Como parte de nuestra campaña Contra el Decreto Legislativo 1182, hoy publicamos un reporte completo sobre el mecanismo de geolocalización y su impacto en el proceso penal. A lo largo de sus veinticuatro páginas, este informe analiza en detalle las implicancias del nuevo mecanismo de acceso a datos de geolocalización en el contexto de sistema procesal penal que existe en nuestro país.
El documento aporta una muy necesaria mirada crítica al mecanismo de acceso a datos de geolocalización sin orden judicial creado por el Decreto Legislativo 1182. Entre sus conclusiones, destaca la comprobación de que el Decreto Legislativo 1182 establece un procedimiento de investigación policial que vulnera derechos fundamentales y que, en consecuencia, genera prueba prohibida que no podrá ser empleada en el proceso penal. Así mismo, se discute la viabilidad de la aplicación de la figura de flagrancia cuando se trata de llamadas telefónica o uso de dispositivos móviles en los términos del Código Procesal Penal. El informe también analiza el conflicto de roles entre la Policía y del Ministerio Público que se genera a propósito de este mecanismo, dejando a la Policía con mayor poder para acceder a información que el propio Fiscal.
El reporte ha sido elaborado por Ricardo Elías Puelles, abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y un colaborador frecuente de Hiperderecho. Será presentado el próximo jueves 26 de mayo en un conversatorio gratuito en la Universidad Mayor de San Marcos.
Descargar: Ricardo Elías Puelles – Decreto Legislativo 1182, Geolocalización y Proceso Penal
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