Etiqueta: privacidad es seguridad

Ley de Protección de Datos y seguridad ciudadana

Existen actualmente diferentes excepciones a la ley de protección de datos peruana que impide a los ciudadanos ejercer su derecho a controlar la forma cómo se trata su información personal para fines de seguridad ciudadana. 

1. ¿En qué consiste?

Las leyes de datos personales suelen ser creadas con el fin de establecer las condiciones bajo las cuales se recopila y almacena información de carácter personal, así como quiénes están autorizados para hacerlo y cuáles son los derechos que tienen los titulares de dichos datos. El objetivo es generar un ecosistema de confianza que permita el uso de esta información, sin que se vulnere el consentimiento o la privacidad de las personas. En algunos casos las leyes otorgan la posibilidad de que el tratamiento de los datos se realice solo con autorización previa, pero en algunos casos puede realizarse por mandato legal.

En el Perú, desde el año 2011 se cuenta con una ley de protección de datos personales que tiene como objetivo proteger el uso de la información de las personas. En ella se recogen los escenarios bajos los cuales se autoriza su recopilación y tratamiento, así como los derechos que tienen los titulares que son: Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Existe también una Autoridad Nacional de Protección de Datos encargada de supervisar el cumplimiento de esta norma. Sin embargo, también existen excepciones contempladas en dicha ley. Una de las más amplias es la que autoriza a las entidades públicas a tratar datos personales de los ciudadanos sin necesidad de consentimiento y con reglas poco claras sobre su tratamiento posterior.

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Intervención legal de las comunicaciones

Durante la investigación de casi cualquier delito, la Policía y el Ministerio Público pueden acceder al contenido de nuestras comunicaciones mediante autorización judicial

1. ¿En qué consiste?

La intervención de las comunicaciones y sus datos derivados forman parte de las políticas públicas implementadas con el fin de facilitar la prevención e investigación de los delitos. Las normas de este tipo sirven para crear un marco legal bajo el cual, en determinadas circunstancias y con límites previamente establecidos, entidades como la Policía Nacional o el Ministerio Público pueden solicitar el acceso a las comunicaciones, incluso en tiempo real, así como el almacenamiento de sus datos derivados para consulta posterior.

En el Perú también existen normas que permiten la intervención de las comunicaciones en el transcurso de la investigación de un delito, recogidas en el Código Procesal Penal. Estas medidas, que tienen carácter de extraordinarias, deben ser solicitadas al juez competente, quien determina de qué manera y por cuánto tiempo se permite la intervención a una o varias personas.

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Sistema nacional de inteligencia y privacidad

1. ¿En qué consiste?

Hoy en día es casi imposible encontrar un país que no cuente con una estrategia de Seguridad Nacional, que está destinada a prevenir la interrupción del gobierno nacional, combatir las amenazas internas o externas y asegurar la prestación de servicios públicos para la población. Dentro de este esquema, las leyes de inteligencia son herramientas muy útiles pues permiten a las fuerzas públicas , recabar información de forma lícita, aún cuando para ello se empleen medidas que en otros casos podrían resultar ilegales.

En el Perú existe un marco legal de acción de los servicios de inteligencia, tanto a nivel de la Policía como de las Fuerzas armadas. Por regla general, estas normas solo se aplican en casos muy específicos, todos ellos relacionados a la Seguridad y la Defensa Nacional. Para los demás casos, como la investigación de delitos comunes, las normas de inteligencia no deberían ser aplicables. Sin embargo, en el caso peruano las reglas no son tan claras, lo que permite un rango de acción muy amplio.

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Identificación biométrica obligatoria

Adquirir una línea de teléfono, tramitar el DNI electrónico o hasta vender un auto a través de una Notaría requieren verificación biométrica obligatoria

1. ¿En qué consiste?

El empleo de la identificación biométrica es una práctica que busca incrementar la eficacia de la identificación de personas con diferentes fines: desde la prestación de servicios, hasta la investigación criminal. Desde el punto de vista de las políticas públicas, son una herramienta que añade una capa tecnológica a un proceso ampliamente utilizado por entidades públicas y privadas a la hora de ofrecer productos y servicios.

En Perú, la implementación de la biometría inició con el propósito de servir a los procesos de identificación de personas liderados por RENIEC. Posteriormente la identificación biométrica pasó a formar parte central de diferentes esquemas de registro y verificación con fines de seguridad ciudadana, especialmente para evitar los delitos contra el patrimonio y la fe pública, como el robo, el hurto, los fraudes, etc.

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Registro obligatorio de tarjetas SIM

Para poder adquirir el servicio de telefonía móvil, ahora es obligatorio acudir a un centro de atención y colocar la huella dactilar en un identificador biométrico

1. ¿En qué consiste?

El registro de datos personales de quienes adquieren una tarjeta SIM o chip telefónico generalmente se implementa para establecer un control que permita regular diferentes aspectos relacionados a las comunicaciones. Por ejemplo: asegurar la calidad del servicio, conocer el número de usuarios de una compañía, prevenir el fraude o suplantación de personas, etc. También es una herramienta utilizada para prevenir y perseguir los delitos pues abre la posibilidad de que el Estado atribuya a una persona cada línea telefónica móvil y tenga acceso a los metadatos o al contenido de las comunicaciones.

En el Perú, desde el año 2004 es obligatorio que los operadores de servicios de telecomunicaciones registren los datos personales de sus usuarios, cuando estos adquieren sus servicios. Esto incluye a los que adquieren el servicio de telefonía móvil, con lo que los sim card o chips que reciben están asociados a sus datos. Progresivamente dicho registro ha ido incorporando cada vez más información y actualmente exige que también se recolecten datos biométricos que son exigidos a la hora de registrar líneas nuevas o recuperar las perdidas, salvo excepciones.

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Acceso al registro de celulares sin orden judicial

La lista de equipos móviles y la identidad de sus titulares de todo el país está en poder del Estado y la Policía Nacional puede acceder a ella sin contar con una orden judicial que lo permita.

1. ¿En qué consiste?

El acceso a registros o listas creadas por mandato legal por parte de entidades del Estado es una práctica común en muchos países. Como política pública, esta es una herramienta que sirve con diferentes propósitos. Por ejemplo: fiscalizar una actividad regulada, asegurar el funcionamiento de un servicio, ofrecer seguridad jurídica para las transacciones, etc. En algunos casos, también sirven con el propósito de prevenir y perseguir los delitos, como es el caso de los registros relacionados a las comunicaciones.

En el Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias que aprueban registros y listas de todo tipo, incluyendo también los registros de las comunicaciones. Una de estas listas es el RENTESEG, un registro nacional de celulares asociados a los datos personales de sus titulares. Además de permitir el bloqueo en caso de robo o pérdida, este registro virtualmente puede permitir el acceso a esta información a la Policía aun sin contar con las garantías de un mandato judicial.

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Registro obligatorio de celulares

Todos los equipos móviles que van a ser utilizados en el país tienen que estar registrados junto con los datos de sus dueños en una lista controlada por el Estado o serán bloqueados

1. ¿En qué consiste?

La creación de registros o listas suelen servir al propósito de dar seguimiento a diferentes elementos: actividades, comportamientos, transacciones, etc. Desde el punto de vista de las políticas públicas, son una herramienta ampliamente utilizada en muchos campos (el comercio, la seguridad, la identificación) para ejercer control sobre estos elementos con el fin de fomentarlos, restringirlos o prohibirlos. Así mismo, la forma en que se almacenan y operan estos registros o listas puede recaer tanto en entidades públicas como privadas y ser de acceso público o restringido.

En Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias que aprueban registros y listas de todo tipo, desde los registros públicos de propiedad hasta las listas de beneficiarios de programas sociales. Si bien existe un legítimo interés en que algunos de estos registros estén disponibles y sean públicos, también hay otros cuya existencia compromete seriamente la privacidad. Entre estos últimos destacan especialmente los registros de objetos de uso cotidiano, como los teléfonos móviles, que se implementan con varios fines, entre ellos la seguridad ciudadana.

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Retención de datos

Las compañías que ofrecen servicios de telecomunicaciones deben almacenar los metadatos durante tres (3) años

1. ¿En qué consiste?

El almacenamiento datos derivados de las telecomunicaciones o “metadatos” es un elemento constituyente de las políticas públicas de recolección de datos derivados de las comunicaciones. Estas normas se implementan con el fin de emplear la información almacenada para facilitar la investigación de los delitos, aunque también se pueden emplear para la ubicación de personas desaparecidas, el seguimiento de actividades posiblemente delictivas, la represión de activistas y líderes de movimientos sociales, entre otros.

En Perú existen diferentes leyes y reglamentos que hacen obligatorio el almacenamiento de datos y metadatos derivados de las comunicaciones, lo que incluye: el contenido mismo de las comunicaciones, su origen geográfico, frecuencia, los datos de navegación, etc. Por regla general, cuando se necesitan durante la investigación de un delito, esta información solo es accesible para la Policía Nacional del Perú y/o el Ministerio Público luego de haber obtenido un mandato judicial. Sin embargo, también existen normas que permiten un acceso excepcional sin mandato judicial.

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Geolocalización

La geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real puede ser obtenida sin mandato judicial previo por la Policía

1. ¿En qué consiste?

El acceso a metadatos o datos relacionados con nuestras comunicaciones (hora, lugar, identidad de los participantes) es parte de las políticas públicas de vigilancia gubernamental más populares de nuestra era. Estas políticas se implementan con el fin de obtener información en tiempo real que facilite principalmente la investigación de los delitos, pero también se pueden emplear para la ubicación de personas desaparecidas, el seguimiento de actividades posiblemente delictivas, la represión de activistas y líderes de movimientos sociales, entre otros.

En el Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias que permiten el acceso a datos y metadatos derivados de las comunicaciones, lo que incluye: el contenido, la ubicación, la frecuencia, los datos de navegación, etc. Por regla general, esta información solo es accesible para la Policía Nacional del Perú y/o el Ministerio Público luego de haber obtenido un mandato judicial. Sin embargo, también existen normas que permiten un acceso excepcional sin mandato judicial.

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Videovigilancia urbana

La instalación de cámaras y la entrega de grabaciones a pedido de la Policía son obligatorias a nivel nacional

1. ¿En qué consiste?

La videovigilancia es una tecnología de vigilancia operada a través de cámaras de video cuyo propósito es llevar un registro permanente o semipermanente de los acontecimientos que ocurren en los lugares en que estas se encuentran instaladas. Como herramienta de política pública, la videovigilancia consiste en ordenar el despliegue de dichas cámaras en lugares públicos estratégicos con el argumento de que su presencia ayuda a prevenir y luchar contra la delincuencia, y también facilita la investigación de los delitos.

En el Perú existen diferentes leyes y disposiciones reglamentarias sobre las cámaras de vigilancia. La mayoría de ellas regulan en qué lugar es obligatorio colocarlas, quiénes son los encargados de hacerlo y cuál es el procedimiento para que las grabaciones sean entregadas a la Policía Nacional del Perú y/o al Ministerio Público en el curso de una investigación criminal.

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