Un proyecto de ley presentado por Teófilo Gamarra busca facilitar el acceso a Internet obligando a todos los establecimientos públicos y privados a compartir su conexión inalámbrica local. La propuesta No. 4384/2014-CR también lleva la firma de los congresistas de Gana Perú Victor Isla, Johnny Cárdenas, Ruben Coa, Ruben Condolí, Leonidas Huayama y Eduardo Nayap. Aunque bien intencionado, el Proyecto carece de sustento legal o técnico y su aprobación significaría una afectación a los propietarios de establecimientos y consumidores en general. Estas son las razones por las que creemos que debe de ser rechazado.

El Proyecto se sustenta en el malentendido de que, dada su importancia para la sociedad, Internet debería de ser gratis para todos. En esa línea, se citan distintas declaraciones de organismos internacionales como Naciones Unidas para destacar la relevancia del libre acceso a Internet.[1] Para lograr la meta de la igual oportunidad de acceso, el Proyecto propone que todas las empresas e instituciones estatales “habiliten wifi gratuito, seguro y veloz en espacios de enorme afluencia de público”. La obligación propuesta alcanza tanto a entidades públicas como a establecimientos privados en todo el país que ya cuenten con Internet, sin distinción de tamaño o rubro. Además, se señala que el incumplimiento de estas obligaciones será supervisado por las municipalidades y tendrá sanciones de 1 a 10 UITs (S/. 3,850 a S/. 38,500).

La finalidad del Proyecto de Ley resulta loable: reducir las barreras económicas para que más peruanos se conecten a Internet. Sin embargo, lejos de ese objetivo, la medida propuesta demuestra un entendimiento superficial del problema y tiene una serie de efectos no deseados en el desarrollo del mercado de acceso a Internet, en el de productos y servicios y también para los consumidores.

Según la lógica del Proyecto, el problema de la conectividad se resolvería reduciendo el costo del servicio para las personas que ya viven en zonas con acceso a Internet. Por el contrario, como demuestran todas las cifras sobre conectividad, el auténtico problema del acceso es la falta de infraestructura de soporte que permita el acceso a Internet en general. La barrera más alta para el acceso a Internet no está en los lugares donde la red tiene contraseña sino en las zonas donde no existe infraestructura básica y, por ende, ni siquiera hay redes inalámbricas. La propuesta no hace nada por resolver este problema. De aplicarse, esta ley permitiría que un vecino de San Miguel o Lince pueda conectarse libremente a una red WiFi pero no haría nada para facilitar que otro en un distrito de Huánuco o Apurimac pueda hacerlo porque en esos distritos en general hay muy pocas conexiones fijas.

Lejos de ayudar a resolver el problema, el Proyecto podría dificultar más el acceso. Al obligar a compartir las pocas conexiones fijas que existen en una comunidad, se reduciría las posibilidades de que se contraten más y nuevas líneas de acceso fijas o móviles individuales. Al reducirse la demanda por el efecto de la compartición obligada, las empresas privadas de telecomunicaciones tendrían menos incentivos para tender más infraestructura, ofrecer precios competitivos o mejorar la calidad del servicio. A cambio, en los lugares donde realmente se necesita conexión tendríamos pocas conexiones altamente congestionadas sin perspectiva de mejora. De esta manera, se conseguiría exactamente le efecto inverso que se busca provocar: el que existan mejores condiciones y mayores oportunidades para acceder a Internet.

Adicionalmente, la propuesta también puede afectar a los consumidores de establecimientos privados y a los clientes de los mismos. Los costos en conexión y equipos que se originen por cumplir con esta obligación serán transferidos al consumidor a través de un incremento en el valor de venta de los bienes o servicios de ese local. Ello no solo reducirá la competitividad del mercado en general sino que castigará a los consumidores con menor capacidad adquisitiva o más sensibles al incremento de los precios. Los dueños de los establecimientos, por su parte, estarán obligados también a invertir en la seguridad de sus redes o se verán expuestos a una serie de riesgos informáticos derivados del libre acceso a su red local. Los establecimientos comerciales que actualmente ofrecen este servicio lo hacen voluntariamente con la finalidad de diferenciar su oferta y ser más competitivos. Ese es el esquema de incentivos de debería de seguir existiendo.

En todo el mundo, incluyendo nuestro país, existen experiencias exitosas de promoción del acceso a Internet a través de conexiones inalámbricas gratuitas o subsidiadas por publicidad. En este espacio, existen empresas privadas que brindan este servicio en distritos como Miraflores o San Isidro y es mucho más lo que el Estado puede hacer para promover la replicabilidad de estas prácticas. Según el principio de intervención subsidiaria del Estado en la economía, es precisamente en la zonas con menor poder adquisitivo en donde el Estado puede invertir en desplegar redes inalámbricas desde locales públicos como Municipalidades o Bibliotecas. Sin embargo, obligar con una regla estricta a todos los dueños de locales privados a compartir su conexión es una intromisión desmedida en la libertad comercial de estos negocios que, como se ha demostrado, no se justifica en una mejora en la calidad o condición de acceso a Internet del resto de los ciudadanos.

Es necesario que el Estado se preocupe por conectar a más personas a Internet en Perú. Nuestro país sobrevive una inmensa brecha digital en donde menos del 25% de hogares cuentan con acceso a Internet. Las soluciones que se planteen deben partir de reconocer los problemas más urgentes de nuestra sociedad. La iniciativa de la Red Dorsal de Fibra Óptica puede ser la pieza clave de este esfuerzo en los próximos años, permitiendo la llegada de infraestructura de banda ancha a sitios con escasa conectividad. Estamos en un punto de quiebre en el que necesitamos ampliar el mercado nacional. Los esfuerzos por el despliegue de infraestructura y la mejora de los programas educativos asociados al uso de tecnología no pueden ser obstaculizados por medidas como la que propone el Proyecto de Ley. ■

Foto: Gunes T (CC BY-NC-SA)