Ha pasado poco más de un mes desde que tenemos un nuevo gobierno y ya se han producido cambios importantes. Nuevas ideas, nuevos ministros, nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, un fantasma recorre el gabinete de PPK: el fantasma del Decreto Legislativo 1182. A pesar de los esfuerzos por reformar la aproximación en Seguridad Ciudadana, hasta hoy esta norma sigue permitiendo a la policía nacional acceder a nuestra ubicación en cualquier momento sin una orden judicial previa.

Para quién no recuerda el Decreto Legislativo 1182 (también llamado #LeyStalker), en Hiperderecho tenemos una sección entera dedicada a comentar la norma y los problemas que acarrea, además de un video explicativo, informes y otros recursos útiles.

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Sin duda alguna, mayo ha sido un mes marcado por diferentes sucesos de gran importancia para el país. Junto con el final de la campaña electoral y los destapes periodísticos de último momento, figura también la aprobación pendiente del texto que modifica el Código Penal y que ha generado acalorados debates.

Al respecto de este último hecho, a lo largo de las dos últimas semanas se ha escrito mucho sobre las deficiencias del proyecto de reforma. Se ha criticado, por ejemplo, que las penas han sido incrementadas o disminuidas usando criterios cuestionables y se han incluido nuevos tipos penales y agravantes contradictorios o superpuestos. Pero también hay un detalle que no hemos podido dejar de notar: el texto que quiere reformar el Código Penal incluye… ¡Un proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1182!

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La semana pasada les contábamos que el Ministerio del Interior había declarado como “información reservada” el Protocolo que se viene usando para geolocalizar sin orden judicial a los usuarios de equipos móviles en Perú. La entrada en vigencia de este “reglamento secreto” a inicios de noviembre ha terminado de deslegitimar a una norma tan polémica como el Decreto Legislativo No. 1182, aprobado sin discusión pública, en un día feriado y con una justificación plagiada.

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El verdadero alcance del polémico Decreto Legislativo 1182 o Ley Stalker continúa siendo una interrogante. Esta norma, que permite a la policía acceder a la ubicación de cualquier teléfono celular y obliga a los operadores a conservar los datos de tráfico de nuestras comunicaciones durante tres años, fue publicada sin debate parlamentario, en un día feriado y con una exposición de motivos plagiada de Internet. Lo que es peor, ahora el Ministerio del Interior se niega a explicar cómo está implementando esta nueva ley.

En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior firmó con Telefónica del Perú, Claro, Bitel, y Entel un Protocolo de Acceso a los Datos de Localización o Geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos en los términos del Decreto Legislativo 1182. La firma se llevó a cabo en una ceremonia pública presidida por el Ministro Perez Guadalupe y también se elaboró una nota de prensa oficial que fue recogida por los principales medios de comunicación del país (1, 2). Curiosamente, el único ausente en la ceremonia fue el texto mismo del Protocolo, que no fue entregado a ningún periodista ni acompañó las notas de prensa. Todos los demás, solo pudimos ver su primera página exhibida como diploma en las fotos de rigor.

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El controvertido Decreto Legislativo No. 1182, también conocido como Ley Stalker, sigue dando que hablar en el extranjero. Esta semana, a través de una solicitud de acceso a la información pública, Hiperderecho obtuvo una copia de la carta de ocho páginas que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [PDF] envió al Estado Peruano manifestando su clara preocupación por la reciente aprobación de la norma y solicitando más información sobre el proceso que llevó a adoptarla.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de la Organización de los Estados Americanos creada con la misión de monitorear el cumplimiento por parte de los estados miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. La Relatoría ha enviado esta carta a propósito de los nuevos mecanismos de acceso a datos de geolocalización sin orden judicial y retención de datos derivados de las telecomunicaciones que ha impuesto el reciente Decreto Legislativo No. 1182. Al respecto, formula una serie de recomendaciones sobre la base de la jurisprudencia y los instrumentos de Derecho Internacional así como solicita al gobierno que le envíe más información sobre el proceso previo que lo llevó a aprobar esta norma.

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El 27 de julio de este año, mientras los más de 30 millones de peruanos disfrutaban del feriado nacional, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1182, una norma que en la práctica convierte a todos los ciudadanos en posibles criminales a los que hay que mantener vigilados. Como advertimos desde un inicio en Hiperderecho, el DL 1182 (que se hizo conocido rápidamente como la “Ley Stalker”) crea dos situaciones muy concretas que suponen una afectación masiva y desproporcionada a los derechos fundamentales. La primera es permitir la geolocalización de equipos conectados a una red de telefonía sin orden judicial previa y la segunda es la retención de datos derivados de las telecomunicaciones por un período de tres años.

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La semana pasada se presentó el Proyecto de Ley No. 4809/2015-CR firmado por el congresista Héctor Becerril y otros cinco congresistas de la bancada Fuerza Popular. Esta propuesta legislativa busca derogar el controvertido Decreto Legislativo No. 1182, popularmente conocido como #LeyStalker, y en su lugar establecer un régimen legal de colaboración entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de cara a la obtención de los datos de geolocalización de cualquier dispositivo móvil. Aunque este Proyecto de Ley es positivo y creemos que debe de ser respaldado por el Congreso, solo representa una mejora parcial al forado a nuestra privacidad ocasionado por la #LeyStalker.

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Esta semana un grupo de 27 de las más importantes organizaciones de derechos humanos y tecnología del mundo ha enviado una Carta al Congreso de la República expresando su malestar respecto del Decreto Legislativo 1182 y su preocupación por la forma en la que amenaza la privacidad de todos los peruanos y extranjeros residentes en Perú. La carta con las firmas de Access International, Electronic Frontier Foundation, Privacy International, La Quadrature du Net, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, entre otras, será enviada a los despachos de todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

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El Decreto Legislativo No. 1182 o Ley Stalker entra en una etapa crucial. Según la ley, la recién instalada Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso tiene la obligación de evaluar la norma y emitir un Dictamen sobre su legalidad. Lamentablemente, según estadísticas del propio Congreso, han olvidado pronunciarse sobre 143 de las últimas 217 normas que el Ejecutivo ha enviado para revisión desde el 2006 y solo ha derogado 12. Por eso, necesitamos de tu ayuda para que la #LeyStalker no pase desapercibida.

[button link=»https://act.eff.org/action/la-ley-stalker-afecta-nuestra-privacidad-y-crea-inseguridad» type=»big» newwindow=»yes» button color=»red»] Dile al Congreso que modifique la #LeyStalker[/button]

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