By Carlos Guerrero

Ministerio del Interior apeló sentencia que le ordena entregar el protocolo de la Ley de Geolocalización

Hace poco comentábamos que una municipalidad había decidido apelar una sentencia en la que se le obligaba a hacer pública la lista de personas bloqueadas en sus redes sociales. Esta semana queremos cubrir otro caso similar, pero cuyo protagonista hemos mencionado muchas veces por un tema que varios recordarán: el Decreto Legislativo 1182, mejor conocido como la “Ley Stalker”.

Para quien no lo recuerde, la Ley Stalker es una norma vigente desde el 2015 que habilita a la Policía a solicitar el acceso de los datos de geolocalización de cualquier dispositivo móvil en tiempo real para combatir contra el crimen. Así mismo, obliga a los concesionarios de servicios de telecomunicación a crear un registro de los datos de sus usuarios hasta por tres años con el fin de hacerlos accesibles para la investigación de delitos.

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Muncipalidad de Lima apeló sentencia que le ordena entregar lista de usuarios bloqueados en Facebook

En octubre de 2017, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima resolvió en una sentencia que la Municipalidad de Lima Metropolitana estaba obligada a entregar a un demandante la lista completa de usuarios bloqueados en su página de Facebook. El caso fue largamente cubierto por la prensa pero, como pudimos corroborar con el demandante a principios de 2018, la Municipalidad ha apelado y será una segunda instancia quien dicte el veredicto final. ¿Qué implicancias tiene esto para nuestros derechos digitales?

A lo largo de los últimos diez años, son varias las sentencias, resoluciones y otros actos judiciales y administrativos que han resuelto (o creado) conflictos relacionados a Internet o a la forma cómo los peruanos la utilizamos. Por ejemplo, en 2010 existió toda una controversia sobre una sentencia que condenaba a un blogger por presuntamente haber compartido enlaces que llevaban a sitios con contenido difamatorio. Más adelante, en 2016 la Autoridad de Protección de Datos Personales sancionó a Google y parcialmente legitimó la controvertida doctrina del “Derecho al Olvido” en el país.

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¿De verdad SUNAT puede ver lo que publicamos en redes sociales?

El día 18 de enero, Víctor Shiguiyama, actual autoridad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), anunció que su despacho comenzará a emplear información de las redes sociales de los contribuyentes, con el fin de combatir la evasión tributaria. Para lograrlo, Shiguiyama afirmó que “han contratado matemáticos y físicos” que apoyarán las tareas de fiscalización y puedan cruzarse bases de datos más complejas.

Desde varios años, diferentes entidades del Estado vienen modernizando su gestión introduciendo nuevas tecnologías que buscar facilitar sus dinámicas internas para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos. En ese sentido, no resulta extraño oír que la SUNAT quiere sumarse a la ola de innovación, pero la medida anunciada ha levantado algunas preocupaciones respecto de hasta dónde puede llegar el Estado con el fin de cumplir sus objetivos; en este caso, el de atrapar a los evasores vía sus publicaciones en Facebook y Twitter o las fotos que suben a Instagram.

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Zombie TPP: Cuando un tratado comercial se niega a morir

Dicen que la moda de los zombies es cosa del pasado. Parece ser cierto, salvo cuando hablamos de tratados comerciales. En enero del año pasado anunciamos el fin del Acuerdo Transpacífico (TPP) luego del retiro de Estados Unidos por decisión del flamante presidente Donald Trump. Después de varios años de enfrentar una de las amenazas más grandes contra los derechos digitales, la mayoría de organizaciones en el Perú y en el mundo habíamos volteado a ocuparnos de otros problemas, con la tranquilidad que da la victoria. Pero lo cierto es que el TPP no estaba muerto.

La primera señal de que el cadáver todavía se movía fueron las declaraciones de intención de los países miembros luego del retiro de Estados Unidos. La perspectiva de haber pasado tanto tiempo negociando e incluso comprometiendo caudal político en vano no era una opción atractiva. Por otro lado, el lobby de las grandes industrias, que habían empujado de forma permanente el TPP, se mantenía activo y dispuesto a seguir con la presión. Finalmente, en varios casos, la firma del tratado formaba parte de algún plan o trama superior de los países participantes, cuyo abandono no podían permitirse de ninguna forma.

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Reglamento de la Autoridad de Transparencia impide el acceso a correos electrónicos de funcionarios

En el mes de setiembre, se publicó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353. Como se recuerda, dicho Decreto Legislativo creó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objetivo de incrementar el estándar de transparencia del Estado ante la ciudadanía. No obstante, en Hiperderecho ya habíamos comentado las limitaciones de la naciente entidad, que considerábamos una nueva oportunidad desaprovechada por parte del gobierno en su lucha contra la corrupción.

Sin embargo, no ha pasado mucho tiempo para que detectemos un nuevo mecanismo que entorpece esta lucha y que parece haber sido introducido de forma deliberada y maliciosa dentro del Reglamento. Nos referimos a una de las Disposiciones Complementarias Modificatorias, que modifica el artículo 16 del reglamento de la Ley de Transparencia para denegar de forma categórica el acceso a la información contenida en correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de funcionarios públicos.

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Perú vs. Amazon: un dominio en disputa

A finales de julio, varios medios de comunicación en Estados Unidos reportaron un hecho que ha revivido uno de los casos más controvertidos sobre nombres de dominio en Internet. ICANN había decidido negar a la empresa Amazon el registro del gTLD “.amazon” en favor de la postura del Comité de Asesoramiento Gubernamental, construida principalmente con los argumentos de los gobiernos de Perú y Brasil. ¿Pero de qué se trata todo eso? ¿Qué es ICANN? ¿Nombres de dominio?

Antecedentes

ICANN son las siglas en inglés para la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, una organización sin fines de lucro domiciliada en California (Estados Unidos) que desempeña un rol vital en el funcionamiento de Internet. Quizás la parte más visible de su trabajo tiene que ver con la forma en que navegamos por la red, haciendo uso de los nombres de dominio y las direcciones IP.

Todos los dispositivos (computadoras, teléfonos, etc.) conectados a Internet tiene una dirección IP única que está compuesta por números, la cual sirve para identificar dónde se encuentran. Todo el contenido que visitamos en Internet está almacenado en un espacio físico, generalmente un servidor, que también tiene una de estas direcciones. En sus inicios, para poder entrar a un sitio en Internet había que memorizar y escribir estas secuencias numéricas. Pero esto era poco práctico y años más tarde se decidió asignar un nombre a estas direcciones para que sea más fácil encontrarlos. Así nació el Sistema de Nombres de Dominio.

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Hiperderecho representa a la sociedad civil en Grupo de Ciberseguridad de CODESI

Como ya lo habíamos mencionado, Hiperderecho participa de la Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información con el fin de representar los intereses de la sociedad civil en las diferentes discusiones sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información. En ese sentido, el día martes 22 de agosto asistimos a la primera reunión del Grupo de Trabajo (GT) de Ciberseguridad, uno de los temas de mayor importancia en la actualidad.

Elegidos como representantes

Como ya se ha venido haciendo desde la reactivación de CODESI, la dinámica de la primera sesión consistió en una primera ronda de presentaciones de entidades públicas acerca del tema. Luego hubo un pequeño debate interno sobre los objetivos que debía tener el Grupo de Trabajo, destacándose entre ellos medir el alcance del trabajo que se produzca, hacer un análisis situacional de la Ciberseguridad en el país, e identificar actores involucrados. Finalmente, se eligieron representantes del sector público y privado. En el primer caso, fue elegida la Secretaría de Gobierno Digital-PeCERT y en el segundo; INICTEL-UNI, APESOL e Hiperderecho.

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LACIGF 10: Dinámicas que deben mantenerse y cambios urgentes

La semana pasada estuvimos en la décima edición del Foro Preparatorio Regional de Gobernanza de Internet (LACIGF) en Ciudad de Panamá. El LACIGF es el Foro de Gobernanza de Internet para Latinoamérica y el Caribe, en donde actores de estos países se reúnen para discutir sobre esta tecnología. El año pasado hicimos algunas críticas y planteamos nuestros puntos de vista sobre el LACIGF9 que se realizó en San José (Costa Rica) y este año hemos querido hacer lo mismo.

Sobre el evento

La logística del evento este año fue sobresaliente. Esto refleja el gran trabajo que realiza el Comité que elige la sede y también la calidad de las propuestas de las organizaciones locales. La ONG IPANDETEC, que organizó el LACIGF10, merece un reconocimiento especial por su gran trabajo.

Una buena logística es indispensable, pero no sería nada sin lo que da vida a estos espacios: los debates. Casi nunca se suele escribir sobre las dinámicas internas que genera la organización de un Foro de Gobernanza, pero tengo la impresión que allí radica su éxito o fracaso. El modelo de múltiples partes interesadas o multistakeholder es más que el cumplimiento de una serie de principios y de formas, más que un amplio auditorio lleno de cámaras o cócteles al final de la tarde. Es algo que está vivo y reproduce fielmente los contextos en donde se aplica.

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Presentan Proyecto de Ley para combatir la difusión de pornografía no consentida en Perú

Esta semana se ha presentado el primer Proyecto de Ley en el país que busca combatir una conducta cada vez más frecuente en el mundo: la difusión de pornografía no consentida o “pornovenganza”. Como afirma su promotor, el congresista José Marvin Palma (Fuerza Popular), la norma busca sancionar la difusión de imágenes, vídeos o audios con contenido sexual o erótico, sin consentimiento de las personas involucradas. Aunque esta idea está alineada con otros proyectos de regulación en la región y en el mundo que buscan combatir estos delitos, hemos detectado que la propuesta actual contiene algunas deficiencias que son urgentes de corregir.

¿Qué es la pornografía no consentida?

La pornografía no consentida puede ser entendida como todos aquellos registros (videos, imágenes, voz, etc.) que, sin importar cómo han sido obtenidos, se difunden a través de medios de comunicación masivos como Internet sin el consentimiento de los involucrados. Típicamente, estos actos tienen como objetivo causar un perjuicio a las víctimas al exponer detalles de su intimidad al público.

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Hiperderecho te muestra el Convenio que dio origen a la aplicación WachiTaxi

A fines de mayo, el Ministerio del Interior presentó una iniciativa novedosa dentro del marco de los esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana: la aplicación WachiTaxi, desarrollada por la empresa privada FIT. Esta aplicación para móviles busca emplear la tecnología para poder hacer más seguros los viajes en taxi, introduciendo algunos componentes de seguridad e interconectando sus funciones con la Policía Nacional. Si bien fue presentada y difundida a través de los canales oficiales del Ministerio del Interior, el concepto, desarrollo e implementación estuvieron a cargo de la empresa peruana For Innovation Technology Big Data S.A. (FIT).

Desde el primer día y hasta la fecha, se han planteado múltiples cuestionamientos acerca de WachiTaxi. Por ejemplo, están aquellos que cuestionan la arquitectura de la aplicación y su funcionalidad limitada para el usuario, quien podría encontrar complejo recordar dos contraseñas y sacarle una fotografía al conductor de cada taxi que toma. También los que argumentan que las políticas de privacidad de WachiTaxi no son claras y cuestionan que el Estado esté promoviendo una iniciativa privada sin mayor transparencia sobre cómo se usarán los datos generados o con quiénes se compartirán. Por su parte, los propios usuarios de la aplicación han dejado opiniones muy críticas en las plataformas de Google Play y en el AppStore de Apple.

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