¿Qué ha pasado este año con las políticas públicas en tecnología en Perú? Mucho, en términos de cambios estructurales. Pero en torno a cambios reales o de coherencia también podría decirse que muy poco. Detrás del ruido de una serie de iniciativas desconectadas hoy se distingue el de la crisis política reciente, que ha agregado un símbolo de interrogación a cualquier conclusión sobre lo que pasó institucionalmente en nuestro país este 2017.

Una de las grandes tendencias del año ha sido el esfuerzo de reformulación institucional. La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, bajo la dirección de Lieneke Schol, se transformó en la Secretaría de Gestión Digital para asumir el liderazgo del Sistema Nacional de Informática. En paralelo, el Ejecutivo continuó el plan de convertir darle al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ahora tiene competencia sobre Tecnologías de la Información pero la iniciativa continúa sin materializarse. De aprobarse, antes que un ente rector tendríamos dos: la SegDI se encargaría de todo lo que tiene que ver con tecnología dentro del aparato estatal y el Ministerio haría lo propio hacia afuera. Este año también marcó el reagrupamiento de la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) y el fortalecido Foro Peruano de Gobernanza de Internet con el reto que conlleva encontrarle un rol en el creciente ecosistema. En ese sentido, la reciente aprobación de la Política 35 del Acuerdo Nacional apunta en el sentido correcto pero todavía falta mucho para poder dotarla de acciones. Así, queda la impresión de que en el arreglo institucional final todavía hay mucho por definir en términos de roles. Por ejemplo, cierta forma del Plan Nacional de Ciberseguridad está siendo desarrollado al mismo tiempo por la SegDi y por CODESI, sin que exista coordinación sustantiva entre ambos.

Este 2017 también se ha sentido que las políticas públicas en tecnología se limitan exclusivamente a modernización del Estado y de la infraestructura de comunicaciones. No encontramos una visión firme de Derechos Humanos transversal a la toma de decisiones sobre tecnología en el país. Mucho menos apreciamos una dimensión tecnológica a muchas de las decisiones sobre derechos fundamentales como el acceso a la información pública. Así, por ejemplo, decisiones como la creación de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información en el Ministerio de Justicia no han terminado por darle una dimensión digital a este derecho. Por el contrario, modificaciones de contrabando a la Ley de Transparencia han terminado reduciendo su ámbito de aplicación en el entorno digital.

La ciberseguridad también ha sido un tema dominante del 2017, aunque nuevamente su debate se ha visto injustamente circunscrito a un ámbito pequeño. Sabemos que el PeCERT y el Ministerio de Defensa llevan a cabo valiosas intervenciones para gestionar el riesgo informático en nuestro país. Sin embargo, no hay una visión estratégica para prevenir ese riesgo en otros ámbitos. La creación de bases de datos informáticas masivas con información personal de libre compartición entre el estado hoy parece el modelo por defecto de cualquier programa público. En Hiperderecho, hemos detectado y reportado grandes filtraciones de datos personales en el INEI y en SUNEDU como resultado de un descuidado planeamiento en términos de ciberseguridad de iniciativas de modernización estatal. Que una entidad administrativa fuera del Ministerio del Interior o de Defensa adquiera un equipo de 20 mil dólares para intervenir teléfonos celulares sin que a nadie le preocupe es un ejemplo de qué tan lejos puede llegar esta actitud despreocupada respecto de la seguridad informática.

En el Congreso, también ha sido un año mixto. Hemos visto con preocupación nuevas iniciativas legislativas que castigan el uso de tecnología o que intentan crear regímenes especiales para el emprendimiento tecnológico sin entenderlo. También iniciativas valiosas como la ley contra la difusión de fotografías privadas o la mesa de trabajo contra la violencia de género en línea. Sin embargo, en el vortex de cálculos y frentes que es el Congreso mucho de esto no ha recibido la atención que merece ni la participación de otras partes interesadas. En general, prima todavía la mentalidad de que una sola ley va a solucionar un problema complejo sin atender su realidad social o tecnológica.

Es imposible hacer un balance del año sin mencionar la accidentada sucesión de hechos de las últimas semanas. Hiperderecho se define como una asociación no partidaria. En ese sentido, nuestra única adscripción es la legalidad y creemos que los hechos de las últimas semanas ponen en riesgo el Estado de Derecho en general. Las rencillas políticas, los negociados en secreto y la abierta deshonestidad de nuestros gobernantes marcan el debilitamiento de nuestro sistema democrático. Es imposible pensar en un país donde los ciudadanos aprovechan la tecnología para desarrollar su máximo potencial si no se pueden resolver los problemas más básicos de sus instituciones. Desde ese punto de vista, hoy estamos peor que hace dos meses y en muchos sentidos hemos desandado todo lo que logramos este 2017.

Precisamos un marco legal coherente y consensuado en donde las diferentes partes involucradas hayan encontrado un espacio a través de la cual los desarrollos en materia de desarrollo digital puedan avanzar independientemente de la coyuntura política. Otro camino podría hallar grandes resistencias además de atentar contra garantías constitucionales y escenarios donde del debido proceso está involucrado. Es por eso que consideramos que este es un año crítico para la definición de lo que queremos en el futuro en materia de desarrollo digital.