Contextos globales alarmantes fuera y dentro de la Gobernanza en Internet

El pasado 20 de enero se llevó a cabo la ceremonia de asunción presidencial de Donald Trump. Este cambio de administración tiene implicaciones significativas para la política tecnológica y digital en Latinoamérica, dado el rol de EE.UU. en la gobernanza global de internet.

Además de sus declaraciones transfóbicas y de desprecio por la comunidad latinoamericana migrante, tuvo otros mensajes importantes. La presencia de los líderes de los gigantes tecnológicos internacionales sugiere la postura de estas empresas respecto a los cambios en las políticas de estas plataformas en los próximos años, y no solo dentro de los EE.UU. Si bien para algunes no es una sorpresa el apoyo “diplomático” de los CEOs de dichas empresas tecnológicas a Donald Trump, sí nos alarma que uno de dichos CEOs realice gestos históricamente asimilados con movimientos fascistas.

Semanas antes, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, había anunciado la eliminación del fact-checking en la moderación de contenidos en sus plataformas. Esta decisión, tomada en el contexto de las últimas elecciones en Estados Unidos, fue justificada como una reacción ante las críticas sobre la influencia de estas políticas en resultados electorales previos. Incluso, han manifestado que adoptarán un modelo de notas comunitarias similar al que tiene actualmente X (ex Twitter). Aunque en dicha comunicación indican que solo aplican los cambios para Estados Unidos, es muy probable que estas políticas corporativas se extiendan a otras regiones.

Estos cambios en las políticas de moderación de la plataforma no vienen aislados: se trata de todo un contexto de violencia, amenaza y hostilidad contra grupos en situación de vulnerabilidad. En menos de diez días, ya hemos sido testigos, por ejemplo, de las acciones de deportación de migrantes en situación de irregularidad viviendo en EE.UU. A ello se suma el corte de la cooperación internacional que brinda la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que financia parcial o totalmente proyectos liderados por organizaciones de sociedad civil que cubre necesidades básicas hacia población LGTBIQ+, mujeres e infantes, migrantes y refugiados, así como proyectos sobre la protección medioambiental.

Retrocesos locales en aumento

Aunque estos hechos ocurrieron en el norte global, y a simple vista podrían parecer lejanos para quienes vivimos en Perú, las personas con acceso a internet y quienes trabajamos en temas de gobernanza digital y defensa de derechos humanos sabemos que marcan un antes y un después de distintas maneras. Lo que antes no se discutía abiertamente ahora es más claro para toda la ciudadanía: las principales plataformas digitales responden principalmente a intereses económicos, corporativos y neoliberales.

Es importante resaltar que estas plataformas no son entidades neutrales: son empresas privadas que operan bajo modelos comerciales específicos, y que asegurarán su estabilidad, evitando contradecir la agenda política que más les convengan. Sin embargo, también son espacios donde millones de personas alrededor del mundo construyen sus vidas sociales, laborales, académicas e, incluso, íntimas. Con el avance tecnológico y la reducción de brechas digitales en conectividad, se ha convertido en un espacio público indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales. Es importante analizar cómo estas decisiones empresariales impactan en el ejercicio de los derechos humanos.

Por eso, recordemos que Internet, por su naturaleza, es un espacio en disputa. Los cambios de políticas de moderación afectarán tanto la difusión de información como la calidad del debate público. Esto provocaría que se fortalezcan narrativas transfóbicas, clasistas, racistas y, por supuesto, machistas y misóginas

Tomemos en cuenta que las principales plataformas de redes sociales muchas veces son utilizadas como principal canal de comunicación de nuestras autoridades y funcionarias/os públicas/os. Por lo tanto, representan un espacio determinante para las reacciones inmediatas de la ciudadanía, antes de que los medios tradicionales repliquen sus mensajes, muchas veces sin un enfoque neutral.

También están las figuras públicas, así como personalidades digitales y referentes mediáticos, quienes, a través de la creación de contenido creativo e innovador, también suelen reproducir esos discursos ocultos. Al no contar con mejores políticas de gobernanza de plataformas, fact-checking o una moderación de contenidos con enfoque en derechos humanos, la violación de estos derechos digitales irá en aumento. Considero, además, que se ha ido perdiendo la breve vergüenza o pudor que, hasta hace poco, frenaba a algunas personas de expresar abiertamente posturas fascistas.

Recordemos que lo digital es real y que nuestras formas de existir en Internet tienen un impacto concreto en las personas, no solo a nivel emocional o psicológico de manera individual, sino también en la construcción de pensamientos y acciones colectivas. Esto se refleja en diversos ámbitos y en todos los actores que conformamos esta república.

Las dinámicas digitales influyen en cómo y con quiénes nos informamos durante los procesos electorales y, por lo tanto, pueden determinar nuestra decisión de voto. También validan las actitudes y prácticas de la policía, así como de otros agentes “del orden” en las calles, comisarías y municipios, incidiendo en el desarrollo y la ejecución de políticas públicas.

Lo que sucede en Internet no solo habilita, sino que también legitima todas las formas de violencia y represión en los espacios offline.

En el caso de Perú, mi principal preocupación radica en la ausencia de mecanismos eficientes para fomentar una ciudadanía digital que esté a la altura de los avances tecnológicos regionales y globales; es decir, que pueda cuestionar, articularse, y participar en espacios de gobernanza digital. Desde nuestra percepción, tampoco contamos con estrategias adecuadas para reducir las brechas digitales o implementar una alfabetización digital inclusiva eficiente, que considere las cosmovisiones, idiomas y culturas de nuestra diversa población, tanto en zonas rurales como urbanas.

Hago énfasis en la necesidad de la alfabetización digital, pues la cibercriminalidad y el crimen organizado se han sofisticado. Utilizan tecnología y estrategias basadas en los fake news y en el tratamiento no autorizado de datos personales, afectando principalmente a la ciudadanía, especialmente a las poblaciones históricamente vulnerables.

Un grito de ayuda nacional y regional

Aunque inicialmente esperaba que esta nota fuera informativa, con el paso de los días se ha transformado en una reflexión que busca expresar mi preocupación y la de organizaciones como Hiperderecho. Este panorama global se inserta en un contexto de crisis política y social en nuestro país agudizado a partir de diciembre de 2022, caracterizado por la incapacidad del gobierno actual de garantizar nuestra seguridad frente al crimen organizado. No hay soluciones efectivas para problemas tan cotidianos como tomar transporte público, realizar trámites en instituciones estatales o acceder a medicamentos esenciales. Incluso, son nuestros propios líderes políticos quienes presuntamente lideran y ejecutan las violaciones a derechos humanos.

Esta realidad impacta especialmente a mujeres, infancias, personas LGTBIQ+, personas con discapacidad y comunidades racializadas, que en el Perú representamos la mayoría. El escenario parece desesperanzador. Sin embargo, reafirmamos nuestro compromiso como defensores de los derechos humanos y activistas por el acceso a la información, la libertad de expresión, la transparencia y el derecho a una vida libre de violencia y segura en Internet.

Pero también sabemos que no podemos hacerlo soles. Necesitamos a cada hiperamigue, a cada organización de la sociedad civil, a cada persona curiosa por la tecnología y los derechos humanos, e incluso a quienes nunca antes se han preguntado cómo se regula Internet.

La salida es colectiva

Les invito a repensar nuestras prioridades, pues el camino para la recuperación de los derechos, siempre será colectivo. Los individualismos —dentro o fuera de Internet— no harán más que profundizar las brechas de desigualdad que atravesamos como país y fortalecer las narrativas y acciones fascistas que se apoderan de los territorios y mentes.

Les comparto dos preguntas para que reflexiones juntes: ¿Cuándo llegará a Latinoamérica la eliminación del fact-checking en Meta? ¿Qué impacto tendrá en las elecciones congresales, presidenciales y senatoriales de 2026?

Les convoco a pensar y ejecutar soluciones a estas interrogantes de manera conjunta.

También creemos que es importante explorar otras acciones colectivas:

• Desarrollemos espacios seguros de diálogo y reflexiones sobre este contexto.
• Es necesario que se diseñen matrices de riesgos digitales y no digitales frente a las acciones se vayan tomando. La prevención puede significar estar un paso adelante.
• Fortalezcamos los activismos y nuestro fomento seguro de una ciudadanía activa.
• Fortalezcamos espacios pedagógicos sobre seguridad digital, gobernanza de internet , moderación de contenidos y fact-checking.
• Fortalezcamos mecanismos de autocuidado y cuidado colectivos (online y offline)  al momento de ejercer nuestro derecho a la protesta y toma del espacio público.
• Diversificamos nuestras plataformas digitales de comunicación: existen alternativas más allá de Meta y X. Exploremos Mastodon, BlueSky o espacios de mensajería instantánea como Signal o Wire.

Con mucha preocupación pero aún con esperanza,

Una activista peruana, bisexual, technofeminista, y antifascista.