Entre el 10 y 13 de noviembre se realizó la décima edición del Foro de Gobernanza de Internet 2015 en Joao Pessoa, Brasil. Este evento, creado por mandato de Naciones Unidas en 2005, reúne a miles de personas alrededor del mundo y tiene como principal objetivo promover un diálogo horizontal sobre el desarrollo de Internet, empleando el modelo multistakeholder o de múltiples partes interesadas.

Al tener la pretensión de albergar una gran cantidad de discusiones, la organización del Foro tiene la particularidad de que mientras se desarrolla la sesión principal, corren en paralelo otras sesiones o “workshops” en donde se abordan todo tipo de temas, algunos muy generales como “Neutralidad de la Red en el mundo” y otros más específicos e interesantes como “La muerte e Internet: Legados digitales”.

Para un peruano, participar del Foro de Gobernanza de Internet no solo supone una experiencia enriquecedora a nivel académico sino también reveladora en muchos aspectos. Al ser Internet una tecnología utilizada a nivel mundial, casi todas las discusiones y polémicas vistas en el Foro nos alcanzan en algún punto y también a las políticas públicas que han implementado nuestros gobiernos.

Vigilancia Masiva

Con respecto al tema de las políticas públicas sobre Internet, resulta interesante mencionar que un tópico recurrente en la mayoría de discusiones fue la vigilancia y la recolección de datos por parte de los Estados. Tanto en la sesión principal como en varios workshops se discutió el impacto que estas políticas tienen sobre los derechos humanos y sobre la disminución de la confianza de los usuarios en Internet.

Sobre este punto, las posiciones de las partes interesadas, aunque con ligeras variaciones en el discurso, no han dejado de ser las mismas desde las revelaciones de Edward Snowden. Por un lado, pese a las evidencias, gobiernos como el de Estados Unidos mantienen su postura de que no realizan actos ilegales de vigilancia o interceptación de comunicaciones y que las operaciones de control e inteligencia que ejecutan se encuentran amparadas por sus leyes (como la Patriot Act), no se extienden sobre ciudadanos o líderes de otros países y son necesarias para garantizar la seguridad nacional.

Del otro lado, las organizaciones de la sociedad civil han sido más flexibles pues luego del rechazo inicial hacia cualquier tipo de vigilancia estatal. La reacción más natural ante la revelación de la existencia de programas como PRISM y XKeyscore, han reevaluado la necesidad de contar con mecanismos de inteligencia que permitan a los gobiernos mantener la seguridad, pero que al mismo tiempo actúen bajo reglas claras, que favorezcan la transparencia y cuyos métodos sean armonizados con la protección de los derechos humanos.

En el medio se encuentran las compañías proveedoras, creadoras de contenido y aplicaciones en Internet como Google y Facebook. Estas, con algunas excepciones, parecen haber optado por asumir un rol más activo en lo que respecta a la defensa del derecho de sus usuarios a mantener sus datos protegidos y a salvo de los gobiernos, que deberán contar con órdenes judiciales o ampararse en otros mecanismos legales –que pueden ser fiscalizados por otros poderes del Estado- para acceder a esta información. Esto último con el fin de recuperar la confianza y al mismo tiempo usarla como una ventaja competitiva en el mercado.

¿Cómo se insertan estos temas en el contexto peruano? Pues solo refiriéndonos al presente año podemos mencionar dos casos de políticas de vigilancia que vienen en forma de decretos legislativos y que ya hemos comentado anteriormente en Hiperderecho: Está el decreto legislativo 1182 (conocido como “Ley Stalker”) y el 1218, que regula el uso de cámaras de videovigilancia en espacios públicos. Ambos forman parte de un paquete de medidas del gobierno creadas para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad ciudadana, pero la redacción de ambos decretos no es suficientemente clara y crea mecanismos de aplicación que afectan desproporcionadamente la privacidad y otros derechos fundamentales de personas inocentes. Además, en el caso del Decreto Legislativo 1182 se suma también la obligación de empresas privadas de retener los datos de sus usuarios para luego ser entregados a la Policía, todo esto bajo un marco legal ambiguo y que se presta a abusos, fugas de información, etc.

Sería interesante que este tipo de políticas nacionales de vigilancia estatal se discutieran también entre todas las partes interesadas para encontrar puntos de equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Como dije, en varios países, las empresas privadas están empezando a trabajar muy fuerte en estos temas, aunque en el Perú y en gran parte de América Latina estos esfuerzos todavía están dando sus primeros pasos.

Libertad de expresión

Otro de los tópicos que tuve la oportunidad de escuchar en las sesiones fueron las discusiones acerca de la libertad de expresión en Internet. Más allá de que todavía sobreviva algún debate al respecto, la comunidad internacional que asistió al Foro básicamente trabaja sobre el supuesto de que la manifestación de este derecho goza de las mismas protecciones tanto en entornos digitales como “analógicos”, incluyendo la noción de los discursos protegidos y la prohibición de la censura previa, además de que las responsabilidades deben ser judicialmente determinadas.

Dicho esto, quiero señalar dos líneas de debate que resaltaron entre las demás:

Internet como espacio seguro: A lo largo del Foro pude notar una especial preocupación en los stakeholders acerca de qué tan seguro es Internet para los niños y adolescentes y, en general, para las poblaciones vulnerables. Siendo más específicos, se discutió cómo la regulación estatal y la cooperación privada debía asegurar que estas poblaciones estuvieran “más protegidas” frente a expresiones violentas en Internet como los discursos de odio, la discriminación, la pornografía infantil, etc.  ¿Pero cómo implementar leyes que protejan a estos grupos sin que estas se conviertan en instrumentos de censura de contenidos? Asimismo, al ser Internet una tecnología que atraviesa las fronteras, se hace virtualmente imposible conseguir resultados efectivos si las leyes de los países no son las mismas. Entre alguna de las respuestas se planteaban una mayor educación de los usuarios, tratados internacionales que permitan combatir efectivamente los actos y expresiones que constituyan delitos e incluso existen proyectos impulsados por la UNESCO para educar a la gente joven en una cultura de paz en Internet que destierre los discursos de odio y combata el extremismo.

Bajada de contenidos y censura: Quizás esta sea la discusión más espinosa y en la que menos se ha logrado avanzar en todas las ediciones del Foro. La bajada de contenidos de forma arbitraria y los mecanismos de censura previa en Internet existen en muchos países de todas las regiones y constituyen una afectación clara e ilegítima al derecho a la libertad de expresión. Ejemplos como Irán, China, Etiopía, Turquía (sede del Foro de 2014) y Cuba son solo la cara visible del problema, dado que existen cientos de mecanismos empleados por regímenes “democráticos” para silenciar las voces críticas en Internet.

El esquema de múltiples partes interesadas parece haber fracasado contra el argumento de soberanía que esgrimen ciertos gobiernos para negarse a dialogar sobre sus políticas de censura en Internet. De hecho, ni siquiera en los esquemas de diálogo multilateral (o sea, entre los gobiernos) se ha logrado generar una corriente de cambio. Queda la sensación de que la lucha pasa por impedir que esta visión de un “Internet controlado” sea exportada con éxito a otros países.

Si bien es positivo señalar que en el Perú no vivimos en tiempos de censura en las redes, no por ello estamos fuera de peligro. Preocupa especialmente que la corrupción y el descrédito de las instituciones democráticas hayan conseguido que cada vez más peruanos piensen seriamente en soluciones autoritarias para resolver los problemas. Sumado a ello está el hecho de que a pesar que contamos con planes para mejorar el acceso a Internet y e incrementar los mecanismos de inclusión digital, todavía muchos políticos no entienden bien las características y potencialidades de esta tecnología y por lo tanto de vez en cuando surgen proyectos de ley que intentan criminalizar la expresión en estos medios.

Gobernanza para el Perú

Quisiera cerrar este breve recuento de temas, retomando algo que dije al inicio a propósito de mi presencia en el Foro. Durante los cuatro días que duró al evento estuve en diferentes workshops e intervine en varios de ellos, pero a pesar de que me esforcé bastante, no conseguí encontrar a ningún representante del gobierno peruano entre los asistentes, ni en la sesión principal, ni en alguno de los paneles.

Teniendo en cuenta que el Foro de Gobernanza es un espacio privilegiado de discusión no solo para activistas sino también para los gobiernos, resulta desconcertante que el Perú no haya considerado enviar aunque sea una persona a un evento cuya sede ha sido un país de nuestra región. Sin duda, esto debe cambiar no solo a nivel de incluir al Perú en la discusión sobre el desarrollo Internet sino también de cambiar la manera en que se construyen las políticas públicas, mediante el diálogo y el consenso y  no mediante la imposición y la verticalidad que hemos visto en los últimos años. El Perú necesita de forma urgente un verdadero espacio de gobernanza en donde participen todos los actores de la sociedad. Mientras no exista, seguiremos avanzando de espaldas al mundo.

Foto: Ricardo Matsukawa, NIC Brasil