Hace poco comentábamos que una municipalidad había decidido apelar una sentencia en la que se le obligaba a hacer pública la lista de personas bloqueadas en sus redes sociales. Esta semana queremos cubrir otro caso similar, pero cuyo protagonista hemos mencionado muchas veces por un tema que varios recordarán: el Decreto Legislativo 1182, mejor conocido como la “Ley Stalker”.

Para quien no lo recuerde, la Ley Stalker es una norma vigente desde el 2015 que habilita a la Policía a solicitar el acceso de los datos de geolocalización de cualquier dispositivo móvil en tiempo real para combatir contra el crimen. Así mismo, obliga a los concesionarios de servicios de telecomunicación a crear un registro de los datos de sus usuarios hasta por tres años con el fin de hacerlos accesibles para la investigación de delitos.

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Por: Gonzalo Croci*

El Decreto Legislativo No. 1182 o Ley de Geolocalización empezó a funcionar hace un año y medio, cuando se aprobó el texto secreto de su Protocolo de Aplicación. ¿Qué información han recibido los ciudadanos respecto a su utilización y a sus resultados? Por ahora, ninguna. Con el afán de solucionar este problema, Hiperderecho decidió tomar las riendas e investigar los casos donde se ha estado usando el mecanismo de geolocalización. En teoría, debería de existir coordinación entre las instituciones que forman parte del proceso de uso de geolocalización. Es decir, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían poseer la misma información refiriéndose, esto es: la misma cantidad de casos registrados, los tipos de crímenes, donde se han llevado a cabo, etc.

Sin embargo, para acceder a información pública en Perú es todavía necesario hacer trámites que recuerdan a las películas de espionaje de los ochentas, con papeleos que incluyen escribir cartas, rellenar formularios y encontrar la correcta mesa de partes en algún punto misterioso de la ciudad. Por suerte, Hiperderecho contó con la ayuda del congresista Alberto de Belaunde y su despacho para enviar solicitudes de acceso a la información a las entidades públicas involucradas. Vale hacer un breve paréntesis para recordar que el derecho de acceso a la información es protegido por Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú y que es reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.

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Ha pasado poco más de un mes desde que tenemos un nuevo gobierno y ya se han producido cambios importantes. Nuevas ideas, nuevos ministros, nuevo Defensor del Pueblo. Sin embargo, un fantasma recorre el gabinete de PPK: el fantasma del Decreto Legislativo 1182. A pesar de los esfuerzos por reformar la aproximación en Seguridad Ciudadana, hasta hoy esta norma sigue permitiendo a la policía nacional acceder a nuestra ubicación en cualquier momento sin una orden judicial previa.

Para quién no recuerda el Decreto Legislativo 1182 (también llamado #LeyStalker), en Hiperderecho tenemos una sección entera dedicada a comentar la norma y los problemas que acarrea, además de un video explicativo, informes y otros recursos útiles.

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Sin duda alguna, mayo ha sido un mes marcado por diferentes sucesos de gran importancia para el país. Junto con el final de la campaña electoral y los destapes periodísticos de último momento, figura también la aprobación pendiente del texto que modifica el Código Penal y que ha generado acalorados debates.

Al respecto de este último hecho, a lo largo de las dos últimas semanas se ha escrito mucho sobre las deficiencias del proyecto de reforma. Se ha criticado, por ejemplo, que las penas han sido incrementadas o disminuidas usando criterios cuestionables y se han incluido nuevos tipos penales y agravantes contradictorios o superpuestos. Pero también hay un detalle que no hemos podido dejar de notar: el texto que quiere reformar el Código Penal incluye… ¡Un proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1182!

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La semana pasada les contábamos que el Ministerio del Interior había declarado como “información reservada” el Protocolo que se viene usando para geolocalizar sin orden judicial a los usuarios de equipos móviles en Perú. La entrada en vigencia de este “reglamento secreto” a inicios de noviembre ha terminado de deslegitimar a una norma tan polémica como el Decreto Legislativo No. 1182, aprobado sin discusión pública, en un día feriado y con una justificación plagiada.

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El verdadero alcance del polémico Decreto Legislativo 1182 o Ley Stalker continúa siendo una interrogante. Esta norma, que permite a la policía acceder a la ubicación de cualquier teléfono celular y obliga a los operadores a conservar los datos de tráfico de nuestras comunicaciones durante tres años, fue publicada sin debate parlamentario, en un día feriado y con una exposición de motivos plagiada de Internet. Lo que es peor, ahora el Ministerio del Interior se niega a explicar cómo está implementando esta nueva ley.

En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior firmó con Telefónica del Perú, Claro, Bitel, y Entel un Protocolo de Acceso a los Datos de Localización o Geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos en los términos del Decreto Legislativo 1182. La firma se llevó a cabo en una ceremonia pública presidida por el Ministro Perez Guadalupe y también se elaboró una nota de prensa oficial que fue recogida por los principales medios de comunicación del país (1, 2). Curiosamente, el único ausente en la ceremonia fue el texto mismo del Protocolo, que no fue entregado a ningún periodista ni acompañó las notas de prensa. Todos los demás, solo pudimos ver su primera página exhibida como diploma en las fotos de rigor.

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El controvertido Decreto Legislativo No. 1182, también conocido como Ley Stalker, sigue dando que hablar en el extranjero. Esta semana, a través de una solicitud de acceso a la información pública, Hiperderecho obtuvo una copia de la carta de ocho páginas que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [PDF] envió al Estado Peruano manifestando su clara preocupación por la reciente aprobación de la norma y solicitando más información sobre el proceso que llevó a adoptarla.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina de la Organización de los Estados Americanos creada con la misión de monitorear el cumplimiento por parte de los estados miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. La Relatoría ha enviado esta carta a propósito de los nuevos mecanismos de acceso a datos de geolocalización sin orden judicial y retención de datos derivados de las telecomunicaciones que ha impuesto el reciente Decreto Legislativo No. 1182. Al respecto, formula una serie de recomendaciones sobre la base de la jurisprudencia y los instrumentos de Derecho Internacional así como solicita al gobierno que le envíe más información sobre el proceso previo que lo llevó a aprobar esta norma.

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El 27 de julio de este año, mientras los más de 30 millones de peruanos disfrutaban del feriado nacional, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1182, una norma que en la práctica convierte a todos los ciudadanos en posibles criminales a los que hay que mantener vigilados. Como advertimos desde un inicio en Hiperderecho, el DL 1182 (que se hizo conocido rápidamente como la “Ley Stalker”) crea dos situaciones muy concretas que suponen una afectación masiva y desproporcionada a los derechos fundamentales. La primera es permitir la geolocalización de equipos conectados a una red de telefonía sin orden judicial previa y la segunda es la retención de datos derivados de las telecomunicaciones por un período de tres años.

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La semana pasada se presentó el Proyecto de Ley No. 4809/2015-CR firmado por el congresista Héctor Becerril y otros cinco congresistas de la bancada Fuerza Popular. Esta propuesta legislativa busca derogar el controvertido Decreto Legislativo No. 1182, popularmente conocido como #LeyStalker, y en su lugar establecer un régimen legal de colaboración entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de cara a la obtención de los datos de geolocalización de cualquier dispositivo móvil. Aunque este Proyecto de Ley es positivo y creemos que debe de ser respaldado por el Congreso, solo representa una mejora parcial al forado a nuestra privacidad ocasionado por la #LeyStalker.

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