Hace un par de meses presentamos Pidela.info, nuestra herramienta para enviar solicitudes de acceso a la información pública a cualquier entidad a través de Internet. Al trabajar en esta herramienta, hemos pensado mucho en cómo funciona el Acceso a la Información Pública en nuestro país. Sin embargo, no nos hemos detenido tanto en problemas conocidos como la ausencia de una Autoridad de Transparencia o la amplia flexibilidad que otorgan las excepciones de información reservada, confidencial y secreta. En cambio, nos ha llamado la atención un aspecto poco estudiado: lo poca información que existe sobre con qué frecuencia y con qué nivel de satisfacción se ejerce este derecho. Un tema sobre el que vale la pena reflexionar de cara a la próxima creación de la Autoridad de Transparencia.
Desde su aprobación, la Ley de Transparencia señalaba que la Presidencia del Consejo de Ministros quedaba obligada a enviar al Congreso informes anuales sobre el número de solicitudes atendidas y no atendidas. Sorprendentemente, esta fue quizás la única medida de seguimiento que se creo con la Ley. Cierto, si un funcionario se negaba a cumplir con la Ley podía ser denunciado por el delito de abuso de autoridad. Pero esta medida era más un castigo directo (y de ejecución difícil) antes que una auténtica forma de saber cómo marchaba una norma tan novedosa.
Así, desde el 2002, esta política pública ha marchado más o menos en silencio. La PCM envía todos los años su informe al Congreso y, aunque el del año pasado tiene 158 páginas, sigue siendo muy poco lo que sabemos realmente. No solo nos faltan datos precisos sobre cómo se ejerce este derecho sino que casi la mitad de las entidades públicas obligadas ni siquiera se esfuerzan en reportar a la PCM el número de solicitudes aceptadas o negadas. En su informe sobre el 2015, la PCM señala que solo ha recibido respuesta del 54% de las entidades que deberían de haber enviado su informe anual y que, increíblemente, esta es la cifra de respuesta más alta que de la historia. ¿Qué clase de conclusiones pueden sacarse sobre una encuesta que solo abarca a la mitad de la población a encuesta? ¿Cómo visualizar el problema de las entidades que se niegan a contestar solicitudes de ciudadanos cuando son probablemente las mismas que ni siquiera el contestan a la Presidencia del Consejo de Ministros?
El otro problema radica en que la información que le pedimos reportar a las entidades se queda corta. Lo único que sabemos es cuántas solicitudes se presentaron, cuántas fueron contestadas positivamente y cuántas se negaron. Este modelo solo nos permite reconocer el trámite pero no la eficacia o el nivel de transparencia de la entidad. No sabemos de qué manera se presentaron estas solicitudes (Internet, ventanilla, correo postal), cuánto demoró su tramitación, cuál fue la excepción de la que se valió la entidad para negar la información, cuántas fueron apeladas, cuántas han pasado al Hábeas Data, en qué soporte se entregó la información (papel, CD), cuánto fue lo cobrado en tasas por entrega de información, etcétera. Peor aún, estas cifras no registran el número de solicitudes que nunca fueron contestadas porque, increíblemente, todas las entidades que participan de este reporte afirman contestar el 100% de las solicitudes que reciben, aunque sea para negarlas.
Obviamente, hay muchas cosas que se pueden y deben cambiar en la Ley de Transparencia. Estoy seguro de que todos los abogados que alguna vez han tenido que usarla tienen su lista personal. Sin embargo, el Estado debería de partir dándose cuenta de la oscuridad casi total en la que intenta operar este cambio. Toda política pública necesita ser evaluada y mientras más y mejor sea la información que tenemos sobre su desempeño, mejores decisiones podremos tomar. ¿Es un montón de trabajo? Sí, pero tiene que empezar a ser el trabajo de alguien. Es un gran rol que tiene que empezar a cumplir la nueva Autoridad de Transparencia. Antes de pensar en sanciones, procedimientos trilaterales, cuerpo de supervisores, buzón de denuncias, etcétera, debería de partir con la humildad de reconocer que sabemos muy poco del espacio donde empezará a trabajar.
Director Ejecutivo (2013-2021)
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho, Ciencia, y Tecnología por la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).