A inicios de abril, participamos de la Cuarta Mesa de Trabajo sobre Acoso Virtual en el Congreso de la República, organizada por el despacho del congresista Alberto de Belaúnde, junto a representantes de otras instituciones públicas y colectivos sociales. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de presentar nuestro informe “Conocer para resistir: Violencia de Género en Línea en Perú” y aprendimos mucho sobre lo que se está y no se está haciendo para combatir esta problemática en el país. Este es un resumen de lo que escuchamos y aprendimos.

¿Qué es la Mesa de Trabajo sobre Acoso Virtual?

Este ciclo de Mesas de Trabajo empezó en el año 2017 por iniciativa del congresista Alberto de Belaúnde, posteriormente, con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con el objetivo de discutir soluciones a la problemática del acoso virtual. Hiperderecho ha participado desde la primera reunión y hemos notado cómo se ha ido profundizado en el tema cada vez más. En la primera Mesa de Trabajo se conversó sobre qué entendíamos por acoso virtual y cómo la sociedad civil estaba respondiendo a las diversas denuncias, mientras que en la segunda y tercera se reconoció la necesidad de generar datos concretos. Es así como nace la plataforma No al Acoso Virtual del MIMP, la cual ha estado recogiendo datos y denuncias sobre distintas modalidades de violencia en línea desde el año pasado.

En esta oportunidad, el objetivo era revisar el marco legal alrededor de la violencia en línea, las diversas respuestas institucionales de parte de los Ministerios, la Policía y el sistema de justica, y definir estrategias a partir de los datos que recogió la plataforma No al Acoso Virtual y nuestra investigación Conocer para Resistir.

¿Cuál fue la contribución de Hiperderecho?

Hiperderecho tuvo la oportunidad de presentar “Conocer para Resistir” frente a congresistas, como Alberto de Belaunde y otros asesores congresales;  Ministerios, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, y la Defensoría del Pueblo así como representantes de la Policía Nacional. Nuestra investigación fue muy bien recibida y comprobamos que existe una gran disposición a nivel institucional por entender los aspectos más complejos de la violencia de género en línea. Además, a raíz de nuestra intervención, la Mesa cambió de nombre de Mesa de Trabajo Contra el Acoso Virtual a Mesa de Trabajo Contra la Violencia de Género en Línea. Las futuras instancias de trabajo buscarán ir más allá del acoso y tomar en cuenta las características de las diez modalidades de violencia en línea que identificamos, y así desarrollar soluciones legales y sociales estratégicas y diferenciadas.

¿Qué aprendimos de las intervenciones?

Sin embargo, también aprendimos que aún hay mucho trabajo por hacer.

Todavía no hay claridad sobre cómo opera la violencia en línea

Como les hemos contado, las víctimas de violencia en línea que participaron de nuestro estudio no se sienten respaldadas por el Estado a través de ninguna de sus instituciones. Sienten que los operadores de justicia no entienden la naturaleza de la violencia en línea y que no existen rutas de denuncia accesibles o efectivas para ellas. En la Mesa de Trabajo, en efecto descubrimos que la violencia de género en línea sigue siendo un tema nuevo para la mayoría de funcionarlos y que por lo tanto, aún no existe una estrategia clara para abordarlo.

Una de las cosas que nos llamó la atención es que varios funcionarios no han considerado lo complejo que es identificar, prevenir y sancionar este tipo de casos, ni conocen la diversidad de escenarios en los que este tipo de violencia se presenta. Entre los ejemplos que surgieron en la conversación es que no hay una posición clara sobre qué puede hacer el sistema de justicia ante ataques se ejercen de manera anónima. Tampoco se conversó sobre cómo contener casos de ataques coordinados en contra de activistas y periodistas, ni se discutió en profundidad cómo contrarrestar los efectos que tiene la violencia sobre la salud mental de las víctimas, a pesar de que fue mencionado por activistas que participaron en el encuentro.

Creemos que, antes de la discusión pública sobre qué hacer contra de esta problemática, los funcionarios deben conocer en profundidad las dinámicas de los tipos de violencia desde el punto de vista de quién lo está viviendo. Nuestro informe es un esfuerzo por acortar la brecha entre el Estado y las ciudadanas, pero aún se necesita mucha información, capacitación y reflexión.

“No Al Acoso Virtual” es una plataforma para recoger datos, no denuncias

La plataforma No al Acoso Virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables juega un rol muy importante en el levantamiento de datos para visibilizar el alcance del acoso virtual. Entre Febrero y Diciembre del 2018 ha recogido hasta 792 reportes, entre los cuales 89% son de mujeres entre 18-29 años. Estos reportes establecen que el 49% de mujeres se enfrentan a la violencia en línea de manera diaria. Además, entre las modalidades más conocidas encontramos el acoso (89%), insultos (67%) y las amenazas directas (57%).

Aunque sabemos que vivir una situación de violencia es sumamente doloroso, les recomendamos que usen la plataforma para dejar constancia del hecho ante el Estado. Es importante que el Estado conozca lo común que es este problema, y genere políticas públicas en respuesta a evidencia.

Sin embargo, tengan expectativas realistas del alcance de la plataforma. A partir de la aprobación del DL1410, muchas víctimas han estado usándola como una mesa de ayuda o como una plataforma de denuncias, cuando la plataforma no ha sido diseñada con este propósito. Según lo que se informó en la Mesa de Trabajo, las personas que reciben los reportes responden a las víctimas por correo electrónico y les dan información sobre donde pueden realizar una denuncia formal. El problema es que si no tienen la información de contacto de la víctima, esta se quedará esperando en vano algún tipo de respuesta. Esta situación nos demuestra la falta de claridad que existe para la víctima sobre quién puede ofrecerles asistencia en el Estado y la urgencia por una ruta de denuncia clara y efectiva.

No hay una ruta de denuncia clara y la respuesta institucional no está alineada ni coordinada

Notamos que quienes participaron de la Mesa de Trabajo manejan información muy distinta sobre el problema y a quién le corresponde resolverlo. Uno de los ejemplos más claros surgió cuando DIVINDAT mencionó que ellos no se encargan de casos de acoso virtual, a pesar de que el Ministerio de la Mujer ha estado derivando a varias víctimas de VGL a sus oficinas. Esto significa que muchas víctimas fueron derivadas a la instancia incorrecta; agotando su tiempo y recursos para presentar una denuncia que no iba a proceder. Aunque está claro que cualquier comisaría está en el deber de tomar las denuncias por VGL y luego redireccionarlas al área específica, este caso demostró lo poco articuladas que están nuestras instituciones y cómo esto contribuye a la desinformación a ciudadanas que buscan respaldo en el Estado para protegerse de la violencia de género.

Si te queda la duda sobre dónde presentar tu denuncia, te recomendamos leer este artículo donde explicamos la diferencia en las rutas de denuncia.

Creemos que es fundamental que la estrategia institucional de respuesta a la violencia en línea esté alineada y, aunque quizás no sea perfecta al inicio, debe de al menos existir y ser visible. Las autoridades deben aprovechar estas oportunidades para desarrollar un mejor entendimiento sobre la violencia en línea y diseñar una ruta de denuncia pensada desde las necesidades, sensibilidades y experiencias de las víctimas.

¿Cuáles creemos son los siguientes pasos para la Mesa de Trabajo?

1. Creemos que deben realizarse más foros públicos y eventos que unan a autoridades, activistas y víctimas para aumentar la sensibilización hacia esta problemática con enfoque de género que promueva un compromiso político de alto nivel.
2. Las instituciones encargadas de combatir la violencia de género en línea en Perú, entre ellas el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, deben crear instancias de diálogo y coordinación con la finalidad de identificar la ruta de denuncia para los principales delitos a través de los cuáles se manifiesta la violencia de género en línea y elaborar protocolos conjuntos de atención a víctimas.
3. También creemos que se debe monitorear de cerca el desempeño del Decreto Legislativo 1410. Es un gran avance contar con las modificaciones a los artículos 151-A (Acoso) 154 (Violación de la intimidad), 154-B (Difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual), y 176-B (Acoso sexual), 176-C (Chantaje sexual) del Código Penal, pero debemos asegurarnos que realmente faciliten el acceso a la justicia de las víctimas. El Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial deben publicar información sobre el número de casos, principales problemas encontrados y medidas tomadas para tramitar denuncias relacionadas.

Finalmente, pero no menos importante, creemos que se debe promover desde diversas instancias los derechos digitales de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Más conocimiento sobre cuáles son nuestros derechos cuando usamos internet nos permitirá reconocer cuando son vulnerados y cómo defenderlos. Es también la base sobre la cual para que podremos vivir una vida sin violencia en espacios virtuales.