A fines de mayo, el Ministerio del Interior presentó una iniciativa novedosa dentro del marco de los esfuerzos por mejorar la seguridad ciudadana: la aplicación WachiTaxi, desarrollada por la empresa privada FIT. Esta aplicación para móviles busca emplear la tecnología para poder hacer más seguros los viajes en taxi, introduciendo algunos componentes de seguridad e interconectando sus funciones con la Policía Nacional. Si bien fue presentada y difundida a través de los canales oficiales del Ministerio del Interior, el concepto, desarrollo e implementación estuvieron a cargo de la empresa peruana For Innovation Technology Big Data S.A. (FIT).

Desde el primer día y hasta la fecha, se han planteado múltiples cuestionamientos acerca de WachiTaxi. Por ejemplo, están aquellos que cuestionan la arquitectura de la aplicación y su funcionalidad limitada para el usuario, quien podría encontrar complejo recordar dos contraseñas y sacarle una fotografía al conductor de cada taxi que toma. También los que argumentan que las políticas de privacidad de WachiTaxi no son claras y cuestionan que el Estado esté promoviendo una iniciativa privada sin mayor transparencia sobre cómo se usarán los datos generados o con quiénes se compartirán. Por su parte, los propios usuarios de la aplicación han dejado opiniones muy críticas en las plataformas de Google Play y en el AppStore de Apple.

En su mayoría, estas dudas y preocupaciones no han sido debidamente atendidas por el Ministerio del Interior. La empresa FIT tampoco se ha manifestado al respecto, lo que probablemente ha repercutido en el potencial de WachiTaxi para combatir la inseguridad. Por esto, desde Hiperderecho quisimos traer un poco de claridad sobre este tema y decidimos recurrir a una herramienta muy útil al alcance de cualquier peruano: presentar una solicitud de acceso a la información.

Para quien no las conozca, las solicitudes de acceso a la información son herramientas que nos permiten exigir a cualquier entidad del Estado que proporcione información que haya producido o que esté bajo su poder. El trámite es gratuito, toma apenas un par de semanas y en algunos casos se puede hacer a través de las páginas web de las entidades o plataformas ciudadanas como nuestra herramienta Pidela.info.. Por las noticias nos habíamos enterado que existía un Convenio entre el Ministerio del Interior y FIT y entonces decidimos hacer una solicitud de acceso para que nos lo entregaran.

Hace unas semanas por fin recibimos el texto del Convenio, los múltiples borradores que existieron antes de la versión final y también copias de varios comunicaciones por correo electrónico entre funcionarios de este Ministerio y la empresa FIT sobre el tema. Dado que toda esa información es pública, hemos decidido ponerla a disposición de la comunidad para que pueda sacar sus propias conclusiones.

¿Qué hemos encontrado?

Lo primero que hay que dejar claro es que el desarrollo de la aplicación no le costó nada al Estado. Bajo el modelo propuesto, el Ministerio le otorga visibilidad y difusión a la aplicación a través sus canales oficiales y a cambio obtiene el permiso para consultar los reportes de emergencias enviados por los usuarios en la base de datos de la Aplicación.

¿Cuál es el negocio para la empresa? Aunque esto no está en el convenio, la Política de Privacidad publicada en su web deja claro que la empresa busca usar la información de los usuarios como insumo para reportes estadísticos que puede vender a terceros. Por esto, en el marco del Convenio el dueño de la Aplicación y los datos que se generen sigue siendo FIT. Como el propio nombre de la empresa lo revela (For Innovation Technology Big Data), lo que buscan es hacerse con grandes cantidades de datos como nuestros desplazamientos para poder agregarlos y venderlos en reportes de inteligencia comercial o financiera a otras empresas. No hay nada de ilegal en eso, pero es importante llamar a las cosas por su nombre.

En el año 2017, que el Estado presente una aplicación para teléfonos ya no es nada para celebrar si es que no es parte de una estrategia orgánica e integral para solucionar un problema. En este caso, parece que fue más la prisa por presentarla que la evaluación estratégica de hasta qué punto puede ser una herramienta útil y de qué manera se expone la información de los usuarios. Como ciudadanos, tenemos derecho a que nuestras autoridades nos hablen con transparencia.