Hemos presentado, junto a la organización internacional Access Now, una denuncia ante la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales contra la Municipalidad de La Victoria para que evalúe si su accionar es conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

Los antecedentes

El año pasado se hizo de conocimiento público que la Municipalidad de La Victoria instalaría cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en el emporio de Gamarra y distintas zonas del distrito de La Victoria. Ante dicho anuncio, y en la medida que el uso de cámaras de reconocimiento facial implica el tratamiento de datos biométricos, presentamos una solicitud de acceso a la información ante dicha Municipalidad con la finalidad de obtener información sobre cómo y en qué condiciones se estarían tratando los datos personales de las personas que transmiten por dicho distrito.

La Municipalidad no nos respondió dentro del plazo legal. Todo lo contrario, su respuesta nos llegó sólo después de ganar un litigio ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No obstante, la respuesta brindada fue muy escueta y no genera certezas sobre cómo y con qué medidas de seguridad estarían tratando nuestros datos personales la Municipalidad de La Victoria.

¿Qué debe evaluar la Autoridad?

En su respuesta, la Municipalidad de La Victoria nos confirmó que cuenta con 184 cámaras de vigilancia, de las cuales nueve (9) cuentan con tecnología de reconocimiento facial. No obstante, señaló que no cuenta con documentación referida a qué finalidad tendrá el tratamiento de datos recogidos a través de dichas cámaras, ni tampoco protocolos para su supervisión, ni documentación referida a qué empresas o autoridades tienen acceso a los datos biométricos recopilados a través de estas o si estos datos son transferidos a terceros ni tampoco cuentan con protocolos o medidas de seguridad respecto de estos datos biométricos, entre otros.

Estas cámaras, según la propia Municipalidad, fueron adquiridas a través de un convenio con empresas privadas. Sin embargo, parece ser que la autoridad municipal no tiene mayor preocupación o información sobre si las empresas privadas tienen acceso a nuestros datos personales (datos biométricos) y qué hacen con ellos. Esto nos lleva, nuevamente, sobre la preocupación en torno a las alianzas entre el sector público y privado referentes a donaciones o recepciones de tecnología. ¿El Estado, ya sea a través del Gobierno Central o de los Gobiernos Regionales o Locales se toma en serio políticas públicas referidas a tecnología? ¿Tiene genuina preocupación por tutelar los datos personales de los ciudadanos y las ciudadanas?

Estas dudas fueron las que propiciaron que, junto con Access Now, presentemos una denuncia ante la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. Al brindarnos una respuesta la autoridad deberá valorar qué obligaciones tienen las entidades públicas respecto de los datos personales recopilados a través de las cámaras de reconocimiento facial.

Además, la Autoridad de Protección de Datos de Perú tendrá que evaluar si esta falta de información, documentación y protocolos demostrado por la Municipalidad de La Victoria se encuentra conforme a ley. No olvidemos que el derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental, por lo que la cuestión de fondo es, también, si las entidades del Estado respetan la Constitución al realizar tratamiento de nuestros datos personales.

Foto: Lucía Calderón Portugal (CC BY-SA)