En los últimos cinco años, el crecimiento acelerado de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) accesibles al público ha reconfigurado dinámicas institucionales y sociales. Desde la provisión de servicios públicos apoyados en IA hasta la presencia de IA generativa y sistemas de recomendación en nuestros espacios informativos, los posibles efectos, oportunidades y riesgos son múltiples.

Si bien estas preocupaciones no son nuevas —la masificación de Internet ya había abierto debates similares—, la escala, automatización y dependencia de grandes volúmenes de datos que caracterizan a la IA, sumadas al actual “hype” regulatorio y operativo, hacen aún más urgente establecer lineamientos claros sobre cómo gobernarla. En consecuencia, no basta solo con mirar hacia los distintos tipos de uso que se le da a estos sistemas en esferas públicas y privadas, sino también atender a los enfoques y tendencias en materia de gobernanza: ¿cuáles son las características y consecuencias de este tipo de acuerdos?

¿Para qué una gobernanza global de la IA?

Tal como sucede con Internet, hay diversos actores involucrados en el desarrollo, uso, implementación y ajuste de los sistemas de IA. Por su naturaleza transnacional, herramientas desarrolladas de acuerdo con la legislación de un país son también empleadas en otro. En el camino, se presentan acuerdos comerciales de grandes corporaciones, flujo transfronterizo de datos, adaptación a legislaciones fuertes, servicios digitales prohibidos en ciertos países, etc.

A la vez, se presenta un fenómeno transversal de naturaleza geopolítica: pocos compromisos ligados con el desarrollo sostenible a nivel multilateral están alcanzando las metas iniciales planteadas. Esta es, entre otras, la motivación detrás de la aprobación del Pacto Digital Global en septiembre de 2024: contar con un instrumento no-vinculante multilateral (es decir, entre Estados) que renueve compromisos y los aterrice al entorno digital.

Así, en materia de IA, los países que suscribieron el Pacto Digital Global reconocen claramente  “la necesidad de adoptar un enfoque equilibrado, inclusivo y basado en los riesgos para la gobernanza de la inteligencia artificial, con la representación plena e igualitaria de todos los países, especialmente los países en desarrollo, y la participación significativa de todos los interesados”. Además, reiteran que “se necesita cooperación internacional para promover la coordinación y la compatibilidad de los marcos de gobernanza de la inteligencia artificial que están surgiendo”

¿Qué países pueden incidir?

Como se ha visto, Naciones Unidas hace especial hincapié en la necesidad de contar con la representación plena de todos los países, en particular de aquellos en desarrollo. Esta aclaración no es casual. En primer lugar, las grandes tendencias en materia regulatoria vienen de polos geopolíticos importantes, como la Unión Europea, China o Estado Unidos —regulaciones que luego se importan en el Sur Global, como es el caso de la adopción del enfoque basado en riesgos europeo para el Reglamento de IA peruano—.

Además de ello, se presenta un segundo reto: muchas iniciativas de gobernanza o lineamientos se han hecho, principalmente, con la participación de los mismos países (Canadá, Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos). Como documentó la

Oficina para las Tecnologías Digitales y Emergentes, 118 países no participaron de ninguna de las 7 iniciativas de gobernanza de IA internacionales e interregionales ajenas a Naciones Unidas hasta el año pasado —principios OCDE, principios G20, Convenio Europeo, Declaración Ministerial de la Alianza Mundial, Declaración de Ministros del G7, Declaración de Bletchley y Declaración Ministerial de Seúl—. La mayoría de ellos están distribuidos en el Sur Global, aún con las limitaciones que presenta el término en este campo.

Algunos esfuerzos más recientes

Frente a esta desigualdad —a la cual se suma, además, el peso e influencia de las grandes corporaciones y big tech—, han surgido iniciativas con pretensiones más inclusivas en el seno de Naciones Unidas. Así, el pasado 25 de agosto se aprobó la Resolución de Asamblea General A/RES/79/325, a través de la cual se aprueban dos mecanismos —ya señalados en el Pacto Digital Global— y sus funciones específicas:

• Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial: Se trata de un Panel multidisciplinar y con representación geográfica equilibrada que estará a cargo de promover  el conocimiento científico en la materia. Entre otros, emitirá evaluaciones científicas empíricas que sinteticen y analicen la investigación existente, y concluirá con un resumen anual pertinente para políticas.
• Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial: Este evento contará con la participación de gobiernos y partes interesadas (es decir, sigue el modelo multistakeholder) y estará orientado a “debatir la cooperación internacional, intercambiar las mejores prácticas y la experiencia adquirida, y facilitar debates abiertos, transparentes e inclusivos” sobre la gobernanza de la IA.

La propuesta es que los hallazgos y sistematizaciones del Panel Científico sean presentados en el Diálogo Mundial de 2026. Para ello, uno de los enfoques principales será el impacto que estas aplicaciones de IA tienen y su potencial para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, será particularmente importante el AI Impact Summit de inicios de 2026, pues, sin tratarse de un espacio de Naciones Unidas, agrupará diversas miradas y resultados concretos sobre el impacto de la IA en iniciativas relacionadas con salud, educación, trabajo, preservación, confiabilidad y seguridad, etc.