Vigilados en Secreto: lo que el Estado no quiere que sepas sobre la “seguridad nacional”

En el Perú, basta con invocar la seguridad nacional para salir del escrutinio público: es un concepto tan amplio y poco definido que puede usarse para justificar desde la negativa a entregar información pública hasta la ampliación de facultades de vigilancia estatal. Pero ¿qué ocurre cuando esta falta de precisión erosiona la transparencia y pone en riesgo nuestros derechos fundamentales?

La vigilancia no es un asunto abstracto. Puede significar que tu ubicación sea rastreada sin orden judicial, que tus comunicaciones sean intervenidas sin que lo sepas, o que el Estado acumule datos sobre ti sin explicar con qué fines. Esto quedó en evidencia con la filtración conocida como los DIRIN Leaks, que reveló seguimientos de la PNP a periodistas y medios críticos al Gobierno. Estas prácticas no solo amenazan la privacidad, sino que generan un efecto de autocensura: las personas dejan de expresarse, reunirse o actuar libremente por temor a ser observadas.

En Hiperderecho creemos que la seguridad de todas las personas solo puede construirse sobre la base de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por eso presentamos nuestra nueva publicación “Vigilados en Secreto: normas, prácticas y silencios en el acceso a información pública sobre vigilancia”, elaborada por Lucía León Pacheco, Directora de Investigación de nuestra organización.

La cultura del secreto

El informe documenta cómo distintas instituciones estatales —desde la Policía Nacional hasta la Dirección Nacional de Inteligencia— cuentan con un marco legal con el que despliegan mecanismos de vigilancia que operan con poca o nula supervisión ciudadana. Entre sus principales hallazgos se encuentran:

Pero lo más preocupante que revela Vigilados en Secreto son los vacíos deliberados de información. El protocolo que regula el acceso de la Policía a la geolocalización está clasificado como “reservado”; las transferencias millonarias de recursos para inteligencia y vigilancia no transparentan en qué tecnologías se usan; la DINI niega información sobre el estado del Proyecto Pisco (sistema de interceptación de las comunicaciones a gran escala); y la Municipalidad de Lima creó un Grupo Especial de Inteligencia cuyas contrataciones y herramientas tecnológicas permanecen ocultas. Casos así evidencian que no solo se trata de vacíos legales: son prácticas sistemáticas bajo la cultura del secreto.

Seguridad vs. derechos: una falsa dicotomía

La publicación abre un debate necesario: ¿qué significa seguridad nacional en un Estado democrático? ¿Cómo armonizamos el deber de protegernos frente a amenazas reales con la obligación de garantizar la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información?

En Hiperderecho creemos que hablar de seguridad nacional sacrificando estos derechos es una falsa dicotomía. Los Estados suelen fracasar en su lucha contra el crimen, pero el primer costo recae siempre sobre la ciudadanía. Así, por ejemplo, la reacción clásica del Ministerio del Interior es anunciar más interceptación de líneas telefónicas o geolocalización de todas las personas en tiempo real. Sin embargo, la privacidad no se opone a la seguridad: es su mejor escudo. Solo garantizando privacidad y derechos fundamentales podremos construir una seguridad auténtica y democrática.

Una invitación al debate

Con Vigilados en Secreto buscamos contribuir a una conversación pública que trascienda el tecnicismo legal y se plantee en términos de ciudadanía y democracia. Necesitamos discutir qué límites deben tener las instituciones cuando actúan en nombre de nuestra seguridad y qué mecanismos de transparencia debemos exigir para que esas facultades no se conviertan en abusos.

Descubre cómo la seguridad nacional se ha convertido en un escudo para la opacidad. Descarga la publicación completa aquí.

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