Pocos años han traído tantos cambios para nuestras libertades digitales como este 2016. Para bien y mal, las autoridades peruanas han empezado a prestar más atención a lo que sucede en Internet. Esta interacción ha traído buenas ideas, como la anticipada creación de una autoridad de transparencia pública, y también desencuentros, como la prohibición del uso de Pokemon GO en un distrito de Callao. En todos estos debates, definitivamente nos ha faltado un ente rector de políticas digitales. Pero también se han extrañado criterios angulares para aproximarnos a estos problemas y la noción del diálogo de múltiples partes interesadas como ingrediente para tomar mejores decisiones en este espacio.

El nuevo gobierno se ha distinguido más por hechos aislados que por esfuerzos programáticos. Continuar el impulso a la red dorsal de fibra óptica y mejorar el marco legal para la digitalización de procedimientos administrativos son esfuerzos que ayudan a sentar las bases de un ecosistema digital más fluido. En menor escala, hacer por primera vez gratuito el acceso a las normas legales actualizadas le ha devuelto el color del rostro a nuestro país ante la comunidad internacional. Sin embargo, hasta ahora me da la impresión de que hay distintas iniciativas dentro de ministerios y agencias que siguen sin conversar entre sí. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción otorga subsidios a empresas tecnológicas que luego son usados en abogados y contadores que las ayuden a navegar el complejo marco regulatorio societario, laboral, tributario o de protección de datos aplicable una empresa de tecnología en Perú. De regreso, la escasa inversión y fiscalización a las Universidades públicas reduce considerablemente la oferta de talento capacitado para trabajar en estas empresas, aumentando sus costos de personal. Lo que el Estado hace con la mano derecha parece tener sin cuidado a su mano izquierda.

En muchos niveles de gobierno, la toma de decisiones púbicas en tecnología sigue siendo poco estratégica, donde importa más el informe de logística que la decisión política o la evidencia. La ONPE modificó tantas veces su propio Reglamento sobre Voto Electrónico que terminó quedando libre de cualquier obligación de rendición de cuentas, auditoría o escrutinio público de la solución. El Ministerio de Interior quedó deslumbrado con la promesa de la geolocalización de los proveedores de soluciones tecnológicas que no le importó analizar su efectividad, violar la Constitución o mentirle a la OEA para convertirla en ley. Mientras tanto, alguien en la Municipalidad de La Punta pensó que prohibiendo y decomisando teléfonos celulares iban a lograr que menos ciudadanos aprovechen sus espacios públicos.

Este año también asistimos al auge y caída de la Autoridad de Protección de Datos. La que, tras una serie de decisiones muy cuestionables (como ordenar al Diario Oficial dejar de aparecer en buscadores, prestarse a la intimidación de periodistas de investigación y sancionar a Google por negarse a remover resultados de búsqueda) ahora está siendo adecuadamente reformada, junto a la Ley de Protección de Datos, para dotarla un mandato más equilibrado. La futura Autoridad de Transparencia y Protección de Datos tendrá también el reto de hacer cumplir la Ley de Transparencia, una tarea actualmente perdida en juzgados con procesos de Hábeas Data que duran varios años.

Completando el panorama, el ente llamado a atender muchos de estos problemas y generar políticas públicas adecuadas parece enfrascado en discusiones partidarias. Con el Congreso anterior, se archivaron muchos proyectos de ley interesantes como el que planteaba modificar la Ley de Derechos de Autor para solucionar legislativamente los problemas de las sociedades de gestión colectiva como APDAYC. También se archivó el que planteaba cambiar el Decreto Legislativo 1182 para eliminar el acceso extrajudicial a información personal de los usuarios de telecomunicaciones. A cambio, este nuevo Congreso nos depara discusiones tan poco aterrizadas en la realidad como el Proyecto de Ley del congresista Lescano que quiere prohibir la difusión de cualquier tipo de pornografía a través de Internet hacia cualquier tipo de persona en el país.

En abril, participamos de un nuevo Foro Peruano de Gobernanza de Internet. No fue la primera vez que se realizaba un evento de este tipo y probablemente tampoco fue la mejor. Sin embargo, se trató del primer intento de organizarlo desde la comunidad, no desde el Estado. El reto de las siguientes ediciones será lograr incluir más puntos de vista del creciente escenario de organizaciones, empresas, activistas y políticos interesados en tecnología.

Es saludable que nuestras autoridades presten más atención a lo que pasa en el entorno digital. Como usuarios, ahora tenemos el reto de conocer nuestros derechos, educar a nuestras autoridades sobre ellos y hacerlos valer en cualquier escenario en el que estén amenazados. Por eso, en Hiperderecho hemos empezado este mes una consulta pública orientada a conocer cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad. Usaremos los resultados de esta consulta para escribir un informe que intente explicar estas preocupaciones y hacerlas sentir ante nuestras autoridades. No podemos esperar que nuestras autoridades cambien su actitud si no cambiamos la nuestra primero.

Foto: Presidencia de la República (CC BY-NC-SA)