En agosto, el congresista Percy Eloy Alcalá presentó el Proyecto de Ley N° 3169/2018-CR que propone la creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio, el cual estaría regido por un Consejo de Políticas encargado de gestionar el desarrollo del dominio .pe en el país. Dicha entidad estaría conformada por actores públicos y privados y buscaría reemplazar el esquema actual de gestión que mantiene la Red Científica Peruana (RCP).
Gestión del ccTLD.pe y el papel de la RCP
En Hiperderecho consideramos que la propuesta es positiva en la medida en que reconoce la importancia que tiene para el país el desarrollo del ecosistema alrededor de los nombres de dominio. En un artículo anterior explicamos con mayor detalle qué eran los ccTLD y los nombres de dominio, además de su importancia para la forma cómo funciona Internet. No obstante, hay algunos puntos de este nuevo Proyecto de Ley que necesitan ser revisados.
El Sistema Peruano de Nombres de Dominio que propone el Proyecto de Ley divide al ecosistema actual de actores en función de su participación directa o indirecta en la gestión del ccTLD.pe. En ese sentido, crea los siguientes roles:
- Consejo de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio
- Administrador del ccTLD .pe
- Órganos de resolución de controversias relacionados al ccTLD .pe
- Comercializadores de nombres de dominio del ccTLD .pe
- Usuarios de nombres de dominio del ccTLD .pe, comunidad nacional de
Internet
De dichos roles, solo el Consejo de Políticas es una real innovación en el esquema de gestión del dominio .pe pues ya existe un administrador, que es la RCP, varios órganos de resolución de controversias, múltiples comercializadores y, por supuesto, usuarios que han comprado dominios. Entonces, ¿qué va a cambiar si el Proyecto se aprueba? La respuesta está en el Consejo de Políticas.
La propuesta argumenta que, habiendo “definido” quienes forman parte el Sistema, debe existir una institución que gestione el dominio .pe en representación de todos estos actores. Dicha institución es el Consejo, que tendría varias atribuciones, entre ellas impulsar el desarrollo del sistema de dominios, disponer normas y regulaciones para su uso y comercialización, acreditar al administrador, entre otras funciones. En la práctica, el Consejo se transformaría en el órgano principal de gobierno oficial del dominio .pe. Así mismo, el Proyecto de Ley señala cómo estaría conformado este Consejo de Políticas:
- Un representante de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien lo presidirá
- Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Un representante del INDECOPI
- Un representante del OSIPTEL
- Un representante del administrador del ccTLD .pe
- Un representante de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones
que sirven de soporte al servicio de acceso a Internet. - Un representante de las empresas proveedoras de acceso a Internet sin
servicio de telecomunicaciones concesionado - Un representante de los comercializadores de nombres de dominio del ccTLD.pe
- Dos representantes de los titulares de dominios
En total cuatro representantes del Estado, cuatro del Sector Privado y dos de la Sociedad Civil. Todos ellos se elegirían por períodos de dos años con la opción de poder reelegirse indefinidamente. No se establece la forma en que cada sector escogerá a sus representantes, pero sí se determina que no puede haber dos representantes de un mismo grupo económico o conglomerado, aunque representen a diferentes sectores.
La propuesta del congresista Percy Eloy Alcalá representa un cambio de esquema en la medida que actualmente es la RCP quien en la práctica concentra la mayor parte de las atribuciones que tendría el Consejo, además de ser el Administrador del dominio. Hasta la fecha, la única instancia de coordinación entre la RCP y otras entidades era la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema de Nombres de Dominio, creada en 2005 y actualmente vigente.
¿Qué piensa la RCP de este Proyecto? Es algo que la propuesta no recoge pues, si bien es cierto que la Comisión Multisectorial era un ámbito de coordinación, en ninguna forma tenía las atribuciones que sí tendría el Comité de Políticas. Esto es importante en la medida que debe existir cierto consenso por parte de la RCP para adaptarse a este esquema nuevo pues esta administra el ccTLD.pe por encargo de ICANN, bajo un contrato de naturaleza privada que no puede ser modificado a través de una ley. En el pasado el Estado ha intentado “intervenir” la gestión del dominio .pe sin éxito por este mismo motivo.
Modelos de gestión de los ccTLD en la región
En los inicios de Internet, la asignación y gestión de los nombres de dominio estaba a cargo de personas y organizaciones de las comunidades técnicas. En aquel tiempo, y por su labor pionera en la introducción del Internet en el Perú, la RCP recibió el encargo de administrar los dominios “.pe”, convirtiéndose en su administrador desde entonces. Pero no ocurrió de la misma forma en otros países.
Por ejemplo, en Chile el dominio .cl es gestionado por la Universidad de Chile, que es una entidad pública. En Argentina y México, quienes gestionan los dominios son conglomerados de empresas involucradas en el sector de telecomunicaciones y que se organizan bajo el sistema de Network Information Centers (NICs). Un caso diferente es el de Brasil, en donde existe una estructura de gestión muy grande, que materializa la participación de su comunidad de Internet en su Comité Gestor de Internet.
El Proyecto de Ley es similar a este último ejemplo, pues pretende crear institucionalidad y fomentar la participación de más actores de forma activa, esperando que el gestor actual ceda parte del control que tiene sobre la gestión del dominio.pe. Sería interesante no solo que muchos de los puntos acá mencionados se aclaren, pero también que se revele las motivaciones de esta propuesta con el fin de entender sus alcances. El sistema de asignación de nombre de dominio nacional es una infraestructura delicada y no puede comprometerse o convertirse en un nuevo espacio sujeto al vaivén político.
Ex Director de Políticas Públicas (2013-2020)
Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.