La problemática institucional entorno al voto electrónico continúa. Desde su lanzamiento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha podido defenderlo con fundamentos sólidos: le han cuestionado la falta de auditorías públicas, como también que muchos electores no sabían ni siquiera que iban a votar mediante este sistema. En consecuencia, esta semana (a días de los comicios) la ONPE ha emitido una nota de prensa donde informa la reducción de los distritos que votarán con el cuestionado sistema. Esta medida, en parte acertada, demuestra demasiada improvisación a pocos días de practicar el acto principal de la vida democrática de nuestro país.

Una medida improvisada

Hace menos de un mes, la ONPE había informado que casi tres millones de peruanos, de treinta distritos de todo el país, iban a elegir a sus próximos representantes a través de un sistema de voto electrónico. Esta era una medida sorpresiva, puesto que muchos de ellos nunca habían votado bajo ese sistema y, obviamente, no sabrían cómo hacerlo. Esto derivó en una catarata de cuestionamientos respecto de la correcta información y difusión que la ONPE estaba llevando a cabo. Además, el organismo electoral no podía contestar convicentemente las embestidas que la comunidad técnica emitió respecto del origen e idoneidad del software que se iba a utilizar.

No se trata de tenerle miedo al voto electrónico. A pesar de que este sistema supone facilidades a la hora de contar y comunicar los votos, también lleva consigo un riesgo innegable: que el sistema falle. Además, debe entenderse que con este sistema los votantes pierden el derecho a un voto completamente secreto. Esto es así ya que al activar las máquinas de votación, cada elector debe insertar una tarjeta magnética que previamente fue habilitada con su nombre. Esto significa que en algún lado de los sistemas informáticos podría asociarse el voto con la identidad del votante, aunque esta información bien puede estar cifrada o anonimizada a través de procesos técnicos posteriores. Lamentablemente, en este punto estamos completamente a ciegas. Aunque la misma ONPE ha negado la posibilidad de que se den irregularidades o se vulnere el derecho al voto secreto, a la fecha no se ha publicado una auditoría o informe técnico independiente que justifique o acredite la eficacia de su sistema.

”Hace diez años que se usa el voto electrónico”

La ONPE viene implementando el sistema del voto electrónico desde las Elecciones Generales de 2006. A partir de esa fecha se utiliza en siete distritos y alcanza a casi cuarenta mil votantes. ¿Por qué recién ahora cuestionamos esta medida? Una de las preocupaciones principales es que esta vez iba a alcanzar a tres millones de votantes. Es decir, el mismo sistema que usaron para contabilizar cuarenta mil votos, ahora lo iban a usar para contabilizar casi cien veces más. Esto hubiese estado bueno si es que hablamos de un sistema que nunca ha fallado. Sin embargo, esto es algo arriesgado de afirmar teniendo en cuenta el último antecedente: una demora de siete horas en comunicar los resultados. Además, la ausencia de una auditoría publicada y certificada, compromete más aún la seguridad de dicho sistema.

Por otro lado, el marco legal del voto electrónico ha ido cambiando en estos diez años. Desde su primera versión, las disposiciones que autorizan a la ONPE a implementar el voto electrónico fueron cada vez mas permisivas. Por ejemplo, la última reglamentación (de enero de este año), no obliga a realizar una auditoría, y eso es algo realmente cuestionable.

Dos cuestiones relevantes saltan a la vista en esta historia. La primera es el apuro que demuestra la implementación de un sistema no auditado a pocas semanas de los comicios. La otra es la progresiva discrecionalidad y libertad que fueron otorgándole las normas a la ONPE para implementar el voto electrónico: quitándole la obligación de auditar sus sistema y también reduciendo su obligación de ponerlo a disposición de entidades estatales u organizaciones de la sociedad civil.

Es lamentable que esta discusión no se haya iniciado hace meses. No porque quede poco tiempo, sino porque la información que tenemos hoy acerca del sistema es casi inexistente. La campaña de información de la ONPE está pensada exclusivamente en el votante, pero han hecho muy poco por comunicar a otras organizaciones y actores políticos cómo funciona su software y qué medidas de seguridad existen. Como consecuencia, su actuación ha dejado espacio a una nueva interrogante sobre las condiciones en las que se llevarán a cabo las elecciones del domingo. Ojalá que para la segunda vuelta se tomen pasos sinceros para asegurar la confiabilidad y la imagen de este sistema.

Foto: Oficina Nacional de Procesos Electorales