Hace apenas unos días fue lanzada la aplicación Perú Drivers, una iniciativa peruana que busca competir con otras de su tipo como Uber EasyTaxi o Cabify. Del mismo modo, a lo largo del año pasado se han anunciado otras aplicaciones peruanas que buscan entrar a competir a este mercado. Incluso hay una que se salió del molde y apunta al servicio de mototaxis.

La aparición de estos servicios no son solo una respuesta a la popularidad de estas aplicaciones sino que forman parte de una actitud muy peruana frente a la competencia extranjera: la de crear ‘versiones nacionales’ de todo, una práctica que en el ecosistema digital es mejor conocida como los copycats.

Sin embargo, estas noticias no han caído bien a todos. Grupos de taxistas formales (entiéndase con permisos municipales) y empresas tradicionales de transporte privado han realizado varios actos de boicot. En algunos casos han sido ‘caravanas de protesta’, pero también han empleado la vía legal para intentar deshacerse de esta competencia que ellos consideran “desleal”.

Como mostramos en un artículo anterior, el INDECOPI ya se ha pronunciado con anterioridad sobre las aplicaciones de este tipo, pero desde el ángulo del servicio al consumidor. Allí, ha tenido algunas interpretaciones que consideramos pueden ser perjudiciales para el futuro de estos negocios. Pero también se ha pronunciado sobre el mismo tema desde el ángulo de la competencia.

Cinco casos, un destino*

Como preámbulo a los casos que vamos a presentar a continuación, hay que tener claros algunos puntos importantes. El primero de ellos es que para realizar el servicio de taxi en Lima de manera ‘formal’, los conductores deben cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos, quizás el más importante, es contar con la autorización de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad de Lima. Lo mismo aplica para las empresas que tienen flotas de taxis y que quieren prestar el servicio en esta ciudad.

El segundo punto es que aquellos individuos o empresas que quieren entrar a competir al mercado de taxis, deben seguir las reglas preestablecidas (tramitar permisos, comprar seguros, etc.). Si alguna empresa decide, por ejemplo, no tramitar los permisos ante la Municipalidad, el no hacerlo le da una ventaja frente a la competencia que la Ley califica como meritoria de sanción.

La discusión actual gira en torno a que algunos opinan que estas aplicaciones móviles cometen actos de competencia desleal, porque no cumplen aquello que sí se les exige a las empresas tradicionales de taxi. ¿Pero tienen razón? Durante el 2015, la Comisión de Competencia Desleal de Indecopi ha examinado hasta cinco casos distintos contra las empresas Autotaxi Satelital (Nº 100-2015/CD1-INDECOP), Easy Taxi (Nº 099-2015/CD1-INDECOPI), Solo para Ellas (Nº 075-2015/CD1-INDECOPI), Cabify (Nº 074-2015/CD1-INDECOPI) y Taxi Remisse (Nº 076-2015/CD1-INDECOPI).

En los primeros cuatro casos, las empresas allí señaladas fueron acusadas de cometer actos de competencia desleal en la modalidad de violación de las normas. Bajo la teoría de que las aplicaciones de taxis sí realizan el servicio de taxi, se argumentaba que estas no habían cumplido con tramitar sus permisos ante la GTU de la Municipalidad de Lima. En algunos casos también se indicaba que la publicidad era engañosa porque hacía creer a las personas que los conductores eran empleados de estas empresas.

La defensa de las empresas en cada uno de los casos fue similar: ellos no brindan el servicio de taxi, sino el de intermediación entre conductor y pasajero (colocación de taxis, según INDECOPI). En ese sentido, no cabía aplicarles normas para servicios que ellos no prestaban. En cuanto a la publicidad, en ningún caso se indicaba que los vehículos pertenecían a estas empresas o que los conductores tenían con ellos alguna clase de vínculo de trabajo.

En todos los casos INDECOPI declaró infundadas las imputaciones con el mismo razonamiento:

No ha quedado acreditado que la empresa concurra en el mercado de prestación de servicio de taxi, por lo tanto no le corresponde acreditar la tenencia documentalmente del título habilitante que la faculte a prestar el referido servicio, conforme lo estipulado en el artículo 11 de la Ordenanza que regula la prestación del Servicio de Taxi en Lima Metropolitana

Solamente en el último caso, el de Taxi Remisse, INDECOPI declaró fundada la imputación, precisamente porque pese a su naturaleza, la empresa aceptó que efectivamente no había tramitado la autorización de la Municipalidad de Lima. Este escenario es un poco más consistente que el que habíamos señalado en las instancias de Derecho del Consumidor.

INDECOPI parece tener claro que las aplicaciones de taxis trabajan bajo un modelo diferente del de las empresas tradicionales que mantienen flotas de taxis. Aunque se trata de casos independientes, la generalización de este criterio es positivo para el mercado de estas aplicaciones. Sin embargo, al mismo tiempo nos hace plantearnos la pregunta de si la regulación actual (que perjudicaría a los taxistas ‘formales’ frente a los que usan aplicaciones) sigue siendo necesaria o debería cambiar y adaptarse a los cambios del mercado.

* Esta sección del artículo fue elaborada con aportes de Luisa Verónica Arroyo

Foto: Tydence Davis (CC BY)