Por: Verónica Arroyo*

Marzo inició con otro capítulo en la no tan amable relación entre WhatsApp y la justicia brasileña. A inicios de este mes, la policía brasileña arrestó a Diego Dzodan, vicepresidente de Facebook en Latinoamérica, por haberse negado a cooperar con una investigación secreta relacionada al crimen organizado y tráfico de drogas. El juez de Sergipe señaló que en anteriores oportunidades se le habría pedido acceder a contenido de usuarios pero que tampoco habría prosperado; es así que la decisión de un arresto fue a sus ojos fue lo más idóneo. No obstante, al día siguiente otro juez que no compartía el mismo razonamiento decidió dejarlo en libertad, entendiendo que la decisión era de lo más desproporcionada. Durante todo el proceso, Facebook sostuvo que remitir ese tipo de información le era tecnológicamente imposible.

Desde octubre de 2014, Facebook es la empresa propietaria de WhatsApp. En aquellas fechas, parte de la controversia por la adquisición se centró en ver si se mantendrían los estándares de privacidad que WhatsApp tenía, que eran mucho más estrictos que los de Facebook. Así luego que se prometió que estos no se violarían, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) dio el aval para la adquisición.

Una parte central de la oferta de privacidad de WhatsApp es el uso de cifrado de extremo a extremo (end-to-end encryption) para tratar las comunicaciones de sus usuarios. Es decir, por la forma en la que funciona WhatsApp, sólo el remitente y el destinatario pueden leer los mensajes que se intercambian. Bajo este sistema, los servidores de la empresa no almacenan en texto plano, ni pueden leer o compartir con terceros los contenidos que los mensajes que sus usuarios envían o reciben. Por lo tanto, resulta válida la afirmación de Facebook cuando expresa que la solicitud de los tribunales brasileños es imposible de ser atendida. De allí que el arresto del vicepresidente resulte a todas luces preocupante y más aun si se recuerda que no sería la primera vez que se dan este tipo de decisiones. Ya en febrero de 2015, por una situación similar, WhatsApp fue bloqueado por unas horas, hecho que luego se repitió en diciembre pasado con una decisión de cierre de 48 horas, que luego se revocó.

Esta situación llena de medidas desproporcionadas que en su momento afectaron a miles de usuarios, al ser WhatsApp la aplicación más popular en Brasil, no hacen sino crear un escenario hostil. Por un lado, tenemos a una justicia que sin medir los alcances de la tecnología busca “cooperación” en sus investigaciones bajo cualquier medio. De otro lado, tenemos a una empresa tecnológica que debe verse obligada a cumplir, en ocasiones, en desmedro de la confianza cultivada con sus usuarios, como es lo que podría suceder en el caso entre Apple y el FBI.

La seguridad también está en Internet

Este tema va más allá, siendo los casos de WhatsApp y Apple sólo el inicio. No basta con verlo como un dilema entre la seguridad nacional y la privacidad de los usuarios. Es necesario entender que la seguridad por la que tanto lucha el Estado no sólo está en las calles sino también en Internet, y es ese espacio que viene siendo olvidado.

Conforme el número de usuarios de Internet aumenta día a día, también aumentan la cantidad de datos que los mismos generan. De esta manera, se crea un espacio plagado de información que puede ser tanto banal como sensible. Es por ello que las normas sobre privacidad y protección de datos cobran hoy protagonismo pues son una herramienta legal para tutelar la seguridad de la información que compartimos en Internet.

El Internet como espacio es el resultado de una fórmula que implica entre varios factores a la tecnología y a la confianza que el usuario deposita en ella. Es natural que se quiera que aquella confidencialidad que se generaba cuando uno contaba algo al oído del otro también pueda darse gracias a los avances tecnológicos (dígase: encriptación o cifrado). Así, para cultivar aquella confianza es esencial que los servicios que se ofrecen en línea brinden seguridad. Y es justo la seguridad de nuestras comunicaciones la que es atacada cuando son los jueces los que piden backdoors, sistemas no encriptados, entre otros bajo la amenaza de cerrar el servicio o, como en este caso, encarcelar al representante legal del servicio.

Es de entender que con estos pedidos se deja carta abierta a que en un futuro no sólo sea ilegal un sistema completamente cifrado, seguro y confiable sino además que el empleo de sistemas que rompen con el encriptamiento se haga habitual. De esa manera, cuando la seguridad queda en riesgo de desaparecer es posible imaginarse, a corto plazo, un escenario más perverso, donde acceder a un sistema seguro y confiable se torne más escaso y costoso.

* Verónica Arroyo es Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú.