La semana pasada les contamos cómo Indecopi había comprado un sofisticado equipo para acceder a la información contenida en celulares y tablets por más de 50 mil soles. En nuestro artículo, expresamos nuestra preocupación por permitir que instancias administrativas como la Comisión de Libre Competencia adquieran y operen sofisticados equipos de vigilancia electrónica más propios de la Policía o el Sistema de Inteligencia. En particular, nos preocupaba que no existan controles especiales o una política nacional sobre el uso de estos aparatos y que adquisiciones de este tipo podían empezar una tendencia hacia la militarización cibernética de la administración pública.

La carta de Indecopi

La Comisión de Libre Competencia, a través de su Secretario Técnico Jesús Espinoza Lozada, esa misma semana nos mandó una carta. En su comunicación, califica nuestros argumentos de “maliciosos” porque: (i) el equipo no sirve para interceptar comunicaciones; (ii) estas herramientas son necesarias para detectar cárteles de precios. Además, nos pidió que publiquemos una copia de su carta aquí para que todos puedan acceder a su versión de los hechos.

Descarga: Carta de Indecopi sobre publicación de Hiperderecho

Nuestra respuesta

La respuesta de Indecopi nos halaga y nos preocupa. Por un lado, nos complace saber que las entidades cuyo trabajo fiscalizamos prestan atención a lo que decimos. No por darnos importancia sino porque creemos que cuando hablamos de asuntos de este tipo es porque creemos que merecen una mejor discusión pública. Pero también nos preocupa porque el lenguaje de la carta revela una incomodidad con nuestro trabajo o con lo que decimos. Somos una organización de Derechos Humanos y nuestro trabajo es poner en debate cualquier amenaza o vulneración existente para los usuarios de tecnología en el país. Un equipo de espionaje electrónico de 20 mil dólares comprado por el Estado para ser usado por una oficina administrativa es un problema. Creemos que la ciber militarización de la administración pública es un asunto merecedor de una conversación pública, abierta y sincera.

Por eso, esta semana hemos enviado una carta de respuesta a Indecopi. En nuestra comunicación, precisamos el sentido exacto de nuestro artículo original. Nuestra críticas no tienen nada que ver con la necesidad de acceder a la información contenida en dispositivos móviles para la investigación y detección de cárteles. Por el contrario, son de orden operativa y cuestionan la pertinencia de que sea la Comisión la encargada de adquirir, custodiar y operar sofisticados equipos de extracción digital forense para tal fin. Además, aprovechamos para explicar mejor cómo funciona el equipo adquirido por Indecopi y cómo sirve casi exclusivamente para crackear (es decir, acceder sin autorización) a un dispositivo móvil.

Hubo una época en la que la única actividad de intervención de las comunicaciones era capturar información en tránsito (ej. chuponear un teléfono). Por la gravedad de estas actividades, nuestro Código Penal no solo penaliza su uso sino incluso su importación o posesión sin autorización. En cambio, en nuestros días casi toda la información como correos electrónicos o mensajes de WhatsApp viaja cifrada de extremo a extremo. Eso significa que interceptarla en tránsito es casi imposible. Sin embargo, mucha de esa información queda grabada en las computadoras, teléfonos celulares y tablets utilizadas para enviar o recibir mensajes, correos, o fotografías. Equipos como el que acaba de comprar Indecopi sirven precisamente para acceder a esa información “en reposo” grabada localmente en un equipo al que se tiene acceso. Increíblemente, no existe una política pública sobre qué entidades públicas y bajo qué condiciones pueden comprar y operar estos equipos. Esa es nuestra preocupación y ese es el sentido de nuestros comentarios.

Descarga: Respuesta de Hiperderecho a Indecopi