En nuestro país, el flagelo de la inseguridad ciudadana sigue latente. La tecnología como herramienta para combatirla todavía no termina de afianzarse, o más bien, de generar una confianza definitiva. En los últimos años, varias iniciativas del Ppoder Eejecutivo y del Congreso han promocionado políticas de seguridad que tienen como estandarte el uso de la tecnología. El acceso a metadata y datos de geolocalización, el acceso a los circuitos cerrados de televisión (CCTV), la creación de un registro de celulares con verificación biométrica de usuarios y la utilización de drones para patrullaje, son algunas de las propuestas planteadas.
Un nuevo proyecto de ley presentado por la congresista Lourdes Alcorta Suero plantea modificar algunos artículos de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de la Ley Orgánica de Municipalidades para darle acceso a la Policía Nacional del Perú a los sistemas de videovigilancia de los gobiernos regionales y municipalidades. En principio, suena como una buena ideaY está bien. La Policía debe poder acceder a las cámaras de seguridad instaladas en las calles. El problema está en el diseño de la política. ¿En qué contexto se debe permitir este acceso? ¿Existe un protocolo que determine un procedimiento para solicitar las grabaciones? ¿Durante cuánto tiempo la Policía las tendrá disponibles? ¿Qué sucederá con esas imágenes cuando ya no se necesiten? ¿En qué soporte se entregarán los archivos? ¿Quién emitirá la orden o solicitud? ¿Será revisada por un fiscal o un juez? ¿Es una medida necesaria? ¿Hay un estudio previo que justifica esta iniciativa? Ninguna de estas preguntas están respondidas en este proyecto de ley.
CEn nuestro país, cada vez que un congresista o un funcionario público presenta una nueva propuesta o una modificatoria a una política pública, estamos frente a una oportunidad importante. Mucho más si en esa política se quiere regular el uso de tecnología. Como se advierte en este caso, la congresista solo agregó a cuatro artículos de las mencionadas leyes la sentencia “permitir el acceso de la Policía Nacional del Perú, a los sistemas de video vigilancia” de los Gobiernos Regionales o de las municipalidades. No se tuvo en cuenta si eso ya estaba permitido en otra norma, ni mucho menos si era necesario. Es curioso que algunos artículos que quiere modificar, ya lo permitían. Por ejemplo, la Ley 27867 – Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 85, ya determinaba la coordinación conjunta con la Policía Nacional para establecer un sistema de seguridad ciudadana. ¿Por qué modificarla? Hubiese sido mejor establecer un protocolo de coordinación para que las instituciones involucradas mejoren su comunicación y el ciudadano sepa qué y cómo están manejando sus imágenes.
La respuesta a esa pregunta no está en la exposición de motivos. Este proyecto de ley nació luego de una reunión de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas. Allí se compartieron los avances y problemas que los miembros de esta Comisión atraviesan. Uno de estos problemas (en realidad, el único que se menciona) refiere a la cantidad de cámaras a las que la Policía Nacional del Perú tiene acceso (ciento veinte120, según el Ministro del Interior). Sin embargo, detalla que gobiernos regionales y municipalidades tienen 1057 cámaras y, según dice el funcionario, también son accesibles por la Policía. Por eso, resulta curioso que quieran modificar estos artículos cuando ya la misma Policía podía revisarlos.
Según la congresista, este proyecto ayudaría a la Policía a tener “una visión completa de lo que ocurre en los diferentes distritos del país”. ¿Acaso antes no lo tenía? Quizás la intención del proyecto sea darle mayor poder a la Polícia para que pueda llegar a una oficina del gobierno regional o municipal y, sin pedirle permiso a nadie, tenga acceso a las cámaras de seguridad. También menciona que, como resultado de este proyecto de ley, la policía “intervendría a tiempo, llegando inmediatamente a la ocurrencia, y logrando una intervención eficaz en la lucha contra la delincuencia, siendo los más beneficiados, los ciudadanos, aquellos que tanto claman por seguridad.” Sí, la ciudadanía clama por seguridad, pero también reclama más transparencia, más profesionalismo y más legalidad. No se debe dejar de lado el debido proceso, la prueba y su cadena de custodia. Por eso, en el diseño de políticas de seguridad ciudadana es muy importante que el legislador tenga en cuenta, no sólo el ataque a la problemática real, sino también al marco normativo en el que protege y garantiza el uso de las herramientas que el Estado tiene a su disposición.
Director de Proyectos (2016-2018)
Abogado por la Universidad Blas Pascal de Córdoba (Argentina) y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a Máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg (Holanda).
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