Pocos temas han provocado debates tan intensos y prolongados en nuestro país como el fenómeno de la violencia. En diferentes espacios y contextos, las manifestaciones individuales y colectivas de la violencia han merecido todo tipo de análisis, de los cuales se han desprendido igual número de políticas públicas e iniciativas de los demás actores de la sociedad para combatirla y mitigar las consecuencias negativas de su uso indiscriminado, aún por parte del Estado.
No obstante el aumento de la delincuencia y la violencia familiar son dos de los casos que actualmente concentran mayor atención y recursos, la violencia es un fenómeno transversal y por lo tanto la posibilidad de que se “traslade” a cualquier lugar en donde se relacionen las personas no solo es real sino que se concreta y percibe actualmente en diferentes espacios. Uno de ellos es el entorno digital.
Durante la semana pasada se ha dicho y escrito mucho sobre la orden judicial que ordena a Apple colaborar con el FBI para acceder a los datos del iPhone de uno de los autores de la masacre de San Bernardino. La negativa de Tim Cook, CEO de la compañía, ha sido apoyada y criticada desde diferentes frentes.
Sin duda es un tema polémico, pero sobre todo complejo. Por ello, quizás lo peor que se puede hacer para aproximarse a una mejor comprensión del asunto es separar los hechos actuales (el pedido del FBI y la negativa de Apple) de sus consecuencias. Ambos están íntimamente ligados y encierran dentro de sí debates que no son nada nuevos como el de seguridad vs. privacidad o el de los backdoors promovidos por el gobierno de Estados Unidos.
Entre el 10 y 13 de noviembre se realizó la décima edición del Foro de Gobernanza de Internet 2015 en Joao Pessoa, Brasil. Este evento, creado por mandato de Naciones Unidas en 2005, reúne a miles de personas alrededor del mundo y tiene como principal objetivo promover un diálogo horizontal sobre el desarrollo de Internet, empleando el modelo multistakeholder o de múltiples partes interesadas.
Al tener la pretensión de albergar una gran cantidad de discusiones, la organización del Foro tiene la particularidad de que mientras se desarrolla la sesión principal, corren en paralelo otras sesiones o “workshops” en donde se abordan todo tipo de temas, algunos muy generales como “Neutralidad de la Red en el mundo” y otros más específicos e interesantes como “La muerte e Internet: Legados digitales”.
Para un peruano, participar del Foro de Gobernanza de Internet no solo supone una experiencia enriquecedora a nivel académico sino también reveladora en muchos aspectos. Al ser Internet una tecnología utilizada a nivel mundial, casi todas las discusiones y polémicas vistas en el Foro nos alcanzan en algún punto y también a las políticas públicas que han implementado nuestros gobiernos.
El 27 de julio de este año, mientras los más de 30 millones de peruanos disfrutaban del feriado nacional, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1182, una norma que en la práctica convierte a todos los ciudadanos en posibles criminales a los que hay que mantener vigilados. Como advertimos desde un inicio en Hiperderecho, el DL 1182 (que se hizo conocido rápidamente como la “Ley Stalker”) crea dos situaciones muy concretas que suponen una afectación masiva y desproporcionada a los derechos fundamentales. La primera es permitir la geolocalización de equipos conectados a una red de telefonía sin orden judicial previa y la segunda es la retención de datos derivados de las telecomunicaciones por un período de tres años.
Como ya lo habíamos adelantado, el primer control de la #LeyStalker estará en manos del Congreso en las próximas semanas. Una comisión ordinaria designada por el Presidente del Congreso tendrá diez días para emitir un dictamen sobre el Decreto Legislativo 1182. En este informe podrá recomendar su derogación o modificación si considera que está en contra de la Constitución o excede las facultades otorgadas al Ejecutivo. Esta discusión no debería de pasar desapercibida por el Congreso. Teniendo en cuenta el peligro potencial que representa para los derechos fundamentales, es mucho lo que el Congreso necesita analizar. Estos son cinco motivos por los que creemos que la Comisión designada debería solicitar su derogación.
El jueves 26 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ordenó por consenso la designación de un relator especial que tendrá la tarea de investigar y producir informes acerca de la situación en materia de respeto al derecho de la privacidad alrededor del mundo, con especial énfasis en los entornos digitales.
Esto no solo es un hito en cuanto a la revalorización de la privacidad como derecho fundamental, en un mundo en donde Internet ha penetrado casi todos los ámbitos de desarrollo y expresión humana, sino también una respuesta esperada por cientos de organizaciones defensoras de las libertades digitales, incluyendo Hiperderecho, que habían enviado una carta a este Consejo pidiendo la creación de este puesto (PDF).
Y aunque es cierto que todavía debemos esperar a la elección del relator y a su primer informe para calibrar el impacto real que tendrá esta decisión sobre los casos más recientes de violaciones a la privacidad realizadas por diferentes gobiernos, desde aquí queremos arrojar algunas luces acerca de lo que esto significa para el contexto latinoamericano.
¿Cómo vamos en cuanto al respeto a la privacidad en Internet en Latinoamérica?
Para poder saber cómo nos afecta la decisión de la ONU, es necesario analizar la situación actual en la que nos encontramos. Para ello, vale la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿Nuestros gobiernos son respetuosos de nuestra privacidad? ¿Tenemos leyes que regulen la actuación del Estado en materia de vigilancia, intervención de las comunicaciones y protección de datos personales en Internet? ¿Existen casos de espionaje ilegal a ciudadanos por parte del gobierno?
Las respuestas a estas preguntas varían dependiendo del país que se analice. Es increíble notar cómo dentro del espectro de actuación de los gobiernos podemos encontrar desde los ejemplos menos lesivos para la privacidad en Internet hasta los que han impuesto (o pretenden imponer) modelos restrictivos y claramente violatorios a dicho derecho.
En Argentina la polémicas está sobre el SIBIOS, un sistema de identificación biométrica que pretende acaparar la información de todos los ciudadanos argentinos con el pretexto de (otra vez) luchar contra el crimen. De igual forma, tanto este país como Uruguay y Colombia, han adquirido recientemente costosos equipos de interceptación de comunicaciones que, sin control adecuado, ponen en riesgo el ejercicio de los derechos en Internet.
México no se salva tampoco de las iniciativas del gobierno para censurar contenidos, establecer obligaciones de almacenamiento de información a los proveedores de servicio y acceder más fácilmente a la información de los usuarios en Internet con motivos de persecución penal.
Y finalmente llegamos al Perú, en donde casos como el espionaje de la DINI, la posible firma del TPP sin previo debate en la sociedad y una serie de sentencias judiciales y administrativas e incluso leyes lesivas para el ejercicio legítimo de los derechos en Internet nos hacen ver que temas como la defensa de la privacidad de los ciudadanos no son una prioridad para el gobierno. Y es quizás en eso que se parecen la mayoría de los países, en la falta de una defensa y promoción desde el Estado de los derechos humanos que se expresan en el mundo digital.
Siendo este el escenario actual, creemos que la decisión de la ONU marcará una suerte de rumbo que debería guiar las acciones de los sucesivos gobiernos de Latinoamérica sobre esta materia en pro de una sociedad más libre y más justa. La tarea de asumir ese reto queda en sus manos y la de fiscalizarlo en las nuestras.
Carlos Guerrero es Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colaborador de Hiperderecho.
Crónica de un tratado que pone en riesgo las libertades en Internet
Por: Carlos Guerrero*
El pasado 20 de abril finalizó la Conferencia de Ministros de los países negociadores del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) celebrada en Singapur. Con varios tramos de la negociación entrampados, el TPP lleva más de medio año sin avanzar en sus puntos más críticos por falta de consenso, a lo que se suman las voces desde la sociedad civil que exigen conocer el texto pues contendría capítulos lesivos para los intereses de la colectividad. A continuación, haremos un breve recuento de lo acontecido hasta la fecha sobre el TPP.
¿Qué es el TPP?
El TPP es, tal como se puede leer en la web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, un acuerdo en el que participan 11 economías pertenecientes al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y que buscan construir un acuerdo que sirva básicamente para facilitar el tráfico comercial, fomentar el crecimiento e impulsar el desarrollo de sus miembros.
Esta especie de “TLC masivo” se viene negociando desde 2010 y aunque está bastante avanzado en muchos de sus puntos, desde el año pasado, las dos economías más grandes del acuerdo; Estados Unidos y Japón, no consiguen ponerse de acuerdo con las demás en temas sensibles como salud, productos agrícolas, medio ambiente y propiedad intelectual.
¿Cómo ha avanzado hasta ahora?
En total, se han realizado más de 19 rondas de negociaciones desde 2010 hasta la fecha, y en las que han intervenido desde equipos técnicos hasta ministros de estado. A decir de los expertos, aunque el acuerdo se encuentra en la recta final, existen todavía demasiados temas sin resolver y por lo tanto —a pesar de la impaciencia de Obama— no se espera que el TPP esté listo para ser firmado en este año.
La controversia
Al ser un acuerdo materia de negociación multilateral, el contenido del mismo (junto con todas las propuestas de modificación y las observaciones) es estrictamente privado y las delegaciones de todos los países tienen prohibido difundirlo. Este secretismo ha despertado la desconfianza de muchos sectores de la sociedad e incluso de otros poderes del Estado, que han llegado a exigir que el texto del acuerdo sea hecho público antes de suscribirlo.
Y es que entre algunos de los temas en los que este acuerdo pretende regular están unos muy sensibles como la protección de los derechos de autor, la propiedad intelectual y la libertad de expresión en Internet. Así pues, de aprobarse sin el debido análisis, estas políticas restrictivas (impulsadas especialmente por Estados Unidos, en donde ya se aplican) tendrían un impacto negativo tanto en la forma en que accedemos a estos servicios como en nuestra capacidad para ejercer los derechos que veníamos ejerciendo de forma libre en el ciberespacio.
Las sospechas
Dado que no existe a la fecha una copia del tratado que permita dilucidar cómo venimos actuando en cuanto a la protección de estos derechos frente a las imposiciones de cierto bloque, las únicas fuentes que han podido consultarse han llegado desde dos frentes opuestos:
El primero es un documento de dos páginas expedido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en enero de este año, “Estado de la situación”, en donde se indica de manera sucinta los avances del acuerdo y los temas que no se ha tocado, no se han debatido o en los que no se ha llegado a un consenso.
El segundo es un WikiLeak que fue revelado el 13 de noviembre del año pasado, en donde se confirma lo que ya era un secreto a voces entre los seguidores de la negociación del TPP. En casi 95 páginas se deja al descubierto un texto en donde no solo se habla de patentes, medicinas y extensión de plazo de protección de los derechos de autor, sino también de responsabilidad de las ISP (los proveedores de servicios de Internet) sobre los contenidos que utilizan sus usuarios, lo que vulneraría la neutralidad de la red, constituyendo una versión más reciente de proyectos similares como A.C.T.A y S.O.P.A.
¿Cómo afectaría la firma del TPP a la forma en que utilizamos el Internet en el Perú?
Como lo han venido diciendo los diferentes colectivos y organizaciones civiles como la internacional Electronic Frontier Foundation (EFF), la chilena Derecho Digitales y la peruana Hiperderecho, los riesgos potenciales de firmar un tratado en donde se contemplen este tipo de regulaciones son variados.
Al respecto, en una reciente misiva la ONG Hiperderecho, instó al presidente Ollanta Humala a “transparentar” el proceso de negociación del TPP y detalló los peligros potenciales de una firma a puertas cerradas y sin ningún mecanismo de control desde la sociedad civil. Entre los puntos mencionados se encuentran las nuevas y más rígidas regulaciones en torno a la propiedad intelectual, la franja de precios agropecuaria, las medidas de protección a las inversiones extranjeras y, por supuesto, la restricción del libre uso de la tecnología y el Internet.
Sobre este último punto se debe hacer especial énfasis pues tiene que entenderse que con la eventual firma de este tratado, el Perú condiciona su comportamiento a una de las políticas más duras e invasivas de la región como lo es la de Estados Unidos. Cabe pues preguntarse si en verdad es conveniente para nosotros suscribir este tipo de capítulos y condicionar nuestra legislación a intereses ajenos que, en su mayoría, recortan más de lo que entregan.
Una solución que Hiperderecho y otras organizaciones han planteado es la instalación de una “máquina ciega” que permita visualizar el tratado antes de que se firme. Sin embargo, Mincetur ha venido negando esta posibilidad, lo que no puede sino incrementar nuestras dudas con respecto a la agenda manejada por nuestros representantes en la negociación del TPP.
¿Un acuerdo en donde se regulan temas con tantas repercusiones para la libertad y el desarrollo de nuestro país debería ser de conocimiento público? Por lo antes mencionado, todo apunta a que la respuesta es afirmativa.
Carlos Guerrero es Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colaborador de Hiperderecho.
