El Acuerdo de Promoción Transpacífico (TPP) es un acuerdo de libre comercio en negociaciones desde el 2008 entre países de la región Asia Pacífico, que incluye a Estados Unidos, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. Su contenido es secreto pero se sabe que contiene capítulos sobre inversiones, propiedad intelectual, comercio electrónico, telecomunicaciones, entre otros. En el 2011, se filtró al público el texto del capítulo de propiedad intelectual propuesto por Estados Unidos y ha sido materia de polémica desde entonces.
La moción presentada 29 de agosto de 2013 por un grupo de congresistas peruanos busca que el Pleno del Congreso solicite formalmente al Poder Ejecutivo que abra el debate público la posición peruana dentro de las negociaciones del TPP y que la Ministra de Comercio Exterior y Turismo acuda al Congreso a informar al respecto. En la moción, se toma como referencia las preocupaciones expresadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y respaldadas por más de tres mil peruanos bajo la campaña No Negociable. Así mismo, también se menciona la reciente decisión del Senado chileno de abrir al debate público las negociaciones del TPP en ese país.
Para Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho, “se trata de un importante paso en el proceso de legitimación de las negociaciones del TPP”. El especialista señaló que “la relevancia de los temas que se tratan en las negociaciones del Acuerdo, como libertad de expresión o acceso a medicamentos, ameritan que existan posiciones nacionales firmes en torno a esos temas”. Precisó que “no se trata de estar en contra del Acuerdo o del libre comercio, se trata de que las decisiones que el Ejecutivo toma por todos nosotros y que terminamos obligados a convertir en leyes sean correctamente evaluadas”.
Los congresistas que firmaron la moción son Manuel Dammert, Mesias Guevara, Leonardo Inga, Yohny Lescano, Rosa Mavila, Verónika Mendoza, Manuel Merino de Lama, Cecilia Tait y Alejandro Yovera. La moción actualmente se encuentra pendiente de ser revisada por el Consejo Directivo.
Hiperderecho y la ONG Derechos Digitales de Chile están organizando en septiembre un taller sobre campañas online e incidencia pública para organizaciones de la sociedad civil, activistas y público en general.
El taller se llevará a cabo el viernes 13 de septiembre a las 15:00 horas, en la Sala 3 del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Estará a cargo de Paz Peña, Directora de Comunicaciones de ONG Derechos Digitales.
El ingreso a la actividad es completamente libre y se recomienda inscribirse desde este formulario.
Hiperderecho y la ONG Derechos Digitales de Chile están organizando un conversatorio sobre derechos humanos en Internet, dirigido a estudiantes universitarios, bloggers y público en general.
La charla se realizará este jueves 12 de septiembre a las 18:00 horas, en el Anfiteatro Armando Zolezzi de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Av. Universitaria s/n, San Miguel) y estará a cargo de Francisco Vera de ONG Derechos Digitales, Miguel Morachimo de Hiperderecho y Óscar Montezuma.
El ingreso a la actividad es completamente libre y se recomienda inscribirse desde este formulario.
Un grupo de proyectos de ley presentados recientemente en el Congreso peruano, abordan diversos asuntos relacionados con el uso de Internet. Sin embargo, su entendimiento de las tecnologías y sus posibilidades es parcial y pesimista, terminando en fórmulas que proponen la prohibición de todo aquello que no se pueda controlar.
Un proyecto de ley presentado por el congresista Omar Chehade parte de la preocupación por la facilidad de acceder a contenidos pornográficos a través de Internet. Considera que resulta cada vez más difícil para los padres supervisar lo que sus hijos hacen en línea, debido a los diversos medios y dispositivos existentes para conectarse. Por ello, propone crear una comisión estatal dedicada a identificar y ordenar el bloqueo de todos los contenidos no aptos para menores disponibles en Internet. Este filtrado se aplicaría por defecto a todos las conexiones de Internet del país y solo se levantaría para los usuarios que lo soliciten expresamente a su proveedor de acceso.
La propuesta adolece de profundos problemas legales y prácticos, como lo hemos señalado en Hiperderecho. En principio, porque implantaría un sistema estatal de censura previa respecto de un contenido que en sí mismo es legal, como la pornografía. El proyecto no busca regular el acceso a pornografía infantil sino a la pornografía en general.
Además, el requisito de solicitar expresamente a la empresa operadora la habilitación de los contenidos pornográficos, crearía un registro nacional de consumidores de pornografía del que nadie querría formar parte.
En la práctica, el proyecto también sería una tarea de muy difícil implementación y mantenimiento. El volumen de sitios que tendrían que diariamente agregarse a la lista negra estatal llevaría a errores, zonas grises y casos en los que termine utilizándose esta potestad estatal con fines de censura política. El uso intensivo de esta potestad llevaría a bloquear servicios como Tumblr, Pinterest o todo el tráfico peer-to-peer en Perú. Por ende, la aceptación de estas soluciones abriría la puerta a que en un futuro cercano se busque implementar sistemas de filtrado similares para infracciones a los derechos de autor o difamación.
Por otro lado, luego de un accidentado primer intento por ampliar el catálogo de delitos informáticos existentes en Perú, un nuevo proyecto de ley firmado por el Poder Ejecutivo quiere incorporar un conjunto de nuevos delitos relacionados con sistemas informáticos. La propuesta se inspira en parte en el Convención sobre Cibercrimen de Budapest cuando propone incorporar delitos como los de acceso ilícito, atentado contra la integridad de datos o sistemas informáticos o el uso indebido de dispositivos, entre otros. Sin embargo, en algunos casos omite señalar excepciones que sí están presentes en el texto internacional y en otros incorpora artículos totalmente nuevos.
Es el caso de los delitos de grooming, discriminación e interceptación telefónica. En el primero, en firme cumplimiento de la tradición nacional por seguir las modas continentales, se propone penalizar a quien “a través de las tecnologías de la información o de las comunicaciones” contacte a un menor de catorce años para solicitarle material pornográfico o proponerle actividades sexuales. En el caso del delito de discriminación, se propone ampliar la redacción vigente del Código Penal para incluir los casos en los que el delito se realiza “a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”. En otras palabras, propone hasta tres años de cárcel para quien a través de un artículo, comentario o un video difundido por Internet discrimina o incita a la discriminación. Finalmente, el proyecto de ley también intenta aumentar las penas para el delito de interceptación telefónica hasta los seis años y propone agravantes para información clasificada o que comprometa la defensa y soberanía nacional.
Aunque ambos proyectos de ley han sido elaborados por equipos distintos y abordan problemas diferentes, es posible identificar algunos puntos en común. En primer lugar, comparten una visión desesperanzadora de lo que significa la tecnología y del rol estatal sobre ella.
La sociedad ha abrazado la apertura de la tecnología como una oportunidad para innovar y mejorar nuestra calidad de vida. Una oportunidad, por cierto, no desprovista de riesgos pero a cuyos beneficios no podemos negarnos. Por el contrario, en estos proyectos, nuestro Estado parece ver en la tecnología una profunda amenaza a la sociedad que es imprescindible reprimir y respecto de la cual nunca se podrá estar suficientemente protegido.
Por eso es que estos proyectos se esfuerzan en cubrir todos los supuestos posibles, así nunca se vayan a verificar en la práctica o no tengamos los medios apropiados para detectarlos. Por eso creen que es mejor que los supuestos sean demasiado amplios en lugar de hacerlos demasiado específicos. Esta aproximación “precautoria” a los usos de la tecnología puede terminar afectando no solo usuarios sino también a empresas, creadores y emprendedores que experimentan con los nuevos medios.
El otro rasgo común que tienen ambos proyectos de ley, es su alienación respecto de la realidad nacional y la capacidad institucional del Estado. Su punto de partida siempre es un documento internacional, una iniciativa extranjera que se pretende imitar o la necesidad figuración política frente a un tema de coyuntura.
Peor aún, la prisa en adaptar el Convenio de Budapest es evitar que se apruebe un proyecto de ley peor como el propuesto por la Comisión de Justicia el año pasadoy que todavía no ha sido retirado. Sin embargo, ninguno parte de señalar la cantidad de delincuentes que se le han escapado al Estado por un vacío legal, el éxito que han tenido estas medidas en otros países o el impacto que las medidas propuestas tendrán en la libertad de expresión, la protección de datos personales o el desarrollo de la investigación científica.
Esta desconexión con la realidad hace que las propuestas sean tan descabelladas como un filtro nacional anti pornografía, o tan populistas y peligrosas como ampliar el delito de discriminación a espacios como Internet. Son prohibiciones raras porque son tan ambiciosas que a todos nos queda claro que no se van a cumplir efectivamente, o solo se van a hacer valer selectivamente, contra aquello que el Estado no puede callar por otros medios. Estas prohibiciones amplias y principistas son muy peligrosas para una sociedad libre y la tecnofobia de algunos de nuestros políticos nos está llevando a tomarlas por inocentes.
El Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR (pdf) presentado por el congresista Omar Chehade y la bancada Nacionalista plantea serios cuestionamientos a las libertades individuales en Perú. El Proyecto propone establecer un sistema nacional de filtros de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores de Internet que impidan el acceso a páginas con contenido pornográfico. Este filtro sería aplicado por defecto a todos los usuarios de Internet y la única manera de evitarlo sería solicitándolo expresamente a la empresa operadora. Para ello, un grupo de representantes de entidades públicas sería el encargado de determinar qué contenidos serían objeto de censura. De esta manera, la propuesta busca proteger a los menores de edad del acceso a páginas pornográficas.
Para Miguel Morachimo, Director de la ONG Hiperderecho, el Proyecto desconoce la forma en la que funciona Internet y propone una solución imposible:
“La propuesta tiene un fin loable: proteger a los menores de contenidos para adultos en Internet. Sin embargo, crear una lista negra obligatoria de páginas web y servicios bloqueados por defecto es una idea que, además de imposible, atenta contra los derechos fundamentales. Sería equivalente a que todos los programas de televisión y publicaciones pasen por una revisión previa antes de hacerse públicos. Los principales proveedores de Internet ya ofrecen ese servicio a solicitud del usuario. Invertir el esquema atentaría contra la libertad de expresión, al abrir la posibilidad de establecer una censura estatal, y también afectaría el derecho a la vida privada, que asiste a todos los mayores de edad que desean acceder a esos contenidos sin tener que registrarse previamente.”
Así mismo, Morachimo manifestó que resultaría imposible que un grupo de siete funcionarios estatales revisen toda la Internet y actualicen constantemente una lista de páginas web bloqueadas. Invocó a los Congresistas a rechazar la moción y tratar de combatir el problema a través de intervenciones que se dirijan a educar a padres de familia y menores sobre el uso responsable de Internet o lograr alianzas público privadas que abaraten los costos de los filtros parentales actualmente ofrecidos. Finalmente, expresó su preocupación sobre la proliferación de este tipo de propuestas que pretenden controlar Internet y pasar por alto los derechos de los usuarios, como la Ley de Responsabilidad de ISPs que elabora el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en silencio y a la negociación a puerta cerrada del Acuerdo de Promoción Transpacífico.
Cada capítulo del tratado contará con una mesa de ponentes nacionales e internacionales. A las 11 am se presentará la mesa sobre Derechos de Autor y libertad en Internet con la participación de Katitza Rodríguez (Electronic Frontier Foundation), Francisco Vera (Derechos Digitales) y Miguel Morachimo (Hiperderecho). Esta mesa estará moderada por Marco Sifuentes del Instituto Prensa y Sociedad. También habrán mesas sobre Acceso a Medicamentos, Derechos Laborales e Inversiones.
El ingreso al evento es totalmente libre. Los esperamos en el Hotel San Agustín Exclusive (Calle San Martín 550, Miraflores) desde las 9 am.
Los expositores serán Peter Maybarduk de la ONG Public Citizen (USA), quien hablará de los cuestionamiento en materia de acceso a medicinas, y Francisco Vera de la ONG Derechos Digitales (Chile), que hablará de lo que significa el TPP para la problemática de los derechos de autor en Internet. Los comentarios estarán a cargo de Roberto López de Acción Internacional para la Salud y Miguel Morachimo de Hiperderecho.
El evento es abierto al público y empieza a las 1 pm en la Sala Fundadores de la Universidad del Pacífico (Av. Salaverry 2020). ¡Los esperamos!
En esta propuesta, Estados Unidos plantea varias de las normas más polémicas de la nefasta Ley SOPA y del Tratado Europeo ACTA sobre derechos de autor en entornos digitales, ambos rechazados el año pasado. Aceptar esta propuesta significaría para nuestro país en varios casos ir más allá de nuestras normas nacionales, de lo firmado en el TLC del 2007 e incluso de las reglas vigentes en Estados Unidos a la fecha. Aceptar estas nuevas reglas no solo re escribirá las leyes nacionales sobre derechos de autor sino que, además, restringirá la posibilidad que tiene el Congreso para modificarlas e introducir nuevas normas.
Existen varios tratados internacionales sobre propiedad intelectual, como el Convenio de Berna o los tratados ADPIC de la Organziación Mundial del Comercio. Estos tratados le dan a nuestro país cierto margen de maniobra para establecer políticas locales sobre el tema. De esa manera, tenemos leyes distintas a las de Argentina o Colombia en ciertas materias a pesar de haber firmado todos el mismo tratado.
Sin embargo, las disposiciones sobre propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las propuestas en el TPP reducen esta libertad. Al imponer normas estrictas y específicas, delimitan seriamente el espacio que como estado soberano tenemos para hacer nuevas leyes. Eso significa que eventualmente el Congreso no podría cambiar nuestra Ley sobre Derechos de Autor para introducir nuevas excepciones o reducir los plazos de protección sin arriesgarse a desconocer el tratado.
La ONG Hiperderecho es parte del grupo de organizaciones de la sociedad civil que está pidiéndole al Estado Peruano mayor transparencia y el establecimiento de límites no negociables en el marco del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). Cualquier peruano puede unirse a esta petición desde esta página web.
Esta petición es parte del grupo de iniciativas en las que estamos participando a propósito de la próxima ronda de negociaciones el TPP, que empieza la próxima semana en Lima. Pueden mantenerse al tanto de estas actividades siguiendo a No Negociable en Facebook.
También estuvo nuestra amiga Katitza Rodríguez de la Electronic Frontier Foundation, quien nos habló de la labor de su organización y de la importancia de la participación de la sociedad civil en los debates sobre Internet.
Gracias a la Asociación Peruana de Software Libre por invitarnos y a todas las personas que pudieron asistir.
