Hace unos meses se presentó en el Congreso el Proyecto de Ley N° 1950/2017-CR, que busca modificar el artículo 164 del Código Penal sobre la publicación indebida de las comunicaciones. El objetivo es que este delito se amplíe para incorporar como protegidas a las comunicaciones hechas a través de mensajería instantánea y correo electrónico, además de las que ya estaban reguladas anteriormente. Asimismo, plantea un nuevo supuesto de agravante en el que, si el contenido publicado pertenece a una comunicación o grabación telefónica, la pena será de hasta dos (2) años. Su impulsor principal, el congresista Héctor Becerril, afirmó que esto es necesario para actualizar una norma que ha quedado desfasada con el avance de la tecnología.

Creemos que la protección del secreto de las comunicaciones es una preocupación legítima, sobre todo en el contexto que vivimos hoy en día. Sin embargo, tal como ya lo han señalado diferentes medios de comunicación, esta propuesta tiene varios problemas que podrían restringir otros derechos de forma ilegítima como la libertad de expresión, de información e inclusive el uso cotidiano que hacemos de Internet. Además, no representa una solución real para combatir el verdadero problema que es la existencia de organizaciones dedicadas a la interceptación ilegal de las comunicaciones, que no se ven afectadas por esta propuesta.

Entre algunos problemas encontrados está el hecho de que ya varias veces el Tribunal Constitucional ha indicado que no resulta punible la difusión de comunicaciones cuando existe un interés público de por medio o no se afecta la intimidad. Por otro lado, consideramos que ya existen múltiples herramientas en la vía civil para obtener la satisfacción de algún perjuicio causado por estos actos y que el Derecho Penal debería reservarse solo para quienes cometen los delitos de interceptación, dejando a salvo a periodistas, whistleblowers y ciudadanos que actúen de buena fe. En ese sentido, inclusive hemos identificado otro Proyecto de Ley mejor estructurado que sí podría servir a los objetivos de la propuesta del congresista Becerril.

Por todos estos motivos, hemos decidido enviar esta a carta a los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que deben revisar este Proyecto de Ley para que lo tengan en consideración a la hora de evaluarlo.