Somos una organización sin fines de lucro que cree que la tecnología es una herramienta de liberación social y trabaja para defenderla de cualquiera que la ponga en riesgo.
La controversia por el Decreto Legislativo 1182 o Ley Stalker continúa vigente. Tres semanas después de su promulgación, todavía no sabemos cuál será la suerte que correrá esta norma que autoriza a la policía conocer la ubicación de cualquier usuario de celulares sin necesidad de orden judicial y ordena a las empresas operadoras a conservar los registros de todas las comunicaciones fijas, móviles y por Internet de los peruanos por hasta tres años para ser consultados por el Estado. En las próximas semanas, será la recién instalada Comisión de Constitución del Congreso la que revisará su constitucionalidad.
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Esta semana hemos visto con preocupación las filtraciones que revelan la adquisición por parte de diversos gobiernos latinoamericanos de sofisticado software de espionaje y vigilancia de comunicaciones. Frente a ello, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica hemos firmado este comunicado expresando nuestra preocupación por estas revelaciones y nuestro derecho a conocer más sobre el contexto en el que estas herramientas son utilizadas.
El domingo 5 de julio se expusieron públicamente 400GB de información de la empresa italiana Hacking Team, dedicada a la comercialización de software de espionaje a gobiernos. Los documentos incluyen facturas, correos electrónicos, datos fiscales, código fuente, entre otros archivos. Las revelaciones permiten entender los alcances a nivel global de Hacking Team, una compañía que fue catalogada en 2013 por Reporteros Sin Fronteras como uno de los “enemigos de Internet”.
El software de espionaje comercializado por Hacking Team, conocido también como DaVinci o Galileo, es un programa que infecta los dispositivos de la persona atacada, permitiendo sustraer datos, mensajes, llamadas y correos. El atacante también obtiene acceso al micrófono, cámara y teclado para registrar imágenes, audio o cualquier otra actividad sin conocimiento de la persona afectada.
En la filtración se halló que seis países de América Latina son clientes de Hacking Team: Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. Dependencias como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Secretaría de Inteligencia de Ecuador (SENAIN) la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia (DIPOL) o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (CISEN) han adquirido licencias de software de control remoto (RCS) a la empresa italiana. En el caso de México, se identificaron hasta 14 contratos individuales con la compañía, por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales, algunos de ellos sin facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.
Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina rechazamos la venta y adquisición de estos programas de vigilancia, que sin controles adecuados, ponen en riesgo los derechos humanos de la región, por los siguientes motivos:
El proceso de compra ha sido realizado con total opacidad. Exigimos que los Estados involucrados realicen esfuerzos para asegurar la transparencia de sus actividades de inteligencia, en particular relativos a la compra y tipo de utilización efectiva de tecnologías que permiten vigilancia informática, ante la posibilidad real de que este software esté siendo utilizado para espiar a activistas y disidentes sin causa justificada. En 2013, la firma Kaspersky ya demostró que DaVinci fue usado para el espionaje de activistas políticos en el Medio Oriente.
Debido a los bajos estándares de control legal en la adquisición y uso de las tecnologías de vigilancia en la región, se necesita una discusión abierta en los Congresos nacionales acerca de las leyes que rigen y regulan las actividades de vigilancia, sometidas al escrutinio público. Ante la posibilidad técnica de que estas actividades pongan en riesgo derechos humanos, estas legislaciones deben reflejar los estándares más altos y sujetar las acciones de los organismos de inteligencia a la autorización previa de un organismo judicial imparcial e independiente.
Las labores de vigilancia de los gobiernos deben regirse bajo el principio de proporcionalidad, agotando todas las instancias legales posibles antes de violar la privacidad de un individuo. Se debe abogar por las medidas menos intrusivas y por la existencia de puntos de control estrictos. De lo contrario, no solo se violenta el derecho a la privacidad, sino que se atenta contra la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de circulación y de asociación; así como el completo ejercicio de los derechos humanos.
La empresa Hacking Team y los gobiernos involucrados son responsables de dicho espionaje en la esfera internacional. Exigimos que las empresas tengan como prioridad el respeto de los derechos humanos y no los contratos de prestación de servicios con gobiernos opresores y abusivos. A los Estados, exigimos que respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, cesen dichas prácticas ilegales de vigilancia y transparenten el objetivo de la compra de software, el presupuesto público gastado en cada caso y las garantías tanto legales como procedimentales para evitar la violación masiva de derechos.
Artículo 19 (México y Centroamérica)
ACI-Participa (Honduras)
Contingente MX (México)
Derechos Digitales (América Latina)
Enjambre Digital (Mexico)
Electronic Frontier Foundation
RedPato2 (Colombia)
R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales (México)
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¿Eres estudiante de Derecho de pregrado o postgrado? ¿Te interesa aprender más sobre Derecho de la Internet? ¿Quieres trabajar en asuntos de interés público con relevancia nacional? Entonces puedes postular para trabajar en Hiperderecho como parte del programa de becas Google Policy Fellowship 2015.
Este programa otorga una asignación económica para un periodo de diez a doce semanas a los estudiantes que hayan manifestado su interés en formar parte de alguna de las entidades participantes. El estudiante seleccionado para trabajar en Hiperderecho se encargará de producir análisis legal, escribir artículos de investigación, comentarios a proyectos de ley y también entradas en nuestro blog en estrecha colaboración con nuestro equipo. Pueden encontrar más información y conocer el mecanismo de postulación desde la página oficial del programa o en este post en el blog oficial de Google. La fecha límite para postular es el 17 de julio.
Por primera vez, Hiperderecho es parte del grupo de organizaciones de todo el mundo que han sido seleccionadas por Google para ser parte de este programa. En la convocatoria para Latinoamérica también participan nuestros amigos de la ONG Derechos Digitales de Chile, la Fundación Karisma de Colombia y la Red en Defensa de los Derechos Digitales de México.
Hiperderecho
Somos una organización civil peruana sin fines de lucro dedicada a investigar, facilitar el entendimiento público y promover el respeto de los derechos y libertades en entornos digitales. Desde el año 2012, somos la única organización peruana que se dedica a la defensa de los derechos y libertades en línea. Trabajamos en temas como libertad de expresión, privacidad, derechos de autor y transparencia. Nuestro trabajo ha sido destacado en distintos documentos oficiales como proyectos de ley o informes legales y también en los principales medios de comunicación nacionales. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo aquí.
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El World Intermediate Liability Map (WILMap) es una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford que busca educar al público sobre la evolución de la regulación sobre intermediarios en Internet. Bajo la dirección de Giancarlo Frosio, el proyecto abarca más de sesenta páginas individuales que contienen la regulación y jurisprudencia sobre responsabilidad de intermediarios en Internet existente en distintas jurisdicciones nacionales.
Desde este mes, Hiperderecho es colaborador oficial de la iniciativa a través de la página correspondiente a Perú. Este espacio continuará actualizándose conforme aparezcan nuevas normas y decisiones judiciales o administrativas sobre la materia.
Los regímenes de responsabilidad de intermediarios en Internet constituyen un cuerpo normativo es especial interés para el ejercicio de derechos humanos. Estas leyes pueden ser auténticos facilitadores o barreras para la libertad de expresión al regular los deberes, responsabilidades y salvaguardas que aplican a las empresas que facilitan el acto de comunicación y difusión de contenidos a través de Internet. Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Perú tiene la obligación de incorporar normas de este tipo en su ley nacional. Sin embargo, luego de una consulta pública durante el año 2012, el Estado todavía no ha hecho pública su propuesta sobre la materia.
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ONG Hiperderecho y Ojo Público organizan este sábado 30 de mayo la primera CryptoDataParty del Perú. Se trata de una actividad de aprendizaje colaborativo de todo un día centrada en la privacidad y el periodismo de datos. El evento busca difundir el uso de herramientas de comunicación segura y privada como Tor, PGP, VPNs y chat OTR a través de capacitación personalizada. Además, también habrán grupos de aprendizaje sobre el uso de bases de datos públicas y privadas para la investigación periodística y charlas a lo largo de todo el día.
El evento está dirigido especialmente a periodistas,activistas sociales y políticos y usuarios de Internet que deseen recibir entrenamiento personalizado en su propia computadora o teléfono sobre cómo evitar que sus comunicaciones electrónicos sean fácilmente intervenidas por terceros. Por eso, se recomienda que los asistentes traigan sus propias computadoras. El formato del evento está inspirado en la tradición del CryptoParty que se lleva a cabo alrededor del mundo.
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Hiperderecho es parte de un grupo de organizaciones de la sociedad civil peruanas que han firmado este pronunciamiento alertando sobre el avance de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP) y sus peligros para los derechos de todos los peruanos. Este pronunciamiento impulsado por la Red para una Globalización con Equidad también lleva la firma de más de quince organizaciones de la coalición No Negociable y la lista puede consultarse aquí.
Perú a punto de firmar el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) poniendo en riesgo la salud y los derechos de todos los peruanos y peruanas
Las organizaciones de sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra preocupación ante el anunciado próximo cierre de las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Enterados que mesas de negociación de suma importancia como la de Propiedad Intelectual no han sido cerradas aún por las exageradas demandas de los Estado Unidos en materia de patentes de medicamentos, exigimos al Gobierno peruano garantizar una posición negociadora que ponga por encima los derechos de los peruanos y peruanas; y tal como lo hemos venido exigiendo desde el inicio de las negociaciones se establezcan, públicamente y al más alto nivel del Ejecutivo, las líneas rojas no negociables. En ese sentido, la sociedad civil exhorta al Perú a NO aceptar las flexibilizaciones que busca Estados Unidos:
No debemos aceptar nuevos estándares en materia de propiedad intelectual a los actualmente vigentes y ya comprometidos en los TLC anteriores, porque se restringiría el acceso a medicamentos esenciales afectando la salud de todos y todas.
No debemos aceptar la extensión de la vigencia de las patentes, en beneficio de las ganancias de la gran industria farmacéutica y en desmedro de los y las pacientes. Casos como el Atazanavir y su sobrecosto serían innumerables.
No debemos aceptar la protección datos prueba para productos biológicos, ya que estaríamos limitando la competencia y manteniendo elevados los precios para tratamientos de enfermedades de alto costo.
Asimismo, expresamos nuestra preocupación frente a otros temas que también estarían vulnerando los derechos de los peruanos y peruanas:
No debemos aceptar condiciones en el capítulo de propiedad intelectual que creen procedimientos privados de retirada de contenidos de Internet quitándoles jurisdicción a nuestros tribunales nacionales, afectando el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías para la libertad de expresión.
Hasta ahora, los mecanismos de arbitraje y protección de inversiones en los TLC han servido para bloquear la capacidad reguladora de los estados en materia de salud, ambiente y otros temas claves, por ello es urgente que se analicen los impactos reales de este modelo de atracción de inversiones que viene generando problemas a los estados, en lugar de reforzarlos o incluso ampliarlos como en el TPP.
La política comercial que viene promoviéndose con los acuerdos comerciales desincentiva el trabajo decente. El Gobierno debe garantizar el cumplimiento de los derechos laborales internacionalmente reconocidos y asegurar que acuerdos como estos no se conviertan en mecanismos que promuevan la reducción estos derechos en nombre de la competitividad y atracción de las inversiones.
No debemos aceptar el proceso de certificación que exige Estados Unidos para la implementación de este acuerdo. Y es que en los últimos Tratados de Libre Comercio (TLC), el gobierno de Estados Unidos exige el cambio de leyes, reglamentos y procedimientos del país con quien ha firmado el acuerdo comercial y, mientras estos cambios no satisfagan a los Estados Unidos el acuerdo comercial o el TPP no podrá ser implementado. Lo que significa claramente una intromisión a nuestra soberanía de nuestro país.
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La organización peruana Democracia & Desarrollo Internacional organiza este miércoles 13 de mayo un taller sobre democracia digital y gobierno abierto dirigido a funcionarios, asesores y especialistas vinculados a la Administración Pública. El taller busca que los participantes reflexionen en torno a la importancia de la democracia digital, con el propósito de que pueda servirles para su ejercicio profesional e influir en el desempeño de las entidades a las que pertenecen. El evento contará con la participación de Miguel Morachimo, Director de Hiperderecho, quien hablará de los retos en materia de transparencia que tiene la Administración Pública y de ProyectosDeLey.pe. También participarán como expositores Patricia Gamio, Óscar Montezuma, Jimena Sánchez, César Zevallos y Elaine Ford.
Los interesados en asistir que estén dentro del público objetivo del taller pueden escribir a info@ddint.org. Se entregarán Certificados. El cupo es limitado.
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Este mes se llevará a cabo la tercera edición de LimaCC, el Festival de Cine Creative Commons de Lima. Este festival de cultura libre contará con música, proyecciones de películas y conservatorios sobre cultura libre, creación cultural y recursos libres a propósito del movimiento Creative Commons. Se proyectarán quince películas y cortos de todo el mundo, habrán varias mesas de discusión sobre Derechos de Autor, Música y Recusos Audiovisuales para Crear y la intervenciones musicales estarán a cargo de DJ Chuchupe y Chulkiboi. El programa completo puede consultarse desde la web de LimaCC.
Este festival es organizado por el Centro de Creación Contemporánea Tupac con el apoyo de Creative Commons Perú y el Ministerio de Cultura y la colaboración de Visible Media, La Combi y el Dragón de Barranco.
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No es novedad ver el enfrentamiento entre los derechos de autor y el derecho de acceso a la cultura y ciencia. Desde la aparición de tecnologías que permitieron una mayor participación en la cultura y ciencias, los derechos de autor se han convertido en la principal barrera de acceso al conocimiento. Esta barrera, en principio, no es negativa ya que permite a los autores poder beneficiarse del esfuerzo que realizaron al crear sus obras. El problema está en que estos derechos no necesariamente están pensados en el beneficio de los propios autores, si no que las políticas para establecer los regímenes de derechos de autor responden a los intereses privados de actores económicos detrás de la industria cultural y científica.
Muchos se preguntarán: ¿cuál es el problema?. Pues es tan sencilla la respuesta como pensar en que los derechos de autor se encuentran muy ligados a los derechos de acceso a la cultura y las ciencias. Otros podrán preguntarse cómo es posible que estos derechos, de los que cada vez más sale a relucir su parte patrimonial, se vean limitados con excepciones a los mismos en beneficio de la sociedad. Y es que tal vez muchos han olvidado que ambos están reconocidos como derechos humanos. Así pues, podemos ver en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Incluso, sin ir muy lejos, también lo apreciamos el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. En todas estas normas se reconoce tanto la protección a los derechos de autor como el derecho de la sociedad de disfrutar de la cultura y participar en el progreso científico.
En este orden de ideas, hace unas semanas Farida Shaheed, Relatora Especial de Naciones Unidas en el ámbito de derechos culturales, presentó en la 28 Sesión del Consejo de Derechos Humanos, ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, un informe sobre derechos culturales en el que se aborda esta problemática, y analiza los derechos de autor desde enfoque especial de los derechos humanos. Dicho informe resulta un gran hito al otorgarle mayor visibilidad a esta problemática. Resaltando que, en la actualidad, las nuevas tecnologías están revolucionando la forma en que se consume contenido cultural, y sobretodo este ya no tan nuevo contexto en el que la difusión y el acceso a las obras es mucho más sencillo que en otras épocas.
A pesar de este panorama, aparentemente tan favorecedor de difusión para los autores y acceso para la sociedad en general, no se ha superado la tensión existente entre estos derechos. En el informe mencionado se resalta que esta situación se debe a que, pese a haberse ya reconocido la primacía de los derechos humanos sobre el derecho mercantil (rama del derecho donde se encuentran incluida la propiedad intelectual),[1] todavía no existe una equiparación real de estos derechos desde una perspectiva de los derechos humanos.
Esto se materializa en las políticas internas sobre derechos de autor y sobretodo en las negociaciones de políticas sobre estos derechos en tratados comerciales que se han celebrado, entre diversos países, en los últimos años. En estos espacios se siguen reforzando las medidas de protección, creando regímenes mucho más restrictivos. Esto sumado a la nula participación de la sociedad en el debate de los mismos, siendo un claro ejemplo las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en los que el secretismo es lo que impera.
Asimismo, la Relatora de Naciones Unidas después de hacer una interesante reseña de los derechos de autor, su regulación, excepciones y nuevos paradigmas de protección y difusión, señala una serie de conclusiones y recomendaciones con las que podrían reconciliarse estos derechos. Entre ellos destacan, y comparto totalmente, los siguientes:
En las políticas públicas de todo país se debe descatar “la función social y dimensión humana” de los derechos de propiedad intelectual, en este caso en particular los derechos de autor. Asimismo, la necesidad de que las negociaciones de estos derechos, tanto en acuerdos comerciales como en políticas internacionales e internas, se den de manera pública, transparente y participativa.
Para garantizar un equilibrio entre la legislación de derechos de autor con los derechos humanos, es necesario que siempre se analice las posibles consecuencias que pueda traer la regulación, y aplicación de la misma, frente a los derechos de acceso a la cultura y las ciencias, así como al derecho de libertad de expresión y creación de toda persona.
Se alienta a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a promover instrumentos internacionales de excepciones y límites a los derechos de autor con especial trato a actos que tengan fines educativos y a partes de la sociedad que tengan limitaciones para acceder a obras (ej. personas con discapacidades físicas, poblaciones con idiomas menos difundidos, poblaciones pobres, entre otros.). Recomendando la creación de una lista de excepciones y límites mínimas, común a los países miembros, o políticas de ‘uso leal’ para flexibilizar las regulaciones actuales; en especial en los países donde el derecho continental tuvo mayor influencia.
Por otro lado, se recomienda a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a seguir eximiendo a los países menos desarrollados de las sanciones comerciales establecidas, en 1994, con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Ya que es evidente que para el año 2021 es posible que muchos aún no hayan igualado a los países más desarrollados.
También resalta la necesidad de que los países promuevan políticas que fomenten el acceso a la cultura, mediante distintas herramientas, como la promoción de licencias de libre acceso como las licencias Creative Commons, GNU General Public License, entre otras, con mayor enfásis en lugares como universidades y organismos de investigación públicos, para que de esta forma se promueva una cultura de creación colectiva que beneficie a la sociedad. Además de considerar políticas públicas que subvencionen proyectos de este tipo.
Por último, y no menos importante, se destaca la relación trascendental del entorno digital con el derecho de acceso al conocimiento y los derechos de autor. El Informe señala que las medidas de protección, en favor a los autores, no deben resultar desproporcionadas y deberían evitarse sanciones penales, y/o bloqueo de contenido y páginas web, como se ha estado realizando en los últimos años, poniendo no solo en peligro el derecho a la cultura y las ciencias, si no también muchas veces al derecho de libertad de expresión.
Sin duda alguna, el informe pone en debate nuevamente la tensión existente entre estos derechos y que resulta muy importante considerar para que poco a poco se puedan ir equilibrando los mismos. También es necesario tener en cuenta que si bien estos derechos de propiedad intelectual tienen un contenido patrimonial muy importante para el desarrollo económico de los países, no se puede dejar de lado el análisis de estos desde el plano de los derechos humanos. Es fundamental que se promueva el acceso a la cultura y las ciencias -y sus beneficios- para que una sociedad pueda desarrollarse de una manera más armoniosa a nivel social, económico y cultural.
Para terminar, una cita de Luis Eduardo Aute que podría resumir la importancia de todo lo tratado:[2]
La mayor riqueza que tiene un país es la cultura, eso lo hace más libre.
Un país será más libre en cuanto sea más culto. Es difícil que exista un país culto que se haya sometido a una tiranía. Yo creo que es la gran riqueza del colectivo humano, la cultura, pues es lo que lo diferencia de las bestias. Es el deseo de conocimiento.
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RightsCon 2015 es una conferencia sobre tecnología y derechos humanos que congrega anualmente a organizaciones de la sociedad civil, ingenieros, activistas, abogados, empresas y gobiernos en torno a las preguntas más actuales que plantea la evolución de los entornos digitales. Bajo la organización de Access, EngageMedia y la Foundation for Media Alternatives, la conferencia se llevará a cabo este año en Manila, Filipinas durante el 24 y 25 de marzo de 2015 y tendrá un énfasis en la realidad del sudeste asiático.
Miguel Morachimo, Director de Hiperderecho, participará como panelista en dos sesiones que se llevarán a cabo el 24 de marzo: Human Rights in Action: A Global Survey organizada por Access, la Electronic Frontier Foundation y Open Net Korea, y Postcards from Around the World: Censorship, Controls, Surveillance, and the Rising Tide of Opportunity, organizada por Access.
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