Hoy se conmemora el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en medio de un panorama regional de retroceso en la gobernanza de Internet, y de protección de los derechos humanos, de pérdida de financiamiento para sociedad civil integrada por numerosos colectivos feministas, de desprotección contra los discursos de odio en línea hacia mujeres en su diversidad en las redes sociales que usamos todos los días, y en un panorama de proliferación de movimientos sexistas y misóginos en Internet.

En este escenario, desde Hiperderecho hacemos un recuento de los actos institucionales contrarios al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y recordamos también la importancia de seguir articulando entre la sociedad civil, para mantenernos firme en la lucha contra este problema estructural, que está enraizado en las bases de todas las instituciones públicas.

José Jerí Oré: el presidente investigado por violencia sexual

A nivel nacional, el contexto político peruano no nos favorece. Hoy nos preside un acusado de violencia sexual grupal a una mujer en estado de inconsciencia, cuya imagen entre los jóvenes parece haberse limpiado gracias a la caricaturización de su doble, que aparece bailando en diversos videos de TikTok y suma a una imagen carismática. Por otro lado, quienes son mayores empiezan a simpatizar con el candidato, que ha sabido emular a Bukele en su vestimenta y en sus discursos, producto de lo cual esta otra parte de la población lo festeja como un posible  Bukele peruano. Narrativa en línea que se explica en la desesperación ciudadana de frenar las extorsiones y asesinatos. Esto es, existe la esperanza, apoyada en una narrativa estereotipada, de que el investigado presidente se convierta en el padre de familia de mano dura que ponga orden en la casa. Y no importe que ese “padre de familia” este acusado por violación, ni que esto suponga un autoritarismo que flexibilice las garantías del debido proceso, instaurándose una cacería de brujas.

Lejos de tales narrativas en línea, existe información importante que está olvidándose en Internet. Para hacer un recordatorio, remontemonos al 2021, año en que el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez fue destituido en un escándalo mediático por faltas muy graves vinculadas al caso de mega corrupción judicial “Los Cuellos Blancos del Puerto”, ¿de qué trataba el caso? del descubrimiento de una red de corrupción en el sistema de justicia basada en el tráfico de influencias y la compra de funcionarios públicos de alto rango, como jueces, fiscales y miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia). En ese panorama, Tomas Aladino Gálvez fue investigado por 24 llamadas telefónicas que mantuvo con integrantes de la organización criminal, entre ellos el famoso César Hinostroza, exjuez supremo, señalado como cabecilla de la red. Entre los cargos que se le atribuyen a Gálvez resalta haber favorecido ilegalmente de su amigo, el fiscal Walther Delgado, denunciado por su esposa por violencia familiar, hecho que se dió a conocer a través de la interceptación policial de una llamada, en la que Gálvez le dice a Hinostroza “Un favor para completar la chamba pe’, lo de Waltercito para ver si lo apoyas ahí (…) la mujer que lo está jodiendo”.

Tal contexto es importante, porque a inicios de enero de este año, José Jerí Oré, entonces congresista del Partido Somos Perú y hoy presidente, fue denunciado por violencia sexual en agravio de una mujer de su círculo amical. En los hechos, se le acusa a José Jerí Oré haber incurrido en el delito de violación sexual, a lo que se suman dos agravantes de las circunstancias: la mujer se encontraba en estado de inconsciencia, y la violencia fue perpetrada junto con Marco Cardoza Hurtado; es decir, se trataría de un caso de violación grupal.

Pese a la gravedad de los cargos y la conducta obstruccionista de Marco Cardoza, frente a la negligencia de la Fiscalía, Cardoza abandonó el país con destino a Francia a inicios de febrero y nunca rindió su declaración, que resultaba fundamental para determinar la responsabilidad penal de Jerí Oré. Así, la Fiscalía Provincial de Huaral permitió su salida del país, y con ello la impunidad, solicitando recién su detención el 5 de marzo; es decir, un mes después de su salida, y casi tres meses después de la denuncia.

Posteriormente, el 8 de agosto, la denuncia contra José Jerí fue archivada ¿por quién? por el fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez, que fue repuesto en su cargo en septiembre de 2025, en medio de numerosos cuestionamientos.  Y luego, el 3 de octubre, una semana antes de que José Jerí asumiera la presidencia de la República, la Fiscalía Suprema de Familia confirmó el archivamiento de las investigaciones en su contra.

¿Cuál es el mensaje que esto deja a las mujeres? ¿cómo pueden las víctimas de violencia sentirse seguras cuando un investigado por violación dirige el cargo más importante del país? Sin lugar a dudas la perpetuación de José Jerí Oré en el poder es un mensaje institucional claro: no nos importa la violencia contra las mujeres, e incluso refleja una cultura que avala y normaliza las violaciones.

Basta revisar la secuencia del escenario político judicial detrás de su designación, para comprender las falta de debida digilencia de la Fiscalía en el proceso de violencia sexual seguido en su contra. Pese a estos hechos, que han sido de público conocimiento y difusión por diversos canales digitales, en las narrativas en línea ganó la indiferencia. La imagen de Jerí Oré fue limpiada, en parte gracias a que programas de televisión, canales de podcast e influencers invitaron a su imitador, —confirmando así su desinterés en la investigación por violencia sexual—; creando así contenido viral con títulos como “entrevista divertida”, “José Jerí sorprende bailando”, o “el presi sorprende con baile”; y en parte gracias también a usuarios en redes sociales que comentan enalteciendo su físico, y su parecido a Bukele. Esta narrativa parece haber flotado por encima de los graves cuestionamientos que lo rodean. ¿y qué podemos hacer frente a esto? Por supuesto las acciones de protesta nos esperan en la calle, pero también en Internet. El debate público se construye también en las redes sociales, en la creación de contenido audiovisual, en los compartidos y me gustas, en los grupos de chats en los que somos partes, y en la articulación mediante estrategias comunicativas para responder frente al apañamiento de forma clara: ninguna persona con investigaciones por violencia de género, tan graves además como la acusación de una violencia sexual grupal hacia una mujer en estado de inconsciencia, debería ocupar un cargo público.

Por su parte, el Congreso también es culpable del retroceso estatal en materia de protección contra la violencia de género, el 19 de noviembre de 2025, por ejemplo, El Pleno aprobó con 79 votos a favor el Proyecto de Ley N.º 8731/2024-CR, presentado por la Bancada de Renovación Popular, a iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, que propone una “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”. Para este Proyecto de Ley, la Comisión de la Mujer y Familia no solicitó opinión a ninguna organización de la sociedad civil. De las 24 solicitudes, 20 fueron dirigidas a otras instituciones públicas, que no tienen conocimiento especializado en la temática, como Reniec, la Superintendencia de Banca y Seguros-AFP, o asambleas de gobiernos regionales. ¿Por qué no se solicitó la opinión de ninguna organización de mujeres? ¿o de expertas independientes? Simplemente porque no se busca una mejor Ley, o una ley producto del diálogo, esto es una imposición de intereses políticos. No es un hecho aislado sino otro ataque a la sociedad civil, y a la libertad sexual de las mujeres. De hecho, el Proyecto aprobado además de eliminar cualquier referencia a la palabra “género”, dispone que los jueces y fiscales reciban capacitaciones en “Enfoque de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, pero que no podrán ser brindadas por personas vinculadas a ONGs cuyos integrantes mantengan litigios contra el Estado en instancias nacionales o internacionales. Cabe recordar que José Jerí cuando fue congresista, votó a favor de la modificatoria de la Ley APCI, que desarticula los movimientos sociales y bloquea el litigio contra el Estado.

Retrocesos y retos pendientes en políticas públicas: ¿cómo vamos en la eliminación de la violencia de género en línea?

La tolerancia al presidente actual sin embargo, no es un hecho aislado en el retroceso de políticas por la igualdad de género o lucha contra la violencia. En específico, si nos centramos en la violencia de género en línea, recordemos que a inicios de año se desactivó el portal “no al acoso virtual.pe”, que te permitía registrar una alerta en caso de haber sido víctima de violencia de género en línea, y así generar estadísticas. Esta plataforma, activa desde 2018, también contenía un test de acoso virtual, a fin de identificar conductas de riesgo, junto con videos e información relevante sobre normas nacionales e internacionales en la materia. Esta plataforma fue contemplada además como parte de la Política Nacional de Igualdad de Género de 2019, en la implementación de medidas de prevención de la violencia contra las mujeres.

A través de la herramienta waybackmachine todavía podemos visualizar la antigua portada de esta página web. Lamentablemente, luego de la decisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de no continuar pagando el dominio, esta plataforma fue comprada para difundir contenido sexual inapropiado. Clara burla al nombre del dominio y a la finalidad de contrarrestar la violencia de género en línea. Frente a esto, la representante del MIMP anunció en mayo que la decisión de prescindir del dominio obedeció al traslado de esta información a uno nuevo, a fin de centralizar la información como parte del proceso de modernización digital.

Hoy la plataforma “Alerta contra el acoso virtual” es un enlace más en la red de servicios del MIMP, almacenada en gob.pe. Y, de hecho, al momento de entrar a su nueva URL, aparece el Chat100, pero esto no es una equivocación. En la lista de servicios figura como descripción de la plataforma, —que por cierto era la única plataforma institucional peruana dedicada a abordar la violencia de género en línea—, lo siguiente: “Si eres víctima de violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación (como el acoso virtual en redes sociales u otras formas) o conoces un caso, puedes solicitar información y orientación especializada para ti o las personas afectadas, en tiempo real, a través de la plataforma en línea Chat 100 del Programa Nacional Aurora.” Es decir, el MIMP eliminó la generación de estadísticas anuales de violencia de género en línea, la posibilidad de registrar alertas, de contar con un mapa de alertas, así como la información legal y videos educativos. Sin rendición de cuentas y sin posibilidad de recuperar esa información.

Por otro lado, en abril de este año 2025 se publicó finalmente la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos  al 2040, ello después de cuatro años del término de la última (Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021). Esto es, luego de cuatro años de no contar con ninguna política nacional de derechos humanos. No obstante, a pesar de su extenso contenido y proyección temporal más amplia, esta Política no hace una sola referencia la violencia de género facilitada por las tecnologías. La explicación de este vacío puede deberse tanto a la falta de voluntad política como a la ausencia de estadísticas reales sobre el tema, tal como advertimos en Datos con Factos, pues la Política Nacional, en cuanto al enfoque de tecnología, sólo se limita a mencionar los retos pendientes en brecha digital de género, lo que ya era mencionado en la Política Nacional de Igualdad de Género de 2019, que por cierto tampoco ha tenido actualizaciones en materia de violencia de género facilitada por las tecnologías.

Esto es preocupante de cara a las elecciones generales del próximo año, ¿qué pasaría en caso de acoso virtual/doxing/o deepfakes contra candidatas? ¿Cómo prevenimos que esto ocurra? Si bien en el último año se han realizado reformas al Código Penal para incluir delitos como el grooming o la difusión de contenido generado con IA. No debemos olvidar que la sanción penal es el último paso, y que para obtener una sentencia penal debemos primero superar las barreras institucionales (legales, económicas, étnicas y emocionales), entre otros problemas como la corrupción en el sector judicial, o los estereotipos de género en operadores de justicia. Es por ello que el enfoque para eliminar la violencia de género debe ser preventivo, sin buenas políticas públicas, el Estado sólo está atendiendo de emergencia, sancionando cuando la vulneración de derechos ya se perpetró.

Pese al declive de las instituciones públicas en su compromiso por garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, persisten espacios de diálogo y protección de este derecho, en el ámbito internacional. Y para quiénes se preguntaban por qué nos debe preocupar que políticos propongan que el Perú debe retirarse del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) y abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esta es la respuesta: acudimos a las vías internacionales cuando todo lo demás falló, cuando las instituciones públicas y autoridades no actuaron con la debida diligencia en la investigación y denuncia de la violencia, cuando mostraron su indiferencia a través de sus actuaciones y propuestas normativas. Y esto es lo que nos queda, el último salvavidas.

Así, por ejemplo, pese a los desafíos pendientes en sede nacional, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el MESECVI, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), viene trabajando junto con organizaciones de sociedad civil en los últimos años en la promulgación de una Ley Modelo contra la Violencia Digital, programada para diciembre de este año; así como en otras acciones en favor de los derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo infantil, y lucha contra los feminicidos y la trata de mujeres.

¿Qué hacer? Reflexiones en el 25N

Ante el desinterés político y el retroceso de iniciativas para respetar y garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia, nos articulamos, resistimos, tranformamosa las narrativas en línea usadas para apañar a un presidente procesado por violencia sexual, a lesgiladores anti derechos, nos apropiamos de las herramientas digitales para subir el volumen de nuestras voces, nos informamos para combatir. Combatir la brecha digital de género, combatir el machismo, combatir el desinterés, combatir los intereses estatales que buscan eliminar espacios de sociedad civil articulada. Este 25N recordamos que no estamos solas, y reclamamos el Internet como un espacio público que nos pertenece, en el que intervenimos y del que nos apropiamos.