Por: Carlos Guerrero*

El jueves 26 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ordenó por consenso la designación de un relator especial que tendrá la tarea de investigar y producir informes acerca de la situación en materia de respeto al derecho de la privacidad alrededor del mundo, con especial énfasis en los entornos digitales.

Esto no solo es un hito en cuanto a la revalorización de la privacidad como derecho fundamental, en un mundo en donde Internet ha penetrado casi todos los ámbitos de desarrollo y expresión humana, sino también una respuesta esperada por cientos de organizaciones defensoras de las libertades digitales, incluyendo Hiperderecho, que habían enviado una carta a este Consejo pidiendo la creación de este puesto (PDF).

Y aunque es cierto que todavía debemos esperar a la elección del relator y a su primer informe para calibrar el impacto real que tendrá esta decisión sobre los casos más recientes de violaciones a la privacidad realizadas por diferentes gobiernos, desde aquí queremos arrojar algunas luces acerca de lo que esto significa para el contexto latinoamericano.

¿Cómo vamos en cuanto al respeto a la privacidad en Internet en Latinoamérica?

Para poder saber cómo nos afecta la decisión de la ONU, es necesario analizar la situación actual en la que nos encontramos. Para ello, vale la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿Nuestros gobiernos son respetuosos de nuestra privacidad? ¿Tenemos leyes que regulen la actuación del Estado en materia de vigilancia, intervención de las comunicaciones y protección de datos personales en Internet? ¿Existen casos de espionaje ilegal a ciudadanos por parte del gobierno?

Las respuestas a estas preguntas varían dependiendo del país que se analice. Es increíble notar cómo dentro del espectro de actuación de los gobiernos podemos encontrar desde los ejemplos menos lesivos para la privacidad en Internet hasta los que han impuesto (o pretenden imponer) modelos restrictivos y claramente violatorios a dicho derecho.

Por ejemplo, en Paraguay hasta hace poco estuvo en discusión la aprobación de un proyecto de ley que ha sido bautizado como “Pyrawebs” y que buscaba obligar a los proveedores de Internet a retener la información de datos de tráfico de sus usuarios durante un año con fines de combatir la criminalidad. Esta iniciativa, que había sido calificada por la sociedad civil como una medida desproporcionada que afecta la privacidad de todos los paraguayos, fue finalmente rechazada por el parlamento.

En Argentina la polémicas está sobre el SIBIOS, un sistema de identificación biométrica que pretende acaparar la información de todos los ciudadanos argentinos con el pretexto de (otra vez) luchar contra el crimen. De igual forma, tanto este país como Uruguay y Colombia, han adquirido recientemente costosos equipos de interceptación de comunicaciones que, sin control adecuado, ponen en riesgo el ejercicio de los derechos en Internet.

En tanto Chile, que se caracteriza por tener políticas claras y amigables en torno a los derechos digitales, tiene hoy entre sus normas a algunas que permiten que organismos del gobierno accedan a los datos de sus ciudadanos con un mínimo control judicial.

Si vamos más al norte, encontraremos que Venezuela —que atraviesa serios problemas de institucionalidad y cuestionamiento a sus políticas de gobierno— ha incrementado los niveles de censura, bloqueo y bajada de contenidos en Internet casi a discreción. De la misma forma con Ecuador, que parece seguir la misma línea.

México no se salva tampoco de las iniciativas del gobierno para censurar contenidos, establecer obligaciones de almacenamiento de información a los proveedores de servicio y acceder más fácilmente a la información de los usuarios en Internet con motivos de persecución penal.

Y finalmente llegamos al Perú, en donde casos como el espionaje de la DINI, la posible firma del TPP sin previo debate en la sociedad y una serie de sentencias judiciales y administrativas e incluso leyes lesivas para el ejercicio legítimo de los derechos en Internet nos hacen ver que temas como la defensa de la privacidad de los ciudadanos no son una prioridad para el gobierno. Y es quizás en eso que se parecen la mayoría de los países, en la falta de una defensa y promoción desde el Estado de los derechos humanos que se expresan en el mundo digital.

Siendo este el escenario actual, creemos que la decisión de la ONU marcará una suerte de rumbo que debería guiar las acciones de los sucesivos gobiernos de Latinoamérica sobre esta materia en pro de una sociedad más libre y más justa. La tarea de asumir ese reto queda en sus manos y la de fiscalizarlo en las nuestras.

Carlos Guerrero es Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colaborador de Hiperderecho.

Foto: United Nations Photo Library (CC BY-NC-ND)