En los últimos días, activistas, estudiantes, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos han sido víctimas de un alarmante patrón de ataques digitales: el bloqueo fraudulento de sus líneas móviles y la difusión masiva de sus datos personales —incluso de familiares suyos— en redes sociales, en el marco de una campaña coordinada de terruqueo. Esta última práctica no es un hecho aislado: forma parte de un ecosistema de vigilancia y hostigamiento que se profundiza en contextos de protesta social.

Según reportó El Foco el pasado sábado 20 de septiembre, 50 activistas amanecieron con sus celulares bloqueados tras denuncias falsas de robo de dispositivos. Esta acción, que las dejó incomunicadas en la jornada previa y durante la movilización de las protestas actuales en el Perú contra el régimen de Dina Boluarte, busca generar zozobra y constituye un grave riesgo en un contexto de represión descontrolada como el que hemos presenciado. La incomunicación forzada no solo silencia voces críticas y obstaculiza el derecho a la protesta, sino que expone a las personas a mayores niveles de vulnerabilidad y peligro. Se trata de una nueva práctica de silenciamiento que combina el hostigamiento digital con el bloqueo de herramientas básicas de comunicación, debilitando la capacidad de organización y respuesta ciudadana. Además, es importante recordar que los usuarios afectados, a través de los procedimientos ARCO, tienen derecho a acceder a información detallada sobre la manera en que sus líneas y dispositivos fueron bloqueados, y las operadoras no pueden negarse a brindar estos datos. Conocer esta información permite identificar irregularidades y exigir responsabilidades frente a bloqueos indebidos.

Difamar para silenciar

En paralelo al bloqueo de líneas telefónicas, circulan en redes sociales cuentas anónimas que difunden los nombres de activistas que recientemente han participado en las jornadas de protesta, datos de sus familiares, direcciones y fotografías. Estas cuentas, muchas de reciente creación, se hacen pasar por “ciudadanos comunes” o páginas informativas, pero en realidad forman parte de una campaña organizada de terruqueo contra la ciudadanía que se moviliza. Esta ciudadanía está compuesta principalmente por jóvenes de a pie, organizados o que comienzan a organizarse, movilizados por el hartazgo frente a la corrupción y, específicamente, en protesta contra la reforma de las AFP en Perú, una propuesta que afectaría el sistema de pensiones y su seguridad económica a futuro.

Los videos tienen características repetitivas: incluyen imágenes de Abimael Guzmán, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, acompañadas de frases como “dile no al terrorismo” o “estos son los terroristas que amenazan la paz”. Señalar a alguien de terrorista en el Perú resulta especialmente grave y peligroso: debido a la sensibilidad que existe por la época de violencia armada que vivimos en el pasado, estas acusaciones sin pruebas han servido últimamente para justificar persecuciones. Que esta narrativa siga alimentándose hoy, de forma irregular e incluso institucional, no solo criminaliza la protesta y erosiona la democracia, sino que también busca callar a las personas mediante el miedo a enfrentar cargos falsos por terrorismo.

Cómo responder desde la ciudadanía

Ante este escenario, es necesario que las personas afectadas y la ciudadanía en general utilicen las herramientas disponibles para frenar la difusión de estos contenidos. Si bien actualmente estos videos se concentran en TikTok, es necesario mantenerse alerta en caso se propaguen por otras plataformas, para que también sean denunciados. En TikTok, para denunciar un video o una cuenta, se debe hacer clic en el botón Compartir, seleccionar la opción Denunciar y elegir la categoría correspondiente, como Acoso o bullying, Incitación al odio o violencia o Difusión de datos personales. Con estas denuncias, la plataforma puede revisar el contenido, retirarlo y sancionar a los responsables, reduciendo así el alcance de estas campañas de hostigamiento digital.

​​Desde Hiperderecho también proponemos algunas recomendaciones para enfrentar la desinformación en redes sociales, recogidas en nuestro Kit de herramientas “Siguiendo el rastro de la información”. Es importante revisar la fecha de creación de las páginas que difunden contenido, identificar patrones sospechosos en los videos (como imágenes sensacionalistas creadas con inteligencia artificial y frases repetitivas sobre el tema), buscar la fuente original de la información y contrastarla con medios confiables. Además, aconsejamos no compartir el contenido dañino —aunque sea con fines de denuncia— para no amplificarlo; en su lugar, sugerimos documentar con capturas de pantalla y reportar las cuentas en la respectiva plataforma.

Estas medidas ciudadanas son importantes, pero no sustituyen la obligación del Estado de garantizar el derecho a la protesta conforme a los estándares internacionales y democráticos: asegurar que las manifestaciones se desarrollen sin represalias, proteger a quienes participan y respetar el principio de que la protesta es un derecho legítimo y no un delito. En este marco, el rol de las fuerzas del orden debe ser garantizar que la protesta se lleve a cabo de manera segura, facilitando su desarrollo y cuidando a las personas que participan. Esto excluye prácticas ilegítimas como infiltrar agentes para provocar disturbios o seguimiento, dañar deliberadamente las herramientas de trabajo de periodistas y comunicadores, realizar detenciones arbitrarias o recurrir a agresiones físicas desmedidas.

El trasfondo: datos filtrados y vigilancia sin control

Lamentablemente, denunciar Tik Tok u otra plataforma solo ofrece efectos inmediatos. Este tipo de ataques es posible, en gran parte, por la fuga constante de datos personales en el país. La información sensible de activistas y de sus familiares no aparece de la nada: puede provenir de bases de datos como las del RENIEC, OSIPTEL o bancos de datos privados, que deberían estar debidamente protegidos. Asimismo, como advertimos en nuestra publicación Vigilados en Secreto, las fuerzas del orden tienen acceso privilegiado a bases de datos y lo utilizan con escaso o nulo protocolo claro. Esto quedó en evidencia con la filtración masiva de información de la Dirección de Inteligencia, conocida como los DIRIN Leaks, que reveló seguimientos a periodistas y expuso cómo los recursos estatales se destinan no a enfrentar la inseguridad ciudadana, sino a vigilar y amedrentar a quienes son críticos con el régimen actual.

La contradicción es evidente: mientras activistas y periodistas son perseguidos bajo la excusa de la “seguridad nacional”, la ola de delincuencia, extorsión y violencia crece sin control en las calles —especialmente en distritos periféricos—, cobrando la vida de decenas de personas. Que el Estado priorice recursos y capacidades para silenciar la protesta en lugar de garantizar seguridad real a la ciudadanía no solo revela una política de persecución, sino también una peligrosa distorsión de las prioridades públicas.

En este contexto, la ausencia de controles efectivos y de protocolos transparentes no solo facilita que la información termine en un mercado negro de datos personales, sino que también abre la puerta a abusos y persecuciones políticas. Esta situación alimenta campañas de hostigamiento digital como las que circulan en TikTok y normaliza cada vez más el uso de datos sensibles como armas para vigilar, intimidar y silenciar a la ciudadanía.

Cuidarnos también en lo digital

Frente a este escenario de vigilancia y hostigamiento, es más que necesario que la ciudadanía cuente con herramientas para protegerse en contextos de protesta. Desde Hiperderecho hemos elaborado guías y recursos prácticos sobre seguridad digital antes, durante y después de una movilización, que incluyen recomendaciones sobre cómo usar los dispositivos móviles de forma más segura, cómo resguardar la información personal y qué medidas básicas aplicar para reducir riesgos en entornos digitales tanto de manera individual como colectiva.

Estos materiales fueron diseñados antes del auge de la inteligencia artificial, pero esperamos pronto estar difundiendo información específica sobre cómo cuidarnos en un contexto donde estas tecnologías comienzan a ser usadas también para perfilar o desinformar. Mientras tanto, en nuestro Kit de herramientas “Siguiendo el rastro de la información” también pueden encontrar un capítulo dedicado a la inteligencia artificial, con contenido sobre su papel en la nueva era digital, sus limitaciones como fuente de información, su relación con la desinformación y la importancia de la alfabetización digital frente a ella.

Defender derechos es democracia

Desde Hiperderecho expresamos nuestra más profunda preocupación por los bloqueos masivos de líneas móviles, el doxeo de activistas y la campaña organizada de terruqueo contra quienes ejercen su derecho a movilizarse. Estas prácticas no solo buscan silenciar voces críticas en el corto plazo, sino que erosionan gravemente las bases democráticas al instalar el miedo como herramienta de control.

Exigimos la reactivación inmediata de todas las líneas móviles afectadas, así como una respuesta firme de las instituciones: RENIEC, las operadoras de telecomunicaciones, OSIPTEL y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en miras a garantizar que estos abusos no se repitan y a rendir cuentas sobre cómo es que se permitieron. Idealmente la Defensoría del Pueblo debe, además, proteger activamente a las personas estigmatizadas y señalar los riesgos de normalizar el uso del terruqueo como arma política.

El uso arbitrario de la “seguridad nacional” y la explotación de datos personales con fines de persecución no pueden aceptarse en un país que se dice democrático. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la protección de los derechos humanos como pilares fundamentales para construir un país donde la disidencia no sea castigada.