No es novedad que la inteligencia artificial (IA) está transformando muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde qué videos nos aparecen en redes sociales hasta los sistemas de vigilancia en espacios públicos que captan nuestros rostros, cada vez más decisiones que afectan a las personas se toman con el apoyo de algoritmos. Pero, ¿qué ocurre cuando esta tecnología llega al sistema judicial?

Los usos de IA en el Poder Judicial peruano

En Perú, el Poder Judicial ya ha comenzado a probar proyectos piloto que utilizan IA para tareas como la clasificación de casos, el apoyo en la redacción de resoluciones en procesos de alimentos, y  el dictado de medidas de protección en favor de mujeres víctimas de violencia. Estas iniciativas se enmarcan en un proceso de modernización orientado a enfrentar un problema innegable: la carga procesal y el volumen de expedientes que ingresan al sistema. En ese sentido, el uso de tecnología puede contribuir a optimizar tiempos, ordenar la gestión de casos y reducir tareas repetitivas, liberando recursos para que jueces y personal jurisdiccional se concentren en el análisis jurídico y la atención de asuntos complejos.

Sin embargo, trasladar sistemas de IA a un ámbito tan sensible como el judicial no es un cambio meramente técnico, sino una decisión con consecuencias directas sobre derechos. Más aún cuando estos pilotos se aplican en procesos vinculados con grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, NNA, personas adultas mayores, etc). En atención a ello, su implementación genera dudas y preocupaciones legítimas: ¿en qué etapa se encuentran estos sistemas?, ¿con qué criterios operan y bajo qué marcos regulatorios se aplican?, ¿qué mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas existen?, y ¿qué impacto podrían tener sobre derechos fundamentales como la igualdad, la privacidad o el acceso a la justicia?

De la revisión de la carrera regulatoria de la IA en el Perú, a través de la reglamentación de la Ley que promueve el uso de IA de 2023, así como de Proyectos de Ley, vemos la constante romantización de la IA como una herramienta que permitirá desde reducir la carga procesal hasta erradicar la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en el Estado. Sin embargo, ¿realmente la IA nos salvará de estos problemas estructurales?

Una investigación para mirar la IA en justicia de forma crítica

Con el objetivo de abordar estas preguntas, en Hiperderecho publicamos “¿Hacia dónde vamos con la JusticIA?: análisis del uso de la IA en el Poder Judicial peruano”, elaborado por Lucía León Pacheco, Directora  de Investigación, y Rubiela Gaspar Clavo, Coordinadora Legal de Políticas Públicas. Este informe busca ofrecer un panorama crítico sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la justicia peruana, documentando lo que ocurre a nivel local e incorporando las lecciones de experiencias internacionales, a fin de pensar en recomendaciones aplicables al caso peruano.

En la investigación se abordan casos como Compas (EE.UU.), un sistema de predicción de reincidencia que ha sido cuestionado por reproducir sesgos raciales, Prometea (Argentina), utilizado para agilizar resoluciones en trámites administrativos, y PretorIA (Colombia), diseñado para asistir a la Corte Constitucional en la revisión de demandas. Estos ejemplos muestran que la IA en justicia puede traer tanto promesas de eficiencia como riesgos de discriminación, falta de transparencia y pérdida de control humano.

Además, se hace una revisión de las tendencias regulatorias internacionales, como la Ley Europea de IA, las directrices de UNESCO y las recomendaciones de Naciones Unidas; así como de su impacto en las iniciativas de regulación nacional. Estas tendencias apuntan hacia un mismo desafío: cómo garantizar que el uso de la inteligencia artificial en ámbitos sensibles (como la justicia) se realice con transparencia, rendición de cuentas, supervisión humana y respeto por los derechos humanos.

Un debate urgente para el contexto peruano

En el contexto peruano, esta discusión es particularmente relevante. Aunque los pilotos en el Poder Judicial se presentan como avances, aún no existen mecanismos claros de supervisión ni pasos para la aplicación de evaluaciones de impacto en derechos humanos que deben acompañar la implementación de estas tecnologías. Esto abre el riesgo de que sistemas opacos y automatizados terminen afectando garantías tan esenciales como el debido proceso, la igualdad ante la ley o la presunción de inocencia.

Además, con la aprobación del Reglamento de IA en el Perú en septiembre de 2025, se establecieron un conjunto de obligaciones para instituciones públicas como realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos, garantizar la supervisión humana y la transparencia algorítmica. En consecuencia, ahora el Poder Judicial deberá adoptar progresivamente estas obligaciones durante el 2026, teniendo como fecha límite el 10 de septiembre. Así, la regulación de IA alcanza al Poder Judicial, especialmente porque los sistemas de IA que viene aplicando, esencialmente en Lima, se podrían calificar como de riesgo alto —o incluso como de riesgo prohibido— según el nivel de afectación a derechos fundamentales, lo que a su vez depende de las tareas asignadas a cada sistema.

Construyendo la gobernanza en IA

Este escenario constituye una oportunidad de implementación colaborativa con distintos actores, como sociedad civil, Poder Judicial, Academia de la Magistratura, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y sector privado. Así, es momento de encaminar la efectiva y adecuada implementación de dichas obligaciones. Por ejemplo, mediante el diseño de un modelo de evaluación de impacto en derechos humanos aplicable a sistemas como CurIA, Amauta.Pro o Justo; o a través de programas de capacitación tecnológica dirigidos a operadores judiciales, desde un enfoque de derechos.

Por ello, con “¿Hacia dónde vamos con la JusticIA?” buscamos invitar a la reflexión y al debate público. Más que asumir la innovación como un fin en sí mismo, el objetivo es preguntarnos: ¿qué tipo de justicia queremos construir en un mundo donde los algoritmos tienen cada vez más peso? La respuesta no puede ser solo técnica: debe incorporar una perspectiva ética, centrada en las personas y en la protección de los derechos fundamentales.

Te invitamos a leer la publicación c ompleta y a sumarte a esta conversación sobre el futuro de la justicia en el Perú.

Saltar al contenido del PDF