¿Dónde radica realmente nuestra sensación de inseguridad? Caminamos por la calle mientras somos observados por cámaras de vigilancia públicas y privadas. Nuestros desplazamientos, llamadas y datos de navegación por Internet son registrados también por las empresas de telecomunicaciones. Muchas operaciones diarias como hacer un depósito en el banco o comprar una línea telefónica requieren ahora de nuestra huella digital. Todas estas medidas, estos pasos adicionales que a veces son una verdadera molestia, han sido pensados con el fin último de hacernos sentir más seguros. En algunos casos por iniciativa propia, en otros por obligación legal, hemos ido cediendo poco a poco pequeñas parcelas de intimidad sin preguntar por qué o para qué. Nos hemos acostumbrado a pensar que el precio de tener seguridad es renunciar a una parte de nuestra privacidad.
Durante los últimos diez años, muchas políticas públicas en materia de seguridad ciudadana han consistido en sacrificar la privacidad de todos los peruanos casi de forma inopinada. Parece mentira pero hubo un tiempo no muy lejano en el cual la intervención de las comunicaciones era una situación de excepción, aplicable solo a delitos muy graves. También donde la información sensible de una persona como sus desplazamientos o huellas digitales eran casi inaccesibles a terceros. Como una ola imparable, las políticas de seguridad han borrado sistemáticamente las diferencias que se tenía sobre lo que es privado y lo que es público. El paradigma máximo de esta tendencia son ahora las “ciudades inteligentes” donde todo lo que pasa en el ámbito urbano es registrado y medido, y los “servicios inteligentes” como filtros que sirven para excluirnos y separarnos en base a nuestros datos. Hoy estamos más observados que antes. Corremos el peligro de acostumbrarnos a que en los próximos años solo vamos a continuar renunciando a nuestra privacidad.
Pese a todo a lo que hemos tenido que renunciar, los resultados son escasos. No existe evidencia generada en nuestro país de cómo las nuevas modalidades de vigilancia gubernamental masiva han ayudado a mejorar nuestra seguridad de forma sustancial. Tampoco existen mecanismos de supervisión y control diseñados para evaluar cómo impactan en nuestra vida cotidiana. Junto con ello, existe una retórica que busca deslegitimar los cuestionamientos, al extremo de considerar cualquier oposición como cuasi criminal. Esto no es extraño si se piensa que se ha llegado al punto en que los ciudadanos que aún poseen alguna expectativa de privacidad en sus vidas son aquellos que se encuentran en situaciones de marginalidad: indocumentados, analfabetos, personas sin acceso a la telefonía móvil o al crédito bancario, etc.
La privacidad para todos los ciudadanos es una excelente política pública de seguridad. Solo con tecnologías seguras y difíciles de interceptar, reglas claras sobre los límites que tienen las autoridades en nuestras comunicaciones, y criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad en la recolección de datos podremos tener seguridad. Seguridad de que nuestros datos no serán usados para extorsionarnos, la tranquilidad de que nuestros hábitos y preferencias no estarán en una base de datos estatal y la libertad de poder pensar, hacer y decir lo que querramos.
El debate nacional sobre cómo dibujamos el límite de nuestra privacidad es urgente. Todos los meses llegan proveedores tecnológicos extranjeros y traen con ellos modelos de vigilancia y “soluciones tecnológicas” reñidas con los derechos humanos. También aterrizan propuestas de política pública controversiales como el filtrado de contenidos en Internet, las cámaras de identificación biométrica, las tarjetas de identificación inteligentes, entre otros. En países tan cercanos como Ecuador, Venezuela o México este ya es un fenómeno tangible. Por la forma como se han dado las cosas, nada hace pensar que Perú no seguirá el mismo camino, que no seguiremos sacrificando más la privacidad en el altar de la seguridad, hasta que no nos quede nada.
En Hiperderecho, creemos que es necesario apreciar la evolución de reformas legales que han ido debilitando nuestra privacidad. Es oportuno también mirarlas críticamente e indagar sobre cómo afectan nuestra vida diaria. Por eso, gracias al apoyo de Privacy International, empezamos este mes nuestra serie Privacidad es seguridad donde miraremos en detalle varias de estas nuevas reglas.
Director Ejecutivo (2013-2021)
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).
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