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Si tiene un teléfono móvil, seguramente desde hace unos días viene recibiendo este mensaje en su buzón de SMS. En sí mismo el mensaje no es más que un recordatorio, una pequeña e inofensiva alerta que lo invita a revisar el número de líneas que están a su nombre. Podría parecer que es alguna campaña de su operadora o uno de los avisos de OSIPTEL, pero nada más lejos de la realidad.

Detrás de este mensaje hay una interesante historia en la que están envueltas no solo las compañías que brindan servicios de telefonía móvil, sino también el OSIPTEL, el Ministerio de Transportes, y Comunicaciones (MTC) e incluso el Ministerio del Interior. Esos últimos vienen librando una batalla por la seguridad ciudadana de muchos años cuyo costo estamos pagando todos, sin saberlo.

El Apagón Telefónico

Podemos ubicar el inicio de esta historia hacia finales de 2009. El aumento constante de la delincuencia durante los últimos años demandaba respuestas urgentes por partes de las autoridades. Uno de los problemas a atacar eran los delitos que se cometían haciendo uso de equipos móviles, que se habían extendido en todo el país.

A pesar de que desde 2004 las compañías de telefonía móvil estaban obligadas a llevar un registro de los datos de sus abonados prepago, el registro no estaba completo y existían muchas líneas con datos inexactos o en blanco. Precisamente este hecho hacía que fuera sencillo utilizar un celular para hacer llamadas extorsivas, pues al consultar los datos del abonado, estos no figuraban o estaban incompletos, imposibilitando la identificación de los delincuentes.

La respuesta a este problema fue el “Apagón Telefónico.” Esta medida fue ordenada por el Decreto Supremo N°024-2010 MTC que establecía acciones de registro en un período de 6 meses, divididos en dos etapas. La primera contemplaba el corte parcial del servicio, mientras que la segunda ordenaba la cancelación definitiva de las líneas prepago que al 1 de marzo de 2011 no hubieran subsanado adecuadamente los datos del abonado. La medida obtuvo gran aceptación y fue ampliamente difundida por los medios en aquel momento.

Un pequeño gran detalle

No obstante lo lógico de la medida, ni los Decretos Supremos ni la posterior ejecución por parte de las operadoras de telefonía pusieron suficiente énfasis en un punto importante: Una línea postpago reclama la atención de su titular al menos una vez al mes al momento que llega el recibo, pero una línea prepago puede ser utilizada independientemente de la voluntad del titular e incluso con el total desconocimiento de este. Así, por ejemplo, se cumplía la normativa aún en los siguientes supuestos:

1. Cuando un minorista informal de tarjetas SIM (chip) las registraba a su nombre o el de sus familiares y conocidos para comercializar líneas ya operativas.
2. Cuando un equipo móvil era robado y el titular decidía no bloquear la línea anterior y adquirir otra en su reemplazo.
3. Cuando un presunto delincuente adquiría una línea y la registraba a nombre de un tercero.

En los tres casos las líneas sobrevivían al apagón y podían ser utilizadas para realizar cualquier tipo de acto independientemente de la voluntad de la persona que figuraba como titular.

A diferencia del gran despliegue informativo para el Apagón Telefónico, no existió ninguna cobertura con respecto a sus resultados. Si bien hubo cifras publicadas en medios de comunicación sobre el número de líneas suspendidas (presumiblemente las abandonadas o usadas por delincuentes), no quedó demostrado en ningún momento que la medida fuera eficaz para disminuir los delitos cometidos por medio de equipos móviles.

El Sistema de Verificación Biométrica

Las dudas con respecto a la eficacia del apagón fueron dilucidadas tres años después, en 2014, cuando se emitió el Decreto Supremo 023-2014 MTC, que modifica al de 2010 y que reconoce tácitamente que las acciones tomadas tuvieron, cuando menos, un alcance limitado y no lograron cumplir todos sus objetivos.

En esta nueva versión, se introdujo por primera vez la obligación de las operadoras de telefonía móvil de implementar el “Sistema de Verificación Biométrica de Huella Dactilar”. Este sistema, que está conectado a la base de datos de RENIEC, permitiría demostrar fehacientemente la identidad del titular de las nuevas líneas, evitando así los casos de suplantación citados anteriormente. La implementación sería gradual y ayudaría en los esfuerzos por combatir la delincuencia.

Por supuesto, implementar ese sistema no era una tarea tan sencilla como llamar a un usuario y pedirle que valide sus datos por lo que era de esperarse que el proceso tomara algunos años, pese a que la norma entraba en vigencia 180 días después. Y eso sin tener en cuenta las implicancias que este nuevo procedimiento tiene para con el derecho a la privacidad y la seguridad de los datos personales.

Como era de esperarse, en junio de 2015 el Decreto entró en vigencia y OSIPTEL empezó a aplicar procesos sancionadores por los más que predecibles incumplimientos. Incluso el ministro Pérez Guadalupe declaró que la implementación podía completarse ese mismo año, lo que ciertamente no ocurrió.

El Apagón Telefónico 2

Sin aprender de la experiencia de 2011 y como fruto de una urgencia inédita por publicar normas para combatir la inseguridad, el mes pasado se publicó en el Peruano el Decreto Supremo N°003-2016-MTC, una norma que modifica (otra vez) las reglas de juego. En esta última versión, se desarrolla mejor el procedimiento de implementación, pero además se establecen los períodos para ejecutar un nuevo apagón de líneas con datos inexactos, que debería concretarse en setiembre de este año.

Si bien el nuevo texto impide algunas de las situaciones anteriormente citadas como el caso de los vendedores informales o la compra de nuevas líneas con datos de terceros, sigue sin solucionar los siguientes supuestos:

1. Líneas robadas y olvidadas por sus titulares y en posesión de presuntos delincuentes.
2. Líneas registradas después del apagón de 2011 y que han sido vendidas a terceros, terminando en manos de presuntos delincuentes.

En ambos casos, al ser líneas formalmente registradas y cuyos datos son válidos, no enfrentarán tampoco este segundo proceso de apagón. Además, solo podrán ser retiradas de circulación cuando los que figuran como titulares descubran su existencia y soliciten su cancelación o luego de una investigación policial.

Asimismo, la implementación del sistema biométrico implica nuevos problemas para los usuarios y las compañías:

1. Los abonados que vivan en provincia podrían verse forzados a desplazarse grandes distancias para validar sus datos en los sistemas biométricos de las ciudades, o arriesgarse a quedarse sin servicio de telefonía.
2. Una gran cantidad de datos personales (ya no solo nombres y DNI) estarán siendo almacenados en puntos de venta, representantes de las compañías de telefonía móvil y en los servidores de las mismas empresas. Esto los convierte en un blanco apetecible de cualquier intruso informático o para usos no autorizados. Algo similar pasó en México, donde el Registro de Usuarios de Celulares terminó a la venta a través de Internet.
3. El costo de implementar estos sistemas a nivel nacional formará parte de los presupuestos de las compañías, lo que ciertamente repercutirá en el costo de los servicios brindados.

A pesar de que la seguridad ciudadana requiere la contribución de la sociedad en su conjunto, el costo de las campañas informativas, las llamadas a los abonados, la atención presencial y telefónica extra casi siempre terminan recayendo en los usuarios finales. Sin embargo, estos costos son admisibles en la medida que contribuyan a lograr el bien común; en este caso disminuir el crimen y “contribuir con la seguridad ciudadana”.

No obstante, teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta ahora, no es posible decir que nuestra contribución a la seguridad esté dando frutos. Por la forma en que se está implementando el nuevo apagón telefónico —como si se tratara de un tira y afloja entre policías y ladrones—, no es de extrañar que más pronto que tarde nos volvamos a sumir en la oscuridad.

Foto: A. Davey (CC BY NC-ND)