El 29 de marzo, en el marco del proyecto Después de la Ley, participé de la mesa “Re-conocer para defender: enfoque de género en la formación jurídica y la atención en casos de VGL” junto con Angie Muñoz, miembro del Bloque Universitario Feminista; Beatriz Ramírez, abogada y profesora universitaria; Dilmar Villena, director legal de Hiperderecho; y Patricia Bravo, abogada del equipo de Después de la Ley. A partir de nuestras experiencias en las aulas de distintas facultades de Derecho, nos reunimos a conversar sobre la violencia de género en línea (VGL) y las herramientas que nuestra formación nos había dado para abordarla y combatirla.

Por supuesto, tener un diálogo honesto sobre el rol del Derecho en un país con tantas desigualdades requiere analizar cómo está compuesto realmente. El primer paso para ello es reconocer que el Derecho no es neutral; de hecho, muchas veces, su pretensión de neutralidad esconde parámetros hechos a la medida de unos grupos en desmedro de otros. Cuando nos preguntamos si el Derecho está en posición de solucionar las brechas de género existentes, nos falta la otra cara de la moneda: el Derecho también es parte de su origen, tanto por su dimensión estrictamente normativa, como por la institucional y cultural.

Con eso en mente, la posición de las Facultades de Derecho es crítica y estratégica: ¿qué mejor lugar para repensar la “justicia” y empezar a replantearnos el Derecho? Sin embargo, al conversar sobre las herramientas que nuestra carrera nos había dado para analizar casos desde un enfoque de género, la coincidencia era el vacío. En cierta medida, nuestras experiencias universitarias eran similares: en medio de la dicotomía entre el Derecho Público y el Privado, muchas veces los lentes de género quedaron restringidos a unos pocos cursos, en su mayoría electivos. Los currículos y planes de estudio partieron de la perspectiva de que el género involucra interrogantes limitadas y monotemáticas, ajenas al interés general, y pasaron por alto la posibilidad de reexaminar toda la realidad jurídica y social tomando el género como una variable (como diría McKinnon: vieron los lentes en lugar de ver a través de ellos).

Por supuesto, este problema no solo alcanza a cómo se aprende Derecho, sino a cómo se practica. Una de las principales preocupaciones del equipo de Después de la Ley era mostrar cómo la ausencia de un enfoque de género por parte de los operadores de justicia terminaba siendo un obstáculo determinante para denunciar VGL. En efecto, hace un par de meses organizamos el tuitazo #YoDenunciéVGL, y muchos de los testimonios recogidos contaban cómo la policía o la fiscalía revictimizaban a las denunciantes o redirigían la culpa hacia ellas, menoscabando su acceso a la justicia.

A la fecha, varias formas de VGL están tipificadas como delito. De igual manera, a nivel administrativo, las universidades y centros de trabajo tienen ciertas obligaciones para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, incluso cuando se da por medios virtuales. Sin embargo, la norma nunca es suficiente cuando concurren deficiencias institucionales —nuevamente, volvemos a la premisa de que el Derecho no se reduce solo a su aspecto normativo—. Por ejemplo, Beatriz Ramírez nos comentaba que, aun sin la inclusión de 2018 de los delitos de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, hubiese sido jurídicamente posible perseguir estas conductas bajo el delito de agresión contra la mujer. Sin embargo, creo que, dados los obstáculos vigentes en las rutas de denuncia con motivo de un nulo enfoque de género, habría resultado muy difícil de hacer en la práctica.

Un último punto en este intercambio estuvo referido a la violencia de género en entornos universitarios. Al final del día, el qué aprendemos no puede separarse de cómo lo hacemos: ¿podemos analizar el Derecho con una mirada crítica y de género en facultades donde hay pocas profesoras, y aún menos directoras? Me parece que, detrás de esta estadística, la enseñanza sobre el ejercicio del poder es bastante clara, a pesar de implícita. A pesar de que esta tendencia parece estar cambiando de manera lenta, pero positiva —recientemente, en más de una Facultad de Derecho hay mujeres ocupando los cargos de Decanas o Jefas de Departamento—, en las universidades no solo experimentamos la invisibilización y la autocensura: también nos enfrentamos al problema de estudiar en espacios que no son seguros, con casos de acoso y hostigamiento sexual en la impunidad y sin canales claros de atención y sanción. La luz al final del túnel, dependiendo de la orilla en que estemos, es que el Derecho también puede ser un instrumento de cambio social. Por eso Beatriz enseña a la futura generación de profesionales del Derecho que el género tiene una base jurídica, Angie investiga y activa contra el acoso en las universidades, y, por nuestra parte, desde Hiperderecho seguimos poniendo a prueba las rutas de denuncia existentes y haciendo pedagogía pública sobre ellas.

Foto: Akshay Chauhan para Unsplash