No todas las personas interactúan de la misma manera con servicios o plataformas digitales. Más allá de nuestra experiencia personal, la forma en la que se ofrecen funcionalidades, contenidos y estructuras de navegación pueden ser determinantes para saber si alguien podrá (o no) usar satisfactoriamente una plataforma.

En ese sentido, al diseñar una web o un servicio, es necesario considerar características (colores, contrastes, tamaños, etc.) que permitan su uso por todas las personas, sin importar sus capacidades o contextos. A eso se le conoce como accesibilidad digital: una oportunidad para garantizar que todas las personas —incluyendo personas con discapacidad, mayores o con limitaciones temporales— puedan ejercer sus derechos en entornos digitales.

En el caso peruano, el Sello de Accesibilidad Digital se concibió como una herramienta de política pública destinada a incentivar que entidades públicas y privadas integren estándares de accesibilidad en sus plataformas y servicios digitales. Y el próximo 27 de octubre, luego de un año y medio desde su creación, formalmente iniciará el periodo de inscripción para obtener el Sello, como indican las Bases del proceso de postulación publicadas esta semana.

Un breve repaso cronológico

En el Perú, las referencias a la accesibilidad web para personas con discapacidad (PCD) no son nuevas. Ya en 2006, la Agenda Digital Peruana incluía la planificación de la accesibilidad a páginas web. Tres años después, la PCM aprobó los Lineamientos para la accesibilidad de páginas web y aplicaciones en instituciones públicas. Y en 2012, se modificó la Ley de promoción de acceso a cabinas de Internet para las PCD, estableciendo que las entidades públicas y universidades deben incorporar opciones de acceso que permitan a las PCD consultar la información disponible en sus sitios web.

Sin embargo, hasta la fecha, no existen monitoreos concretos sobre el avance en estas medidas. Entre tantos cambios propiciados por el proceso de transformación digital, la accesibilidad web no parece haber estado entre las prioridades de las entidades. En respuesta, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) se propuso desplegar un mecanismo de incentivos, por lo que creó el Sello de Accesibilidad Digital. Al respecto, destacan cuatro hitos principales:

• En julio de 2023 se aprobó la Política Nacional de Transformación Digital (PNTD), principal instrumento de política pública en la materia, el cual se propone 82 servicios públicos. Uno de ellos, dentro del objetivo prioritario de “servicios públicos inclusivos”, es, precisamente, el despliegue del “Sello de Accesibilidad Digital en plataformas y servicios digitales otorgado de manera fiable para las entidades públicas y personas que las proveen” (1.5.2.).
• En febrero de 2024 se creó formalmente, a través de un Decreto Supremo, el Sello de Accesibilidad Digital. Con ello, se da el primer paso para lograr el cumplimiento de lo propuesto en la PNTD.
• En junio de 2025 se aprobaron los Lineamientos para el diseño y desarrollo de servicios o plataformas digitales accesibles para personas con discapacidad en las entidades de la Administración Pública. Se trata de una más que necesaria actualización del marco normativo, pues hasta entonces las pautas vigentes que debían seguir las entidades eran de 2009.
• En octubre de 2025, se publicaron las Bases para postular al otorgamiento del Sello de Accesibilidad Digital, con lo cual ya está sobre la marcha un proceso específico de obtención del Sello con cronograma, puntajes, y criterios de evaluación.

Señas de avance

Iniciamos este proceso con retraso. Según la PNTD, para 2024 ya el 15% de entidades participantes contarían con Sello de Accesibilidad Digital. Claramente, este objetivo no ha podido cumplirse —el reporte de Seguimiento de la PNTD lo señala como no determinado—, lo cual es lógico, pues la convocatoria recién está por iniciar.

En una anterior nota, publicada cuando se creó el Sello, compartí cuatro preocupaciones o dudas por resolver alrededor de este proceso. Al menos tres de ellas han sido resueltas positivamente, lo cual muestra que, antes que cumplir con un indicador, se han sentado bases importantes para asegurar la idoneidad del proceso:

• • Pautas actualizadas: Cuando se creó el Sello, seguían estando vigentes los lineamientos para el diseño de plataformas accesibles para entidades públicas de 2009. Sin embargo, con la actualización normativa de 2025, por primera vez, nuestro marco legal recoge los estándares más recientes: las Guías de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, en inglés) en su versión más reciente, actualizada a diciembre de 2024: WCAG 2.2. Estas Guías, además, obtuvieron esta semana el reconocimiento ISO/IEC 40500:2025, con lo que pasan a ser también un estándar formalmente aprobado por la Organización Internacional de Normalización (ISO).
  • Criterios de evaluación. Las nuevas bases precisan con mayor claridad qué aspectos serán evaluados. Desde los lineamientos de 2024 ya se sabía que el proceso no solo medía el cumplimiento de los estándares WCAG, sino también la realización de pruebas de uso y la incorporación de mecanismos para medir la satisfacción de las personas usuarias, entre otros. Ahora, con la publicación de las bases, se detalla cómo se asignan los puntajes y se confirma que el Sello se otorgará en dos niveles: AA y AAA.

Esta distinción sigue las pautas técnicas de las WCAG y es relevante porque: (i) cumplir con el nivel básico (A) no será especialmente reconocido; (ii) se introduce una gradación en los niveles de cumplimiento; y (iii) se destacará a las entidades que alcancen el nivel AAA, lo cual es particularmente meritorio, ya que este nivel exige medidas más inclusivas, como la incorporación de vídeos en Lengua de Señas Peruana.

• • Participación de la comunidad de personas con discapacidad (PCD): Luego del diseño de los lineamientos de 2024, se realizaron múltiples espacios informativos y de orientación, dirigidos, entre otros, a PCD. Además, ha existido una coordinación con CONADIS, la cual se mantiene. Así, por ejemplo, si las entidades desean hacer sus pruebas de uso, pueden dirigirse a CONADIS para obtener una lista de posibles personas participantes.

Retos pendientes

Todo parece indicar que este no se trata de un ejercicio obligatorio para las entidades públicas. Aunque las bases indican expresamente que los privados pueden voluntariamente postular, no existe ninguna base legal que sugiera lo contrario para entidades públicas.

La pregunta, entonces, es qué tan prioritario será, en la agenda de las distintas entidades, el proceso de obtención del Sello de Accesibilidad Digital para sus servicios o plataformas. A ello se suma el desafío técnico y la presión por atender otros procesos simultáneos, por lo que resulta crucial no solo difundir la existencia del sello, sino también recordar el problema público que lo motiva: las barreras que aún enfrentan muchas personas al interactuar con entornos digitales.

Si realmente se busca promover la accesibilidad, será crítico que las entidades cumplan con los criterios de participación y retroalimentación de personas con discapacidad. Incluir sus experiencias no solo legitima el proceso, sino que asegura que las mejoras respondan a las necesidades reales de quienes enfrentan más barreras en los entornos digitales.