¿Deberían las plataformas ser reguladas? ¿Por qué, cómo y con qué salvaguardas? La semana pasada, la oficina principal de la Unesco en París fue sede de la Conferencia #InternetForTrust (“Por un Internet confiable”). Integrantes de la sociedad civil, delegaciones gubernamentales, sector privado, organizaciones internacionales, comunidad técnica, academia y demás actores de todas partes del mundo se hicieron presentes para intentar responder estas y otras preguntas desde sus contextos profesionales y locales. Se trata de un proceso de diálogo iniciado hace meses por Unesco, y que se prolongará por otros más, con el objetivo de lograr la aprobación de la mejor versión de unas Directrices para regular las plataformas digitales que puedan guiar procesos regulatorios nacionales.

Información como bien público

Uno de los mandatos de la Unesco, desde su creación en 1945, incluye la promoción de la libre circulación de ideas, que se despliega en líneas de trabajo como la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la seguridad de periodistas. Es una de las razones, por ejemplo, de que Unesco encabece, todos los años, la organización de la Conferencia Mundial del Día de la Libertad de Prensa.

Desde hace algunos años, Unesco está impulsando y respaldando una agenda que parte por reconocer a la información como un bien público (tal y como se plasmó en la Declaración de Windhoek+30 en 2021). En ese sentido, la información tiene un valor para la comunidad y para el interés público, lo que convierte a la censura, desinformación y falta de medios independientes en cuestiones de particular preocupación para su despliegue. Por ello, la Declaración prevé tres objetivos para lograr que la información sea compartida por toda la humanidad: la alfabetización mediática e informacional para construir capacidades ciudadanas, la viabilidad de medios y la transparencia de las plataformas digitales. 

Estas discusiones no son ajenas a la región. Por ejemplo, en 2020 distintas organizaciones de la sociedad civil suscribieron una propuesta de Estándares para una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta, con un gran componente de transparencia (de hecho, al año siguiente se presentó la Declaración Latinoamericana sobre Transparencia de Plataformas de Internet). 

Otros organismos internacionales también han identificado la vigencia de estas cuestiones para las democracias actuales. Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Organización de Estados Americanos, con ocasión del Diálogo de las Américas, ha delimitado tres ejes de trabajo que buscan abordar la forma en que las tecnologías impactan en el ejercicio de los derechos humanos: alfabetización digital e inclusión para el desarrollo de habilidades cívicas, deterioro del debate público y moderación de contenidos.

Las Directrices

Para construir un ecosistema digital en el que circule información confiable y en el que se respeten los derechos humanos, Unesco ha emprendido un proceso de elaboración de guías para la regulación de plataformas digitales que puedan ser usadas a nivel local, nacional y regional por los gobiernos y empresas. Este enfoque se debe a que, conforme enfatizó la Directora General de Unesco, Audrey Azoulay, en la apertura de la Conferencia, si bien el negacionismo de hechos científicos, la desinformación y los discursos de odios no se originaron en las redes, “en ausencia de una regulación, se amplifican allí mucho mejor que la verdad”. 

El objetivo de las Directrices es que legisladores, hacedores de política y las empresas puedan hacerle frente a contenidos que puedan dañar derechos humanos, pero cuidando de proteger y no afectar, a la vez, la libertad de expresión. Su enfoque está centrado en estructuras y procesos, por lo cual las directrices muchas veces se refieren a “sistemas regulatorios” (para hablar de los distintos esquemas que puedan tener los países para regular a las plataformas digitales). Así, también, las directrices se refieren a “procesos”, en cuanto las plataformas deberían incorporar las recomendaciones en sus procesos de gestión de contenidos, de habilitación de mecanismos de denuncia de usuarios, de alfabetización mediática e informacional, de evaluación de riesgos, etc.

Es importante resaltar que, por su naturaleza, estas Directrices no son vinculantes. A diferencia de un tratado, su contenido final no va a generar obligaciones para los Estados (ni va a ser negociado entre ellos). Sí se trata de un documento con vocación de guía: su objetivo es servir de referencia tanto para legisladores como para equipos de moderación y transparencia de las plataformas. 

Retos y oportunidades

Los tres días de Conferencia y los puntos de vista de los distintos panelistas, cada uno desde su campo de acción (influencers, periodistas, whistleblowers, abogados, representantes del sector privado, etc.), dejaron ver que no se trata ni de un proceso pacífico, ni de un asunto simple de resolver.

Por un lado, es evidente el escepticismo hacia la capacidad de las empresas de ofrecer, sin regulación, un servicio que contemple salvaguardas para la seguridad de los usuarios y sus derechos. Por el otro, sin embargo, tampoco es poca la desconfianza hacia el gobierno: finalmente, los derechos son conquistas frente al poder, y no queda claro cómo armonizar las capacidades regulatorias de los Estados en materia de desinformación e incitación al odio con la cercanía de estos temas respecto al control de contenidos y los riesgos para la libertad de expresión. Finalmente, hablar de “verdad y desinformación” cuando toda teoría es falsable, o de “contenido ilegal” cuando hay países en que está penado, por ejemplo, pertenecer a la comunidad LGTBQ+, nos invita a pensar en la necesidad de abordar estas cuestiones de la manera más garantista para la libertad de expresión y el acceso al conocimiento y la cultura.

Por supuesto, esto no implica dejar de involucrarse en este proceso. En palabras del relator Pedro Vaca, estamos frente a una “ansiedad regulatoria”: desde hace años, en muchos países se presentan iniciativas de regulación de plataformas. Perú no es la excepción. Los riesgos de que se aprueben normativas restrictivas para la libertad de expresión están siempre latentes. Frente a ello, es importante valorar el enfoque sistémico que está adoptando la Unesco, para enfocarlo en procesos y no en contenidos. Con la participación de todas las partes interesadas, puede llegarse a una mejor versión, que recoja las preocupaciones de la sociedad civil, y que habilite un mayor tiempo de reflexión. Al respecto, la Unesco, durante la clausura, ya manifestó su apertura a generar próximos borradores con correcciones incorporadas, y no cerrar este proceso en el futuro inmediato.

Participa

La Conferencia llegó a su fin, pero el proceso y las contribuciones continúan. Puedes revisar aquí el programa, los ponentes, los videos y las transmisiones de lo que fue la Conferencia por un Internet confiable 2023.

¿Sientes que hay enfoques que están siendo omitidos o dejados de lado en esta conversación? Puedes enviar tu contribución a la versión 2.0 de las Guías siguiendo este enlace. Recuerda que se trata de una consulta dirigida a múltiples partes interesadas, por lo que todas las voces son importantes.