La semana pasada, Hiperderecho estuvo presente en la sede de Naciones Unidas de Nueva York para participar de la Cumbre del Futuro: un evento de alto nivel orientado a que los Estados generen nuevos compromisos frente a los desafíos actuales y futuros a nivel global. En el marco de la Cumbre, se aprobó el Pacto del Futuro (Resolución A/RES/79/1 de la Asamblea de Naciones Unidas) y sus anexos: la Declaración para las Generaciones Futuras y el Pacto Digital Global.

En conjunto, se trata de un instrumento de soft law. A diferencia de un tratado, el Pacto del Futuro y sus anexos no crea obligaciones ni es vinculante para los Estados. Sin embargo, sí recoge acuerdos importantes en cuanto a principios, objetivos y acciones que permitan concretar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A menos de diez años de la aprobación de la Agenda 2030, es claro que los Estados deben asumir tareas urgentes para no dejar a nadie atrás. Como señaló el Secretario General de las Naciones Unidas, esta es una oportunidad para “sacar al sistema multilateral del abismo”.

El Pacto Digital Global

El proceso de consultas y negociaciones sobre el Pacto Digital Global (en inglés, Global Digital Compact o GDC) inició hace más de dos años. Este instrumento parte de una preocupación: cómo mitigar los riesgos y aprovechar los potenciales de las tecnologías para lograr un entorno digital libre, seguro, abierto, inclusivo, justo y sostenible para todas las personas.

Luego de más de 8 sesiones temáticas y 6 versiones del texto, se aprobó un texto final con compromisos y acciones hacia 2030. Para ello, los Estados, reconociendo la importancia de la cooperación internacional para un futuro digital, establecen 5 objetivos principales: 1

1. Cerrar todas las brechas digitales y acelerar el progreso de los ODS, incluyendo no solo una conexión significativa y accesible, sino también abordando la alfabetización digital y el desarrollo de bienes públicos digitales.
2. Ampliar la inclusión y los beneficios de la economía digital para todos, de la mano con una transformación digital que habilite marcos regulatorios claros, políticas transparentes y buenas prácticas.
3. Fomentar un espacio digital inclusivo, abierto, seguro y protegido que respete, proteja y promueva los derechos humanos. Es el objetivo con más compromisos y subtemas. Abarca desde el respeto a los derechos humanos hasta el modelo de múltiples partes interesadas, pasando también por cuestiones difíciles de abordar como la integridad de la información y la confianza y seguridad en el entorno digital.
4. Promover enfoques de gobernanza de datos responsables, equitativos e interoperables. Esta sección no solo se enfoca en la privacidad y transferencia de datos, sino también en cómo los datos de calidad, seguros e interoperables son clave para construir políticas públicas basadas en evidencia que respondan problemas y crisis actuales.
5. Mejorar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad. Dos de los compromisos principales son la creación de un Panel Independiente Científico en IA y el inicio de un Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA. Asimismo, el documento enfatiza en la necesidad de contar con estándares de interoperabilidad para la IA.

¿Por qué es importante?

El Pacto Digital Global no es el primer documento de Naciones Unidas que aborda las necesidades a nivel mundial respecto al entorno digital. Ya la Agenda de Túnez, aprobada hace cerca de 20 años en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la Unión Internacional para las Comunicaciones de NU (ITU), planteaba muchos de estos desafíos (aunque sin un enfoque centrado en los derechos humanos). Más recientemente, documentos como la Recomendación sobre la ética de la IA de Unesco, los principios para la integridad de la información de NU o las directrices para la gobernanza de las plataformas de Unesco buscan acercarse a estas problemáticas con enfoques más actuales.

Incluso, si miramos hacia instrumentos de naturaleza multilateral, la propia Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado resoluciones orientadas a combatir la desinformación (A/RES/76/227), luchar contra el uso de las tecnologías para fines delictivos (A/RES/74/247) o aprovechar su potencial para el desarrollo sostenible (A/RES/76/189).

Sin embargo, desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, es la primera vez que los Estados negocian y asumen compromisos transversales que les permitan superar la percepción actual según la cual los procesos de Naciones Unidas no conducen a mejoras significativas en las vidas de las personas. El momento es clave: se trata del primer espacio de esta naturaleza luego de la pandemia por covid-19, a la vez que responde a un balance realizado por Naciones Unidas con posterioridad a su 75° aniversario.

¿Y ahora qué sigue?

Con aciertos y desaciertos, el Pacto fue aprobado el 23 de septiembre por unanimidad (aunque 7 países intentaron plantear reservas al texto). La gran pregunta es qué va a impedir que se trate de una declaración de principios más, mientras los Estados siguen censurando la libre expresión y vigilando a defensores de derechos humanos usando tecnologías de la información.

Aunque el texto del GDC realza la importancia de la cooperación internacional, muchas de las acciones deben implementarse a nivel nacional y regional. Es verdad que Internet nos enfrenta a desafíos extraterritoriales que requieren de la respuesta de los Estados en general; sin embargo, también es cierto que se necesitan políticas públicas y marcos regulatorios a nivel interno para poder forjar una ciudadanía digital robusta.

En ese sentido, como Hiperderecho sostenemos que la parte crítica del GDC va a ser, precisamente, su implementación interna. Por tal razón, organizamos, junto con el Consorcio Al Sur, un espacio de intercambio con delegados y organizaciones de sociedad civil respecto de los puntos mínimos que deben tenerse en cuenta en la implementación del GDC desde una perspectiva que aborde las necesidades de Latinoamérica.

 

Aunque el GDC nos ofrece un (nuevo) piso sobre el cual trabajar, como peruanos necesitamos un modelo de múltiples partes interesadas que involucre a todos los actores, incluyendo a las comunidades de usuarios finales de Internet. Para ello, se necesita empezar por reconocer el impacto diferenciado de las tecnologías sobre estas comunidades de manera específica, superando la visión genérica del Pacto.