadero llamado de atención a los actores involucrados en la gestión de nuestras comunicaciones y datos personales.

Desde su primera edición, el reporte QDTD ha evaluado a los seis principales operadores del servicio de acceso a Internet en el país: Bitel, Claro, Entel, Inkacel, Movistar y OLO. Para ello se han contemplado cinco categorías: Políticas de privacidad, medidas de autorización judicial, notificación al usuario, transparencia y compromiso con la privacidad. Cada categoría está conformada por varios indicadores, bajo las cuales estas empresas son evaluadas y revelan el estado en el que se encuentran sus prácticas en estas áreas.

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Nuestras actitudes hacia el acoso virtual

A partir del caso del Congresista Lescano investigado por acoso sexual, se ha iniciado una discusión a nivel nacional sobre la necesidad de las leyes contra el acoso virtual y las consecuencias de su aplicación. La controversia legal del caso y las posturas extremas que han surgido de uno y otro lado, apenas si son la capa más superficial de un problema mayor: nuestro contexto social y cultural en torno a la violencia de género en línea.

El caso Yonhy Lescano

Para quien no esté enterado, el caso del congresista Lescano puede resumirse de la siguiente manera: A inicios del mes de marzo, un periodista denunció la existencia de varios mensajes de WhatsApp en donde un congresista presuntamente acosa sexualmente a una periodista. Días después, se hizo público que los mensajes habrían sido enviados por el congresista Yonhy Lescano, quien rápidamente salió a defenderse en los medios de comunicación.

Hasta la fecha, Lescano ha ofrecido varias versiones sobre los hechos. La primera fue que él no conocía a la víctima y que desde su teléfono no se envió ningún mensaje. Horas más tarde, declaró que los mensajes sí salieron de su teléfono pero fueron escritos por otra persona. Después, insistiendo en que él no es el autor, afirmó que no ve en los mensajes ningún tipo de acoso sino solo una conversación subida de tono entre adultos. Finalmente, ha cuestionado a la presunta víctima, afirmando que ella inició el contacto y que los mensajes que presenta han sido editados.

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Presentan Proyecto de Ley en el Congreso para crear delito de Ciberacoso (pero ya existe)

En septiembre anunciamos que el gobierno había publicado el Decreto Legislativo 1410, una norma que crea diferentes delitos, entre ellos el acoso y la difusión de material íntimo sin consentimiento, que podrán castigarse aun cuando ocurran en Internet. Sin embargo, pese a esta noticia, a finales de ese mismo mes se presentó un nuevo Proyecto de Ley para crear el delito de ciberacoso que, luego de revisarlo, consideramos debería ser desestimado.

Respecto del Proyecto de Ley 03427, “Que Propone incorporar el delito de Acoso Virtual o Ciberacoso en el artículo 5 de la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos y de esta manera prevenir aquellas conductas que están dirigidas a dañar a otra persona a través de medios tecnológicos”, presentado por el parlamentario Rogelio Tucto (Frente Amplio, Huánuco), no hay mucho que decir. Queda claro que las intenciones detrás de la propuesta son buenas. No obstante, al menos en materia de delitos informáticos, cualquier iniciativa nueva debe filtrarse a sí misma para no crear situaciones de doble tipificación o incertidumbre jurídica.

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Modifican Reglamento de Ley de Transparencia y ahora correos de funcionarios son de acceso público

El último 13 de noviembre, a través del Decreto Supremo N° 011-2018-JUS, se realizaron diferentes modificaciones al Reglamento de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Ley de Transparencia. Uno de ellos, quizás el más importante, es que ahora se señala claramente que la información contenida en los correos de funcionarios y servidores públicos sí podrá considerarse como información de acceso público.

Cronología de los hechos

El año pasado alertamos que mediante modificaciones al citado Reglamento se crearon nuevas excepciones a la Ley de Transparencia, impidiendo que la información contenida en correos electrónicos fuera solicitada, aun si tenía naturaleza pública. Esto constituía un grave atentado contra la fiscalización ciudadana, especialmente en el contexto actual en el que casi toda la información estatal se intercambia digitalmente y muchos actos de corrupción se han comprobado en correos electrónicos y mensajes privados.

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Presentan Proyecto de Ley para que la SBS regule a las empresas fintech en Perú

Septiembre ha estado lleno de propuestas relacionadas a la tecnología. La más reciente de ellas ha sido un Proyecto de Ley presentado por la congresista Lourdes Alcorta (PDF) en el que solicita se declare de interés la regulación de las Fintech o empresas que usan la tecnologia para brindar servicios financieros. Esta tarea estaría a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, pero del texto mismo del Proyecto de Ley no es posible saber qué modelo seguirá esta entidad para regular este tipo de emprendimiento financieros.

De la misma manera que con otras tecnologías que funcionan gracias Internet, el Congreso parece particularmente interesado en controlar también la forma en que las Fintech operan en el país, aun cuando muchas veces sus propuestas no son precisamente las más adecuadas para alcanzar sus objetivos. Solo pensemos en el accidentado trayecto que han sufrido todas las propuestas para regular las aplicaciones de viajes compartidos que hemos documentado durante los últimos años, como un ejemplo claro de cómo no deberían plantearse políticas públicas de este tipo.

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Proyecto de Ley quiere prohibir los sitios de apuestas por Internet

Una nueva propuesta de Leyla Chihuán busca que las empresas que ofrecen servicios de apuesta y juegos de azar por Internet tramiten una licencia y paguen impuestos en el país. De no hacerlo, sus sitios web y plataformas serían bloqueados para Perú y sus usuarios podrían perder el acceso a sus cuentas y al dinero que hayan depositado o depositen en el futuro.

Obligaciones de registro previo

En setiembre, la congresista Chihuán presentó el Proyecto de Ley N° 03415/2018-CR (PDF), una iniciativa que quiere regular los juegos de apuestas por Internet en el Perú. La propuesta empieza por establecer algunas definiciones sobre lo que debemos entender por juegos de apuestas, señala una serie de obligaciones para casi todos los actores (empresas de apuestas, proveedores y usuarios), y, también, señala sanciones para quienes incumplan, lo que incluye no solo multas sino también bloqueos de páginas web e incluso sanciones penales.

En la práctica, este Proyecto de Ley exige que las empresas que quieran ofrecer juegos de apuestas por Internet a personas que viven en Perú tramiten una licencia de juego ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT) del MINCETUR. Para ello, tienen que cumplir muchos de los mismos requisitos que ya son exigibles a un casino o un establecimiento de tragamonedas. Estas obligaciones les aplicarían a los servicios por Internet, incluso si las empresas no tienen un local físico.

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Congreso busca crear el Sistema Peruano de Nombres de Dominio

En agosto, el congresista Percy Eloy Alcalá presentó el Proyecto de Ley N° 3169/2018-CR que propone la creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio, el cual estaría regido por un Consejo de Políticas encargado de gestionar el desarrollo del dominio .pe en el país. Dicha entidad estaría conformada por actores públicos y privados y buscaría reemplazar el esquema actual de gestión que mantiene la Red Científica Peruana (RCP).

Gestión del ccTLD.pe y el papel de la RCP

En Hiperderecho consideramos que la propuesta es positiva en la medida en que reconoce la importancia que tiene para el país el desarrollo del ecosistema alrededor de los nombres de dominio. En un artículo anterior explicamos con mayor detalle qué eran los ccTLD y los nombres de dominio, además de su importancia para la forma cómo funciona Internet. No obstante, hay algunos puntos de este nuevo Proyecto de Ley que necesitan ser revisados.

El Sistema Peruano de Nombres de Dominio que propone el Proyecto de Ley divide al ecosistema actual de actores en función de su participación directa o indirecta en la gestión del ccTLD.pe. En ese sentido, crea los siguientes roles:

  1. Consejo de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio
  2. Administrador del ccTLD .pe
  3. Órganos de resolución de controversias relacionados al ccTLD .pe
  4. Comercializadores de nombres de dominio del ccTLD .pe
  5. Usuarios de nombres de dominio del ccTLD .pe, comunidad nacional de
    Internet

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Congreso propone sistema de interoperabilidad electrónica para combatir la violencia contra la mujer

Este ha sido un año muy activo en términos de propuestas de ley relacionadas con la tecnología. Hace unos meses, la congresista Alejandra Aramayo presentó una iniciativa que busca crear un sistema electrónico para coordinar el trabajo de diferentes entidades del Estado en la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer. Este sistema busca hacer más sencillo también el proceso de denuncia y seguimiento de los casos por parte de las víctimas.

Sobre el sistema interoperable

El Proyecto de Ley N° 02888/2017-CR (PDF) presentado por la congresista Aramayo nos parece positivo, pues se suma a una corriente de esfuerzos por mejorar la situación de la mujer en el país y busca mejorar la capacidad del Estado para afrontar la violencia de género. No obstante, tenemos algunos comentarios acerca de la propuesta.

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Presentan Proyecto de Ley para crear un registro web de personas desaparecidas

Hace unos meses la congresista Estelita Bustos presentó un nuevo Proyecto de Ley en el Congreso para crear el portal web del Registro Nacional de acceso público para difundir la información de las personas desaparecidas. Mediante esta iniciativa se busca reemplazar un sitio web que actualmente es inaccesible y facilitar la labor de las autoridades, además de ofrecer herramientas a la ciudadanía para contribuir con la búsqueda e identificación de las víctimas.

¿Qué propone?

El Proyecto de Ley N° 02875/2017-CR propone crear un portal web del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que sea de acceso público para difundir la información de las personas desaparecidas y/o extraviadas, menores o adultas y las fallecidas no identificadas con la denominación de “NN.” También incluye a las personas internadas en nosocomios o institutos de salud mental y los que se encuentren privados de su libertad o no disciernen su identificación, con el fin de su inmediata localización.

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