Crónica de un tratado que pone en riesgo las libertades en Internet
Por: Carlos Guerrero*
El pasado 20 de abril finalizó la Conferencia de Ministros de los países negociadores del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) celebrada en Singapur. Con varios tramos de la negociación entrampados, el TPP lleva más de medio año sin avanzar en sus puntos más críticos por falta de consenso, a lo que se suman las voces desde la sociedad civil que exigen conocer el texto pues contendría capítulos lesivos para los intereses de la colectividad. A continuación, haremos un breve recuento de lo acontecido hasta la fecha sobre el TPP.
¿Qué es el TPP?
El TPP es, tal como se puede leer en la web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, un acuerdo en el que participan 11 economías pertenecientes al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y que buscan construir un acuerdo que sirva básicamente para facilitar el tráfico comercial, fomentar el crecimiento e impulsar el desarrollo de sus miembros.
Esta especie de “TLC masivo” se viene negociando desde 2010 y aunque está bastante avanzado en muchos de sus puntos, desde el año pasado, las dos economías más grandes del acuerdo; Estados Unidos y Japón, no consiguen ponerse de acuerdo con las demás en temas sensibles como salud, productos agrícolas, medio ambiente y propiedad intelectual.
¿Cómo ha avanzado hasta ahora?
En total, se han realizado más de 19 rondas de negociaciones desde 2010 hasta la fecha, y en las que han intervenido desde equipos técnicos hasta ministros de estado. A decir de los expertos, aunque el acuerdo se encuentra en la recta final, existen todavía demasiados temas sin resolver y por lo tanto —a pesar de la impaciencia de Obama— no se espera que el TPP esté listo para ser firmado en este año.
La controversia
Al ser un acuerdo materia de negociación multilateral, el contenido del mismo (junto con todas las propuestas de modificación y las observaciones) es estrictamente privado y las delegaciones de todos los países tienen prohibido difundirlo. Este secretismo ha despertado la desconfianza de muchos sectores de la sociedad e incluso de otros poderes del Estado, que han llegado a exigir que el texto del acuerdo sea hecho público antes de suscribirlo.
Y es que entre algunos de los temas en los que este acuerdo pretende regular están unos muy sensibles como la protección de los derechos de autor, la propiedad intelectual y la libertad de expresión en Internet. Así pues, de aprobarse sin el debido análisis, estas políticas restrictivas (impulsadas especialmente por Estados Unidos, en donde ya se aplican) tendrían un impacto negativo tanto en la forma en que accedemos a estos servicios como en nuestra capacidad para ejercer los derechos que veníamos ejerciendo de forma libre en el ciberespacio.
Las sospechas
Dado que no existe a la fecha una copia del tratado que permita dilucidar cómo venimos actuando en cuanto a la protección de estos derechos frente a las imposiciones de cierto bloque, las únicas fuentes que han podido consultarse han llegado desde dos frentes opuestos:
El primero es un documento de dos páginas expedido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en enero de este año, “Estado de la situación”, en donde se indica de manera sucinta los avances del acuerdo y los temas que no se ha tocado, no se han debatido o en los que no se ha llegado a un consenso.
El segundo es un WikiLeak que fue revelado el 13 de noviembre del año pasado, en donde se confirma lo que ya era un secreto a voces entre los seguidores de la negociación del TPP. En casi 95 páginas se deja al descubierto un texto en donde no solo se habla de patentes, medicinas y extensión de plazo de protección de los derechos de autor, sino también de responsabilidad de las ISP (los proveedores de servicios de Internet) sobre los contenidos que utilizan sus usuarios, lo que vulneraría la neutralidad de la red, constituyendo una versión más reciente de proyectos similares como A.C.T.A y S.O.P.A.
¿Cómo afectaría la firma del TPP a la forma en que utilizamos el Internet en el Perú?
Como lo han venido diciendo los diferentes colectivos y organizaciones civiles como la internacional Electronic Frontier Foundation (EFF), la chilena Derecho Digitales y la peruana Hiperderecho, los riesgos potenciales de firmar un tratado en donde se contemplen este tipo de regulaciones son variados.
Al respecto, en una reciente misiva la ONG Hiperderecho, instó al presidente Ollanta Humala a “transparentar” el proceso de negociación del TPP y detalló los peligros potenciales de una firma a puertas cerradas y sin ningún mecanismo de control desde la sociedad civil. Entre los puntos mencionados se encuentran las nuevas y más rígidas regulaciones en torno a la propiedad intelectual, la franja de precios agropecuaria, las medidas de protección a las inversiones extranjeras y, por supuesto, la restricción del libre uso de la tecnología y el Internet.
Sobre este último punto se debe hacer especial énfasis pues tiene que entenderse que con la eventual firma de este tratado, el Perú condiciona su comportamiento a una de las políticas más duras e invasivas de la región como lo es la de Estados Unidos. Cabe pues preguntarse si en verdad es conveniente para nosotros suscribir este tipo de capítulos y condicionar nuestra legislación a intereses ajenos que, en su mayoría, recortan más de lo que entregan.
Una solución que Hiperderecho y otras organizaciones han planteado es la instalación de una “máquina ciega” que permita visualizar el tratado antes de que se firme. Sin embargo, Mincetur ha venido negando esta posibilidad, lo que no puede sino incrementar nuestras dudas con respecto a la agenda manejada por nuestros representantes en la negociación del TPP.
¿Un acuerdo en donde se regulan temas con tantas repercusiones para la libertad y el desarrollo de nuestro país debería ser de conocimiento público? Por lo antes mencionado, todo apunta a que la respuesta es afirmativa.
Carlos Guerrero es Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y colaborador de Hiperderecho.
Ex Director de Políticas Públicas (2013-2020)
Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Un comentario