Este año Perú aparece nuevamente en la lista elaborada por Estados Unidos como uno de los países cuyas leyes de propiedad intelectual afectan sus intereses comerciales. El controvertido Reporte Especial 301 fue publicado el mes pasado por la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, como lo viene haciendo todos los años desde 1989. Aunque el Reporte pretende reflejar la realidad sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en cada país, en la práctica constituye la plataforma de demandas que las empresas de contenidos y de farmacéuticos estadounidenses hacen llegar a su gobierno.

Como todos los años desde 1992, este año se ha vuelto a incluir a Perú en la lista de observancia (Watch List) junto a otros países como Bolivia, Brazil, Canadá, Colombia, México, entre otros. Sobre los puntos críticos que se han identificado para nuestro país, el Reporte señala:

Perú permanece en la Lista de Vigilancia en el 2015. Pese a que Perú ha realizado algunos progresos durante el 2014 para promover los derechos de propiedad intelectual y llamar la atención sobre este problema, Estados Unidos continua preocupado por la amplia disponibilidad de productos falsificados y pirateados en Perú. Estados Unidos continúa urgiendo a Perú a destinar recursos adicionales para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual, mejorar la coordinación entre las agencias encargadas de esta labor, mejorar sus controles fronterizos, y construir capacidades técnicas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual entre policías, fiscales y jueces. Estados Unidos también alienta a Perú a tomar acciones para promover el cumplimiento e iniciar procesos penales bajo la ley que criminaliza la venta de medicamentos falsificados. Adicionalmente, Estados Unidos urge a Perú asegurar la implementación de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú (TLC) sobre prevención del uso de software no licenciado en el Gobierno y sus obligaciones bajo el TLC y otros acuerdos para combatir la piratería a través de Internet. Perú también necesita clarificar sus protecciones para productos farmacéuticos biotecnológicos derivados. Estados Unidos espera con interés continuar trabajando con Perú para abordar estas y otras cuestiones, entre ellas a través de las negociaciones del TPP.

Como se aprecia, la principal preocupación de Estados Unidos está fuertemente enfocada en las reglas aplicables para las patentes de medicamentos y las infracciones cometidas a través de Intenret. Al respecto, resulta particularmente reveladora su declaración de trabajar para corregir (es decir, aumentar) este nivel de protección a través de las negociaciones de Acuerdo de Promoción Transpacífico (TPP).

Un reporte polémico

Desde sus primeras versiones, este Reporte ha sido duramente criticado por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil internacional por constituir una herramienta de intimidación de Estados Unidos hacia otros gobiernos por no imitar las partes más controvertidas de sus leyes de propiedad intelectual. La propia naturaleza del Reporte es discutida ya que Estados Unidos tiene mecanismos legales internacionales disponibles para discutir los niveles de protección existentes para los derechos de propiedad intelectual de sus nacionales. Por ello, la publicación anual de este Reporte siempre es recibida con reprobación por gobiernos y organizaciones de interés público. Por ejemplo, el Gobierno de Chile este año ha emitido una declaración oficial descalificando el Reporte porque “carece de criterios claros en virtud del cual cataloga a los distintos países, y más bien refleja el interés de la industria norteamericana de aplicar selectivamente sus estándares de propiedad intelectual a otros países”.

A inicios de año, Hiperderecho formó parte del grupo de organizaciones impulsado por la Electronic Frontier Foundation que hicieron llegar sus comentarios a la propia Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos sobre la pertinencia, enfoque y exactitud del Reporte. Específicamente, el documento llama la atención sobre la legalidad del reporte en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, la ausencia de un balance apropiado al evaluar el impacto que tiene para determinado país el contar con un régimen de derechos de autor flexible, la ausencia de una diferenciación clara en exigencias para países desarrollados y en vías de desarrollo, la arbitrariedad de la metodología aplicada para evaluar a cada país y deficiencias en el período de consulta previa a su elaboración.

En la parte especial sobre Perú, explicamos cómo nuestro país ya cuenta con provisiones legales específicas incluso penales para la infracción de los derechos de propiedad intelectual y también para prevenir el uso de software no licenciado en el Estado. Además, se citan las recientes reformas legislativas en materia de derechos de autor a favor de un mejor sistema de bibliotecas públicas o la reforma pendiente de aprobación que incluye la ampliación de los usos permitidos de obras protegidas por derechos de autor.

La repuesta: Reporte Especial 404

Además de los comentarios enviados a la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, este año la Electronic Frontier Foundation ha elaborado su propio Reporte Especial 404. En respuesta al Reporte Especial 301, este reporte intenta mostrar la foto completa mostrar los aspectos que el Reporte del gobierno estadounidense omite. Así, lista una serie casos de estudio que ilustran los problemas existentes en las leyes y la aplicación de los derecho de propiedad intelectual en todo el mundo y que ponen en peligro los derechos humanos. Lleva el nombre de Reporte Especial 404 a propósito del código de respuesta estándar HTTP para cuando un servidor no puede encontrar la información que ha sido solicitada.

El Reporte Especial 404 destaca casos de Canadá, Chile, Pakistán, Romania, Colombia y Rusia. Resulta particularmente llamativo el caso de Diego Gomez, un biólogo colombiano que afronta un proceso penal por haber compartido el enlace a una trabajo de tesis publicado por un colega a través de Facebook y puede ser condenado hasta ocho años de cárcel. El Reporte invita a analizar esta experiencia de cara a las constantes demandas de Estados Unidos de aumentar las penas de cárcel y el número de procesos por infracción a la propiedad intelectual. Puede leerse más sobre este y otros casos del Reporte 404 desde la página web de la Electronic Frontier Foundation.