El último Foro Latinoamericano de Gobernanza de Internet (LACIGF) fue un excelente ámbito para compartir realidades locales en un contexto regional. Representantes de todos los sectores y todo el continente se presentaron a esta cita para compartir las buenas prácticas y los proyectos que buscan mejorar el entorno digital. También se compartieron preocupaciones comunes: el avance de iniciativas que amenazan un internet libre, segura y democrática.

Son varias las iniciativas que ponen en velo las libertades y derechos que podemos ejercer en entornos online u offline: el bloqueo de Whatsapp o las propuestas de modificación al Marco Civil y al Comité Gestor de Internet (CGI) en Brasil, la desproporcionada Ley de protección de contenidos en Paraguay, las probadas compras de software malicioso en México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, el Decreto Legislativo 1182 o Ley de Geolocalización en Perú, políticas de “ciberseguridad” que no se adecuan a estándares de derechos humanos o políticas que avasallan la privacidad y seguridad de las personas a través de reglas a favor de la retención masiva de datos personales o en contra del cifrado, entre otras.

Trabajar en equipo

En el Foro y en eventos paralelos se presentaron muchos trabajos realizados por la sociedad civil latinoamericana. La Fundación Karisma de Colombia presentó su informe “¿Cómo se contrata en América Latina el acceso a internet?”. En este informe participaron también organizaciones como TEDIC de Paraguay, IPANDETEC de Panamá, R3D de México, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y Apertura Radical de Ecuador. Este informe analizó las ofertas comerciales publicadas por los principales prestadores de servicios de internet tanto en la modalidad fija como móvil de dicho países. También se revisaron las regulaciones locales para cotejar si tales ofertas garantizaban el principio de neutralidad de red.

Otro informe presentado fue el proyecto “Examinando los Derechos y las Libertades en Internet en Latinoamérica (ExLILA)” que APC preparó junto a Derechos Digitales de Chile, R3D de México, Sula Batsú de Costa Rica, Fundación Karisma de Colombia y TEDIC de Paraguay. Este proyecto “busca conocer el estado de las libertades en internet en la región, fortalecer las capacidades de organizaciones, movimientos sociales, y otros actores de la sociedad civil, como también la acción de los gobiernos y sector privado para la promoción y protección de derechos y libertades en internet, y medir el avance de ellos en cada país”. También, denota el espíritu de la región en analizar distintas políticas con una perspectiva de derechos humanos, un enfoque local y una revisión regional.

Otro ejemplo de trabajo en equipo que se pudo compartir fue el elaborado por Derechos Digitales de Chile y Asociación por los Derechos Civiles de Argentina. En este informe revisaron de manera comparada los resultados de investigaciones sobre políticas de ciberseguridad y vigilancia en línea en sus países, desde un enfoque de derechos humanos e interés público. Presentaron un interesante análisis histórico de casos e institucionalidad de la vigilancia estatal que bien puede replicarse en otros países de la región.

Estos reportes no fueron los únicos. Sin embargo, demuestran cómo pueden abordarse problemáticas locales desde una perspectiva regional. Todos nacieron desde la sociedad civil y representan la defensa de un internet libre, segura y democrática. Además, enfocaron sus análisis en defensa de los derechos humanos, poco considerados en la mayoría de las regulaciones de América Latina. Son un ejemplo de cómo el trabajo y la colaboración entre organizaciones de distintos países pueden dar excelentes resultados.

Un sector egoísta

A nivel local, existe una deficiencia para interactuar de manera colaborativa entre los distintos sectores. El modelo de gobernanza de Internet promueve un ejercicio inclusivo para que todos los actores interesados participen de las tomas de decisiones que modelan la evolución y el uso de Internet. El sector público, el sector privado, la comunidad técnica, la academia y la sociedad civil deben involucrarse conjuntamente para poder compartir sus habilidades y así generar las mejores políticas públicas en lo que respecta al mundo digital.

Si bien casi todos los países de la región tienen sus foros locales de gobernanza de internet, son pocos los que promueven este modelo “multistakeholder”. Es raro encontrar un órgano intergubernamental que permita a sus actores participar, incidir y resolver asuntos de la vida política. Podríamos citar el caso del CGI de Brasil, pero lamentablemente hoy está en duda su continuidad.

Así como está planteado el panorama, es difícil desarrollar buenas prácticas. La falta de espacios de colaboración y la poca interacción entre los sectores, terminan por presentar iniciativas y políticas públicas desproporcionales o abusivas, que rozan la ilegalidad. Si bien el desarrollo de un órgano u oficina de estas características corresponde al Estado, desde los demás sectores debemos demandarlo.

Una oportunidad regional

La carencia de espacios de diálogo y coordinación en cada país es evidente. En Perú no existe una oficina del Estado que se encargue efectiva y democráticamente de fomentar estos ámbitos. Quizás la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) a través de la Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) en el futuro pueda ser un espacio que impulse esta interacción. Sin embargo, es sintomático que a la fecha todavía no se haya llegado a un acuerdo en la conformación y participación multisectorial de esta instancia.

Más allá de la realidad peruana, a nivel regional existe una oportunidad. Durante el último LACIGF se plantearon problemas que bien pueden ser resueltos o abordados desde buenas prácticas que ya tuvieron algunos países de la región. Es notable como se comparten preocupaciones y soluciones en este contexto. Sin embargo, no existe un plan de contingencia regional. Muchas organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad técnica tienen potencial para llevarlo a cabo. También el sector privado puede aportar desde su lado. Sin dudas, el sector público debe permitir, promover y fomentar el trabajo en conjunto. Esta es la oportunidad regional: resolver problemas comunes con soluciones probadas.