Por: Gonzalo Croci*

El Decreto Legislativo No. 1182 o Ley de Geolocalización empezó a funcionar hace un año y medio, cuando se aprobó el texto secreto de su Protocolo de Aplicación. ¿Qué información han recibido los ciudadanos respecto a su utilización y a sus resultados? Por ahora, ninguna. Con el afán de solucionar este problema, Hiperderecho decidió tomar las riendas e investigar los casos donde se ha estado usando el mecanismo de geolocalización. En teoría, debería de existir coordinación entre las instituciones que forman parte del proceso de uso de geolocalización. Es decir, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían poseer la misma información refiriéndose, esto es: la misma cantidad de casos registrados, los tipos de crímenes, donde se han llevado a cabo, etc.

Sin embargo, para acceder a información pública en Perú es todavía necesario hacer trámites que recuerdan a las películas de espionaje de los ochentas, con papeleos que incluyen escribir cartas, rellenar formularios y encontrar la correcta mesa de partes en algún punto misterioso de la ciudad. Por suerte, Hiperderecho contó con la ayuda del congresista Alberto de Belaunde y su despacho para enviar solicitudes de acceso a la información a las entidades públicas involucradas. Vale hacer un breve paréntesis para recordar que el derecho de acceso a la información es protegido por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú y que es reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.

El pedido era simple: conocer la cantidad y tipo de casos en los que se ha usado el procedimiento especial de geolocalización tramitados por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Lamentablemente, los resultados obtenidos nos dejan más preguntas que respuestas.

Los hallazgos

La respuesta del Poder Judicial fue la más confusa. El despacho del congresista ha recibido respuestas de las cortes superiores y distritos fiscales de Perú en (i) diferentes formatos de presentación de los datos, lo cual hace muy difícil digerir la información y hacer una base de datos pertinente (es particularmente preocupante que no hay respuestas claras ni completas de las cortes de Lima ya que es ahí donde se producen la mayor cantidad de crímenes en el país), (ii) las respuestas han sido recibidas en una ventana de cuatro a cinco meses de diferencia lo cual hace muy difícil poder trabajar con datos actualizados, y, (iii) a la fecha de este artículo, no ha recibido respuesta de nueve de las treinta y tres cortes, habiendo transcurrido un año desde el pedido oficial.

La Policía Nacional envió detalles más claros y concisos, pero también incompletos. En ellos se reflejan la cantidad de casos en los cuales se ha usado geolocalización a nivel nacional. Se pudo extraer alguna información relevante, como por ejemplo que el pedido de acceso a geolocalización es mayormente usado en casos de extorsión, robo agravado, secuestros y homicidios y que los casos de extorsión representan el 80,3% de los pedidos de geolocalización. Lastimosamente, esa información no está desagregada por departamento, lo que hace imposible poder relacionar los casos que tiene la Policía Nacional con las respuestas del Poder Judicial.

Finalmente tenemos el caso del Ministerio Público, que no presentó la cantidad de casos que tienen de cada Corte Superior sino la cantidad de folios. Esto es, la cantidad de hojas que tienen sobre casos de geolocalización de cada corte (claramente, no era la información habiamos pedido). Los folios parecen más desordenados que lo presentado por el Poder Judicial. Un pedazo de información interesante que sí pudimos desenredar es que de los 472 folios que la Fiscalía tiene en total, aproximadamente la mitad de ellos provienen de los Distritos Fiscales de Lima. Aunque no es una confirmación, este dato nos insinúa que la mayoría de los casos de uso de geolocalización están en la capital del país.

Cifras que no cuadran

La Policía Nacional declaró en su informe que hasta octubre de 2016 había conocido de 737 casos de pedidos de uso de geolocalización. Hasta febrero del 2017, sumando todas las respuestas de las cortes superiores, el Poder Judicial tenía solamente 369 casos de pedidos de uso de geolocalización. Es decir, el Poder Judicial solo ha reportado la mitad de los casos que tiene la Policía Nacional en casi el doble de tiempo. Claramente, algo no cierra. Varias hipótesis se pueden desarrollar: (i) la Policía no está llevando todos sus casos al Ministerio Público y éste al Poder Judicial, desconociendo abiertamente su obligación legal; (ii) el Poder Judicial no tiene las herramientas o tecnología necesaria para procesar la información con la misma rapidez que la Policía, lo que significa que operan en automático; o, (iii) que simplemente nos faltan datos. Si es que nos faltan datos es porque no los han enviado, lo cual nos devuelve al punto cero de este artículo. En cualquiera de las hipótesis la situación es preocupante.

En una democracia, la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para controlar el ejercicio del poder y exigir cuentas a las autoridades. Sin estas, varios problemas pueden surgir siendo uno de los más significativos la corrupción. Según el Índice de Percepción de Corrupción 2016, Perú obtuvo un puntaje de 35/100 siendo 0 el peor puntaje posible. Se encuentra en la posición 101 de 176 a nivel mundial, muy por debajo de otros países de la región sumamente corruptos como Brasil (con escándalos como el Lava Jato donde 8.000 millones de dólares han sido “licuados” en un periodo de 8 años).

Lo que sí vuelve a saltar al descubierto es que Perú tiene un problema grave de transparencia y acceso a la información para con sus ciudadanos. Recordemos que la información fue pedida, nada más ni nada menos, por un Congresista de la República. Imaginemos qué respuesta obtendría un ciudadano común. Por ahora, con la información provista, es imposible saber si los diferentes órganos del estado se están controlando y si la Policía Nacional está haciendo los trámites correctos antes de usar la geolocalización. En pocas palabras, es imposible saber si nuestros derechos están siendo protegidos o sacrificados en vano.

Con más transparencia y acceso a la información, habría mayor control a los funcionarios públicos y al gobierno en general por parte de los ciudadanos, de las organizaciones civiles y de los medios de comunicación. Habría mayor control de los órganos del gobierno por parte de otros órganos del gobierno (algo que ya debería de estar ocurriendo pero al parecer no pasa). Se ahorraría mucho tiempo y recursos que el estado debería invertir en otras obligaciones esenciales. Además, y no por último menos importante, se serviría mejor al pueblo, que es la función del estado y no viceversa.

* Gonzalo Croci es Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y Máster en Políticas Públicas por la Hertie School of Governance de Alemania. Actualmente, trabaja en Hiperderecho como Google Policy Fellow 2017.